-MODERADORA: Queda en uso de la palabra el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez.     

-LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señor licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; muy estimadas Consuelo Gloria Morales Elizondo y Sandra Jiménez Loza; respetables miembros del presídium; distinguidas personalidades que nos acompañan en esta ceremonia de premiación; estimados integrantes de los medios de comunicación; señoras y señores.

         El reconocimiento, defensa y promoción de los derechos fundamentales, así como la vigencia plena del Estado democrático de derecho, son las únicas vías para lograr la justicia, tanto para los individuos, como para la sociedad.

         En materia de derechos humanos, no sólo basta creer. Hay que hacer.

           Aún cuando es innegable que nuestro país ha realizado grandes avances en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, así como en el establecimiento de instituciones para su protección y vigencia, lo cierto es que la agenda nacional en materia de derechos humanos registra múltiples pendientes y desafíos que demandan su atención urgente, entre los cuales se encuentran las cuestiones relativas a las desapariciones, así como a la protección de niñas, niños y adolescentes, ámbitos en los que hoy reconocemos la destacada trayectoria de dos mexicanas comprometidas con la dignidad de las personas.

El problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a un cultura sustentada en la observación de los derechos humanos.

Hace algún tiempo usted planteó, señor Presidente, varias medidas que habrían logrado incidir de manera positiva en la atención  de este problema, entre las cuales  se encontraban, además de la emisión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la creación de un Sistema  Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética, mismas que por diversos factores y actores, aún no se han concretado.

Lo mismo ha sucedido con las acciones que esta Comisión Nacional sugirió emprender en la  materia, así como con las recomendaciones formuladas por el Comité respectivo de la Organización de las Naciones Unidas.    

El problema de las desapariciones en México es una cuestión dramática, ajena a toda noción de respeto a la dignidad de las personas, cuya magnitud es preciso dimensionar objetivamente.

          Al día de hoy aún no podemos contar con información real e integrada conforme a estándares internacionales que nos permitan distinguir los casos que efectivamente puedan implicar una desaparición forzada, de aquellos que están vinculados a la delincuencia organizada o respondan a otras causas.

         Sin esta información difícilmente se podrá establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda, así como deslindar las responsabilidades correspondientes en cada caso.

         Si bien es de reconocerse el esfuerzo que busca la creación de unidades administrativas abocadas a la investigación de los casos de desaparición, así como la formulación de propuestas normativas en este tema, si no se dota a las áreas especializadas de investigación de la información pertinente sobre los casos de desaparición, se les asignan y proporcionan recursos y capacidades técnicas y humanas suficientes, adecuadas y pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos, y se genera un marco normativo idóneo para el desarrollo de sus capacidades, difícilmente se obtendrán los resultados que se requieren y que la sociedad espera en esta materia.

          Lo anterior, vale la pena insistir en ello, es una cuestión prioritaria. Es preciso que se emita a la brevedad posible la Ley General, la cual deberá tomar en consideración todas las propuestas que se han presentado y estar sustentada en una discusión amplia, plural e informada que, como punto de partida, escuche y atienda los planteamientos de las víctimas, así como de los colectivos y organizaciones que defienden y promueven sus intereses.

          En esta tarea, este organismo nacional autónomo reitera su disposición a acompañar a las víctimas y a las organizaciones sociales, así como apoyar todos los trabajos que sobre este tema se realicen.

         El compromiso que las distintas instancias del Estado mexicano han asumido en materia de desapariciones, debe tener un mayor reflejo en acciones concretas que de manera contundente dejen en claro que la atención de este ámbito es una prioridad y no sólo para el Ejecutivo Federal, sino también para los gobiernos de los estados y, en general, para todos los poderes, niveles y órdenes de Gobierno.

         La voluntad se ha expresado, se han emprendido algunas tareas, pero aún están distantes los resultados que serían deseables, ante lo cual debemos preguntarnos.

          Qué es lo que ha pasado.

         Los derechos humanos, efectivamente, se han puesto como eje de toda decisión de los gobiernos.

