Señoras y señores:

 

Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

 

            Quiero saludar a la doctora María Elena Morera.

 

            Muchas gracias por esta gentil invitación nuevamente, ya por tercera ocasión, de acompañarle en este foro que organiza, el 4º, sobre Seguridad, Ciudadanos + Policías, que es una causa común.

 

            Quiero saludar al señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

 

            A los señores Gobernadores de entidades federativas que participan en este evento.

 

            A los Consejeros de esta organización.

 

            A la Procuradora General de la República, que hoy está celebrando su cumpleaños. Muchas felicidades, Arely.

 

            Me da mucho gusto.

 

Celebrando y trabajando, Arely. Qué gusto.

 

            Al señor Secretario de Gobernación.

 

            Al señor Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, que veo que, muy bien su español. Señor encargado, lo felicito.

 

            Y saludo a representantes de la sociedad civil.

 

            A distintas organizaciones civiles que están aquí representadas, que se han sumado realmente a este esfuerzo conjunto entre sociedad y Gobierno para mejorar las condiciones de seguridad de nuestro país.

 

            A representantes de corporaciones policiacas.

 

            Académicos, intelectuales y a quienes habrán de participar en este foro, que habrá de estar presente y vigente durante estos dos días, hoy y mañana, en la discusión de este tema que nos convoca.

           

Permítanme hacer referencia en este espacio, particularmente a dos temas.

 

            El primero de ellos, éste, justamente, el que hoy nos convoca, que tiene que ver en cómo podemos lograr una mejora significativa, particularmente en el fortalecimiento institucional de las corporaciones policiacas, de manera señalada, los órdenes locales.

 

            Desde hace ya un año, o prácticamente un año, y tiempo después se han presentado distintas iniciativas, que están orientadas a fortalecer, precisamente, las capacidades que tienen las policías en los órdenes locales.

 

            María Elena Morera, de quien he escuchado aquí un claro diagnóstico y al que, debo decirle, tiene mucha razón.

 

            Esa es la realidad que tiene nuestro país. Que si bien no es igual y única en toda la geografía nacional, es cierto, tenemos en algunos estados un fortalecimiento real, efectivo, avances realmente notables en lo que los gobiernos han logrado y han impulsado para mejorar el marco de actuación de sus policías locales.

 

            Y otras, otras entidades muy rezagadas, que no van en armonía y en sintonía con este esfuerzo conjunto que nos hemos trazado.

 

            El Gobierno de la República ha hecho suyo mucho de lo que la sociedad civil ha venido promoviendo, las causas que han impulsado, y que el Gobierno Federal, el Gobierno de la República, ha hecho suyas.

 

            El Consejo Nacional de Seguridad Pública ha sido un espacio idóneo para ventilar, con la participación de la sociedad civil, medidas, decisiones de política pública, que nos permitan fortalecer las capacidades que hay, particularmente, en los órdenes locales.

 

            Es cierto lo que ha dicho María Elena Morera, también.

 

El Gobierno Federal ha sido invariablemente solidario con los gobiernos locales para apoyarles, para respaldarles en su esfuerzo local, realmente, para mejorar las condiciones de inseguridad y disminuir los índices de violencia y de criminalidad que presenta cada entidad federativa.

 

            Y es ésta, también, ocasión para reiterar lo que en más de una ocasión he señalado y he compartido con los señores gobernadores.

 

Ésta no es una tarea única del Gobierno de la República. Es una tarea que convoca a los esfuerzos de todos los órdenes de Gobierno: Federal, estatal y municipal.

 

            Que el Gobierno de la República no está en capacidad, primero, no elude su responsabilidad, la asume plenamente; pero tampoco está para reemplazar o sustituir las obligaciones que también tienen los órdenes locales.

 

            Ésta es una tarea que compete a todos, que a todos los órdenes de Gobierno involucra, y que todos tenemos responsabilidad en lograr lo que es ya parte de una causa de varias organizaciones de la sociedad civil, que valoro, reconozco y aplaudo estén presentes, mejorar las condiciones de seguridad para la sociedad mexicana.

