Versión Ejecutiva del Mensaje dirigido hoy por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el Palacio Nacional

Hace dos meses, México sufrió uno de los ataques más cobardes y crueles del crimen organizado. Los actos inhumanos y de barbarie, ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, han conmocionado a toda la Nación.

En la tragedia de Iguala, se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional:

Un grupo criminal, que controlaba el territorio de varios municipios.

Autoridades municipales, que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva.

Policías municipales, que ─en realidad─ eran criminales, a las órdenes de delincuentes.

A pesar de las acciones emprendidas en ésta y anteriores administraciones, algunas de estas condiciones siguen presentes en diversas zonas del país. Los hechos de Iguala han dejado claro a sociedad y gobierno que aún hay mucho por hacer.

Para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció hoy diez medidas por la paz, la unidad y la justicia.

Así mismo, y en reconocimiento de que la justicia rebasa el ámbito legal, presentó un plan integral para reducir la pobreza y desigualdad que padecen los estados del sur del país.

MEDIDAS POR LA PAZ, LA UNIDAD Y LA JUSTICIA

1. Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.

Se enviará una iniciativa de Reforma Constitucional que facultará al Congreso a expedir esta ley.
Establecerá el mecanismo para que la Federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento, ante indicios suficientes de vínculos entre la autoridad local y la delincuencia organizada.

2. Redefinición del sistema de competencias en materia penal

El lunes 1º de diciembre, se enviará una Iniciativa de Reforma Constitucional al Congreso.
Redefinirá las competencias de cada autoridad en el combate al delito, tomando en cuenta las fortalezas institucionales de los distintos órdenes de gobierno.

3. Creación obligatoria de Policías Estatales Únicas.

Cambio cuantitativo y cualitativo que implicará la creación de un nuevo modelo policial.
1,800 policías municipales débiles se transformarán en 32 corporaciones más confiables, profesionales y eficaces.
Se homologarán los niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Para contar con policías eficaces y honestos, el Estado les ofrecerá un proyecto de vida y pagarles bien.
La iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales y gobernadores que no adopten el modelo
Se propone que Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas sean los primeros cuatro estados en adoptar el modelo.

4. Creación de un teléfono único para emergencias, a nivel nacional.

En coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se pondrá en operación un número único de auxilio en casos de urgencia, para ofrecer respuesta inmediata.
Permitirá recopilar datos y analizar información, para mejorar la eficacia en el combate a la delincuencia.

5. Clave Única de Identidad.

Cada ciudadano contará con un número de identificación personal para facilitar su acceso a trámites y servicios gubernamentales; así como al sistema bancario y financiero.

Se partirá de los registros con que ya cuentan el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Seguro Popular.

6. Operativos especiales para la seguridad y el orden.

Se ampliará el despliegue de las Fuerzas Federales, especialmente en los municipios de la llamada Tierra Caliente en Guerrero y Michoacán; así como en los municipios de Jalisco y Tamaulipas que lo requieran.

7. Derecho humano a la Justicia.

Se cumplirá con el plazo establecido para la entrada en vigor de los juicios orales en materia penal.
Se impulsará una amplia agenda de reformas para mejorar la Justicia Cotidiana, que afecta la vida diaria de los ciudadanos.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), organizará foros de consulta con juristas, académicos y la sociedad civil. Sus recomendaciones serán públicas y se entregarán al Presidente Enrique Peña Nieto en un máximo de 90 días. A partir de estas propuestas, el Ejecutivo instrumentará acciones y presentará iniciativas para transformar el acceso a la Justicia Cotidiana.

8. Fortalecimiento de los instrumentos para proteger los Derechos Humanos.

Facultar al Congreso para expedir las leyes generales, en materia de tortura y desaparición forzada.
Fortalecer protocolos para que las investigaciones en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, sean oportunas, exhaustivas e imparciales.
Establecer indicadores adicionales en materia de Derechos Humanos, en coordinación con la CNDH y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.
Publicar el Reglamento de la Ley General de Víctimas y poner en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas.
Integrar el Consejo Consultivo para la Implementación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos.