         Los servidores públicos de los tres niveles de Gobierno realmente están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro de actuación.

          Acaso las instancias del Estado mexicano están incumpliendo con sus mandatos o no han tenido la capacidad de responder a las víctimas y a los requerimientos de las circunstancias.

          Lo cierto es que al día de hoy nuestro país aún no ha honrado la deuda y compromiso que tiene con las víctimas de las desapariciones, con la sociedad y con el cumplimiento de las determinaciones emitidas por los organismos internacionales en esta materia.

          Por lo que hace al respeto y vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es preciso reconocer que han sido muchas y valiosas las acciones que se han emprendido en ese ámbito. Aunque en contrapartida, las asignaturas pendientes y retos también son diversos.

          La Ley General aprobada en noviembre de 2014, aún espera su implementación integral, para lo cual a partir del reciente establecimiento del Sistema, y de la Procuraduría de Protección a nivel Federal, será necesario que las distintas entidades federativas concluyan el establecimiento de los sistemas y procuradurías, consoliden su operación y ejerzan a cabalidad sus atribuciones en el menor tiempo posible.

          Ante este escenario, muchas mexicanas y mexicanos han asumido como compromiso la defensa y protección de los derechos humanos, emprendido en el ámbito de la sociedad civil organizada, diversas acciones para coadyuvar en la atención de los problemas, retos y desafíos que enfrenta nuestro país en ese ámbito.

          Pareciera para algunos que el trabajo de las defensoras y defensores civiles de derechos humanos no tiene una incidencia real y positiva en la solución de estos problemas.

          Hoy les digo a quienes así piensan que su apreciación es por completo errónea, y mucho es lo que quienes formamos parte de las instituciones y el resto de la sociedad deberíamos valorar, y podríamos aprender de su trabajo, entrega, convicción humanista, entereza, valor y amor por México y por los otros.

         La mayor parte de los avances sustantivos que se han dado en nuestro país en el ámbito de los derechos fundamentales, no los podríamos entender sin la participación de las defensoras y defensores civiles; así como de las organizaciones sociales.

          Han alzado la voz cuando se ha querido imponer el silencio; ante el olvido han preservado la memoria; ante el miedo han cultivado la entereza. Han optado por la verdad para contestar a las mentiras, y ante la violencia y el abuso, han decidido defender la justicia.

         Este trabajo rinde frutos, y hoy reconocemos a todas y todos los que defienden y promueven los derechos humanos en nuestro país, cuando otorgamos a Consuelo Gloria Morales Elizondo el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, y concedemos una Mención Honorífica a Sandra Jiménez Loza por su trabajo, compromiso y trayectoria destacada.

          Nos faltaría tiempo en esta ceremonia para referir con detalle la trayectoria y la labor llevada a cabo desde hace más de 22 años por Consuelo Morales,  en la atención de las personas desaparecidas, sobre todo en el Estado de Nuevo León, así como en el ámbito penitenciario, la cual ha servido de inspiración y ejemplo para muchas personas y ha coadyuvado con resultados muy concretos a atender y aliviar el dolor, la desesperanza de muchas mexicanas y mexicanos que han sido víctimas de abusos de poder o para quienes la justicia sólo ha sido una aspiración.

          Del mismo modo, hoy reconocemos a Sandra Jiménez Loza, quien además de construir un testimonio de vida y un ejemplo de lo que la voluntad, el deseo de lucha y la determinación pueden lograr con su trabajo en favor de la niñez y adolescencia de México, ha contribuido a visibilizar y atender la situación que enfrenta un gran número de niñas, niños y adolescentes derivada de la trata de personas, la inseguridad, la violencia, la exclusión, la falta de una educación de calidad, de oportunidades, así como de un efectivo acceso a la justicia.

         Defender y promover la vigencia de los derechos humanos en México no es una cuestión sencilla. Quienes lo hacen, en particular en el ámbito de la sociedad civil, enfrentan diversos obstáculos e inclusive riesgos, de ahí la importancia que tiene el que hoy reconozcamos a dos mexicanas que han asumido el reto de alzar su voz y actuar en favor de la dignidad de las personas y en beneficio de la sociedad.

