-MODERADORA: Escuchemos, a continuación, la intervención de la señora Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro.

-SRA. ISABEL MIRANDA DE WALLACE: Buenos días.

Bienvenidos todos y todas.

Y me da muchísimo gusto estar en este foro, pero más contar con la presencia de usted, señor Presidente. Se lo agradecemos mucho.

Quisiera obviar los nombres de todos y cada una de estas personalidades, porque ya las presentaron y porque creo que son muy conocidos por todos.

Y sobre todo agradecer a quienes ya están de vacaciones del Poder Judicial, tanto la Ministra como la Consejera, porque están sacrificando sus días de descanso para estar aquí, en este Foro de Víctimas.

Muchas gracias a todos.

Me siento rara usar indudablemente el presídium del Presidente, porque normalmente sé que sólo lo usa él.

Muchas gracias, Presidente.

Señor Presidente:

Agradecemos su presencia en este foro, ya que demuestra su compromiso y sensibilidad para escuchar, entender y atender a las víctimas del delito.

Detrás de cada víctima hay una historia de vida, de dolor, de sufrimiento, de pérdidas materiales y, muchas veces, humanas.

Existen miles y miles de víctimas de secuestro, de trata, familiares de desaparecidos en espera de justicia.     

Atender a las víctimas es obligación jurídica y moral del Estado. Al hacerlo, fomentará la confianza de la ciudadanía para que se acerquen al sistema a denunciar los delitos de los que han sido objeto.

Señor Presidente:           

Usted tiene el poder de cambiar las condiciones que hoy vivimos las víctimas del delito y ponerlas en el centro del sistema de procuración y administración de justicia.

Los operadores del sistema deben entender, sobre todo los juzgadores, que no es necesario anular los derechos de las víctimas para hacer valer los derechos humanos de los imputados.          

Señor Presidente.

Señores legisladores:

Ya con anterioridad, hemos señalado la urgencia de modificar la Ley de Víctimas, ya que la actual es inoperante por la gran burocracia con la que fue diseñada; la cual, desde las mesas de trabajo lo señalamos, y aquí le consta al Senador Roberto Gil, que estuvimos presentes en esas mesas.

Hoy, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atiende únicamente a víctimas de competencia Federal, la cual, por cierto, hasta hace poco había indemnizado más a imputados que a víctimas del delito, lo cual no debería de ocurrir, señor Presidente.

En un sistema verdaderamente democrático y de Estado de Derecho, reducir los derechos humanos como un negocio para delincuentes es lo peor que le puede ocurrir a nuestro país.

Además, dicha Comisión, nos cuesta muy cara y simplemente no funciona como está conformada, pues se ha convertido en un elefante blanco burocratizado y no responde a las necesidades de las víctimas. Es urgente y necesario cambiarlo.

Para tener la calidad de víctimas es necesario un arduo proceso, muy frecuentemente fuera del alcance de un ciudadano de a pie.

Para obtener una reparación integral o compensación, la ley actualmente exige sentencia condenatoria, como si fuera responsabilidad de una víctima obtenerla y no una obligación del Estado y del propio sistema para poder hacer justicia y compensar a una víctima de forma integral.

En contraste, tenemos el extremo, en que un imputado con el simple hecho de manifestar ante cualquier autoridad que fue sujeto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes de acuerdo a la ley, que acaba de ser aprobada en la Cámara de Senadores, tiene acceso a las ayudas de forma inmediata.

Y si consigue una recomendación de cualquier Comisión de Derechos Humanos, cosa nada difícil en estos tiempos, tendrá derecho a una cuantiosa indemnización del mismo fondo de reparación de las víctimas del delito; es decir, nos meten en la misma bolsa, pero con un trato desigual.

Señores:

Con todo respeto pregunto, ¿acaso las víctimas del delito no tenemos derechos humanos?, ¿acaso no son los delincuentes los primeros en violarlos?, ¿acaso no deberíamos de estar primero en derecho y en tiempo las víctimas para ser atendidas?

Si alguna institución o sus integrantes violan los derechos humanos, lo correcto es que les cueste de su presupuesto.

Cómo es posible que, habiendo tantas víctimas, tomen del fondo presupuestal en lugar de apoyarlas para subsanar las fallas que como autoridad tuvieron.

