Señoras y señores:

Muy buenas noches a todas y a todos ustedes.

Señores Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

Señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señores integrantes del Gabinete del Gobierno de la República.

Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Señora Gobernadora y Gobernadores de las diferentes entidades federativas que hoy aquí nos acompañan.

Señores Magistrados Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes entidades de nuestro país.

Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Muy distinguidos Presidentes de organismos autónomos que están aquí hoy acompañándonos.

Saludo con respeto a las y los Legisladores Federales, que también aquí presentes.

A académicos, a estudiosos del Derecho, a abogados, a estudiantes.

Y, de manera muy particular, saludo con amplio reconocimiento a representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante estos ocho, o quizá más años, de forma incansable y comprometida, porque realmente en México tuviéramos un nuevo Sistema de Justicia Penal.

Mi más amplia felicitación y reconocimiento a su esfuerzo y a su tenaz entrega en favor de este propósito.

Saludo a toda la representación de la sociedad civil que está aquí presente, a este distinguido auditorio; a los señores representantes de los medios de comunicación.

Señoras y señores.

En toda sociedad moderna, la convivencia entre individuos se sustenta en normas que garantizan derechos y libertades, y que regulan la conducta de sus ciudadanos.

Estas mismas sociedades han creado instituciones, mecanismos y procedimientos para administrar e impartir justicia cuando sus leyes son quebrantadas.

En México, desde la Independencia, el sistema Jurídico se ha ido construyendo y perfeccionando, a partir de nuestra herencia cultural y de la labor de notables juristas.

Me refiero a hombres de leyes de la talla de Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, creadores del Juicio de Amparo; de José María Iglesias e Ignacio Luis Vallarta, que robustecieron el Poder Judicial; así como de Luis Cabrera y José Natividad Macías, que tuvieron una influencia decisiva en la Constitución de 1917.

Estas grandes figuras y los destacados Juristas que les sucedieron, nos legaron un sistema que contribuyó a la paz, la estabilidad y el desarrollo del México Posrevolucionario.

Sin embargo, como aquí ya se ha expresado, con el paso del tiempo el Sistema de Justicia Penal mostró claros signos de agotamiento, de manera marcada ante un aumento de violencia e inseguridad que se registró en el país, durante la primera década de este siglo.

Fue entonces cuando la sociedad civil alzó su voz con vigor y ánimo de proporciones nunca antes vistas, para demandar y contribuir a un cambio cualitativo en materia de Justicia Penal.

Las voces de la ciudadanía nos mostraron que no podíamos superar los desafíos del Siglo XXI con leyes, mecanismos y procedimientos del siglo pasado.

Con espíritu constructivo, tenacidad y perseverancia, lograron que el Estado Mexicano, en su conjunto, llevara a cabo un esfuerzo inédito de transformación institucional.

Eso es, precisamente, lo que estamos celebrando éste día. Éste es un momento histórico para el país.

Los mexicanos podemos y debemos sentirnos orgullosos, por haber hecho realidad la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años.

Al concluir la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, damos un paso decisivo para brindar a la sociedad una justicia más cercana, transparente y eficaz.

Para dimensionar este gran esfuerzo, basta señalar que en los últimos ocho años se han invertido más de 21 mil millones de pesos en la implementación de la reforma; 89 por ciento de los cuales se han ejercido en esta Administración.

El mérito de esta transformación es colectivo.

Desde aquí, expreso mi más amplio reconocimiento a quienes participaron en este cambio histórico.

De manera puntual, valoro la labor de los integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y de su Secretaría Técnica, quienes guiaron los esfuerzos para cumplir con el plazo establecido en la reforma constitucional.

A nivel local, a la gobernadora y los gobernadores, así como al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quienes impulsaron decididamente este proceso, así lo acredita la capacitación de más de 400 mil operadores del sistema, y de más de 240 mil elementos de seguridad pública.

Igualmente, las procuradurías y fiscalías han emprendido un ambicioso proceso de modernización y reestructuración interno para estar a la altura de esta transformación.

Para normar este nuevo modelo, se crearon y reformaron 21 leyes federales o nacionales, y se modificaron más de 350 leyes locales.

Reciban mi mayor reconocimiento las señoras y señores legisladores por este histórico esfuerzo.

Normas tan relevantes como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal complementan el sistema y permiten una justicia más confiable.

Reconozco la labor de los legisladores federales durante el periodo extraordinario de sesiones para aprobar los ordenamientos complementarios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

También, vale la pena destacar que este nuevo modelo aplica para la justicia militar, a partir de la reforma al Código Militar de Procedimientos Penales y las nuevas salas de justicia oral que se crearon.

Su actualización reafirma el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

También es encomiable la labor de los integrantes del Poder Judicial, tanto de la Federación, como a nivel local, para renovar y actualizar su infraestructura y para seleccionar y capacitar a los magistrados, jueces, secretarios y actuarios que impartirán justicia.

Durante la etapa de implementación contamos con el apoyo de varios países amigos, que nos compartieron generosamente sus experiencias, de manera destacada debo señalar las de Canadá y Estados Unidos.

En este esfuerzo nacional ha quedado acreditado que los cambios estructurales que requiere México sólo pueden concretarse con una auténtica visión de Estado, yendo más allá de diferencias políticas, calendarios electorales y periodos de gobierno.

Desde el principio teníamos claro que cumplir con el plazo de implementación era una meta fundamental y emblemática, pero era sólo la primera.

El Sistema de Justicia es un sistema vivo, en constante transformación y evolución.

En la fase de consolidación, que hoy inicia, requeriremos, igualmente, de la voluntad, el compromiso y el trabajo del Estado mexicano en su conjunto.

En especial, hago un respetuoso llamado a los Poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos locales, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil para mantener la causa de la justicia penal como una prioridad nacional.

Para que el nuevo modelo funcione, y funcione bien, es indispensable contar con mecanismos efectivos de evaluación y monitoreo.

Por ello, celebro el Acuerdo Nacional para la Evaluación, Seguimiento y Consolidación del Sistema de Justicia Penal que hoy hemos suscrito los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, sin menoscabo de las facultades exclusivas de cada uno.

En este marco, el Gobierno de la República reitera su compromiso indeclinable con la independencia del Poder Judicial.

Todos los representantes del Estado mexicano somos corresponsables del éxito del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Sólo con un proceso continuo de aprendizaje y mejora podremos corregir las fallas y superar los desafíos que seguramente habremos de enfrentar.

En el Gobierno de la República tenemos la determinación de ajustar, donde haya que hacerlo y de cambiar lo que sea necesario, para que nuestras instituciones de seguridad y de procuración de justicia estén acordes con esta transformación.

Señoras y señores:

El maestro Jorge Carpizo afirmaba que no existe instrumento mejor para el cambio social que el derecho.

A través de la norma podemos transformar la realidad para lograr un México más justo.

Hoy tenemos nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevos procedimientos e, incluso, nuevos espacios físicos para transformar la justicia penal en nuestro país.

Pero lo más importante, es que el elemento humano asuma la trascendencia del cambio que estamos emprendiendo.

De esta manera, lograremos que el Derecho cumpla su máximo fin: brindar justicia.

Hagamos del nuevo Sistema el emblema de un país comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho.

Por su atención, muchas gracias.