         Los problemas y retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos no se limitan con toda la gravedad que estos hechos implican a San Fernando, Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala o Apatzingán. Pasan por todas las personas desaparecidas, cuya situación está en espera de ser definida y sus casos investigados.

Por el conjunto de fosas clandestinas y de restos humanos hallados en las mismas, cuyo número exacto está pendiente por determinarse y cada caso por investigarse.

         Por las niñas, niños y adolescentes, mujeres y demás personas que han sido y son víctimas de trata, por todas las personas que han sido privadas de la vida y cuyos casos no han sido resueltos, ni los responsables sancionados.

            Por los agravios y ataques a periodistas, por las deplorables condiciones de la mayor parte del sistema penitenciario en México; por la exclusión, desigualdad y discriminación con la que conviven día con día los miembros de nuestras comunidades indígenas y, en general, por todas las personas que han sido víctimas de un delito o abuso del poder y que esperan que llegue a ellas la justicia.

         El compromiso de las distintas instancias del Gobierno de la República, de los gobiernos de los estados, de los distintos poderes y autoridades de los diferentes órdenes y niveles de Gobierno con los derechos humanos, debe traspasar el ámbito formal o discursivo y materializarse en acciones, en hechos concretos que empiecen por la debida y oportuna aplicación y cumplimiento de la ley, así como en la debida comprensión del papel de los organismos públicos nacional y estatales de la defensa y protección de los derechos humanos.

                 La defensa y protección de los derechos humanos  no es algo que pueda esperar o estar sujeta a tiempos o intereses políticos o de cualquier otra naturaleza, así como tampoco regirse por otro parámetro diverso a la búsqueda de la verdad.

       Señor Presidente:

       En materia de derechos humanos, son muchos y muy diversos los estudios y análisis que se han realizado. No son necesarios más diagnósticos. Ha llegado el momento de que actuemos de manera decidida y coordinada, encarando nuestra realidad y emprendiendo un esfuerzo  conjunto e integral.

            Si 2011 fue el año en que se formuló la relevante reforma constitucional que nuestro país llevó a cabo en la materia, 2016 debe  ser el año de la implementación efectiva de la misma, por todos los poderes y autoridades de los distintos órdenes de Gobierno.

          En estos últimos años se han emprendido distintos procesos de reforma en materias y áreas estratégicas de nuestro país. Sin demérito de la importancia de estos procesos de reforma, México aún debe emprender una reforma ética para un verdadero Estado de derecho, sustentado en la vigencia de los derechos humanos, la cual implique un cambio de  paradigma dentro de todos los miembros de la sociedad, que empezando con el ejemplo que den las autoridades, genere en ellos la convicción de que el cumplimiento de la ley es mejor que su incumplimiento, que es más conveniente, tanto para los individuos como para la colectividad, ser honestos, que deshonestos.

          Que el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada uno redunda en beneficio de todos y que la aplicación de la ley y la formulación de leyes pertinentes y debidas, no es algo que se pueda o deba negociar, ni materia de transacción entre intereses particulares.

          En la propuesta que en materia de seguridad y justicia en democracia se formuló desde la Universidad Nacional Autónoma de México en 2011, se propuso que se celebrara un pacto político y social de base amplia, que permitiera reorientar a nuestras instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que enfrentaba el país.

          Hoy reiteraría ante usted esa propuesta, sumando un compromiso por los derechos humanos y el Estado de derecho. Si como mexicanos somos capaces de reunirnos, escucharnos y entendernos, así como reflexionar sobre la responsabilidad histórica que tenemos frente a la Nación, creo que sumando esfuerzos podremos mejorar nuestro presente y construir un mejor futuro.

          México tiene ante sí una coyuntura crítica en el ámbito de los derechos humanos, en la que tiene la posibilidad de optar porque se preserve el estado actual de cosas o se asuma un compromiso de cambio que, teniendo como eje el respeto y vigencia de los derechos humanos y como principio básico la honestidad, fortalezca y consolide nuestro Estado democrático y social de derecho, abatiendo la impunidad, la corrupción, la simulación y demás vicios y prácticas que debemos desterrar, de una vez por todas, de nuestra realidad como país.

