-MODERADORA: Escuchemos enseguida la intervención del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

-MIN. ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Distinguidos miembros del presídium.

Señoras y señores.

Es un honor para mí participar en este evento, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación, con el fin de atestiguar la promulgación formal de las leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.

Éste es un día importante en la vida de la Nación, porque se da un paso firme hacia un país en el que los valores de la integridad, la transparencia, la honestidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas sean una realidad, a partir de la cual podamos avanzar en la consolidación en un auténtico Estado constitucional y democrático de derecho.

Este acto solemne representa, además, la culminación de un notable esfuerzo conjunto entre la sociedad civil y los Poderes públicos, bajo el objetivo común de transformar a fondo los mecanismos de prevención y combate a la corrupción, a fin de erradicar la amenaza que ésta representa.

Ante los múltiples desafíos a los que hoy se enfrenta nuestro país, no me cabe duda de que la única manera de avanzar y salir adelante es mediante una alianza cercana, un diálogo constante y una cooperación estrecha entre los órganos estatales y la ciudadanía en la formulación de las políticas públicas.

Los jueces no podemos ser ajenos a esta dinámica. Y en este sentido, las leyes que hoy se promulgan nos obligan a actuar en tres ejes fundamentales:

El primero de ellos es reafirmar el compromiso absoluto del Poder Judicial Federal en el combate a la corrupción y a la impunidad.  

No hay justicia que funcione si hay corrupción. No hay derechos efectivos si hay corrupción. Y en esta medida, la honorabilidad, la honestidad, la imparcialidad y la independencia son valores fundamentales que los Jueces tenemos que preservar todos los días y que como institución nos comprometemos hacer avanzar.

El segundo deber que nos impone este conjunto de leyes, es el de interpretarlas y aplicarlas de tal manera que sean plenamente efectivas.

En los conflictos de los cuales conoceremos con motivo de su implementación la labor de los órganos del Poder Judicial Federal, deberá estar orientada por la finalidad de la Reforma Constitucional que da origen a estos ordenamientos.

Será fundamental generar los criterios que maximicen los valores, los principios y la teleología del Sistema Nacional Anticorrupción a fin de preservar su operatividad.

Ninguna reforma legal o constitucional por sí sola es capaz de transformar la realidad, ello depende de las personas llamadas a implementar los nuevos sistemas y de que su actuación sea reflejo de los valores consignados en la Constitución.

Por ello, es necesario que, en el ejercicio de sus competencias, el Poder Judicial Federal abone a la construcción de criterios que den unidad y coherencia en la aplicación de estas leyes.

Por último. El tercer compromiso que debemos asumir, es el de sumarnos a esta alianza con la sociedad, debemos reconocer la necesidad de fortalecer los lazos con la ciudadanía, acercarnos a ella, escuchar sus demandas y construir juntos las soluciones.

Esta es la principal lección que debe dejarnos el proceso legislativo que hoy culmina.

Por todo lo anterior, como parte del Estado mexicano, el Poder Judicial Federal celebra este acontecimiento y reafirma su compromiso para avanzar en estos valores de la mano de la sociedad.

La corrupción es un mal que afecta a todos los ámbitos de la vida pública, frena el desarrollo social y económico, debilita las instituciones, exacerba las desigualdades y la injusticia, por ello luchar contra la corrupción es tarea de todos.

Por ello, la Promulgación de este conjunto de leyes debe marcar el inicio de una nueva etapa en la que sea tangible que las cosas están cambiando, que las cosas se están haciendo de un modo diferente.

Hago votos, porque este esfuerzo conjunto entre los poderes públicos y la sociedad rinda frutos y logre su cometido de satisfacer la exigencia inaplazable de acabar con este flagelo.

Muchas gracias.

-MODERADOR: Sean tan amables de ocupar sus lugares para escuchar las palabras del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

-SEN. ROBERTO GIL ZUARTH: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados.