 

            Ese es el tema que nos ocupa, ese es el tema y ese es, quizá, la exigencia mayor de la sociedad mexicana, que ha motivado la creación de distintas organizaciones de la sociedad civil para promover, para adherirse al esfuerzo de los gobiernos, y juntos, realmente, acometer esta tarea de lograr una reducción sensible en los niveles de violencia, que hasta hace poco estábamos observando en nuestro país.

 

            Vale la pena destacar que sí, es cierto, ha habido una disminución en los niveles de violencia, hay menos homicidios dolosos cometidos, en términos generales, en todo el país.

 

            Aquellas entidades señaladas por los altos índices, por homicidios cometidos, por violencia que se generaba, hoy en varias de estas entidades el rostro es otro.

 

Es el caso particular, por sólo ilustrar con algunos ejemplos, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, en donde ha habido una reducción y, si bien es cierto, no se ha llegado todavía a los niveles deseados y trazados como objetivo, ha habido avances.

 

            Pero no podemos cejar en el esfuerzo.

 

Tenemos que complementarnos, y yo recojo con gran interés las varias propuestas que María Elena ha presentado en este espacio,

 

Cinco propuestas muy particulares, que están en los ámbitos de actuación del Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos estatales, para realmente lograr que el país y sus gobiernos, en todos los órdenes, trabajemos en un mismo propósito, en una misma frecuencia, en una gran armonía, y sometidos al escrutinio público, a la evaluación constante que venga desde la propia sociedad.

 

            El Gobierno de la República no rehúye. Por el contrario, hace suya esta demanda de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil, para estar siempre sometido a una evaluación y poder apreciar los avances; reconocer en dónde tenemos que focalizar mayores esfuerzos y dónde debemos de mejorar.

 

            Hay ejemplos, sin duda, en el país, que se han vuelto en referentes de éxito. Pero lo repito y reitero, esto involucra a todos.

 

            Por parte del Gobierno de la República, hemos venido trabajando en una mayor profesionalización.

 

Se instrumentó ya, desde el año pasado, el programa rector de profesionalización, que nos ha permitido avanzar en la capacitación de más integrantes, miembros de las corporaciones de seguridad pública.

 

            Se ha trabajado para la formación de mandos en la escuela que está ubicada en Puebla, que nos ha permitido realmente ir profesionalizando y formando mandos de las corporaciones policiacas.

 

Y esto va en frecuencia, y en exigencia, de lo que será la instrumentación que tiene como plazo último y definitivo, junio del próximo año, del Nuevo Sistema Penal, que está inscrito en nuestra Constitución.

 

            De no tener debida capacitación y formación en las policías ministeriales y en las policías estatales, Federal, en todas las organizaciones policiacas que hay en nuestro país, este modelo difícilmente podrá lograr el objetivo que se ha trazado, que es brindarle a la sociedad, a través de este nuevo Sistema, justicia pronta, expedita y transparente, a través de los juicios orales.

 

            Pero para darle debido sostén a las distintas averiguaciones e investigaciones que se hagan, deben estar debidamente soportadas con el trabajo de las policías, de las policías ministeriales.

 

Que den fuerza legal, realmente, a las distintas investigaciones y causas que eventualmente se estén promoviendo ante el orden judicial en este nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

 

            Hemos también avanzando en la dignificación de nuestras policías.

 

            A través de distintas políticas, hemos, entre otras, otorgado mayor número de créditos y de apoyos y subsidios a las policías, particularmente en el orden federal, para que se hagan de vivienda; y especialmente se premie y se reconozca el esfuerzo de los buenos policías.

 

            Es lamentable que a veces las instituciones policiacas estén estigmatizadas, señaladas y calificadas por el mal desempeño de algunos de sus elementos.

 

Y que, por el otro lado, a veces estemos alejados de premiar, de reconocer y de valorar el esfuerzo, realmente estoico, de muchas y muchos policías que arriesgan su vida todos los días para brindarle seguridad a la sociedad mexicana.

 

            Creo que, en un justo balance de lo que se ha hecho, es de mencionar, por un lado, lo que nos falta lograr, hacer y comprometer realmente en el esfuerzo de los distintos órdenes de Gobierno.

 

Y, por otro lado, buscar más formas  de reconocer y de premiar el esfuerzo de las y los buenos policías.

 

            Me llevo estas propuestas, María Elena, a efecto de discutirlas.

