Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Me da mucho gusto saludar, en este acto, a la Gobernadora y a los Gobernadores que amablemente nos acompañan en la Promulgación, justamente de esta Ley.

Saludar al Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y reconocer el testimonio que ha dejado aquí, en su mensaje de apoyo y respaldo, precisamente, a este proceso de establecer un marco regulador para la disciplina financiera en las entidades federativas y municipios.

Quiero saludar a los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República.

A las y los Legisladores Federales que hoy aquí nos acompañan.

Al Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

A la Diputada Presidenta y Senador Presidente de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras.

Y a todas las y los Legisladores Federales de ambas Cámaras que hoy están aquí presentes.

A muy distinguidas personalidades del ámbito público, del ámbito social, que gentilmente nos acompañan.

A muy distinguidos periodistas que hoy están aquí presentes, acompañándonos en este acto, a quienes doy la más cordial bienvenida y agradezco su presencia.

Señores representantes de los medios de comunicación:

Con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, México, sin duda, da un paso muy importante en favor de finanzas públicas sanas y de la solidez de nuestra economía.

Con este nuevo ordenamiento, el país reafirma su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de sus haciendas públicas.

Así lo hemos expresado de manera reiterada, y me parece que lo dicho hace un momento aquí por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace una amplia explicación del sentido, de la razón y de la oportunidad de que hoy tengamos, en nuestro país, un marco regulatorio, precisamente, que establece condiciones para la disciplina financiera en las entidades federativas y municipios.

Al igual que la Reforma Hacendaria y la Energética, que están teniendo un impacto positivo en las finanzas públicas locales, esta Ley de Disciplina Financiera también contribuye al fortalecimiento del federalismo fiscal.

Por eso, aquí, también, quiero expresar mi más amplio reconocimiento a los integrantes del Poder Legislativo, a la Gobernadora y a los Gobernadores, al Jefe de Gobierno, así como a las autoridades municipales aquí representadas, por respaldar y enriquecer esta iniciativa, que es resultado del trabajo conjunto y coordinado.

Esta ley, también es resultado de la decisión y determinación de los distintos actores y fuerzas políticas de potenciar los beneficios de la disciplina financiera, ahora en los ámbitos local y estatal.

Para lograr esta transformación ha sido necesario construir acuerdos, escuchar a las distintas voces y concretar propuestas de manera responsable y equilibrada.

Como aquí se dijo ya, al inicio de la presente Administración advertimos un acelerado aumento en la deuda de algunas entidades y municipios.

Por ejemplo, durante el periodo 2008 al 2013 su crecimiento promedio real fue de 14.5 por ciento anual.

Frente al riesgo de que esta situación pudiera afectar la estabilidad financiera del país, el Gobierno de la República impulsó una propuesta preventiva para atenderla de manera decidida y eficaz.

De hecho, esta ley tiene su origen en una de las 13 decisiones presidenciales que, justamente aquí, en Palacio Nacional, anuncié el primer día de mi Gobierno, y que posteriormente se integró como uno de los compromisos del Pacto por México.

Como primer paso en la construcción del nuevo marco normativo, se trabajó en una reforma constitucional para otorgar facultades legislativas al Congreso de la Unión en materia presupuestaria, así como de endeudamiento para las entidades federativas y municipios. Dicha reforma fue aprobada y entró en vigor el 27 de mayo de 2015.

Con esta modificación de nuestra Carta Magna, ahora es una obligación del Estado mexicano velar por la estabilidad de las finanzas públicas en el país, incluidos sus estados y municipios, así como la Ciudad de México.

A partir de este mandato constitucional, el segundo paso fue elaborar una propuesta que dotara a los gobiernos estatales y municipales de un marco normativo, que asegurara finanzas públicas locales sostenibles, mayor transparencia en ellas, así como menores costos en la contratación de deuda.

Esta iniciativa de ley la presenté al Congreso de la Unión el 19 de agosto de 2015.

Después de un amplio y positivo trabajo legislativo, y la generación de consensos, hoy vemos concretada esta ley, que transformará el desempeño fiscal, financiero y presupuestario de los órdenes de gobierno estatal y municipal.

Reitero mi reconocimiento a la apertura, el compromiso y la labor de ambas Cámaras del Congreso de la Unión; en particular, celebro que los legisladores hayan enriquecido esta iniciativa en puntos tan relevantes, que me gustaría señalar algunos de ellos.