Señor Jefe de Gobierno; señores Gobernadores; señores titulares de los poderes públicos aquí presentes; representantes de la sociedad civil; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

Señoras y señores:

La transición a la democracia prometió la regeneración de nuestro sistema político. En la expectativa de esa evolución, la competencia democrática transformaría los incentivos de todos, el riesgo de la alternancia, del castigo electoral alentaría mejores gobiernos, y haría más auténtica la representación popular.

La pluralidad activaría de forma natural casi automática las distintas formas de la rendición de cuentas. Ciertamente, la transición se ocupó de crear y ajustar instituciones para vigilar el uso de los recursos públicos, para mejorar la gestión de los programas, para hacer más transparente la tarea de gobernar.

Gradualmente se fueron incorporando a la gramática de las instituciones mexicanas, las contabilidades internas, la fiscalización superior y del dinero en las campañas, las auditorías y la evaluación de los programas públicos, las distintas etapas de la transparencia.

Pero la legitimidad de nuestro avance democrático se puso a prueba en el momento mismo en que la corrupción se evidenció como el mayor de los problemas de México, y como la principal preocupación de los ciudadanos.

Cuando en algunos lugares y zonas de gobierno, la corrupción se convirtió en política pública. Cuando la impunidad reveló que nuestras instituciones eran ineficaces por diseño o por ausencia de voluntad política para inhibir la transacción ilegal que mercantiliza los bienes de todos en beneficio de unos cuantos.

Como suele suceder en circunstancias límite, la sociedad tomó conciencia a golpe de experiencias de la condición estructural de la corrupción y su extendida presencia en nuestra vida pública.

Empezamos a asimilar los enormes costos económicos y hasta en vidas humanas que provoca, los múltiples factores que inciden en ella, la complejidad de capturar en términos regulatorios todas sus posibles manifestaciones, las zonas grises que no tienen sanción y los círculos viciosos en los que la corrupción gravita, la bajísima capacidad de respuesta del Estado frente al acto corruptor y frente a la subordinación corrupta.

Advertimos que de alguna manera nos estábamos acostumbrado a vivir con la corrupción, que estábamos incluso dispuestos a tolerarla a cambio de eficacia, que la empezamos a convertir en el lubricante de nuestra gobernabilidad.

Se hizo evidente que la corrupción hace más profunda y lastimosa la desigualdad porque reproduce privilegios y, por tanto, condena definitivamente a los que menos tienen.

Amanecimos, en efecto, una mañana en la ensoñación del cambio democrático y de dos alternancias con la corrupción instalada en la sala amenazando nuestra forma de convivencia, al acecho de la legitimidad del sistema político en su conjunto.

Pero entonces la democracia mexicana dio signos de vitalidad, el impulso por reformar cobró forma y ritmo de manera ejemplar e inédita con la participación de la sociedad civil, la indignación se convirtió en agenda, el enojo se activó en movimiento cívico, la exigencia social encontró cauce y salida en nuestras instituciones representativas, redactamos juntos la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Se organizó un esfuerzo en torno a una iniciativa ciudadana sobre las responsabilidades de los servidores públicos que encontró eco en el Poder Legislativo, nos hicimos cargo de los detalles para asegurarnos de que no habría ningún retroceso en la decisión de combatir a la corrupción.

Me consta personalmente la dedicación de muchos ciudadanos, activistas y académicos que abrazaron esa causa, como también el compromiso plural y responsable de los actores políticos, soy testigo directo de la disposición y apertura de legisladores y grupos parlamentarios, empezando por los presidentes de las comisiones dictaminadoras en la cámara de origen, los Senadores Pablo Escudero, Fernando Yunes y Alejandro Encinas.

Y también hay que decirlo estamos aquí este día porque también el Presidente de la República hizo la parte que el sentido del deber le exigía.

Gracias, gracias a la tenacidad de la sociedad civil se lograron contenidos que de otra manera hubieran sido sencillamente impensables.

La Federación nunca perderá jurisdicción sobre los recursos transferidos a estados y municipios. Se separan y especializan los órganos de auditoria, investigación y sanción, se perfecciona la descripción de las conductas que dan lugar a responsabilidad administrativa o penal.

Se garantizan procesos ágiles y un fiscal con dientes, sí, con dientes, porque no comparte con nadie el colmillo del ejercicio de la acción penal.