          De la forma como encaremos los retos que se nos presentan en este ámbito, dependerá el que verdaderamente podamos prosperar y desarrollarnos en los próximos años.

          La madurez de nuestra sociedad, el grado de desarrollo de nuestras instituciones y la amplitud del marco normativo con el que contamos, generarán un entorno propicio para que, si así lo decidimos, podamos tomar este compromiso que es un compromiso con México y con los mexicanos; es decir, un compromiso con nosotros mismos.

          México tiene prisa. Las víctimas han esperado demasiado. Si efectivamente se quiere recuperar la credibilidad de la sociedad y en las instituciones, es preciso que las propias instituciones emprendamos un cambio de rumbo escuchando a la sociedad y asumiendo como eje y parámetro de la sus actos los derechos humanos.

          La verdad nos conviene a todos. Si no optamos por vivir en ella y asumir sus consecuencias, de poco servirán los cambios institucionales y normativos que se emprendan.

        Es momento de que México reafirme su convicción de vivir en la verdad, en la justicia.

         Muchas gracias.

-MODERADORA: Veremos el video Semblanza de la Hermana Consuelo Morales Elizondo, Premio Nacional de Derechos Humanos 2015.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

-MODERADORA: A continuación, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Secretario de Gobernación y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos harán Entrega de la Mención Honorífica y del Premio Nacional de los Derechos Humanos 2015.

(ENTREGA DE MENCIÓN HONORÍFICA Y PREMIO)

-MODERADORA: Recibe el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2015, consistente en imposición de medalla, entrega de diploma y estímulo económico, la hermana Consuelo Morales Elizondo.

(IMPOSICIÓN DE MEDALLA, ENTREGA DE DIPLOMA Y ESTÍMULO ECONÓMICO)

-MODERADORA: Corresponde el uso de la palabra a la hermana Consuelo Morales Elizondo, Premio Nacional de Derechos Humanos 2015.

-HERMANA CONSUELO MORALES ELIZONDO: Buenas tardes.

         En representación de quienes hemos ido construyendo a lo largo de los años y de quienes hoy formamos el equipo CADHAC, recibo con humildad y gratitud este premio.

          Ante todo, lo recibo sabiendo que es, en esencia, un reconocimiento a las víctimas que CADHAC acompaña. Quienes con su inquebrantable amor y su inmenso anhelo de justicia, impulsan los pequeños esfuerzos que hacemos para estar a la altura de una tarea que, en ocasiones, parece rebasarnos en este México adolorido.

               Como CADHAC, agradecemos especialmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a su Presidente y su Consejo, por este reconocimiento, que saludamos como una señal más del necesario proceso de renovación emprendido por esta administración, proceso que esperamos se siga traduciendo en mayor cercanía con la sociedad civil y con las víctimas.

         Hace más de 20 años, porque me pintó el pelo. Cuando fui enviada por mi Congregación a Monterrey, a iniciar a un proyecto de justicia, ni siquiera en nuestras más pesimistas proyecciones habíamos podido anticipar que en pocos años documentaríamos cientos de desapariciones en Nuevo León.

         Las consecuencias humanas de la indiferencia gubernamental y social que por muchos años prevaleció, son inconmensurables. Hablamos de miles de familias degradadas por la violencia, algunas de ellas nos acompañan esta tarde y las nombraré para recordar esos rostros concretos que dan sentido y horizonte a nuestra labor.

          La señora Juani (inaudible), quien desde la desaparición. Allá está, quien desde la desaparición de su hijo, Cruz, en octubre de 2012 ha venido cuidando a Angelo, quien hoy tiene seis años.

          Él, sin aparentemente saber bien a bien de qué se trata, acompaña a su abuela cada semana a CADHAC, donde ella participa en las reuniones con otros familiares, mientras él convive con niños y niñas en terapias de juego que le han ayudado a ir comprendiendo y adaptándose a esta terrible realidad.