Por otro lado, debemos señalar que en algunos aspectos la ley es letra muerta, ya que a nivel Federal y estatal se han dado cumplimiento al compromiso de contar con asesores jurídicos, suficientes y capaces como marca la ley.

Además, los estados no han creado los fondos de reparación e infraestructura necesaria para las reparaciones correspondientes.

Debe existir alguna forma para que se cumplan las leyes, señor Presidente.

Estamos ante un reto mayúsculo.

Hoy quiero hablarle de lo que sufrimos las víctimas. Además de sufrir una mala procuración y administración de justicia en términos generales por falta de una adecuada capacitación, muchas de las veces en los operadores del sistema, somos lastimadas en nuestra dignidad. En otras palabras, somos revictimizadas, humilladas y sobajadas.

Déjeme platicarle el caso reciente que atendimos en Alto al Secuestro, de un maestro de Michoacán que se encuentra aquí presente, el cual fue víctima de secuestro por varias personas, entre ellas, se encontraba su vecino, el cual pudo identificar porque fue su vecino durante 20 años.

Lamentablemente y a consecuencias de fallas de una mala capacitación y no del sistema, de víctima pasó a victimario, debido a la práctica no poco común de los delincuentes de victimizarse y tratar de cambiar los papeles; es decir, aparecer como víctimas y convertir a las víctimas en victimarios.

El colmo en este caso, el profesor después de escapar de sus captores, terminó siendo acusado por una jueza de haber torturado y participado en una ejecución extrajudicial, esa fue la acusación que hizo una jueza.

Le dio vista al Ministerio Público para que fuera investigada la víctima de secuestro, terminara siendo juzgada prácticamente.

Gracias a Dios, y a la buena investigación que aquí se hizo, el Ministerio Público se pudo probar que eso no fue así. Que las cosas fueron muy diferentes, y que el maestro ni había participado en ninguna ejecución extrajudicial, y mucho menos había torturado al secuestrador.

Lamentablemente, las cosas no pararon ahí, ya que, además, los jueces de oralidad dejaron libre al secuestrador.

Después de nuestra intervención, y con la ayuda del doctor Samuel González, pudimos revocar la sentencia, pero el secuestrador ya estaba en libertad, lo cual es una gran falla, ahí sí, del sistema, sobre todo, en el delito de secuestro.

No debe de quedar en libertad ningún secuestrador hasta que no haya sentencia definitiva, porque lo que vivimos es que lo sueltan y después ya no tenemos forma de detenerlos.

Y lo peor vino después, cuando el secuestrador se va a un amparo directo, regresa con la jueza de oralidad, el expediente, y en virtud de una mala redacción, ojo procuradores, a la Reforma de la Miscelánea Fiscal, al Artículo de la Ley de Amparo 191, la orden de reaprehensión, esto quedó en estado de suspensión, contrario a lo que marca la Constitución en caso de secuestro, que debe de haber prisión preventiva oficiosa.

El tribunal de apelación de Michoacán competente y la jueza suspendieron el acto reclamado y la jueza de oralidad canceló simplemente la orden de aprehensión. Desde mi punto de vista, pese a que no soy abogada, extralimitándose en su función.

Si ésta es la interpretación que le van a dar los tribunales, significa que en los hechos todas las órdenes de aprehensión y recaptura no van a poder ser ejecutadas, porque serán suspendidas de manera automática, independientemente de su mérito por la mera presentación de un amparo.

Éste es uno de tantos ejemplos que tenemos en el país y del gran desequilibrio en los procesos, tanto en los mixtos como en el nuevo sistema, por lo que nuestras peticiones concretas son las siguientes, señor Presidente:

La primera, que las víctimas tengan un verdadero acceso a la justicia y a la verdad, para que así se abata la impunidad tan alta que existe en el país.

Dos. Cambiar la ley de víctimas, que hoy es inoperante.

Tres. Contar con abogados victimales suficientes y capaces para que haya igualdad de armas. Hoy no las tenemos.

Tener participación en las quejas que presenten ante las diversas instancias de derechos humanos contra los imputados, incluidos particularmente los casos de tortura.

