Señoras y señores:

Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Quiero agradecer la presencia de los representantes del Poder Legislativo de nuestro país, en los presidentes y vicepresidentas, respectivamente, de las Mesas Directivas del Senado y Cámara de Diputados.

Al señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A los señores integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República.

A la Gobernadora y Gobernadores aquí presentes.

Al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

A los señores representantes de la sociedad civil que hoy aquí nos acompañan.

Y personalidades, tanto del ámbito público, como privado, que tienen como causa común, precisamente, trabajar por la seguridad de nuestro país.

Señores representantes de los medios de comunicación.

Nuevamente es un honor encabezar esta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, sin duda, el máximo órgano del Estado mexicano en esta materia.

Hace cuatro años nos reunimos, como aquí ya se ha señalado, por primera vez, cuando el país enfrentaba una profunda crisis de inseguridad.

En varias regiones se registraban altos índices delictivos y fuertes disputas entre bandas criminales.

Sólo referir, para tenerlo presente y a manera de recordación que, en seis años, del 2006 a 2012, la extorsión había crecido 130 por ciento; el secuestro había aumentado más de 90 por ciento, y la tasa de homicidios dolosos había crecido 120 por ciento, al pasar de 10 a 22 casos por cada 100 mil habitantes.

Para hacer frente a este flagelo, pusimos en marcha una política de seguridad, basada en la coordinación, la corresponsabilidad, el uso intensivo de sistemas de inteligencia y el fortalecimiento institucional.

Las cifras muestran que esta estrategia ha funcionado.

En los primeros tres años de esta Administración, los principales indicadores de delitos del fuero común disminuyeron en al menos 20 por ciento.

Sin dejar de mencionar que en algunas regiones de nuestra geografía esta disminución, vale la pena decirlo, fue significativamente mayor, porque también era aún mayor al promedio nacional el índice delictivo que esas entidades estaban enfrentado.

Además, se ha logrado neutralizar, es decir, detener o abatir a 105 de los 122 criminales más peligrosos del país, para llevarlos ante la justicia.

No obstante, estos resultados, hay que reconocerlo, y es claro que 2016 ha presentado retos importantes en materia de seguridad. Por ello, para el Gobierno de la República la lucha contra la delincuencia y la violencia seguirá teniendo la más alta prioridad en los próximos dos años.

La seguridad es una función del Estado, que nos convoca y nos compromete a todos. Así lo mandata nuestra Constitución, así lo demanda y exige nuestra sociedad y así lo exigen las circunstancias actuales.

Con esta convicción, hago un respetuoso llamado a la Gobernadora y Gobernadores y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para redoblar todos nuestros esfuerzos contra la inseguridad.

Si queremos atender la demanda de seguridad de las familias mexicanas es indispensable rediseñar el modelo policial del país. Y para ello se requiere, en primer lugar, contar con el marco jurídico adecuado.

En el México de 2016, no se puede combatir eficazmente a los grupos delictivos con herramientas legales e institucionales que a veces datan de los años 80 o 90. El sistema actual en muchos de sus ámbitos y aspectos resulta francamente obsoleto.

Por eso, hace dos años envié al Congreso una iniciativa de reforma para actualizar el modelo policial. El objetivo es tener policías locales sólidas, con criterios homologados para su profesionalización, equipamiento y actuación.

La operación del sistema policiaco no debe depender del partido que esté en el Gobierno. Debe ser una política de Estado que esté por encima de las personas o de los liderazgos políticos de cada entidad.

Por ello, compartimos el posicionamiento en la materia, que recientemente han hecho diversas organizaciones de la sociedad civil.

El Ejecutivo Federal reitera la urgencia de concretar esta reforma para avanzar hacia un sistema policial que esté a la altura de los retos de nuestro tiempo.

Asimismo, si el objetivo último es que las labores de seguridad recaigan en las instituciones policiales, necesitamos legislar para dar un marco de certidumbre a la actuación subsidiaria de las Fuerzas Armadas en este tipo de actividades.

Y, para ello, es preciso contar con una Ley de Seguridad Interior que regule la participación de nuestros efectivos militares.

Reitero nuestra plena disposición para trabajar con los Legisladores en el diseño de esta ley, que dará certeza jurídica a nuestros soldados y marinos, tanto en su acción individual como en el plano institucional.

Desde aquí extiendo mi más amplio reconocimiento a los elementos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que, con valor, lealtad y patriotismo, han cumplido las misiones encomendadas, aún a riesgo de su propia vida.

