-MODERADORA: Para moderar los trabajos de esta sesión, escuchemos la intervención del maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA:  Con su autorización, señor Presidente.

Buenas tardes.

Gobernadora, Gobernadores y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Miembros del Gabinete de seguridad, invitados especiales, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación.

Señoras y señores.

De conformidad con el registro de asistentes, se encuentra presente la mayoría de los integrantes del Consejo, por lo que informo a usted, señor Presidente, que existe quorum para celebrar la 41ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Me permito someter a la consideración de las y los integrantes del Consejo, el Orden del Día para la presente sesión y el acta de la 40ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 30 de agosto del 2016, mismos que les fueron entregados de forma previa para su aprobación y se encuentran en sus carpetas de trabajo.

Los que estén a favor de su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Gracias, señoras y señores.

El Orden del Día y del Acta de la 40ª Sesión han sido aprobados.

Para desahogar el siguiente punto, informo a las y los integrantes del Consejo Nacional que el Secretariado Ejecutivo ha presentado su Informe y ha recibido los Informes de las Comisiones Permanentes y Conferencias Nacionales que integran este sistema.

Dichos informes se encuentran en sus carpetas de trabajo, por lo que consulto a las y los integrantes del Consejo Nacional si están de acuerdo en tenerlos por presentados, expresándolo levantando su mano.

Gracias.

Se tienen por presentados los informes correspondientes.

Como sexto punto del Orden del Día, hará uso de la palabra el Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.

-SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto.

Señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Diputada representante de la Cámara de Diputados.

Señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Saludo al General Secretario, al Almirante Secretario, al Procurador, a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad.

Saludo a la y los Gobernadores, y al Jefe de Gobierno; a la y a los consejeros y representantes de la sociedad civil.

El día de hoy, este Consejo Nacional sesiona por novena ocasión desde que inició su Administración, señor Presidente.

En este mismo recinto, en diciembre del 2012, usted convocó a todas las fuerzas políticas y a todas las instituciones del Estado a adoptar una ruta para sumar acciones con unidad y corresponsabilidad, en torno a la seguridad de los mexicanos.

Desde entonces, el Gabinete de Seguridad ha realizado un trabajo permanente para conducir los esfuerzos nacionales en la materia, teniendo como referente el sentido de urgencia con el que nos instruyó a actuar.

Han sido dos los principales objetivos que en consecuencia han guiado esta labor:

Primero. Potenciar las capacidades operativas del Estado para hacer frente a la inseguridad, porque un componente crucial en la ecuación de la seguridad es la acción de la autoridad para prevenir y sancionar delitos.

Por ello, las instituciones Federales han diseñado e implementado acciones con sustento en evaluaciones objetivas, ajenas a intereses o cálculos políticos, para apoyar los esfuerzos estatales y atender la realidad particular de cada región del país.

Así, el Ejército, la Marina, la PGR, el CISEN y la Policía Federal han desplegado acciones en las comunidades más afectadas, donde aún persiste un franco déficit de capacidades locales.

El objetivo ha sido dar un nuevo sentido a la división de competencias entre instituciones, para que ésta ya no sea entendida como una fragmentación de funciones, sino como una división eficaz de trabajo.

En este marco, conforme nos instruyó en el Consejo pasado, el Gabinete de Seguridad ha puesto en marcha las operaciones interinstitucionales en los 50 municipios prioritarios.

Para ello, se han creado mecanismos especiales de coordinación e intercambio de información, y se han puesto en marcha tareas focalizadas de inteligencia.

Con este propósito, en cada municipio se han creado instancias operativas denominadas: Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta, en las que participan los tres órdenes de Gobierno.

Le informo, señor Presidente, que las instituciones del Gabinete de Seguridad se han desplegado estado por estado, región por región, para evaluar puntualmente la situación de cada uno de estos municipios y definir las acciones a implementarse.

A la fecha, suman un total de 86 reuniones a lo largo y ancho del país.

No obstante, estos esfuerzos, la acción de la Federación en materia de seguridad pública no es una solución de largo plazo. Es, por definición y alcances, un recurso excepcional; es decir, la función de seguridad que desempeñan las Fuerzas Federales debe ser complementaria y concurrente a la labor que realizan estados y municipios.

Por ello, es indispensable fortalecer las capacidades del estado, particularmente las locales, en donde la debilidad institucional ha cedido espacios de acción y expansión al fenómeno delictivo.

El segundo objetivo ha sido consolidar instituciones sólidas y eficaces, esa es condición necesaria de toda seguridad sostenible.

La acción de las Fuerzas Federales debe ser vista como un espacio de oportunidad para fortalecer las instituciones locales, y para modernizar el modelo de seguridad, conforme a la realidad del país.

En congruencia con esta convicción, se han asignado recursos, se ha brindado capacitación y asistencia técnica, además de que se ha compartido tecnología e información con entidades y municipios.

A través del programa rector de profesionalización se ha realizado un importante esfuerzo para capacitar y actualizar a las policías del país.

