Señoras y señores.

Muy buenas tardes.

Señor Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Señor Senador Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Señores integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República.

Muy respetados señores Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Presidenta Municipal de Toluca y Representante de la Asociación de Presidentes Municipales que participan en este Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Saludo con respeto y reconocimiento por su participación a todos los integrantes de la sociedad civil que participan dentro de este Consejo y cuya voz ha sido aquí, plenamente escuchada.

Muy distinguidos invitados.

Señores representantes de los medios de comunicación.

Señoras y señores:

Hace un año, al asumir la conducción de este Consejo Nacional, me comprometí a establecer una relación de respeto y corresponsabilidad con ustedes para lograr el México en paz que exige nuestra sociedad.

En materia de seguridad no puede ni debe haber colores partidistas que nos dividan. Los Gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno de la República formamos un mismo frente.

Por eso, una de las primeras decisiones del Gobierno de la República fue la puesta en marcha de la nueva política de seguridad y procuración de justicia.

En el marco de esta reunión, y a unas semanas de haberse cumplido el primer año de esta Administración, quiero compartir los avances que ha tenido el país en cada una de las 10 estrategias que orientan nuestra política pública.

Primero. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social.

Un cambio de fondo es la decisión de atender no sólo los efectos de la criminalidad, sino también sus causas más profundas.

Para revertir las condiciones sociales y económicas que favorecen el delito, creamos el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual beneficia ya a casi cuatro millones de mexicanos.

Tan sólo en este año se han invertido 118 mil millones de pesos en diversas acciones y proyectos destinados a fortalecer la cohesión social y comunitaria en las zonas con mayores índices delictivos.

Segunda estrategia. Justicia penal eficaz.

Uno de los grandes retos de nuestras instituciones de administración y procuración de justicia es transitar con éxito hacia el sistema de justicia penal acusatorio que mandata nuestra Constitución desde 2008.

Un factor que acelerará su instrumentación es la reciente aprobación en el Senado de la República del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto luego de una reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para legislar en la materia.

Hemos escuchado aquí un reporte de los avances que se tienen en esta materia. Y aquí estamos claros que en este clima de respeto y de colaboración institucional entre órdenes de Gobierno, éste es un tema que debe ser prioritario dentro de la agenda en materia de seguridad pública.

Porque para combatir la impunidad no sólo es fundamental lograr eficacia en la prevención y en la procuración de justicia, sino, también, en la administración de la justicia.

Y para eso, el Constituyente Permanente definió un horizonte de tiempo muy claro desde el 2008, para que en 2016 tuviéramos en todo el país un Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial que realmente simplifique, dé mayor certeza y asegure mayor eficacia en la administración de justicia.

Yo quiero convocar a todos los Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que asuman en este objetivo, un compromiso real y que será medible, porque a final de cuentas en muy poco tiempo, la meta o la fecha última para lograr, realmente la instrumentación de este Sistema de Justicia Penal Acusatorio que mandata nuestra Constitución, es el año 2016.

Estamos en ruta y estamos en tiempo para cumplir con este objetivo.

Yo les convoco para que asuma cada uno de los órdenes de Gobierno corresponsabilidad en esta tarea. Que no tengan duda, tendrán el respaldo y el apoyo del Gobierno de la República, pero implica, también, el que cada orden de Gobierno asuma propia responsabilidad y compromiso para cumplir con esta fecha fatal que, insisto, mandata nuestra Constitución.

Tercera estrategia. Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía.

En este propósito el Gobierno de la República ha apoyado con firmeza a los gobiernos locales, para mejorar el desempeño de las policías estatales y municipales.

Se ha propuesto un nuevo esquema de control de confianza que, sin perder rigor metodológico, agilice la certificación de los policías.

También, se trabaja ya en la creación de un Centro Nacional de Formación de Mandos.

Es importante que este esfuerzo de modernización sea secundado por las dependencias estatales de seguridad y procuración de justicia en todo el país.

Asimismo, se ha dado un decido impulso a la defensa y promoción de los derechos humanos en toda la estructura de la Administración Pública Federal.