Los requisitos para la contratación de deuda pública, la definición del concepto de inversión pública productiva, la creación de un fondo de desastres naturales por entidad federativa; la modificación del techo de financiamiento neto, en función del nivel de endeudamiento y las capacidades financieras de los entes públicos.

Se trata de aportaciones fundamentales, que contribuyen a la estabilidad financiera de nuestro país.

La nueva ley tiene dos objetivos:

Reducir el costo de financiamiento a los gobiernos locales responsables, es decir, que tengan acceso a crédito más barato; y moderar el endeudamiento, fomentando la disciplina financiera de estados y municipios. 

Permítanme destacar cuatro ventajas de esta nueva ley:

Primera. Permitirá que las finanzas públicas locales sean sostenibles en el mediano y largo plazos, gracias a las reglas de disciplina financiera y de ejercicio del gasto.

El nuevo marco normativo obliga al cumplimiento de balances fiscales equilibrados, a una mayor planeación de mayor horizonte temporal para estados y municipios, así como a destinar los ingresos excedentes en proyectos de inversión o al pago de sus pasivos, al pago de sus deudas.

Pareciera éste un tema demasiado técnico, y quizá lo sea en el fondo. Pero también de fondo es asegurar un manejo mucho más transparente y responsable de las finanzas públicas en las distintas entidades federativas y gobiernos municipales.

Segunda ventaja. Con el sistema de alertas que establece la Constitución y que esta ley reglamenta, los ciudadanos conocerán con claridad y total transparencia, los niveles de endeudamiento de todos los entes públicos locales que tengan contratada deuda.

Dependiendo del resultado que arroje este sistema de alertas, se fijarán los techos de financiamiento neto, a los que podrán acceder estados y municipios cada año, lo que fortalecerá un manejo adecuado, planeado y, desde luego, responsable de su deuda.

En pocas palabras, significará que cada entidad, en razón de la deuda que ya tenga, se tenga con toda claridad hasta dónde más puede llegar eventualmente a endeudarse o contratar deuda de forma responsable, y sin poner en riesgo las finanzas públicas de cada entidad.

Tercera ventaja. Esta ley permitirá reducir los costos de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios, a través de dos vertientes: Por un lado, obligando a que la totalidad de las contrataciones de deuda de los entes públicos locales, se hagan mediante procesos competitivos.

En ellos se elegirá, a partir de la propuesta bancaria, con el menor costo financiero, asegurando el cumplimiento del mandato constitucional. 

Y, por otro lado, la ley que hoy se promulga establece los requisitos y condiciones para que el Gobierno de la República pueda otorgar un aval Federal a la deuda contratada por los estados y municipios, lo que conducirá a menores costos de financiamiento.

Además, en términos de pesos y contrapesos, la nueva Legislación prevé un fortalecimiento de la corresponsabilidad en las autorizaciones de endeudamiento que otorgan las legislaturas locales a los entes públicos.

Como se estableció en la Reforma Constitucional, sólo se podrá contratar deuda si al menos dos terceras partes del Congreso Local así lo aprueban. Para ello, dichas Legislaturas deberán señalar el destino de los recursos y analizar la capacidad de pago del ente público.

Y cuarta ventaja. El nuevo Registro Público Único permitirá inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones que contraten los entes públicos locales, independientemente de su modalidad, ya sea deuda, asociaciones público-privadas, deudas de corto plazo u otras.

De esta forma, los mexicanos podrán vigilar mejor el uso de los recursos públicos y conocer de manera clara la forma en que se invierte la deuda de su estado o municipio.

Señoras y señores:

Con la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a la ahora Ley Federal de Deuda Pública y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que hoy se promulgan, el Estado mexicano tiene nuevos y mejores instrumentos para asegurar finanzas públicas sanas y, con ello, procurar la estabilidad macroeconómica de nuestro país.

Hoy concretamos un avance jurídico que, hay que decirlo, importante, relevante y clave, que establece condiciones favorables para el crecimiento económico y la generación de empleo, porque, a fin de cuentas, la estabilidad es condición indispensable para que México siga avanzando de manera positiva y con paso firme.

Muchas gracias por su atención.