         María de la Luz, quien busca a su hermano. Allá está, también, mírenla. Quien busca a su hermano Matías, desaparecido en mayo de 2014, teniendo como único rastro la vivienda saqueada de donde se lo llevaron en Mainero, Tamaulipas, de donde fue sustraído.

            Recientemente, tuvo noticias de que en cierto lugar de Tamaulipas lo puede encontrar. Ella y su familia acudieron allá, con la esperanza de saber algo de él. Sin embargo, no lograron saber nada de su paradero.

         Gracias por estar acá.

          Ellas son dos de las madres, hermanas, hijas, padres, hermanos e hijos que conforman el Grupo Amores, a quienes sus seres queridos les fueron arrebatados por la violencia.

         Amores es un grupo, en su mayoría, de familiares de personas desaparecidas que viven cotidianamente la incertidumbre y la zozobra que esa atroz práctica genera en las familias, pero cuya lucha descansa siempre en un: Te seguiré buscando.

         A las y los familiares que no pudieron acompañarnos, les llevamos en nuestros corazones.

         Por ejemplo, madres como Eva Luján, que no pudo venir por cuestiones de salud, y que desde 2011, clama justicia ante la ejecución extrajudicial de su hijo Gustavo, que mencionaré más tarde.

          Familiares como Doris y su esposo Julio, quien presenció el momento en que miembros de la delincuencia organizada se llevaron de su propio negocio a su hijo Daniel, sin que hasta hoy hayan vuelto a saber de él.

         O madres, como Luz María, quien desde el momento inmediato en que los policías desaparecieron a su hijo y sus cuatro compañeros, les han venido buscando desesperadamente.

         La firme interpelación de las víctimas, como las que he nombrado, y la horrorosa escala de las desapariciones a las que me he referido, aparentemente han terminado por ser inocultables. Aunque en la realidad, esto no ha significado un cambio favorable en sus vidas. Las familias sobreviven buscando, y siguen en la soledad, 

         El Alto Comisionado de  Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha reciente han confirmado con precisión este diagnóstico, reiterando algo que los mexicanos hemos sabido por años: México vive una crisis profunda de violaciones a derechos humanos. Esta situación debe reconocerse sin regateo.

         Como defensoras y defensores, nuestra tarea también implica atesorar la esperanza. Cómo se puede revertir el panorama desolador que, con oscuros nubarrones, parece a veces irremediable.

         En CADHAC consideración que caminando con las víctimas y dialogando con las autoridades, existen cuatro claves que comparto con ustedes. Aunque nos falta mucho camino por recorrer, estas cuatro pautas nos  han ayudado a dar algunos pasos al lado de las víctimas en estas horas de oscuridad.

          Primero. No criminalización de las víctimas. Hemos visto llegar a cientos de familiares de personas desaparecidas a nuestra oficina en busca de verdad y justicia.

Es impresionante la valentía con las que buscan, a pesar de los prejuicios de las autoridades, de la sociedad y de los propios familiares, quienes típicamente dicen: seguramente andaban en malos pasos; o culpan a las madres por  haberles maleducado.

          Es por eso, que hoy más que nunca resulta imperativo que el principio de presunción de inocencia se traduzca en una realidad cotidiana. Nadie está en el lugar equivocado, y no existe justificación para que alguna persona sea desparecida.

         Segundo. Solos, solas, no podemos.

         Es necesario reconocer con humildad que el problema es inmenso, y que solos; familiares, organizaciones de la sociedad civil o autoridades, no lo pueden lograr. Se necesita de un esfuerzo conjunto.

            Por ello, debemos iniciar un ejercicio de reconocimiento de las responsabilidades y capacidades, para que los tres actores aporten lo mejor de sí.

         Con muchas dificultades tanto familiares, autoridades como nosotras, organización civil, hemos logrado asumir y controlar nuestros propios prejuicios, abriendo canales de diálogo y respeto.

