Señoras y señores muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Quiero saludar a todos los integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad Pública.

A los señores Gobernadores. Gobernadora y Gobernadores de las distintas entidades federativas.

Al señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

A titulares de órganos autónomos.

A integrantes del Gabinete del Gobierno de la República.

A quienes son invitados permanentes de este Consejo y a quienes agradezco su presencia, tanto al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, como al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

A los representantes de la sociedad civil, quienes forman parte de este Consejo y quienes además, acompañan la celebración de esta Sesión.

Muchas gracias por su presencia.

Señoras y señores:

Sin duda, una responsabilidad esencial de un Estado democrático es velar por la seguridad de su sociedad.

Y hoy está aquí reunido, sin duda, lo que representa y se constituye como el máximo órgano de coordinación entre órdenes de Gobierno, precisamente, para acometer esta tarea irrenunciable y propia de todo Estado democrático: garantizar la seguridad de su sociedad.

El día de hoy, como aquí se ha expresado en la intervención, particularmente, del titular de la Secretaría de Gobernación, nos encontramos, prácticamente, a la mitad de esta Administración, a tres años de haberse iniciado.

Y hace justamente tres años, en una Sesión como ésta donde definimos cuáles serían las líneas de acción en las que habría de participar el Gobierno de la República, en el marco de actuación que da, justamente, este Consejo Nacional de Seguridad Pública para recuperar la paz y la tranquilidad que demanda nuestra sociedad.

Quisiera, de manera puntual y breve, hacer referencia a las líneas, entonces, trazadas y a los avances que sobre las mismas hoy se tienen.

Primero. Nos comprometimos con la prevención y estamos cumpliendo.

Hoy se atienden las causas del fenómeno delictivo y no sólo sus consecuencias.

Se han hecho importantes inversiones en materia de prevención. Se han dedicado más de siete mil 700 millones de pesos para impulsar acciones en favor de una población objetivo del orden de cinco millones de habitantes en áreas,  y en regiones, en poblaciones en donde era y sigue siendo fundamental recuperar el tejido social.

Segundo. Decidimos hacer de la planeación una herramienta básica para construir el México en paz que demanda nuestra sociedad. Desde este Consejo, con la participación de la sociedad civil, hemos definido estrategias y directrices.

Pero también, hemos establecido objetivos e indicadores.

Hemos determinado operativos conjuntos y hemos desplegado esfuerzos focalizados, especializados, como la Estrategia Nacional Antisecuestro.

Tercero. Las autoridades Federales y estatales hemos articulado esfuerzos institucionales, y hoy trabajamos en una efectiva coordinación.

El Gabinete de Seguridad se ha reunido 66 veces, 66 ocasiones con los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para intercambiar experiencias e información, pero además establecer operaciones conjuntas medibles, focalizadas, en las cinco regiones operativas que se instalaron hace tres años.

Cuarto. Hemos impulsado una profunda transformación institucional en dos ámbitos: el policial y el de procuración de justicia.

Al interior de este Consejo se han tomado decisiones para homologar procesos de evaluación, profesionalización y actuación de las Fuerzas Federales y locales, así como para dignificar su función social.

Hemos sumado esfuerzos para instrumentar el nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual opera hoy, parcialmente, en 26 entidades y en seis de forma total, como lo ha testimoniado quien ha hablado en nombre de la sociedad civil.

Quinto. Nos propusimos velar por la seguridad de la población en un marco de protección y respeto a los derechos humanos.

A partir de amplios programas de capacitación se han fortalecido las acciones para asegurar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

Además, se modernizó el marco legal para proteger los derechos de las víctimas y facilitar la reparación del daño, así como para mejorar el acceso a la justicia.

Congruentes con estos avances, la semana pasada envíe al Congreso de la Unión dos Iniciativas de Ley para hacer frente a la desaparición de personas y a la tortura.

Y sexto. Decidimos someter nuestras acciones a un proceso permanente de evaluación y de retroalimentación. Y, en colaboración con especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil, se han depurado y definido indicadores de seguimiento.

Sobre esta base hoy podemos informar que hemos avanzado; que si bien no estamos plenamente satisfechos, porque sabemos que nos falta todavía camino que recorrer, todavía lograr mayores avances en materia de seguridad, no podemos dejar de lado los avances y los logros que hoy se tienen a tres años de distancia.

Y déjenme compartirles, de manera puntual, indicadores que hablan por sí mismos.

Si comparamos los primeros 11 meses de 2015 con respecto al mismo periodo del año 2012, cuando fue entonces que tuvimos la primera reunión de este Consejo, o más bien, a la que yo participé ya en mi carácter de Presidente de la República, la diferencia en indicadores es sensible.

La incidencia delictiva total se ha reducido 12 por ciento.

El número de homicidios dolosos ha bajado 22 por ciento.