9. Combate a la Corrupción.

Se promoverá la pronta aprobación de leyes y reformas para el combate a la corrupción, que ya se discuten en el Congreso de la Unión.
Respaldo al Sistema Nacional Anticorrupción, que debaten diversas fuerzas políticas y que incluye:

Esquemas ciudadanos de vigilancia a autoridades.
Que la Auditoría Superior de la Federación, realice auditorías durante la ejecución del gasto y no sólo posterior a su ejercicio.
Crear un Tribunal Imparcial para imponer sanciones administrativas y de un Fiscal Anticorrupción, nombrado por el Senado de la República, para la persecución penal de casos de corrupción.
Mecanismos ágiles para que la ciudadanía denuncie hechos de corrupción y lograr que sean sancionados.
Adicionalmente, el Presidente propone que se impongan sanciones ejemplares a empresas que incurran en actos de corrupción o se coludan con alguna autoridad.

Respaldo a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia.

Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

De aprobarse, esta iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados asegurará que los recursos para obras públicas se administren con mayor eficiencia, transparencia y honradez.

Esta reforma propone:

Figura de “Proyecto de magnitud o alcance relevante”, para la supervisión y auditoría de megaproyecto, desde la contratación y durante la ejecución de la obra.
Uso del Sistema CompraNet, para asegurar la transparencia y las mejores condiciones en la contratación de obras.
Nuevos tipos administrativos, para sancionar a licitantes, contratistas y servidores públicos que evadan la Ley.

10. Gobierno Abierto, promotor de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación

La Secretaría de la Función Pública, desarrollará un portal de información, para la consulta de detalles de los contratos de cada dependencia, o de cada empresa que preste sus servicios a la Administración Pública Federal.

PLAN PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL PAÍS

Para reducir la desigualdad regional de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas con el resto del país, se requiere de una estrategia de desarrollo integral e inmediata que permita crear empleos formales y bien remunerados.

Mediante un marco regulatorio e incentivos especiales para atraer empresas y generar empleos de calidad, se propone establecer tres Zonas Económicas Especiales (ZEE):

Corredor Industrial Inter-Oceánico, que conectará al Pacífico con el Golfo de México, a lo largo del Istmo de Tehuantepec,
Puerto Chiapas
Puerto de Lázaro Cárdenas, en los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero.

Estas ZEE tendrán:

Infraestructura moderna;
Condiciones de seguridad;
Financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo;
Facilidades adicionales para el comercio exterior;
Descuentos en los impuestos y contribuciones al IMSS y al Infonavit.

Dada la importancia de la actividad agropecuaria como generador de empleo, se publicará un Decreto para dar un trato diferenciado a los productores del campo en estos estados. En el mismo sentido, se dará impulso al fortalecimiento y creación de empresas agroindustriales.

También se impulsará la formación de jóvenes, mediante el apoyo a las Escuelas Normales Rurales; un programa especial de becas y la promoción de investigación científica mediante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En febrero de 2015 se presentará una iniciativa que provea el andamiaje legal necesario para impulsar las ZEE. Entre tanto, se realizarán la siguientes acciones inmediatas:

Plan de Empleo Temporal, en beneficio directo de más de 300 mil familias;
2 mil MDP adicionales en créditos para PyMES, con garantías de la Banca de Desarrollo;
4 mil MDP adicionales en créditos de impulso al campo.
Programa de Renovación y Repoblamiento de los Cafetales;
Programa Inmediato de Pavimentación con inversión de 1,500 MDP en seis meses;
Decreto de Medidas de Apoyo Fiscal, para la reactivación económica de Acapulco.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Se convocará a la sociedad civil, para asegurar el éxito de las medidas anunciadas.

Se fomentará la creación de Observatorios Ciudadanos que vigilen y evalúen su avance.

Las secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, ampliarán los espacios de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

MEJORAS EN EL INGRESO DE LA POBLACIÓN

Para contribuir a un debate serio y responsable sobre medidas que eleven el nivel de ingreso de la población, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que la próxima semana enviará al Congreso una iniciativa para desvincular el salario mínimo de diversos precios y tarifas de la economía