Hoy, comentábamos en el auditorio, Alto al Secuestro pudo obtener el primer amparo para echar abajo una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque las víctimas no son llamadas a estos procesos, entonces los delincuentes o los procesados se van libres y no hay quien se oponga, y pueden echar una recomendación.

Peor aún, ni siquiera llaman a quien dicen los fue torturado, es decir, se les quita la presunción de inocencia a los ministerios públicos, a los policías o a cualquier persona que acusen de que los torturaron. No se está respetando también la presunción de inocencia.

Cinco. Ser parte de los informes que el Estado mexicano rinde ante organismos internacionales, como los rinde la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la propia PGR.

Trabajar en la redacción y firma, Presidente, esto es muy importante, trabajar en la redacción y firma del Tratado de Protección de Derechos de las Víctimas en la ONU y en la OEA.

Como muchas veces la ONU y la OEA no cree en México, vamos a tener que ir las víctimas cuerpo a cuerpo a pelear nuestros casos contra los delincuentes y que se den cuenta que en México también las víctimas tenemos voces.

También solicitamos a los medios de comunicación a hacer conciencia para no convertirse en instrumentos de los delincuentes, quienes siempre buscan evadir su responsabilidad.

En lugar de ello, todos debemos construir una opinión pública, que proteja la integridad de las víctimas.

Señor Presidente:

Usted lo sabe bien. El Estado tiene la obligación de proteger al inocente, castigar al culpable y no dejar impune el delito, como marca la Constitución.

Para ello, resulta indispensable y pertinente decirlo: urgente transformar la atención y reglas con las que se atiende a las víctimas.

México no tolera más un sistema en el que se premian a los delincuentes y se persigue a los inocentes.

Este país nuestro, somos demasiados quienes hemos sido reducidos a la calidad de víctimas indefensas.    

Señor Presidente:

Con todo respeto, lo invitamos a que se coloque del lado correcto de la historia, y se una y apoye nuestra causa.

Con su ayuda, estamos seguros, lograremos convertirnos de víctimas a sobrevivientes.

Muchas gracias, Presidente.

-MODERADOR:  En este momento, la Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro hace entrega de la Iniciativa de Ley General de Víctimas del Delito al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

(ENTREGA DE INICIATIVA)

-MODERADORA: Les invitamos a ocupar sus lugares para escuchar enseguida las palabas de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos.

-MIN. MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS: Muy buenos días a todos y a todas.

Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

Distinguidos miembros del presídium; apreciable auditorio, señoras y señores de los medios de comunicación:

Qué esperan las víctimas de un delito, qué espera la sociedad de sus autoridades.

Esa es la pregunta que orienta a este Foro Internacional al que convoca la Asociación Alto al Secuestro, que preside la señora Isabel Miranda de Wallace, a quien agradezco la amable invitación a participar en esta inauguración, y a la que acudo con la honrosa representación del señor Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal.

Es un honor también para mí estar al lado de las más altas autoridades del país, en un necesario debate entre la sociedad civil y las instancias gubernamentales que propicia el diálogo y la colaboración de una sociedad que anhela vivir en paz.

Todos estamos conscientes de que en el transitar de los tiempos el mundo ha cambiado de signo, bajo la influencia de profundas conmociones sociales.

Nos despertamos diariamente con noticias nacionales y del extranjero que desdibujan nuestras esperanzas.

La creciente inseguridad y violencia deterioran y amenazan la sana convivencia.

Por esto, encomiable es el esfuerzo de todos los que desde su personal ámbito de actuación luchan para dar voz a los reclamos de mayor seguridad y justicia, en la búsqueda de una sociedad que nos une en un solo compromiso: el reto de alcanzar el cambio con el rumbo trazado en múltiples reformas constitucionales y legales hacia un país en el que prevalezca el respeto irrestricto a los derechos humanos de víctimas y victimarios en plena armonía con el orden público y la seguridad jurídica.

Desde la Promulgación de la Constitución de 1917, que se ocupaba tan solo de los derechos de los inculpados, hemos transitado por una serie de reformas constitucionales y legales que hoy reconocen plenamente los derechos de las víctimas, en el mismo grado que los de los inculpados, además de fortalecer su participación activa en el proceso, mediante nuevas garantías.