En cuanto al desarrollo de nuevas herramientas institucionales, destaco la creación de las unidades especiales antisecuestro, que cuentan con personal especializado en los ámbitos policial, ministerial, pericial, así como de análisis táctico y atención a víctimas.

Todos los estados cuentan ya con al menos una de estas unidades.

También destacan los centros regionales de fusión. Hoy, por primera vez en la historia, nuestro país tiene instancias especializadas que recaban, procesan y utilizan información de inteligencia desde lo local.

Con ello, se crearon capacidades para generar información, diagnósticos y acciones más precisos desde los estados, mismos con los que antes no se contaban.

Ya están en funcionamiento tres de los cinco centros que se han contemplado para una cobertura nacional. Se inició su construcción al inicio de su Administración y con una inversión superior a los 5 mil millones de pesos.

Asimismo, Plataforma México cuenta ahora con un portal cartográfico, que permite analizar la incidencia delictiva calle por calle y colonia por colonia, utilizando más de 355 mil registros georreferenciados.

Se trata de un instrumento sin precedente en la política de seguridad de nuestro país, que ya está a disposición de los estados, y a la cual tienen acceso de manera permanente.

Así, actuamos con sentido de urgencia, pero con visión de largo plazo, para fortalecer de lo local a lo Federal el andamiaje institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Acciones como éstas, guiadas por los principios que hemos referido, señor Presidente, han sido implementadas por razones de Estado, por un compromiso firme con la seguridad de los mexicanos. Se trata de esfuerzos que deben replicarse e intensificarse en todo el país.

Y es con ese objetivo que el día de hoy se propondrán a este Consejo un conjunto de acuerdos de los que destaco los siguientes:

Un acuerdo que propone la decisión de las entidades al compromiso suscrito por los Poderes de la Unión de cara a la consolidación del sistema de justicia penal.

También, se propondrá un acuerdo para actualizar el programa rector de profesionalización, con énfasis en las competencias y conocimientos que los policías deben de tener en el marco del sistema acusatorio.

También será propuesto un acuerdo para diseñar un modelo de seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en todo el país, pues es de la mayor importancia contar con objetivos claros y con mecanismos de evaluación en la implementación de esta reforma prioritaria para México.

Estos acuerdos se propondrán en conjunto con otros dirigidos a fortalecer la política de prevención social de la violencia y la delincuencia; homologar la operación de las unidades de policía cibernética a nivel estatal; así como el funcionamiento de los centros de control, comando, comunicación y cómputo.

Los retos que enfrenta México en materia de seguridad exigen el fortalecimiento permanente de las capacidades institucionales del Estado. Se trata de instituciones que, por la naturaleza de su labor, deben de evolucionar con mayor celeridad que el fenómeno al que tienen encomendado combatir.

De esta capacidad depende, en buena medida, el cumplimiento efectivo de su función esencial, que es proteger y servir a la sociedad.

El Gabinete de Seguridad está abocado a esta tarea con convicción y compromiso, dando respuesta a las necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, impulsando acciones dirigidas a construir y potenciar nuestras instituciones.

Así, conforme a su visión, y más allá de circunstancias y coyunturas, seguiremos abordando la seguridad desde una perspectiva de Estado, no de Gobierno.

Muchas gracias por su atención.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, señor Secretario.

En términos de lo expuesto por el Secretario de Gobernación, se someten a la consideración de las y los integrantes del Consejo Nacional los siguientes acuerdos:

Primero. Se aprueba la actualización del programa rector de profesionalización y se exhorta a las entidades federativas a implementarlo, especialmente los contenidos que coadyuvan a la consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Segundo. Se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a diseñar el modelo de seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en los tres órdenes de Gobierno.

Quienes estén a favor de aprobar los acuerdos mencionados, les solicito expresarlo levantando su mano.

Gracias.

Los acuerdos han sido aprobados.

A continuación, para atender el séptimo punto del Orden del Día, cedo el uso de la palabra al doctor Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado de San Luis Potosí y Vocal Permanente de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

-GOBERNADOR JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ: Muchas gracias.

Muy buenas tardes.

Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.

Señor Secretario de Gobernación, señores Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina.

Señora y señores representantes de los Poderes Judicial y Legislativo.

Señor Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; señor Comisionado Nacional de Seguridad Pública; señor Procurador General de la República; señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Señora Gobernadora y señores Gobernadores.

Señores representantes de la sociedad civil.

Para consolidar una política integral de prevención social de la violencia, la delincuencia y la participación ciudadana, acorde a lo establecido en el programa nacional en la materia, es necesario la creación de mecanismos que permitan la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y el impulso a la participación activa de la ciudadanía.

Bajo esta premisa, los Centros Estatales de Prevención Social son un elemento central en este esfuerzo del Estado, al constituirse en las áreas especializadas en el diseño e instrumentación de las políticas de prevención.

Por ese motivo, en la pasada Sesión Ordinaria de este Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 30 de agosto del 2016, se acordó la elaboración de un diagnóstico de los Centros Estatales de Prevención Social con miras a construir un modelo homologado para su operación y funcionamiento.