         Esto nos lleva a lo que, desde nuestra perspectiva, es la columna vertebral de todo sistema o política para la atención de víctimas: entender y respetar el lugar central que ellas tienen.

         Desde junio de 2011, mes a mes, son las propias familias de los desaparecidos del Grupo Amores quienes se sientan a revisar con los funcionarios de la Procuraduría estatal, sus expedientes. Ellas son las que han logrado revertir el trato impasible de las autoridades frente al drama de las desapariciones.

         Lamentablemente, la indiferencia sigue siendo la cara de muchas de las instituciones públicas en el estado de Nuevo León y del país entero. Debemos entender que sin este cambio de concepción, nada puede hacerse.

         Número tres. Recursos legales y materiales.

         Al acompañar a las familias nos hemos dado cuenta de la extrema vulnerabilidad emocional, económica y social que trae como consecuencia la desaparición de un ser querido.

          Por ello, resulta imperativo trabajar en leyes que nivelen esa situación y que abonen a menguar las dificultades a las que se encuentran día con día las víctimas que exigen sus derechos.

        En Nuevo León, CADHAC y el Grupo Amores logramos la tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal del estado. A nivel Federal, seguimos esperando la prometida ley para prevenir, sancionar y sancionar la desaparición forzada.

         Una ley que para ser eficaz, deberá retomar los aportes que las familias se han propuesto, bajo la consigna: Sin las familias, no; una ley que no sea letra muerta, sino que tenga impacto en la práctica.

         Por otro lado, es indispensable asignar recursos económicos y humanos para las técnicas de búsqueda que utiliza el Estado. Debemos contar con laboratorios y personal competente para que se obtengan perfiles genéticos confiables, que permitan identificar las partículas de restos que se encuentran en nuestro estado y en todo el país.

         En este sentido, lamentamos profundamente la disminución del Presupuesto Federal destinado para la investigación y búsqueda en casos de desaparición.

          En Nuevo León, hemos logrado impactar en cambios en el diseño institucional de la Procuraduría, lo que nos ha permitido que de mil 327 personas reportadas como desaparecidas, 152 hayan sido localizadas; de éstas, 67 vivas y 85 mediante perfiles genéticos.

          Se han consignado a 63 presuntos responsables, de los cuales, 17 han sido sentenciados, y entre ellos, algunos eran policías.

            Entre otros aportes, podemos destacar, también, el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, lo que se concretó en marzo de 2014, en el Grupo Especial de Búsqueda Inmediata, el GEBI; que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.

          Estos pequeños avances en la asignación de recursos legales y materiales, muestra que hay cambios urgentes que deben realizarse en el terreno de la procuración de la justicia, frente a la crisis de las desapariciones.

         No realizar estos cambios en todo el país, seguirá generando afectaciones de las familias, como lo vemos hoy en Tetelcingo, Morelos.

       Cuarto. La justicia y el apoyo internacional son centrales.

          Una clave esencial, por más cambios que se realizaron en nuestro marco legal o en el trato a las víctimas; si no hay justicia y verdad, faltará lo más relevante.

          Urgen medidas extraordinarias para que haya justicia y verdad plena frente a los casos de graves violaciones de derechos humanos.

             Seguimos arrastrando casos como el de la ejecución extrajudicial de Gustavo Acosta, en septiembre de 2011, quien fue asesinado por un disparo en la frente dejándolo sin vida en su propia casa, acusado posteriormente, de manera infundada, como criminal.

         Casos como el de Armando del Bosque, en Anáhuac, quien en 2013, luego de denunciar amenazas recibidas por parte de la delincuencia organizada, fue detenido por Fuerzas Federales y, posteriormente, encontrado sin vida.      

         Si bien hay evidencia de la participación de actores del Estado, en ninguno de estos casos, en estos dos casos, ni en muchos más, han llevado a los responsables a la justicia.

         Casos de impunidad como éstos que cuentan hoy, se cuentan por miles en el país.

             Viene a mi mente, también, el caso de la Mina de Pasta de Conchos, en donde aunque los familiares saben dónde están sus seres queridos, no pueden tenerlos consigo por falta de la diligencia y justicia del Estado.