Muestra patente de ello, las reformas a los Artículos 16, 19 y 20 de la Ley fundamental; la Ley General de Víctimas de enero de 2013 y su reglamento, que condensan la amplia tutela a sus derechos que hoy consagra el orden jurídico mexicano.

Las bases constitucionales están dadas, las leyes reglamentarias, también. Es mediante su implementación, eficiente y eficaz, donde la gélida norma cobra vida y sus mandatos se hacen realidad.

La Reforma Constitucional de 2011, en Materia de Derechos Humanos, marcó un cambio importante en la concepción de estos derechos fundamentales, confiriendo una nueva dimensión a su tutela en todos los ámbitos del quehacer gubernamental.

Sin embargo, por qué estamos reunidos hoy aquí. Qué es lo que escapa a esas leyes y aún hace necesario tratar el tema de los derechos de las víctimas. Por qué hablar de equidad en el debido proceso.

Porque todo cambio supone una etapa de transición, de acomodo.

La Reforma en Materia de Derechos Humanos trajo consigo una serie de criterios que enfocaron su mayor atención en la tutela de los derechos de los inculpados.

El tiempo nos permite aquilatar en todos sus alcances el espíritu de la reforma al Artículo 1º de nuestra ley fundamental, al señalar que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos que les reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; así como de las garantías para su protección.

Mandato que no permite ignorar que el debido proceso es tanto para los inculpados por la comisión de un delito, como para las víctimas.

La moderación es producto de la maduración. En esta ruta estamos caminando en un sendero que nos debe llevar a una tutela en plena equidad de los derechos de víctimas y victimarios.

Hoy estamos dando un paso decisivo para el resarcimiento de dichas fallas.

Comenzamos a mermar ya la desconsideración histórica de la norma frente a los derechos de las víctimas.

No existe justificación para que los derechos, ni del agresor, ni del agraviado sean omitidos. La tutela diferenciada en un proceso es inadmisible, atenta contra la esencia misma de los principios que lo rigen. Donde no hay equidad, no hay justicia.

La eficaz aplicación de las reformas constitucionales requieren de conjunción de esfuerzos de toda la comunidad jurídica, de apertura en la discusión en la que se privilegie la evolución del derecho, sin desechar aquellos criterios que, por constituir la base de nuestro sistema, el Constituyente considera inmutables; de propuestas serias y responsables, que tengan como único objetivo el desarrollo de un sistema jurídico eficiente y confiable, con reglas claras y universales, de ejecución no ilusoria, sino real.

Estos ajustes requieren de profundas reflexiones en las que impere la prudencia y el sentido común. De ahí la enorme responsabilidad del juzgador en su deber de impartir justicia: actuar con la debida diligencia para atribuir las consecuencias jurídicas pertinentes a quien vulnere el orden jurídico, en una adecuada ponderación que mire más allá de la verdad formal, en la búsqueda de la verdad real, evitando de esta manera la impunidad.

El nuevo Sistema de Justicia Penal que tiene como principios la publicidad, la igualdad, entre las partes y ante la ley, la continuidad y la concentración, entre otros, nos implica un cambio de cultura que debemos asumir con la mayor responsabilidad para hacerlo viable y dar una respuesta satisfactoria a la sociedad, a través de órganos jurisdiccionales serios, confiables, predecibles, que día a día legitimen su actuación.

El dolor humano, la angustia, la pérdida que sufre el agraviado por la comisión de un delito es imposible de reparar por mayores que sean los esfuerzos.

No obstante, frente a las limitadas posibilidades de una reparación total, la ley nos ofrece medidas alcanzables que toca a nosotros hacer concretas.

Una realidad para cada víctima, empeñar nuestro mayor esmero para colmar su derecho de acceso a la justicia en un plano de equilibrio procesal que evite todo riesgo de impunidad.

Mi reconocimiento a los integrantes de la Asociación Alto al Secuestro, quienes como seres que enaltecen la dignidad humana contribuyen con esfuerzos, como el presente, con la esperanza puesta en la búsqueda responsable de un destino promisorio para las generaciones venideras.

Juntos hagamos realidad el México que soñamos: un país en el que impere la igualdad, la certeza, la justicia y la paz.

Muchísimas gracias.

-MODERADOR:  Queda en uso de la palabra el Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

-DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Muchas gracias.

Muy buenas tardes.

Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto.

Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Ministra Margarita Luna Ramos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Distinguidas y distinguidos integrantes del Gabinete del Gobierno de la República; amigas legisladoras y legisladores; amigas y amigos todos aquí presentes.

Agradezco la invitación que nuestra amiga Isabel Miranda de Wallace nos ha hecho para participar el día de hoy en éste tan significativo foro internacional.

Si bien, la historia reciente de la justicia en nuestro país se corresponde con la inequidad, la falta de certeza y la desigualdad, en donde sólo aquellos quienes tienen poder o dinero pueden estar en libertad, hoy empezamos a dejar atrás este escenario y nos encontramos en una nueva fase de desarrollo institucional en nuestro país.

Hasta hace algunos años, una de nuestras principales preocupaciones era cómo garantizar justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos; cómo desterrar la impunidad y cómo reparar, aunque fuere parcial y simbólicamente, el daño que les había sido infringido por acción o por omisión, ya sea por particulares o por el propio Estado.

Desafortunadamente a esa preocupación, debemos añadir hoy el problema que nos plantea que algunas personas responsables de la comisión de conductas delictivas, frecuentemente se vean favorecidas por la mala operación de nuestro sistema de justicia.

Con la publicación de la Ley General de Víctimas, el 8 de enero de 2013, y su posterior reforma del 3 de mayo del mismo año, el Estado mexicano construyó un entramado jurídico e institucional para garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos que, hasta entonces no habían sido debidamente ni reconocidos ni mucho menos protegidos.

Esta transformación no puede entenderse, ni explicarse, sin tener presente los complicados escenarios de inseguridad y violencia que ha enfrentado nuestro país desde hace algunos años, mismos que derivaron no sólo en la victimización de numerosas personas, sino también y, principalmente, en el surgimiento de una lucha legítima de la sociedad civil por la conquista y la apropiación efectiva de sus derechos, a quienes reconocemos todo el mérito que tiene en esta labor.

En este contexto, la Ley General de Víctimas constituyó el reconocimiento del Estado a la necesidad de atender las graves consecuencias que la violencia tiene en la población, mediante la generación de mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y atención, así como de acceso a la justicia a la verdad y a la reparación integral.

Este marco jurídico y el andamiaje institucional que se puso en marcha, significaron un gran paso adelante y una postura profundamente innovadora, no sólo en el contexto mexicano, sino a nivel internacional, pues buscaba poner en el centro, precisamente, los derechos de todas las víctimas directas e indirectas.

Nadie puede negar que esta ley y la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas constituyeron, en la letra, un significativo avance en la medida en que significaron la creación de una política de Estado en la materia y porque fueron decisiones que contribuyeron a la creación de un derecho victimal que debía ser impulsado y consolidado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se creó como resultado de la misma.

Ahora bien, como ocurre con toda norma, la ley y las instituciones creadas, a partir de ella, siempre son perfectibles y sujetas a revisión y diagnóstico.

Así, a tres años de su entrada en vigor, es necesario realizar ajustes o profundas reformas, como sugiere la Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, entre otros, aparte de los que contiene seguramente la propuesta que el día de hoy se nos ha entregado, entre otros ajustes o revisiones tienen que hacerse aquellos que permitan agilizar la operación de la Comisión Ejecutiva y sus áreas sustantivas, para que cumpla, de manera más eficiente, con los procesos de atención y reparación, incluyendo la operación de sus propios recursos.

El reto sigue siendo replantear la relación del Estado con las víctimas, mediante una institución más ágil, más cercana y más efectiva, la cual les permita una apropiación eficaz de sus derechos y la recuperación de sus proyectos de vida. Condiciones imperativas para alcanzar un Estado de derecho y paz social.

Aprobada la Reforma Constitucional al Artículo 73, en Materia de Atención a Víctimas, el Congreso de la Unión deberá revisar el marco legislativo para corregir algunas de las cosas que no han funcionado como deberían, tales, entre otras, como el número de integrantes y el carácter colegiado del órgano de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por ejemplo.

Además, la misma comisión tiene la facultad de atender y reparar a las personas víctimas de delitos del fuero federal, y de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades federales.

Sin embargo, la mayoría de delitos que se cometen en territorio nacional corresponden al fuero local.