La prueba del éxito del esfuerzo de la sociedad civil, que puso esta agenda como prioridad nacional, y de la política, que la logró materializar, radica precisamente en el conjunto de las definiciones constitucionales y de las leyes que conforman el nuevo Sistema Anticorrupción.

La prueba de éxito es la construcción de un piso común para todos los ámbitos y niveles de Gobierno, del cual nadie puede evadirse. El éxito radica en la perspectiva integral de instituciones de prevención, de participación ciudadana, de control y mejora de la gestión, de sanción a los servidores públicos que abusan del poder, pero también de aquellos particulares que obtienen un beneficio indebido a través de una tentación corruptora.

La victoria de todos es un sistema potente y robusto de incentivos y disuasivos, de controles y consecuencias. Y si me permiten la licencia, la victoria de todos es un sistema que éste sí, como dicen por ahí, probablemente no lo tiene ni Obama.

Tenemos, amigas y amigos, que reivindicar lo que se ha alcanzado.

Debemos todos legitimar con nuestro testimonio, no sólo el precedente de participación ciudadana constructiva, sino también el resultado de la voluntad concertada de la política de la pluralidad.

Debemos unos y otros evitar ser víctimas de nuestro propio éxito. No tenemos derecho a decir a la gente que el sistema está cojo, que es insuficiente o que de poco o nada va a servir.

No tenemos derecho a hacer creer a los ciudadanos que no estamos haciendo nada para abatir la corrupción.

Y es que, en los grados de publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal no está la conquista del territorio enemigo, el desembarco de Normandía o la bandera que simboliza triunfo o derrota alguna.

La reforma alcanza un balance ponderado entre el principio de máxima publicidad y el derecho a la privacidad, que gravita en la protección de los datos personales.

Un equilibrio que establece la obligación de todo servidor público de presentar sus tres declaraciones. Un equilibrio que somete esas declaraciones a un sistema de seguimiento para detectar sus inconsistencias y sancionar el enriquecimiento ilícito.

Un equilibrio que impone el deber de hacer públicos aquellos datos que determine el Comité Coordinador a propuesta de la instancia ciudadana.

Es, efectivamente, un equilibrio legal y éticamente correcto, es legal, porque debemos tener siempre presente que un servidor público no deja de ser por ese solo hecho, un ciudadano en pleno goce de sus derechos y es éticamente correcto, porque debemos recordar que se debilita al Estado cuando se coartan las garantías mínimas de los servidores públicos, cuando se hacen vulnerables frente a los intereses a los que se enfrentan, cuando sienten incertidumbre al momento de actuar o de decidir.

Hay miles de servidores públicos honestos y leales con la República, auténticos patriotas, en todos los partidos y en todas las funciones de gobierno.

Millones de ciudadanos sortean todos los días las trampas burocráticas sin prestarse a un acto de corrupción.

La corrupción no es un mal que solo aqueja a unos, ni la honestidad monopolio de bien, que siempre ostentan otros.

No está en el ADN de los mexicanos una u otra, la corrupción o la honestidad vive en las decisiones que todos los días tomamos los ciudadanos.

Ser servidor público no debe ser oportunidad para el saqueo, pero tampoco origen o causa de sospecha.

Hicimos esta Reforma para dejar atrás la perversa tesis de que todo servidor público es corrupto hasta que demuestren lo contrario.

Hicimos esta reforma para devolver dignidad, honor, y confianza a la función pública.

Y eso sólo será posible si trascendemos a la idea de que la corrupción es un problema que sólo ha de enfrentarse desde la política criminal y nos hacemos cargo de una vez por todas que la lucha contra la corrupción exige la mejora integral del funcionamiento de nuestro sistema político.

Que combatir la corrupción es en realidad una apuesta por el buen gobierno, que la agenda que tenemos por delante, es mejorar la calidad de todas nuestras instituciones.

Poner fin a la colonización del poder, a la patrimonialización de lo público, a la parcelación de lo común en beneficio propio.