          Existe una urgentísima necesidad de erradicar la impunidad, ya que de lo contrario, nuestros esfuerzos serán en vano.

          Se requieren cambios profundos en la estructura de las Procuradurías. Es en nuestros Ministerios Públicos en donde existen los nudos más gruesos de impunidad.

         En este punto, es menester decir que el apoyo internacional es vital. El trabajo que hemos impulsado en Nuevo León, se ha visto cobijado por la presencia y asesoría constante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y por otros expertos internacionales.

         Por otro lado, las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el trabajo que realizan sus expertos, han sido vitales para avanzar en el camino de la justicia.

       Hay que decirlo claramente; la crisis mexicana no se generó por un exceso de apertura a la supervisión externa. Más bien, es una realidad tangible, ocasionada por causas estructurales, y así debe ser reconocida.

          Es inaceptable que desde el Estado se ataque, malinterprete o minimice a esos actores que vienen a ayudar, en un esfuerzo que requiere del concurso de todos y de todas.

          Como dijo el Alto Comisionado: hay que atender el mensaje, sin matar al mensajero.

Estas cuatro claves que me he permitido compartir con ustedes, han contribuido a que en el estado de Nuevo León podamos dar pequeños pasos, pero firmes.

                 Sobre estas claves, podría afianzarse una política de Estado que empezará a revertir la crisis de los derechos humanos que hoy vivimos.

          Por ello, no puedo dejar pasar la ocasión para hablarle a su corazón, señor Presidente, para pedirle que se deje tocar por el dolor de tantas familias afectadas a causa de la violencia. No sólo a él, sino a ustedes también.

        Para instarle a que impulse en esta segunda mitad de su sexenio, una agenda centrada en estas cuatro claves.

          Con respeto y humildad, me atrevo a decirle que su legado se juega también en esta agenda. Hemos visto que ningún plan de reformas económicas puede prosperar si no está basado en un fortalecimiento del Estado de Derecho, que ponga en el centro los derechos humanos.

         Rezo a mi Dios, que es el Dios del amor, para que lo guie en esta tarea. Y no es sordo, Dios. Me va a escuchar. Me escucha.

          Quisiera concluir, invocando la presencia, las palabras y el testimonio de un mexicano que no fue honrado con este premio, pero que sin duda tiene el reconocimiento más alto de muchos y muchas de los que hoy trabajamos por los derechos humanos en México. Me refiero al Tatic Samuel Ruiz, quien entendió que el objetivo de la humanidad se orienta hacia la dignidad y felicidad, expresadas hoy, mediante el respeto de los derechos humanos.

          En horas especialmente difíciles, pero también de gracias, Tatic Samuel, inspiración señera para quienes desde una fe tolerante y respetuosa abrazamos la causa de la justicia, escribió: haciendo el esfuerzo de interiorizar en nuestro corazón, el sufrimiento o la angustia del otro, estaremos en mayor disponibilidad para comprender, saber escuchar y cambiar nuestro corazón.

          En esto radica la esperanza, que se fortalece día a día, como lo muestran los familiares del Grupo Amores cuando, a pesar de tener sus corazones destrozados, se unen y se ponen de pie en la búsqueda de sus seres amados, interiorizando como propias las vivencias de sus semejantes.

        Hoy, la compleja situación del país nos llama a cambiar el corazón, como lo sugería don Samuel.

         Iniciemos ese camino, interiorizando en nosotros el sufrimiento y la angustia de tantos otros y otras que sueñan con que el mañana traiga consigo paz, justicia y dignidad a nuestra casa común.

             Un mañana en el que un sol despeinado y dulce, claro y amarillo, como fue el que abrazó a Alfonso Reyes, en Monterrey, vuelva a brillar en toda nuestra Patria.

          No están solas.  Les seguiremos buscando.

         Gracias.

(A CONTINUACIÓN, HIZO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO. SU DISCURSO SE TRANSCRIBE POR SEPARADO)