 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública es un espacio que, además, estamos ya en la recta final de este año, ocasión para tener la próxima sesión y sea espacio propicio para tomar decisiones propias, a partir de estas propuestas y de otras políticas públicas que el Gobierno de la República estará instrumentando, estará orientando y que nos permita avanzar en este tema. No podemos quedarnos atrás.

 

            Si bien, repito, las condiciones de seguridad, los índices que hoy se muestran, son alentadores, no son suficientes. Nos falta mucho por alcanzar y mucho por lograr.

 

            Y hay un compromiso, y hay voluntad política del Gobierno de la República para que juntos, con la sociedad civil, sus organizaciones, los legisladores, avancemos en este gran reto, que es brindarle seguridad a todas las familias mexicanas.

 

            El siguiente tema que quisiera abordar en este foro, si me lo permiten, es un tema prácticamente de coyuntura, que deriva justamente del fallo de la Suprema Corte o Ministros de la Corte, la semana pasada diera con el tema de la marihuana o, más bien, al amparo concedido a cuatro personas para, en esta perspectiva de los derechos humanos, pudieran estas cuatro personas sembrar y consumir la marihuana.

 

            Esto, sin duda, ha generado un amplio debate, comentarios desde varios espacios de la sociedad, sobre cuál es la ruta a seguir para atender este tema.

 

            Y claramente quiero aquí definir con ustedes cuál es la posición que al respecto guarda el Gobierno de la República, y cuál será la ruta que estemos impulsando.

 

            A partir de lo que se ha recogido, de lo que hemos escuchado en estos últimos días, y de las posiciones, a veces polarizantes y encontradas, y no coincidentes, en cuál debe serla ruta.

 

            En primer lugar, vale la pena decir, como lo dice la propia sentencia de la Corte, el consumo de la marihuana sí genera efectos dañinos a la salud.

 

            Sin embargo, desde la perspectiva de los derechos humanos, no se le puede privar a alguien, particularmente a las cuatro personas que interpusieron este amparo, de hacer uso de su libertad, y eventualmente, si es su deseo consumirla, lo pueden hacer.

 

            Como fue entonces el esclarecimiento que el Gobierno de la República hizo ante la sociedad, esto de ninguna manera significaba la legalización en el consumo de la marihuana.

 

Pero, sin duda, sentaba un precedente para abrir un debate amplio sobre este tema, y definir cuáles son las políticas que como Gobierno y como sociedad debemos asumir frente a este tema.

 

            Lo primero, y aquí con ustedes, quiero dejar la instrucción dada a la Secretaría de Gobernación, particularmente para que, a través de la Subsecretaría de los Derechos Humanos, en lo que ha significado este fallo bajo esta perspectiva, se haga un amplio debate.

 

Un debate amplio especializado, que convoque a sociólogos, a médicos, a académicos, a la sociedad conocedora sobre estos temas, para realmente definir cuáles pudieran ser las políticas y acciones que como Estado debiéramos tener frente a este tema.

 

            Ir mucho más allá de lo que ha sido la resolución de orden judicial, sino ver los alcances médicos, sociólogicos, que tiene un eventual apertura en el consumo, particularmente, de la marihuana.

 

            Que esto de ninguna manera suponga una apertura y liberalización tal para el consumo de drogas mucho más dañinas, para la salud personal y para la salud pública.

 

            Esto nos permitirá arribar, a partir de ello, a un debate sobre la posición que como país habremos de guardar en la convocatoria que Naciones Unidas ha hecho para que en el mes de abril, del próximo año, se tenga un debate internacional sobre este tema.

 

            Y en el debate interno, antes de arribar a este debate internacional, además de esta convocatoria que el Gobierno de la República convoque a especialistas sobre el tema, también nos involucremos e involucremos al Poder Legislativo.

 

            La propia sentencia aprobada y fallada la semana pasada por una de las Salas de la Corte, claramente define que corresponderá al Ejecutivo y al Legislativo, en el ámbito, de sus competencias, definir o determinar lo que en el futuro se deba proceder sobre este tema.

 

            Por eso, me parece que es una tarea que debemos acometer como Estado.