México se los reconoce y agradece.

Y, de igual manera, quiero reconocer la entrega y el profesionalismo de integrantes de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y del CISEN que han armonizado sus esfuerzos para trabajar en un frente común y, precisamente, hacer efectivas las políticas públicas que, en materia de seguridad, el Gobierno de la República está implementando.

En materia de seguridad pública, y aquí creo que todos lo reconocemos, cada quien tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde, tanto a las autoridades estatales, como las municipales deben cumplir plenamente su obligación de brindar protección a sus comunidades.

En esta Administración, hemos apoyado con firmeza el fortalecimiento de las capacidades institucionales, de las corporaciones locales de seguridad.

Y así lo acredita la asignación de más de 49 mil millones de pesos en subsidios y aportaciones federales en los últimos cuatro años.

Con estos recursos se han renovado instalaciones, se han aportado vehículos, equipos, armamento y tecnologías de comunicación. Además, se ha capacitado a más de 500 mil elementos de seguridad pública y de procuración de justicia; así como a 34 mil mandos policiales.

Se trata de una tarea que debe ser permanente, porque la exigencia social de poder confiar en sus policías así lo demanda.

Hoy damos un paso adicional importante. Para garantizar que estos fondos se manejen con absoluta probidad y eficacia, la Secretaría de Gobernación pondrá en servicio un nuevo portal de transparencia.

Con él, la sociedad podrá conocer el monto y el destino de las aportaciones y subsidios en cada entidad federativa, lo que fortalecerá la rendición de cuentas.

El Gobierno de la República seguirá cumpliendo su parte.

De cara al futuro inmediato, nuestras prioridades son las siguientes:

Primera. Consolidar las labores de prevención social de la violencia y la delincuencia.

En esta actividad participan nueve Secretarías de Estado, y es uno de los ejes que distinguen la política de seguridad, que ha venido instrumentando esta Administración.

En años anteriores se destinaron, como aquí Adelina, en representación de la sociedad civil, lo compartiera, más de nueve mil millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal de 2017, he dado indicaciones para que podamos hacer un esfuerzo adicional, y creo que es importante que lo hagamos todos y al unísono.

Que podamos articular acciones que corren dentro de las políticas transversales de las distintas dependencias, para no abandonar y no dejar esta asignatura que, efectivamente, en el presupuesto aprobado cuenta con básicamente con cero recursos para esta asignatura.

Pero aquí vale la pena tener presente un aspecto relevante. El presupuesto presentado a la aprobación del Congreso, y que tuvo tal aprobación, tiene también, por prioridad, preservar nuestras condiciones económicas de estabilidad en un mundo financieramente volátil y convulso, en un mundo incierto.

Y no hay mayor medida o acción en materia de prevención que preservar la estabilidad económica del país, y esa es la premisa que se consideró en el paquete presentado, precisamente para preservar nuestros fundamentos macroeconómicos, que permitan y se traduzcan éstos en condiciones de estabilidad económica para las familias mexicanas.

Esa, quizá, es la mayor medida que en materia de prevención puede asumir el Gobierno.

Pero, también aquí, doy indicaciones para que avancemos y, sobre todo, podamos quedar comprometidos todos a dedicar recursos que de manera adicional podamos tener y disponer para fortalecer las acciones en materia de prevención.

Y quiero recoger de lo señalado por la propia representante de la sociedad civil este interés para normar, precisamente, o regular el sistema de acreditación de no antecedentes penales.

Ha tomado debida nota el Sistema Nacional de Seguridad Pública, su Secretariado Ejecutivo, pero además le doy indicaciones a la Consejería Jurídica del Gobierno de la República para que podamos, también, revisar y eventualmente impulsar, en el ámbito legislativo o en política pública, las acciones que permitan dar a este marco un escenario de mayor justicia, como así lo ha planteado la representante de la sociedad civil.

Permítanme decir, en adición también, a las voces que he escuchado aquí de la sociedad civil, que quiero en cada uno de ustedes reconocer su gran compromiso por la seguridad de nuestro país.

Para los gobiernos es nuestra obligación, es el mandato que tenemos por ley, es irrenunciable y es indeclinable y, además, es insustituible.

Para las organizaciones de la sociedad civil, asumir esta causa es por razones de compromiso social; es por una bandera justa, de una causa justa ante lo que demanda nuestra sociedad.