Reformar el fuero para que no sea pretexto de impunidad, mérito y capacidad antes que lealtad de partido, profesionalización en lugar de cuotas, imparcialidad como obligación exigible en toda la gestión pública, estabilidad y digna retribución a los servidores públicos para cerrar los márgenes del subsidio corruptor, porque en la incertidumbre, en la precariedad salarial de soldados y marinos, de policías, de Ministerios Públicos, de maestros, doctores y enfermeras y en general de los servidores públicos que hacen que el Estado funcione todos los días, se gesta, también, el destructivo impulso a la corrupción.

Y, por supuesto, reducir el mercado negro de favores recíprocos, y los medios por los que se canalizan resta legamente recursos públicos y privados a la competencia política y electoral.

Señor Presidente.

Señoras y señoras:

El Sistema Nacional Anticorrupción responde al objetivo de fortalecer la efectiva rendición de cuentas.

Pero, también, tiene un propósito todavía más alto: regenerar la legitimidad del sistema democrático, renovar nuestro pacto de confianza con los ciudadanos, reanimar la credibilidad de los que servimos al Estado.

México puede, en democracia y en su pluralidad, derrotar a la corrupción y reducir la impunidad.

No necesitamos justicieros para consolidar un auténtico Estado de derecho y de derechos. Necesitamos incentivos correctos, procesos debidos y autoridades que funcionen bien.

Necesitamos poner en orden, con la razón de la ley y de las instituciones, desde nuestros partidos y hasta los tribunales, a quienes piensan que el poder les pertenece y lo usan para provecho propio.

Comprometernos todos con la plena eficacia de las nuevas instituciones y, sobre todo, con la integridad y la decencia públicas.

Hacer y exigir buenos gobiernos, reconciliar a la sociedad con la política y con los políticos.

Darnos la mano sociedad y Gobierno, porque en democracia sociedad y Gobierno significan una y la misma cosa.

Por su atención, muchas gracias.

-MODERADOR: Escuchemos enseguida al Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

-DIP. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Gracias, muchas gracias.

Muy buenas tardes.

Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Ministro Arturo Zaldívar, integrante del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señoras y señores Legisladores aquí presentes.

Señores Gobernadores; señor Jefe de Gobierno.

Señoras y señores miembros del Gabinete.

Distinguidas y distinguidos miembros del presídium.

Amigas y amigos todos:

Los decretos que hoy se promulgan, una vez que entren en vigor, constituirán en su conjunto una herramienta importante en el combate a la corrupción.

Son sólo el primer paso para la construcción de un sistema de integridad en la actuación de los servidores públicos.

El Sistema Nacional Anticorrupción aporta elementos esenciales para ello, al contar con una fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción en los tres niveles de gobierno, al ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para investigar, no sólo a los entes públicos, sino también a personas físicas y morales que reciban o ejerzan recursos públicos.

Y al establecer órganos que le darán viabilidad, a través de los comités coordinador, de participación ciudadana, rector del sistema nacional de fiscalización, así como de los sistemas locales, entre otros.

En ellos quedan, por cierto, recogidos planteamientos de amplios sectores de la sociedad, de la izquierda democrática y del movimiento progresista.

Sin embargo, hay que decirlo, en nuestra democracia también se vale tener una opinión diferente para expresar un punto de vista.

Este sistema que hoy se promulga, al dejar a un lado la conocida como Ley 3 de 3, iniciativa ciudadana que establecía que los servidores públicos informaran obligatoriamente a la sociedad, sin candados ni restricción alguna, sobre su patrimonio, ingresos y conflicto de intereses con la presentación de tres diversas declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses, apelando a la ética como fundamento de un moderno Estado social y democrático de derecho, al no incorporarse preceptos en toda su amplitud, no queda, desde nuestro punto de vista, completo este sistema.

En efecto. Es para todos conocido que el pasado 17 de marzo, haciendo uso de la facultad que le confiere la Constitución, un grupo de ciudadanas y ciudadanos organizados, respaldados en más de 600 mil firmas, presentaron ante el Senado de la República, en el marco del diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, una propuesta de ley en materia de responsabilidades administrativas, que después se conoció como Ley 3 de 3.

