• Refirió cinco medidas para continuar mejorando la capacidad de respuesta institucional a las demandas de la sociedad en materia de seguridad.
  • El número de emergencias 911 comenzará a operar de manera gradual a partir del próximo 3 de octubre; el primero de junio de 2017 quedará totalmente instrumentado en todo el país, señaló.
  • Clausuró la 40ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, clausuró la 40ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que subrayó que “si en algo estamos de acuerdo los mexicanos, es en que queremos vivir en un país de paz y tranquilidad, de libertades y derechos, de leyes e instituciones”.

A Gobernadores, Gobernadores Electos, miembros de la sociedad civil y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, les dijo: “continuemos privilegiando el diálogo propositivo y los acuerdos constructivos, para ofrecer una respuesta integral a la legítima demanda de seguridad de la población”.

“En esta misión colectiva, el Gobierno de la República seguirá siendo un factor de encuentro, unión y trabajo conjunto, en favor de la tranquilidad de las familias mexicanas”, afirmó. Les convocó a que, desde su ámbito de actuación, “sigan impulsando cambios de fondo, para crear un mejor país; un país más seguro”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo Federal refirió cinco medidas “para continuar mejorando nuestra capacidad de respuesta institucional a las demandas de la sociedad” en materia de seguridad pública:

Primera: el número de emergencias 911 comenzará a operar de manera gradual a partir del próximo 3 de octubre. De manera inicial se pondrá en funcionamiento en 16 entidades: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, detalló.

“Las entidades restantes se incorporarán a lo largo de los primeros cinco meses del 2017 y de esta manera, nuestro objetivo es que el primero de junio de 2017, el 911 quedará totalmente instrumentado en todo el país para brindar una atención más rápida, oportuna, más eficiente, para quien enfrente una situación de emergencia que ponga en riesgo su integridad”, expuso.

Dijo que “gracias al trabajo comprometido de gobiernos y de sociedad, así como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a cuyo titular y demás integrantes quiero agradecer el gran respaldo y apoyo que para esta tarea y propósito nos ha brindado el IFETEL, al haber liberado esta banda o frecuencia que nos permita realmente contar con este número de emergencias único y homologado en todo el país, como ocurre en otros países de mayor desarrollo y de mayor avance”.

El Primer Mandatario exhortó “a seguir sumando esfuerzos, voluntades y recursos con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento de este número telefónico único para el todo el país, el 911”.

Segunda: En relación con la prevención del delito, hizo un respetuoso llamado a las autoridades estatales para reforzar las acciones conjuntas en este importante rubro. Dijo que “sin duda, un tema que nos preocupa y ocupa a todas las autoridades es el repunte de algunos delitos de alto impacto durante los primeros siete meses de este año 2016, en relación con el mismo periodo del año pasado. Y para esto, es fundamental emprender acciones conjuntas y asumir todos corresponsabilidad en esta tarea”.

En este punto, el Presidente de México celebró la decisión de los integrantes del Consejo de “fortalecer los Centros Estatales de Prevención Social, así como de permitir que grupos de ciudadanos y académicos supervisen y evalúen sus acciones”.

Tercera: la determinación del Gobierno de la República de aplicar una nueva medida para atender el incremento de homicidios dolosos. “He dado indicaciones al Gabinete de Seguridad para que, en estrecha coordinación con las autoridades locales, se ponga en marcha una estrategia de atención integral a los 50 municipios que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos que hoy se están cometiendo en el país”.

En pocas palabras, continuó, “en sólo el dos por ciento de los municipios de todo el país se están cometiendo el 42 por ciento de los homicidios dolosos”.

“De manera corresponsable con los gobernadores y los presidentes municipales reforzaremos las acciones de prevención social, fortalecimiento institucional y combate a la violencia en estas demarcaciones”. Por ello, agregó, “deben ustedes, los Ejecutivos locales, asumir la obligación y compromiso de encabezar los esfuerzos para brindar mayor seguridad a los habitantes de sus entidades”.

Reiteró: “las Fuerzas Federales estarán invariablemente ahí donde se necesite para ofrecer respaldo a las policías locales de manera subsidiaria y temporal, no para suplirlas ni reemplazarlas. La solución de fondo es contar con corporaciones de seguridad locales sólidas en las 32 entidades federativas, con criterios homologados en su profesionalización, en su equipamiento y en sus protocolos de actuación”.

Cuarta: la urgencia de concretar la reforma constitucional en materia de Seguridad Pública. Abundó que a partir de una iniciativa del Ejecutivo Federal actualmente se discute en el Congreso de la Unión, el mejor modelo policial para el país.

Mencionó que dio indicaciones al Secretario de Gobernación “de continuar trabajando con los señores legisladores para hacer realidad una reforma que dote a México de corporaciones policiales más fuertes, más profesionales y que actúen de la forma más eficiente en el ámbito local”.