Podrá haber eventuales diferencias, bajo la óptica en la que miden y analicen, y observen, lo que los gobiernos eventualmente estamos emprendiendo, pero tengo que reconocer ampliamente cómo sus aportaciones, de todas las organizaciones de la sociedad civil, de los distintos foros que realizan, enriquecen, moderan y le dan mayor sustancia a las políticas públicas que en materia de seguridad el Estado en su conjunto lleva a cabo.

Ante ello, dejo testimonio de mi mayor reconocimiento, y particularmente a quienes han de concluir aquí su representación en este Consejo de Seguridad Pública como representantes de la sociedad civil.

Muchas gracias por su participación.

La segunda prioridad es fortalecer las acciones en los 50 municipios que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos en el país.

Esto no es nuevo. Lo he señalado en distintos espacios y foros. Pero así lo ha venido instrumentando el Gabinete de Seguridad, en debida coordinación con las autoridades estatales.

Tenemos que abocarnos de manera específica a aquellos municipios que están registrando nuevamente un alza en los índices delictivos, y especialmente donde se comente el mayor número de homicidios dolosos de nuestro país.

Tercera prioridad. Consolidar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Para ello, el Gobierno de la República brindará todo su apoyo a la agenda de trabajo del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal.

Debemos concluir las obras pendientes y terminar la capacitación, así como corregir las deficiencias operativas para asegurar la viabilidad de este nuevo modelo.

Coincido en lo expuesto aquí, por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y creo que varios de ustedes lo comparten o si no es que todos, estamos entrando a la observancia de un nuevo sistema de justicia penal, a la creación de un nuevo paradigma que dio ocho años, precisamente, para la entrada en vigor plena de este modelo.

Pero por sí mismo no asegura la eficacia y los objetivos que tiene trazados. Tiene que haber retroalimentación, tiene que haber observancia, seguimiento y evaluación en la instrumentación del mismo para asegurar que cumpla a cabalidad con los objetivos trazados.

Yo estoy seguro que los acuerdos aquí tomados, precisamente en esta orientación, nos permitirán asegurar que este modelo realmente pruebe plena eficacia, tengamos una justicia mucho más transparente y mucho más expedita, como lo demanda nuestra sociedad.

Y que fue lo que dio pie o fue la pauta, o lo que dio origen a la creación de este nuevo Sistema de Justicia, y podamos dejar de lado cualquier percepción que la instrumentación se está haciendo, que pueda suponer impunidad ante la instrumentación de este nuevo Sistema de Justicia Penal.

Señoras y señores:

Hoy más que nunca todos debemos hacer un frente común contra la violencia y la delincuencia.

En esta misión colectiva, el Gobierno de la República continuará encabezando los esfuerzos institucionales para ofrecer una respuesta duradera a la legítima demanda de seguridad.

Seguiremos siendo un factor de encuentro, de unión y de trabajo conjunto, en favor de la paz y la tranquilidad del país.

Quiero agradecer a los Gobernadores que están próximos a concluir su mandato, por su participación comprometida en este Consejo.

También darle la bienvenida a los Gobernadores que por primera vez se han incorporado a este Consejo.

Creo que aquí queda acreditado el interés y el compromiso de todos los órdenes de Gobierno para trabajar en favor de la seguridad.

Aquí reconozco las distintas opiniones que hemos recogido, que nos dejan ver con toda claridad, y creo que ha sido la constante en varias de las participaciones aquí escuchadas: no estamos satisfechos con lo que hemos logrado.

Reconocemos que tenemos, todavía, un problema y un desafío hacia adelante. Pero, también, la urgente necesidad de que todos nos comprometamos de manera seria y profunda.

Más allá de razones, de excusas o de culpas que se quiera pretender dar o decir, creo que éste es el momento en el que debemos redoblar el paso, no claudicar, ser perseverantes; mejorar lo que hemos puesto en práctica, enriquecer lo que aún nos falta por hacer, y que de esta manera todos, unidos en un frente común, sigamos trabajando por el México de paz y de tranquilidad.

Hago votos porque así sea.

Muchísimas gracias.

Procedo a la Declaratoria de Clausura, no sin antes, también, agradecer la presencia del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y, también, de la representación de los gobiernos municipales que aquí están presentes.

Hoy, 20 de diciembre de 2016, me es muy grato declarar clausurada la 41ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la certeza de que sus acuerdos contribuirán a fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad, en beneficio de las familias mexicanas.

Muchísimas gracias.