Esta iniciativa de gran calado, en la que participaron académicos de diversas universidades y centros de investigación, como la UNAM, el CIDE, el ITAM y el Tecnológico de Monterrey, entre otros, se basó en la firme convicción de que incluía instrumentos normativos de rango nacional en el combate a la impunidad, opacidad y corrupción.

Sin embargo, no hubo el eco legislativo suficiente deseado al discutirse las leyes que conformarían el nuevo Sistema Nacional en ambas Cámaras.

Como legislador y como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, le envié al Presidente de la República una atenta solicitud para que observara los Artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, recién aprobadas, como parte de ese conjunto de leyes.

Qué bueno, me place que el Presidente de la República, en ejercicio de su facultad constitucional, hizo observaciones al Artículo 32 y a Artículos relativos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que el Legislativo rectificara y suprimiera la obligación de que las personas físicas y morales presentaran declaraciones de situación patrimonial y de intereses, como cualquier servidor público. 

Lamento que no hubiera observado igualmente el Artículo 29, para dar paso a que el Legislativo incorporara, ahora sí, el reclamo ciudadano contenido en la Iniciativa 3 de 3.

Aún con estas insuficiencias, estoy convencido, como ya lo dije hace unos minutos, de que lo que hoy se promulga es un primer paso, muy importante, significativo, en el combate a la corrupción.

La necesidad de máxima publicidad de todos estos instrumentos de transparencia y rendición de cuentas proviene de un hartazgo social, que exige más y que demanda que la corrupción termine ya.

No podemos hacer oídos sordos ante esta exigencia ciudadana.

Debemos ser una generación y un país que le dé un vuelco definitivo a la corrupción, asumiendo nuestra responsabilidad con inteligencia y determinación, y desterrar la impunidad, que nos hace enorme daño como país y que nos cuesta mucho como nación.

Por ello mismo, no puedo dejar de reconocer el valor de las acciones de inconstitucionalidad que el Gobierno de la República promovió, a través de la Procuraduría General de la República, para revertir reformas en los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, con las que se pretenden blindar a Gobernantes por actos indebidos en sus Administraciones.

La gente espera que no se cometan más atrocidades, y no quede, ningún funcionario público, en la impunidad.

Espero, en el mismo sentido, que la decisión que hoy temprano conocimos sobre el titular de la Función Pública sea una buena señal en este día, en que se promulga este Sistema Nacional Anticorrupción.

Por su atención, muchas gracias.

-MODERADOR: Corresponde la siguiente intervención al maestro Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana y representante de la sociedad civil.

-MTRO. EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Muy buenas tardes.

Señor Presidente de la República.

Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores.

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Gobernadoras y Jefe de Gobierno, presentes.

Legisladoras, Legisladores.

Funcionarios municipales.

Señoras, señores.

Ciudadanos todos:

Agradezco a las organizaciones académicas y sociales que me han pedido tomar la palabra en este acto.

Agradezco también, y muy especialmente, a las más de 634 mil personas que confiaron en la vía institucional para promover la primera iniciativa ciudadana que es dictaminada y votada en el Congreso y, a partir de hoy, la primera en la historia del país que será promulgada.

Decidimos ejercer nuestro derecho a presentar una iniciativa ciudadana, porque queremos transformar, a través de las instituciones, el régimen en el que vivimos y restaurar algo de la confianza que las y los mexicanos deberíamos tener en nuestras autoridades.

Decidimos participar activamente en el proceso legislativo, porque hay una herida abierta en el cuerpo social de nuestra República.

Corrupción e impunidad dañan la vida democrática, el desarrollo social, la reputación internacional de nuestro país y la garantía de los derechos humanos de las personas.

La corrupción deteriora la calidad de los servicios de salud de transporte o educativos; distorsiona la ejecución de programas y acciones públicos; inhibe el acceso a la justicia y es una amenaza directa a la seguridad pública y ciudadana.

La corrupción afecta a licitaciones, permisos y concesiones públicas, y daña profundamente la naturaleza de la vida político-electoral del país, mediante el financiamiento ilegal de las campañas.