La Ley General de Víctimas que se publicó el 9 de enero de 2013, mandató a los congresos locales para que en un plazo de 180 días armonizaran sus respectivos ordenamientos conforme a la ley; lo cual, incluía el establecimiento, también, de comisiones de atención a víctimas a nivel estatal.

No obstante, a febrero de (inaudible), tan sólo 11 comisiones locales se encuentran funcionando, y únicamente seis de esas 11 cumplen con lo establecido en la ley.

En este sentido, debido a ese déficit institucional, un importante universo de víctimas de delito de alto impacto no tiene acceso efectivo a los derechos que marca la ley general.

Por ello, es imperativo y urgente que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito tenga intervención en la atención, y en su caso, reparación de las víctimas en casos del fuero local, para esto debieran establecerse claramente los supuestos en los cuales, la comisión ejecutiva podría atraer y conocer de un asunto.

Por otro lado, la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, de 2008, estableció en el Artículo 20 Constitucional, en el Apartado A, como uno de sus principios generales, la obligación de reparar el daño a la víctima; y el Apartado B reconoció, de dicho Artículo 20, un conjunto de derechos de las víctimas u ofendidos como no se había hecho antes en nuestro país, en ningún ordenamiento constitucional.

Por ello, hay que estar, como aquí se ha sugerido y planteado muy bien, pendientes de la implementación de este nuevo sistema penal acusatorio.

Revisar, entre otros, el marco jurídico que lo rige de manera específica, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y viendo que forman, en la convicción plena de que forman parte de un todo único, debemos estar pendientes de la implementación del sistema integral de justicia para adolescentes, del sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Y poner mucha atención a lo que significa la implementación de la ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como también la implementación de la ley nacional de ejecución penal y la política nacional penitenciaria, que hace poco se aprobó.

En este sentido es imperativo para todas y todos nosotros, y especialmente para quienes tenemos una función legislativa, estar pendientes de todo aquello que vaya en la práctica poniéndose como evidente que se requiere de revisión para que podamos armonizar y darle un cuerpo en los hechos de todo lo que se requiere, incluidos temas que están pendientes, como la discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas de despenalización del uso de la marihuana, de la regulación del uso de la fuerza y de la desmilitarización o profesionalización de las labores de seguridad pública.

Agradeciendo de nueva cuenta y deseando que al igual que en años anteriores estas deliberaciones sean exitosas y contribuyan a seguir clarificando los grandes retos y las alternativas que seguiremos enfrentando en el corto y mediano plazo en materia de justicia, especialmente en lo que se refiere a la atención a las víctimas del delito, nos comprometemos, me comprometo en lo personal, como legislador, como diputado, a que en la Cámara correspondiente revisemos con toda responsabilidad la propuesta que el día de hoy nos ha entregado nuestra amiga Isabel Miranda de Wallace.

Por su atención, muchas gracias.

-MODERADORA: Escuchemos la intervención del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

-SEN. ROBERTO GIL ZUARTH: Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de los Diputados; señora Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos; señora Procuradora.

Señora Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de Alto al Secuestro.

Señor Jefe de Gobierno.

Servidores públicos del Gobierno Federal y los gobiernos locales.

Distinguidos representantes de la sociedad civil, académicos e invitados especiales.          

Por mucho tiempo el debate sobre nuestro modelo de justicia penal se articuló desde la perspectiva de los acusados.

Y con justa razón. Bajo el modelo inquisitivo, la policía torturaba para probar la autoría que el Ministerio Público aprehendía para investigar y la defensa se desplegaba en franca inequidad procesal.     

La justicia penal era, en la gran mayoría de las veces, resultado de una suma de injusticias procesales.

Surgió entonces, en buena hora, una larga lucha doctrinal, jurisprudencial y legislativa por el debido proceso, por el respeto irrestricto a todos los derechos de las personas que se someten a la función punitiva del Estado, por la igualdad de armas en el debate penal, entre acusadores y acusado, por el trato imparcial y cierto a quienes se apartaron de la ley y enfrentan sus consecuencias.

Por alguna extraña razón, en esos debates no incluimos a las víctimas en la ecuación del debido proceso.

Es como si hubiéramos dado por descontado que el Ministerio Público se encargaría de garantizar siempre sus derechos e intereses.