Esto ha permitido reducir en prácticamente 50 por ciento el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones de garantías fundamentales que se hayan cometido.

Cuarta estrategia. Transformación del sistema penitenciario.

Se impulsa una política integral con dos objetivos claros. Por un lado, lograr que los internos se reinserten con éxito en la sociedad al concluir su sentencia; y, por otro, prevenir los fenómenos de sobrepoblación y autogobierno en los centros de reclusión del país.

Para lograr este objetivo, también es fundamental que sumemos esfuerzos y que hagamos un compromiso entre los dos órdenes de Gobierno que somos parte de este Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Y, que también, sumemos no sólo la voluntad, sino recursos destinados realmente a cumplir con este objetivo.

Quinta estrategia definida, que es la de promoción y articulación de la participación ciudadana.

Primero, hoy la sociedad civil no sólo tiene nuevos espacios para expresar sus denuncias y colaborar en acciones sociales, sino también para participar activamente en el diseño, evaluación y seguimiento de la política pública.

Como aquí se ha expresado, en quienes en voz y en representación de la sociedad civil lo han expresado, no se trata solamente de tener su participación y de hacer que esto se acredite en una buena retórica.

Los avances que se tengan en materia de seguridad y la participación de la sociedad, a través de distintos mecanismos que se tienen ya claramente definidos, serán también medibles, serán evaluables.

Y por eso el asiento que en este Consejo tiene la sociedad civil, porque queremos que precisamente, acompañando a este esfuerzo, puedan ser voz que califique, que evalúe y que acredite avances, o sea crítica cuando realmente no se tengan, en esta materia que es demanda fundamental de la sociedad mexicana, para asegurar el México de paz y de tranquilidad que todos los mexicanos queremos.

Adicionalmente, más de 350 organizaciones de la sociedad civil y universidades, 75 que participaron, enriquecieron con sus propuestas el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual ya está en plena operación, y que evidentemente estará siendo sujeta de una evaluación y medición permanentes y de manera periódica.

Sexta estrategia. Cooperación Internacional.

Para combatir con mayor eficacia a las organizaciones criminales transnacionales, se ha fortalecido el intercambio de información estratégica con otros países, en especial con nuestros vecinos.

Con Estados Unidos se reformularon los convenios bilaterales, bajo el principio de responsabilidad compartida, a fin de salvaguardar los intereses nacionales, y garantizar el pleno respeto a nuestra soberanía.

Con las naciones de Centroamérica se impulsan esquemas de colaboración, a fin de prevenir delitos, garantizar los derechos humanos y generar oportunidades de desarrollo para los migrantes.

Séptima estrategia. Información que sirva al ciudadano.

El Gobierno de la República ha venido informando, mes a mes, los indicadores en materia de seguridad y justicia.

Lo hemos hecho con la participación de expertos y representantes de la sociedad civil.

De cara al futuro, estamos comprometidos con el diseño de un nuevo protocolo de seguimiento estadístico que sea aún más transparente y confiable.

Octava estrategia. Coordinación entre autoridades.

La base fundamental de la actual política de Seguridad y Justicia es la renovada colaboración y coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.

En las cinco regiones en las que se ha dividido el país para fines operativos, se han efectuado 32 reuniones de alto nivel con la participación de los Gobernadores y de los responsables de las áreas de seguridad y procuración de justicia. Ello ha facilitado la toma de decisiones estratégicas.

Quiero expresar aquí reconocimiento a los Secretarios de Seguridad Pública de las 32 entidades federativas, a los procuradores y fiscales de cada una de las entidades del país y del Distrito Federal por su disposición y corresponsabilidad en esta materia.

Novena estrategia. Regionalización.

Cada una de las cinco zonas operativas responde a la necesidad de dirigir los esfuerzos institucionales, a las particularidades de cada región en aras de lograr una respuesta oportuna y eficaz.

En apoyo a esta estrategia, las dependencias federales también trabajan con un esquema similar.