El Presidente Peña Nieto agradeció la presencia de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión en la Sesión “para que puedan llevar este mensaje de la necesidad de poder concretar, a partir de la iniciativa presentada y del amplio debate que se ha hecho sobre ese tema, un modelo inscrito en ley, inscrito en la Constitución, que nos permita realmente lograr lo que ha sido una demanda reiterada y aún no lograda por parte del Estado mexicano: fortalecer las corporaciones policiacas que actúan en las distintas entidades federativas”.

Quinta: En relación al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio expresó su beneplácito de que en esta Sesión “se haya acordado desarrollar un Modelo Nacional de Policía de Seguridad Procesal; un esquema para supervisar las medidas cautelares en los estados, así como una estrategia para cumplir los mandatos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Puntualizó algunos retos que se están enfrentando en la operación cotidiana del nuevo Sistema. Dijo que, si bien son importantes estas acciones, es necesario que los elementos policiacos actúen con apego al debido proceso en las detenciones y mejoren la calidad de sus investigaciones. “Se debe evitar que, por errores en la detención o deficiencias en la integración de las averiguaciones, los casos no se sostengan ante un juez”.

Recordó que fue a partir de la iniciativa de la propia sociedad civil que se emprendió el camino para crear el nuevo Sistema de Justicia Penal, “que significa, como lo he señalado en distintos foros, un cambio de paradigma”.

Subrayó que “deberá asegurarnos que toda persona que sea acusada, realmente tenga un proceso abierto, transparente, que parta de la presunción de inocencia, y que quede en las instancias de procuración de justicia integrar todos los elementos probatorios que den sustento a las acusaciones que se tengan contra cualquier indiciado”.

Es un nuevo modelo, dijo, “que tenemos que probar su eficiencia, es un nuevo modelo que nos permitirá combatir de forma más eficaz la impunidad y que muchos que, eventualmente cometen un delito, puedan evadir la justicia”. Al mismo tiempo, permitirá “evitar que muchos otros, miles de personas que eventualmente tenían que enfrentar la prisión preventiva por delitos a veces menores, hoy solamente tengan que hacerlo de manera abierta siguiendo los procesos en libertad y ante las autoridades judiciales”.

El Presidente de la Nación, hizo un llamado a las Procuradurías de Justicia estatales que están acumulando un creciente número de carpetas de investigación y que están haciendo “un uso limitado de los mecanismos alternativos de solución de controversias para que se interioricen y haya un mayor compromiso en conocer y aplicar este nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.

De igual manera hizo un respetuoso exhorto a la señora y señores Gobernadores, lo mismo que al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, “para corregir las deficiencias operativas y evitar que se genere una percepción de impunidad sobre este nuevo modelo que hoy estamos aplicando en todo el país”.

Asimismo, refirió que ha dado indicaciones al Secretario de Gobernación y a la Procuradora General de la República “para revisar y elaborar propuestas de mejora al marco legal a fin de corregir cualquier deficiencia”. “Hacia adelante debemos realizar los ajustes y los cambios que sean necesarios para seguir mejorando las condiciones de seguridad y de justicia en todo el país”, concluyó.

NINGUNA ENTIDAD FEDERATIVA ESTÁ SOLA EN LA TAREA DE HACER FRENTE A LA DELINCUENCIA: MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, afirmó que “hoy, las y los mexicanos pueden tener la certeza de que ninguna, absolutamente ninguna entidad federativa está sola en la tarea de hacer frente a la delincuencia”.

Subrayó que, desde hace más de tres años y medio, el Presidente Enrique Peña Nieto hizo de su atención integral una prioridad nacional, que ha sido abordada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública “con una respuesta de Estado y un esfuerzo conjunto”.

Expuso que esa prioridad nacional “ha implicado poner la política, es decir las herramientas del acuerdo y la coordinación, al servicio de la seguridad. Por primera vez, el Gabinete de Seguridad diseñó y puso en marcha mecanismos de coordinación permanentes entre la Federación y las entidades para actuar con estrategia y prontitud, en un plano de corresponsabilidad.

Aunado a ello, agregó, se implementaron acciones para el apoyo subsidiario de las fuerzas federales a los gobiernos locales, particularmente a aquellos con una situación de debilidad institucional. “El objetivo ha sido y es uno: garantizar, más allá de distingos políticos, la seguridad de los ciudadanos ahí donde se ha visto mermada su tranquilidad”, expresó.

Señaló que “al tiempo que las fuerzas federales actuaron con sentido de urgencia para velar por la seguridad de las comunidades, se crearon y fortalecieron instituciones clave en esta función de Estado”, pues es claro, precisó, que “más allá de atender coyunturas, la mejor apuesta a futuro que podemos hacer es la de consolidar instituciones fuertes, confiables y eficaces”.

Mencionó que en el plano local es prioritario fortalecer las capacidades para generar espacios y reducir la delincuencia. “Es en lo local donde la función de seguridad debe contar con mejores herramientas y recursos para cerrar el paso a la impunidad”. Precisó que en tanto eso sucede, “desde el Gabinete de Seguridad se ha planteado un conjunto de medidas para la atención focalizada del fenómeno delictivo en los estados y municipios donde se presentan los más altos índices de violencia”.