La corrupción nos afecta a todos, pero, en especial, atenta contra los menos favorecidos en nuestra comunidad.

La corrupción se ha convertido en un impuesto, en el impuesto más regresivo que tenemos, que pagan los hogares mexicanos todos los días: 33 por ciento del ingreso de una familia, que gana un salario mínimo, se destina al pago de sobornos para acceder a trámites y servicios.

Esta herida necesita sanar.

Por la sustentabilidad del sistema político, por la continuidad en nuestra democracia, los mexicanos y las mexicanas necesitamos ver cambios y hechos.

Las leyes no son suficientes para transformar la realidad, pero el diseño actual de nuestras normas e instituciones es el cimiento principal del estado de impunidad que caracteriza hoy a nuestra democracia.

Necesitamos transitar a un Estado de derechos, así en plural, un país donde los derechos se ejerzan todos los días.

Un Estado cimentado en el cumplimiento de los derechos de nuestra Carta Magna en la vida cotidiana de las personas.

Conscientes de que las organizaciones académicas y civiles no legislan, no votan en el Congreso, ni toman partido político, decidimos presentar la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3.

Y, también, compartir información y conocimiento con todo legislador o grupo parlamentario que estuvo dispuesto a intercambiar estudios, experiencias internacionales y posturas técnicas.

En los pasados seis meses, académicos, especialistas y organizaciones civiles, hicimos recomendaciones para las siete iniciativas que conforman este primer paquete legislativo.

Nuestro reconocimiento a los y las Legisladoras que abrieron la puerta del Congreso a las opiniones y recomendaciones ciudadanas.

Además, de la máxima publicidad para las declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos, queremos un Sistema Nacional Anticorrupción que responda al hartazgo social ante la corrupción y la impunidad.

Un sistema que sea capaz de desmantelar redes de corrupción que operan en todos los órdenes de Gobierno y en todos los poderes del Estado.

Queremos un sistema que no deje un solo peso público sin apropiada fiscalización, y ninguna irregularidad sin ser investigada y sancionada apropiadamente.

El Sistema Nacional Anticorrupción que hoy se promulga, tal vez no pueda hacer que un gobierno con recursos escasos los multiplique, pero sí puede contribuir a que su uso atienda efectivamente los propósitos para los cuales están destinados esos recursos.

Este nuevo sistema puede liberar a las familias mexicanas que viven en condiciones de pobreza y marginación de una carga innecesaria sobre sus escasos recursos, para pagar esta dolorosa y regresiva carga financiera.

Un sistema anticorrupción es complemento indispensable para invertir mejor los recursos escasos y para derribar barreras a las pequeñas y medianas empresas que son extorsionadas cotidianamente, tanto por el crimen organizado, como por funcionarios deshonestos.

En los próximos meses, trabajaremos desde la sociedad civil por construir un sistema anticorrupción que funcione en todo el país de manera coherente, consistente y efectiva.

Un sistema que aprenda de sus errores y que los corrija inmediatamente, ya no un conjunto de instituciones fragmentadas, sino un auténtico sistema para prevenir, investigar y sancionar la corrupción de empresas y de servidores públicos.

Las siete leyes que se promulgarán el día de hoy, inauguran una etapa de profundas transformaciones para la vida pública del país.

En los próximos meses, además de asegurar la correcta implementación de estas siete leyes, las organizaciones académicas y civiles impulsaremos una nueva agenda legislativa, que incluye, entre otras normas: una nueva ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios; una nueva ley de obra pública; una nueva ley para ajustar el Registro Público de la Propiedad; modificaciones a la Ley de responsabilidad fiscal y hacendaria, y también a los códigos de procedimientos electorales que afectan el financiamiento de la vida político-electoral.

Éstas y otras iniciativas se van a presentar como propuestas de la sociedad civil de forma en que se continúe avanzando en consolidar el paquete legislativo o un paquete legislativo que ataque de raíz las causas de la corrupción en México.

Como sociedad civil organizada pondremos especial atención a la transformación de las instituciones encargadas de implementar esta nueva legislación y al nombramiento de sus nuevos titulares.