En el caso de entidades de la frontera Norte, esta reducción ha sido incluso de un casi 45 por ciento.

El robo con violencia de vehículos y el robo en carreteras ha descendido en más de un 24 por ciento.

El secuestro ha disminuido 27 por ciento.

Mientras que las extorsiones han caído 30 por ciento.

Además, 96 de los 122 objetivos prioritarios, es decir, de aquellos delincuentes buscados y perseguidos por la ley, prácticamente, el 80 por ciento de ellos ya no representan un  peligro para la sociedad.

Destaco ante estos logros, el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de mujeres y hombres de nuestras Fuerzas Armadas, de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal y, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Para todos ellos, mi mayor reconocimiento.

A partir de ello, es ocasión ésta, para tener claro cuál es la ruta a seguir hacia los siguientes años.

Además de consolidar la definición de objetivos trazados desde el inicio de esta Administración, es importante redoblar el paso y asumir cada orden de Gobierno su plena responsabilidad frente a éste que, sin duda, es uno de los mayores retos, mayores desafíos, pero uno de los objetivos, insisto, irrenunciables del Estado democrático que hoy tenemos en nuestro país, que es asegurar, o más bien, brindar seguridad a la población.

Ante ello, quiero definir las siguientes líneas de acción:

Primero. Acelerar la profesionalización y dignificación de los integrantes de las corporaciones de seguridad especialmente en el orden local.

Para tener policías que sirvan al ciudadano, necesitamos que estén bien preparados, pero también que cuenten con la estima y el reconocimiento de la sociedad.

Dos. Y aquí ha sido aprobado el día de hoy, concretar un Sistema de Respuesta Inmediata en Casos de Urgencia con el servicio del número 911.

Aquí vale la pena decir, no sólo se trata de tener un número telefónico de emergencia homologado a nivel nacional, que por sí mismo, sin duda, ya es un avance.

Porque salir hoy a la calle y preguntarle a cualquier ciudadano si sabría qué teléfono marcar en caso de una emergencia, yo casi podría asegurar que muy pocos tendrían una respuesta correcta sobre cuál es el número al cual dirigirse.

Por eso, queremos tener un teléfono único.

Siguiendo las líneas que hay o los teléfonos de emergencia que hay en otras partes del mundo, significaría alinearnos con esta vertiente.

Lo repito: no sólo se trata de tener un número único, un número homologado a nivel nacional. Va más allá de ello. Significa asegurar que los servicios que preste ese número de asistencia, de urgencias y de emergencia, realmente, esté a la altura de responder ante cualquier llamado de emergencia.

En esa ruta estamos trabajando y es importante que concretemos este objetivo que por simple que parezca no es tan fácil, pero sin duda, estoy seguro que será una herramienta importante en beneficio de la sociedad mexicana.

Tres. Apoyar con decisión la plena, pero además, eficaz implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

El mayor reto no son las instalaciones, no es la inversión dedicada para construir la infraestructura que requiere la operación de este nuevo Sistema de Justicia Penal, sino contar con el capital humano preparado, como bien lo ha compartido aquí el representante de la sociedad civil.

Efectivamente, este modelo por sí mismo, ni en el marco legal, ni en la infraestructura que hoy se viene construyendo, necesariamente, garantizará que tengamos un mejor Sistema de Justicia si no aseguramos que la operación del mismo, resulte en el objetivo trazado para este nuevo modelo de justicia penal.

Reconozcamos que estamos transitando de un modelo, de un paradigma que tuvimos por más de 100 años a uno que estamos adoptando y en el que estamos depositando confianza de que, realmente, servirá para que en materia penal haya una justicia, pronta, expedita, transparente y eficaz.

Por eso el esfuerzo para concretar este objetivo no puede quedar solamente de aquí al inicio de su vigencia plena en el mes de junio del próximo año, como lo mandata nuestra Constitución; sino que debe convocarnos para darle puntual seguimiento a este sistema y asegurar que, realmente, cumpla con el objetivo y con el espíritu que se diseñó y que marca nuestra Carta Magna.

Cuatro. Reforzar las acciones y los controles para garantizar el respeto y protección a los derechos humanos.

Transformamos las leyes, instituciones y políticas para que estos valores universales se ejerzan plenamente, se ejerzan a cabalidad.

Lo que sigue ahora, es llevarlos a la práctica cotidiana, a la vida diaria, al ejercicio diario de quienes están involucrados, particularmente, en temas de prevención, de procuración y de administración de justicia.

Y cinco. Fortalecer la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de la política de Estado en materia de seguridad y justicia.

Aquí, en este espacio, como ha venido siendo, hoy forman parte de este Consejo representantes de la sociedad civil.

