Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor mantiene un diálogo respetuoso y fluido con el Poder Legislativo para robustecer su marco legal y escucha las reflexiones de los legisladores sobre el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, aseguró el Procurador Ernesto Nemer Alvarez.
Durante una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara Alta, el titular de la Profeco hizo un ejercicio de rendición de cuentas sobre los avances de la dependencia en lo que va de su gestión y ofreció una interlocución directa con el Poder Legislativo para trabajar coordinadamente en favor de la economía de los mexicanos.
Durante su exposición, el Procurador Nemer explicó que en lo que va del 2016 se han recibido 102,904 quejas a través de los diferentes canales de comunicación y asesoría que ofrece la Profeco, con un 85% de conciliación promedio en favor de los consumidores.
Tan sólo el sector de telecomunicaciones concentra 28,660 quejas en lo que va del año; el sector turístico, particularmente por irregularidades en aerolíneas, tiene 7,561 quejas y las tiendas departamentales 4,284.
Informó que a nivel nacional el programa de verificación a gasolineras tiene avances significativos para cumplir con la meta de revisar más de 6,000 estaciones de servicio en 2016.
Hasta hoy, se han verificado 5,317 gasolineras de las 11,469 que hay en el país, se han inmovilizado 5,907 mangueras por diversas irregularidades -principalmente por alterar los dispositivos electrónicos de las bombas y no ofrecer litros completos- y se han impuesto multas por 266 millones de pesos.
Ante los legisladores, Nemer Alvarez dijo que la convicción del trabajo de la Procuraduría es generar acuerdos, privilegiar las acciones de prevención y abrir el diálogo con todos los sectores para proteger la economía familiar.
El Procurador Nemer comentó a los senadores que la Profeco está lista para desplegar toda su capacidad operativa a nivel nacional ante las temporadas de alto consumo de fin de año, teniendo como prioridad la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos y la difusión del consumo responsable.