• Uno de los propósitos del SNA es que no haya cabida para legislaciones locales a modo, precisó.
  • En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones. Eso es lo que demanda la sociedad mexicana, subrayó.
  • Queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver sobre este asunto, aseguró.
  • Ofreció conferencia de prensa conjunta con el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.

Para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto “esta mañana la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de los Congresos y los Gobernadores de Quintana Roo y Veracruz”, informó el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia y Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández.

“Ello, porque recientemente los congresos estatales de Quintana Roo y Veracruz aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”, abundó, en una conferencia de prensa ofrecida en conjunto con el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva.

Destacó: “ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de Gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana. Ni más, ni menos”.

Eduardo Sánchez subrayó que “en la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones; esto es lo que los ciudadanos demandan y lo que las instituciones del Estado mexicano están obligadas a cumplir y hacer cumplir”.

“Uno de los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción es que no haya cabida para legislaciones locales a modo”, enfatizó.

“Queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver sobre este asunto”, precisó.

Eduardo Sánchez señaló que esta reforma constitucional, impulsada por el Presidente Peña Nieto, y las leyes que crean el Sistema, obligan a la coordinación entre las autoridades federales y locales para prevenir, detectar y sancionar irregularidades.

El Vocero del Gobierno de la República enfatizó que “México requiere de un marco institucional sólido y confiable para prevenir y combatir la corrupción. Éste es un desafío nacional que nos compromete a todos”.

Recordó que el “Constituyente Permanente, integrado por el Congreso de la Unión y los Congresos estatales, aprobó un marco jurídico robusto e innovador que recoge las mejores prácticas internacionales para prevenir y combatir la corrupción”.

Refirió que el Primer Mandatario de la Nación “habrá de promulgar los decretos para la entrada en vigor del SNA; entre tanto, las leyes vigentes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas continúan en vigor”.