Una prioridad para este grupo de organizaciones civiles y académicas es la creación de la Fiscalía General de la Nación, como pieza central para construir un sistema, donde la impunidad sea la excepción y no la regla.

Observaremos la designación de los funcionarios encargados de los órganos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, de forma en que se avance en la profesionalización de un Estado con un servicio civil que sea cada vez más robusto, ajeno a los vaivenes políticos y que garantice, con su profesionalismo, una lucha eficaz para prevenir y controlar la corrupción.

Seremos observadores atentos y críticos del trabajo de los cinco ciudadanos y ciudadanas que presidirán el sistema, de quienes esperamos el mismo profesionalismo que exigimos a los servidores públicos.

En la tarea compartida como sociedad y Gobierno, para controlar la corrupción, es imprescindible que las investigaciones de las instituciones del Estado mexicano sean acompañadas de una crítica independiente, puntual y valiente de los medios de comunicación y las plumas que los ocupan.

La joven democracia mexicana requiere de su papel para no olvidar casos lamentables de corrupción, pública y privada, y para que la ciudadanía mantenga su exigencia para combatir y castigar frontalmente a quienes incurran en estas prácticas.

Es también, por ello, que, para afianzar su independencia, es necesario regular correctamente la publicidad gubernamental, de forma que se ataje cualquier intento de influenciar la cobertura que los medios hacen de la vida pública del país.

Éste es un acto de Estado.

Lo es porque están presentes los Poderes de la Unión, pero también porque, sin perder nuestra independencia política, estamos presentes los ciudadanos.

634 mil personas confiaron en que podemos cambiar al país desde las instituciones.

Hicieron de lado la rabia, el dolor, la frustración. Invirtieron su tiempo en recolectar firmas y en invitar a otros a creer que es posible cambiar las cosas.

Estamos aquí, los ciudadanos que acompañamos este acto de Estado, porque nos negamos a que la corrupción o la impunidad sean vistas como atributo de nuestra comunidad.

Estamos aquí porque no queremos que la corrupción sea considerada como parte de nuestra cultura o de nuestros valores.

Estamos aquí para que estos lastres ya no dicten nuestro estilo y forma de vida.

Estamos aquí también para colaborar con las autoridades de todo signo político, en la construcción de un sistema íntegro, próspero, justo, sin desigualdad.

Ésta no es una tarea exclusiva del Gobierno, y por eso estamos aquí como parte de una sociedad civil plural, capaz de organizarse y de contribuir a esta tarea.

México tiene, en sus universidades, en sus centros de investigación, en sus organizaciones civiles, todo el talento necesario para arrinconar a la corrupción en todas sus formas, trámites y servicios, procedimientos judiciales, licitaciones, permisos, concesiones.

Abramos las puertas de nuestras instituciones a esa ciudadanía innovadora, capaz de cuestionar y también de construir con su Gobierno.

Hagamos de nuestras instituciones, gobiernos y congresos abiertos, capaces de sentarse con la ciudadanía a definir las acciones que nuestro país necesita.

Gobiernos abiertos y Congresos abiertos a la crítica, a las posiciones informadas, a los estudios independientes; a escuchar las razones de otros que decidieron no ser gobierno, pero que no por ello se alejan de los asuntos públicos.

Señor Presidente.

Señoras, señores:

A cada generación de mexicanas y mexicanos les ha tocado un reto en la construcción de nuestra vida pública.

A la nuestra, y aquí hablo de contemporáneos, no de coetáneos, a la nuestra, a nuestra generación, le toca la enorme responsabilidad de desterrar corrupción e impunidad como formas de vida cotidiana de nuestro país.

En toda democracia, la sociedad civil cumple un papel central.

Hoy reconocemos un avance significativo con este primer paquete de siete leyes, que da lugar al nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero este grupo amplio y plural de ciudadanos anhela mucho más para nuestro país.

Que no quede ninguna duda: Vamos por más.

Muchas gracias.

(A CONTINUACIÓN, HIZO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO. SU DISCURSO SE TRANSCRIBE POR SEPARADO)