EXPONE RENATO SALES HEREDIA CUATRO ACCIONES PARA MEJORAR LA PROVISIÓN DE SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA

Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, expuso ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública cuatro puntos para mejorar la provisión de seguridad a la ciudadanía:

Primero: la Estrategia Interinstitucional para la Implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada el pasado 16 de junio, con la cual, dijo, se busca proteger el interés superior del adolescente y su formación integral, privilegiando las medidas alternativas de solución de conflictos y las sanciones no privativas de libertad.

Segundo: la elaboración de un modelo homologado de unidades de Policía Cibernética. Recordó que el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 estableció como una de sus estrategias detectar y atender oportunamente los delitos cibernéticos. Afirmó que la creación de un modelo homologado para las unidades permitirá conjuntar esfuerzos entre los ámbitos de Gobierno estatal y Federal.

Tercero: la actualización y homologación de procesos regulatorios en materia de seguridad privada. Propuso la creación de un grupo de trabajo para impulsar la reforma al marco jurídico, a fin de armonizar los procesos regulatorios a nivel nacional y establecer las bases de coordinación para el registro único de empresas, personal y equipo de seguridad privada, así como acciones de verificación y certificación del personal y de las empresas e instituciones que brindan dichos servicios.

Cuarto. La elaboración de registros biométricos para identificar a las personas privadas de la libertad mediante huellas dactiloscópicas, fotografías con calidad biométrica e iris ocular. Ello, explicó, permitirá contar con una herramienta adicional para la administración de las instancias que conforman el Sistema Penitenciario Nacional, además de que permitirá eliminar la posibilidad de duplicidades, registros incorrectos, y homonimias.

En la 40ª Sesión también participaron los Gobernadores de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; de Sinaloa, Mario López Valdez; del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Además, las invitadas permanentes y representantes de la sociedad civil, María Angélica Garnica Sosa y Elena Azaola Garrido; y el Presidente Municipal de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.

ACUERDOS

En la 40ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se aprobaron los siguientes acuerdos:

  • Que las entidades federativas, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), establezcan las acciones necesarias para operar el Número Único de Atención de Llamadas de Emergencias 911.
  • Que el Consejo Nacional instruya al Secretariado Ejecutivo del SNSP para que funja como enlace operativo e integrante de la instancia tripartita, coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal.
  • Que la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, y el Secretariado Ejecutivo del SNSP consoliden la política pública en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.
  • Instruir a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal para que, en coordinación con la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del SNSP, elabore un modelo homologado de justicia cívica y buen gobierno, que incluya una norma tipo, perfiles y procesos de capacitación de operadores y programas de cultura de la legalidad para los municipios de México.
  • Aprobar los lineamientos para la emisión, desarrollo e implementación del Certificado Único Policial, cuyo cumplimiento estará a cargo de los tres órdenes de Gobierno.
  • Conformar un grupo de trabajo interinstitucional bajo la coordinación del Secretariado Ejecutivo del SNSP para actualizar el programa rector de profesionalización.
  • Instruir al Secretariado Ejecutivo del SNSP a elaborar un proyecto de reforma que actualice el marco jurídico a las necesidades actuales en materia de información y control vehicular, con las aportaciones de las instancias públicas y privadas competentes.
  • Aprobar la actualización de los criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes, a efecto de que se simplifique el proceso de reprogramación de recursos federales.
  • Conformar un grupo de trabajo interinstitucional integrado por la Procuraduría General de la República, la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Secretariado Ejecutivo del SNSP, con el objeto de elaborar la estrategia para la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
  • La instrucción para que el Secretariado Ejecutivo del SNSP y la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, por conducto de Policía Federal, elaboren un modelo homologado de unidades de policía cibernética y el proceso para su implementación.
  • La instrucción para que la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad conforme un grupo de trabajo con las entidades federativas para realizar acciones tendientes a la regulación y homologación de servicios en materia de seguridad privada.
  • La instrucción para que la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, por conducto del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y en el marco del fortalecimiento de la política nacional del Sistema Penitenciario, elaboren los registros biométricos para identificar a las personas privadas de la libertad, incluyendo huellas dactiloscópicas, fotografía con calidad biométrica e iris ocular.
  • La aprobación de la norma para estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia para la seguridad pública del país.
  • La aprobación de la nueva metodología para la evaluación de las bases de datos criminalísticos y de personal de seguridad pública.
  • La revisión y adecuación del informe policial homologado por parte del Secretariado Ejecutivo del SNSP, en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad.
  • Que las entidades federativas elaboren los programas de trabajo correspondientes para el fortalecimiento de las áreas de análisis y estadística de las instancias de procuración de justicia y seguridad pública, bajo la coordinación y evaluación del Secretariado Ejecutivo del SNSP.
  • Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, coordinen la elaboración de un modelo homologado de unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, y un modelo nacional homologado de policía en funciones de seguridad procesal.