 

No está en un solo ámbito, en un solo poder. Es una tarea que debemos acometer de forma conjunta, Ejecutivo y Legislativo, para que, realmente, a partir de este debate, a partir de estos foros, nos permita tomar una definición mucho más clara, más nítida, y más precisa.

 

            Porque recojo, con toda claridad, que entre la sociedad mexicana no hay un clamor único, ni una posición única sobre la eventual aprobación o no en el consumo de la marihuana.

 

            Para nadie es un secreto la posición personal que sobre el tema yo he tenido en distintos espacios.

 

Y para quienes no lo recuerden, lo voy a compartir nuevamente con ustedes.

 

            En lo personal siempre dije, y me sostengo en lo personal, que para mí no sería deseable, ni estoy en favor de una eventual legalización en el consumo de la marihuana.

 

            Pero esta posición tampoco riñe con la aceptación y convicción personal que tengo para abrir un debate, y un debate que científicamente con argumentos sólidos nos permita, eventualmente, arribar a otra posición.

 

            Soy de los que cree que la apertura sobre este tema pueda abrir espacio e inducir al consumo de otras drogas mucho más dañinas para la persona y para la salud pública.

 

            Sin embargo, no puedo ser dueño único de la verdad. Esa es mi convicción personal.

 

            Estoy abierto, y lo estaré como Presidente de la República, para recoger realmente posiciones debidamente documentadas, científicamente sostenibles, que eventualmente puedan dar curso a una posición distinta.

 

            Y si ese fuera el caso, que como Estado arribemos a la legislación conveniente y prudente que deba de hacerse, con la participación del Poder Legislativo, para realmente establecer un marco regulatorio, a partir de lo que se defina, y las políticas públicas que el Gobierno de la República deberá de asumir para cualquier determinación que se tome en este ámbito.

 

            Lo que está muy claro es que el consumo de la marihuana, como lo marca este precedente judicial, debe observarse desde la perspectiva de los derechos humanos, no solamente en una óptica de pensar o no en la criminalización; es decir, en hacer sujetos de derecho penal a aquellos que eventualmente consuman alguna droga o la marihuana en particular, o aquellos que la consumen por razones médicas.

 

            Habrá que establecer un debate. Habrá que encauzarlo, inducirlo, y el Gobierno de la República está abierto para que, junto con el Poder Legislativo, trabajemos de forma conjunta, convoquemos a foros especializados que nos permitan tener una posición mucho más clara y abierta del horizonte que advertimos sobre este fenómeno.

 

            Recordemos que lo que se da aquí, en México, en este debate, no es exclusivo de nuestro país. Es un tema que, al final de cuentas, está ocurriendo en todo el mundo.

 

El debate sobre la eventual legalización del consumo de la marihuana es un debate que está presente en distintos países, en distintas partes del hemisferio y de otras partes del mundo.

 

            Sin embargo, tampoco podemos tomar decisiones únicas y propias como país, si no articulamos nuestra posición con el debate que eventualmente se dé en el plano internacional.

 

            Dicho esto y habiendo hecho estos comentarios y posiciones frente a estos dos temas, uno, al que hoy nos convoca, María Elena, y otro, un tema de coyuntura que no podía pasar inadvertido y sobre el cual tener una posición clara de parte del Gobierno de la República, quiero agradecer esta invitación para estar con ustedes.

 

Desearles mucho éxito en este foro que están realizando, y que sus resoluciones, sus acuerdos, sus propuestas, contribuyan, realmente, a lo que todos queremos: A tener un México de paz, de tranquilidad y de armonía social.

 

            Muchísimas gracias.

 

            Ahora sí, procedo a lo que fui invitado, María Elena, a la Declaratoria Inaugural de este 4° Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad. Ciudadanos + Policías.

 

            Creo que el lema inscribe o, más bien, aborda y dice de forma muy puntual, cuál es el gran objetivo y cuál es, además, la forma y solución que tenemos hacia adelante para lograr el México de paz y de tranquilidad.

 

Y haciendo votos, porque sus reflexiones y análisis contribuyan, primero, a la transformación de nuestras policías y, de esta forma, logremos el México de tranquilidad y paz que queremos.

 

            Felicidades, y enhorabuena. 

 

Muchas gracias.