Que para restablecer a las víctimas en la posición que tenían antes del hecho ilícito, bastaba simplemente con fortalecer las capacidades del Estado para procurar y administrar justicia; que, si el Estado era eficaz para aplicar la sanción penal, las víctimas tendrían, por ese solo hecho, resueltas sus pretensiones y sus expectativas; que ver tras las rejas a los culpables era la única necesidad valiosa de una víctima.

Sin embargo, la realidad nos ha ido demostrando que la revictimización es el gran desafío de la política institucional de nuestro país; que el abandono de las víctimas es el primer derecho que se les viola, la primera causa de revictimización.

La falta de acceso a un abogado que los oriente, de un médico que los atienda, de una autoridad que busque a la víctima, de una respuesta oportuna e idónea a su condición justamente de víctima.

La ausencia de una policía que la defienda, de un Ministerio que muestre interés y esfuerzo en su caso; de un Juez que vele, efectivamente por sus derechos.

A partir de causas personales, que se convirtieron en aspiraciones de justicia, empezó un movimiento para equilibrar el péndulo.

E inició un trayecto, una trayectoria para construir una auténtica política de Estado, que no solamente reconozca y garantice los derechos y pretensiones, sus prestaciones básicas de las víctimas, sino que también establezca las facultades y las obligaciones mínimas de cada una de las instituciones que tienen alguna intervención en la defensa y promoción de los derechos de los sujetos procesales del debate penal y, especialmente, de las víctimas.

Una Política de Estado que inició con la creación en la esfera administrativa de una Procuraduría Social de Atención a las Víctimas, que evolucionó después con la creación de una ley o un órgano colegiado, una ley que pretendía establecer claramente los tramos de responsabilidad de las distintas esferas y los órdenes de Gobierno; que trataba de conectar los servicios sociales básicos a la atención de las víctimas.

Y, por supuesto, una Reforma Constitucional, que como ya bien mencionaba el Diputado Jesús Zambrano, está en la lógica de garantizar los mismos estándares de atención a las víctimas, con independencia del lugar en el que se ubiquen, en el lugar donde hubiesen sido víctimas de algún ilícito.

La realidad de la construcción de esa Política de Estado es que no todas las entidades federativas han hecho su trabajo.

Ya lo decía bien el Diputado Jesús Zambrano, no todas las entidades federativas han emitido la ley a la que están obligados, y no todas las entidades federativas han constituido a las autoridades básicas para la defensa de los derechos de las víctimas.

Y, por supuesto, las indemnizaciones restitutorias que establece la ley no se han focalizado en función de las realidades victimales que la sociedad mexicana debe inevitablemente de atender, precisamente, para volver a construir la justicia.

La Reforma Constitucional que le da facultad al Congreso General para legislar en materia de víctimas es una nueva oportunidad para dar un paso adicional en la construcción de esa política de Estado.

Tenemos que empezar a hablar en este país del garantismo de las víctimas, la defensa promoción de sus derechos, de sus necesidades, de la atención y de su condición, precisamente, por la calidad que tienen frente al Estado.

Y en la construcción del garantismo de las víctimas tenemos que recoger los aprendizajes de estas primeras etapas, de lo que no ha funcionado en la construcción de esas instituciones.

Corregir lo que funciona mal, fortalecer la respuesta del Estado en la protección efectiva de las víctimas. Distribuir claramente las competencias. Establecer cuáles son las soluciones cuando una autoridad local no atienda o no quiera atender a una víctima.

Qué autoridad estará allí, precisamente, para responder frente a una víctima que está requiriendo y necesitando la atención solidaria del Estado, precisamente, porque es su derecho.

Esta reforma constitucional, como ya decía nuestra querida Isabel, es esta oportunidad.

El Senado de la República estará atento a la construcción de esa nueva etapa en la defensa del derecho de las víctimas.

Una nueva ley que establezca y que renueve el compromiso de las instituciones del Estado mexicano para con las víctimas.

Una nueva ley que las ponga en el centro de la atención del Estado mexicano, no por una concesión graciosa, sino porque es su derecho como ciudadanos de este país.

Por su atención, muchísimas gracias.

A CONTINUACIÓN, HIZO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO. SU DISCURSO SE TRANSCRIBE POR SEPARADO.