Con esta decisión se fortalecen los mecanismos de corresponsabilidad y coordinación con las autoridades locales.

Y décima estrategia. Fortalecimiento de la inteligencia. Un elemento fundamental de esta política es el mayor uso de información estratégica en las tareas de seguridad.

Gracias a las labores del CISEN hoy el país cuenta con una fusión y convergencia de inteligencia.

Cabe destacar que ya operan los Centros de Inteligencia de las Regiones Centro y Sureste, y se trabaja en la puesta en marcha de tres más en Occidente, Noreste y Noroeste. Esto ya se ha traducido en hechos concretos.

A la fecha, de los 122 objetivos relevantes de la delincuencia organizada, identificados al inicio de esta Administración, el Gobierno de la República ha logrado que 71 ya no sean una amenaza para la población, con ello se ha impactado de manera relevante las estructuras de mando en las organizaciones criminales.

Y en este marco, reconozco la eficaz labor que han realizado las áreas que participan en el Gabinete de Seguridad, especialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal de nuestro país.

La aplicación eficaz de la ley nos está permitiendo obtener mejores resultados y las cifras así lo demuestran, sin que por ello estemos asumiendo actitudes triunfalistas y menos de bajar la guardia ante lo que, sin duda, representa un desafío y un reto prioritario para el país: lograr el México de paz y de tranquilidad anhelado.

Pero, vale la pena dar a conocer algunas cifras.

Entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013, el número de homicidios dolosos se redujo en 15 por ciento, en relación con el mismo periodo anterior.

De modo similar, el número de robos en todas sus modalidades ha tenido una disminución, si bien marginal, pero con una tendencia a la baja, que representa ya de un poco más del cinco por ciento.

Estos son algunos avances en materia de seguridad y justicia del Estado mexicano.

Sin embargo, aún hay temas sensibles que no podemos soslayar y menos atender de manera inmediata y con eficacia, me refiero al secuestro, que ha tenido, lamentablemente, una tendencia contraria.

Por eso quiero, en este espacio, instruir al titular de la Secretaría de Gobernación para que en el mes de enero presentemos una estrategia específica que nos permita hacerle frente, contener y disminuir los índices del secuestro que, lamentablemente, han tenido una tendencia a la alza en los últimos meses.

Señoras y señores:

En sociedades democráticas, como la nuestra, la paz, la seguridad y la justicia sólo se pueden construir con la voluntad, compromiso y trabajo de todos.

Quienes compartimos una responsabilidad pública tenemos la obligación irrenunciable de generar sinergias y actuar en conjunto para reducir la violencia y devolver la tranquilidad a las familias mexicanas.

Hacia adelante se abre una ventana de oportunidad para mejorar sustancialmente la seguridad del país.

Las reformas transformadoras logradas en el último año, en especial, la energética, hacendaria y educativa, así como la de telecomunicaciones y competencia económica, generarán condiciones para avanzar más rápido en la construcción de un México en paz, a partir de lograr un país más incluyente y próspero.

Con mejores condiciones sociales podremos reducir los factores que alientan el delito. Sigamos sumado esfuerzos, esta instancia de diálogo, de entendimiento y de acuerdo está llamada a cumplir una labor de primer orden, para aprovechar condiciones y alcanzar el México de paz que exigen las familias de todo el país.

Gracias a todas y a todos ustedes por su compromiso renovado, para hacer de este objetivo, el de la seguridad y la justicia, un tema de atención prioritaria, que espero nos permita lograr el México de paz que todos queremos.

Muchísimas gracias.

Por lo anterior, me resulta muy grato declarar formalmente clausurada esta 35 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la certeza de que sus conclusiones contribuirán a mejorar las condiciones de libertad, seguridad y justicia de nuestro país.

Y ocasión propicia, también, para desear a todos los integrantes de este Consejo, unas felices fiestas decembrinas y que 2014, depare al país mejores condiciones de seguridad y éxito en las responsabilidades que cada uno de los integrantes de este Consejo tiene para cumplirle a los mexicanos.

Muchas felicidades.