Pero no son solamente ellos, hay toda una sociedad civil organizada que participa de manera activa y de manera propositiva para dar orientación, compartir experiencias y, eventualmente, proponer acciones y políticas públicas que nos permitan avanzar en esta materia tan importante que es la de la seguridad y la justicia.

En este espacio, yo quisiera hacer referencia a lo que Adelina hace un momento ha planteado. Nos ha compartido una experiencia sobre un tema que hoy está en el debate cotidiano, o casi lo está, de muchos expertos, de analistas.

Y aquí, quiero reiterarle la posición clara, que personal e institucionalmente he guardado sobre este tema.

Me refiero, al de la legalización de la marihuana, particularmente.

El hecho de que hoy tengamos ejemplos o casos como el que ella ha citado, no significa que los esfuerzos que se hayan hecho no estén cumpliendo el objetivo de lo más importante: disminuir el consumo y evitar el consumo entre la niñez y la población en general de sustancias dañinas para su salud.

De no haber emprendido los esfuerzos que hoy se continúan tampoco podríamos decir, habría que adivinar, entonces, qué sociedad y qué escenarios hoy tendríamos.

El que tengamos hoy casos específicos aislados, crecientes, no necesariamente significa que lo que se haya hecho no haya cumplido con su objetivo y su misión.

Sobre el tema al que he hecho alusión, hemos convocado para que haya un debate amplio sobre este tema.

Mi posición personal, la he expresado en más de una ocasión. Personalmente, no estoy en favor de la legalización del consumo de la marihuana. Pero sí estoy en favor de que haya un debate.

Que haya un debate, que nos permita arribar, realmente, a cuáles son las políticas públicas que siga el Estado mexicano para lograr el objetivo que, me parece, es a donde debemos centrar nuestra atención.

Creo que el objetivo no es ser distintos. El objetivo me parece que no va a ser el que seamos diferentes, quizá del resto del mundo, o parecidos a las reglas que han adoptado algunos países.

Atrevernos a hacer cambios, me parece, que debe poner en el centro para qué queremos cambiar y qué queremos cambiar.

Lo que yo, claramente, creo que debe ser el centro de nuestra atención, es evitar el que haya un mayor consumo de sustancias dañinas para nuestra sociedad; es lograr una educación entre la sociedad que nos permita disminuir y hacer conscientes a la población de los daños del consumo de sustancias nocivas para la salud de nuestra población. Ese es el objetivo.

Y creo que el debate nos permitirá encontrar soluciones.

Primero. Definición clara de cuáles son los efectos nocivos de distintas sustancias; de cuáles son, realmente, los daños que generan a una sociedad; de cuáles son las experiencias que aquellos países permisionistas, eventualmente, han tenido ante la experiencia de haber establecido un marco legal o un marco jurídico de legalización del consumo de ciertas sustancias nocivas.

Creo que ese es el sentido del debate. Pero, repito, no perdamos cuál es el centro de la atención de ese debate, que es cuidar de la salud, de la niñez y de la juventud mexicanas y de la sociedad en su conjunto.

Puestos estos cinco temas, sumados a las líneas de acción que, claramente, definimos desde el inicio de esta Administración. Yo estoy seguro que un compromiso real, genuino y autentico de los distintos órdenes de Gobierno, de los Poderes del Estado mexicano, estoy seguro que habremos de arribar a mejores condiciones de seguridad para la sociedad mexicana.

Es un gran reto. Es desafío presente. Es desafío constante, pero también es constante el esfuerzo del Estado mexicano para asegurar mejores condiciones para la sociedad mexicana.

Y reitero: nadie puede eludir o evadir su responsabilidad.

Ésta es una tarea que convoca los esfuerzos de todos los órdenes de Gobierno. No lo es sólo del Gobierno de la República. Ni puede ser el Gobierno de la República, al único que se le atribuyan, eventualmente, responsabilidades frente a escenarios de inseguridad que se viven en diferentes regiones.

Al contrario, y lo reitero: el Gobierno de la República siempre ha mostrado disposición, actitud constructiva, actitud de adhesión a los esfuerzos que deban tener también, los órdenes locales para realmente acometer esta tarea de forma corresponsable y de manera conjunta.

Estoy seguro que los acuerdos hoy aquí tomados habrán de contribuir a este esfuerzo por seguir construyendo un México de paz y de tranquilidad.

Muchísimas gracias.           

Procedo a la Declaratoria de Clausura de esta Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública:

Siendo hoy 18 de diciembre de 2015, me resulta muy grato declarar clausurada esta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Haciendo votos, porque los acuerdos alcanzados contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad en beneficio de las familias mexicanas.

Y hago ocasión propicia, también, para desear a todos los asistentes el que tengan ustedes, sus familias, y la población y la sociedad a la que sirven que tengan felices fiesta decembrinas y que nuestro esfuerzo redunde en mayores frutos en el año 2016.

Muchas gracias.