Durante este tiempo, en coordinación con el Programa Juntos por la Prevención de la Violencia, de USAID, se trabajó en un proyecto encaminado a definir un modelo homologado para la operación y funcionamiento de los centros con la posibilidad de adecuar su implementación a las necesidades que actualmente tienen las entidades federativas y los municipios del país.

Dentro de este modelo homologado destaca la importancia de capacitar a más de mil 500 servidores públicos, que laboran en programas de prevención del delito a nivel estatal y municipal.

Consideramos que ésta debe de ser la prioridad para el 2017, así como la focalización de acciones en materia de prevención con el propósito de evitar dispersión de recursos y esfuerzos y obtener entre todos mejores resultados.

No debemos olvidar que el objetivo es promover una cultura de prevención de la violencia y la delincuencia, a través del diseño e implementación de estrategias, encaminadas a la construcción de comunidades seguras con calidad de vida, convivencia pacífica, cohesión social, respeto a los derechos humanos y equidad de género, en las distintas localidades de cada entidad federativa.

En este mismo sentido, además de la consolidación del modelo homologado referido, quiero destacar también la necesidad de la integración de las Comisiones Ciudadanas de evaluación y apoyo a la prevención social de la violencia y la delincuencia, de conformidad al Acuerdo número 5, aprobado por este Consejo Nacional, referente a la necesidad de conformación de grupos colegiados para supervisar y evaluar los programas de prevención social.

Para alcanzar este objetivo, tenemos conocimiento que se han suscrito ya convenios entre la Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, y el Consejo Coordinador Empresarial.

Conforme a lo acordado por los miembros del Consejo, la integración y operación de estas Comisiones Ciudadanas deberán de seguir los siguientes lineamientos:

Primero. Se establecerá una Comisión por cada entidad federativa, hecho que deberá de quedar entre febrero y marzo de 2017.

Las Comisiones tendrán como finalidad evaluar el diseño e implementación de los programas de prevención social, que sean financiados con recursos públicos y apoyar, asimismo, la gestión la política de prevención social en los 32 estados de la República.

Cada Comisión va a estar integrada por tres representantes de la academia, tres representantes del sector privado y tres representantes de organizaciones de sociedad civil.

Las Comisiones tendrán entre sus facultades: la canalización de quejas ciudadanas, el apoyo en la elaboración de diagnósticos de factores de riesgo, la elaboración de propuestas de acciones e intervenciones, la supervisión de actividades de los servidores públicos en el orden estatal y municipal, que implementan programas de prevención; la vinculación de los tres órdenes de Gobierno, los sectores académico, privado y social, comités vecinales y Centros Integrales de Prevención Social; la difusión de información y la firma de convenios con organismos académicos, empresariales y de la sociedad civil.

Estas comisiones ciudadanas deberán ser un espacio de participación de la sociedad en los programas de prevención social, y se instalarán como contralores ciudadanos para evaluar y dar seguimiento a las acciones que realicemos cada una de las entidades federativas, así como para sumar esfuerzos con propuestas e intervenciones, y coadyuvar a la difusión de información que se genere en torno a estas acciones.

Por lo anterior, señor Presidente de la República, señoras y señores consejeros, propongo que se lleven a cabo las acciones necesarias para consolidar la homologación en la operación y funcionamiento de los Centros Estatales de Prevención Social en todos los estados; así como para integrar las Comisiones Ciudadanas de Evaluación y Apoyo para la Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, a fin de lograr un México más seguro para todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Muchas gracias, señor Gobernador.

En atención a lo expuesto por el Gobernador de San Luis Potosí, se somete a su consideración la aprobación del Modelo Homologado para la Operación y Funcionamiento de los Centros Estatales de Prevención Social, y la implementación de un Programa Nacional de Profesionalización para los Servidores Públicos que trabajan en dichos centros.

Asimismo, se somete a su consideración aprobar los lineamientos para la integración de los grupos colegiados de carácter civil y académico, que en cada entidad federativa supervisarán y evaluarán los programas de prevención que sean financiados con recursos públicos, cuya implementación quedará a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

Quienes estén a favor de aprobar este acuerdo, les pido manifestarlo levantando la mano.

Gracias.

Señoras y señores consejeros:

El acuerdo ha sido aprobado.

Conforme al Orden del Día, corresponde el uso de la voz a la licenciada Adelina Lobo Guerrero Serrano, invitada permanente de la sociedad civil a este Consejo Nacional.

-LIC. ADELINA LOBO GUERRERO SERRANO: Muchas gracias.

Señor Presidente; señor Secretario; amigos todos.

Hace cuatro años, en la Segunda Sesión Extraordinaria de este Consejo Nacional de Seguridad Pública, este Gobierno, en palabras del Presidente, expresó que transitaríamos de una estrategia de seguridad a una real política de seguridad ciudadana.

Dentro de este discurso, donde se diseñó los lineamientos que enmarcarían la política pública en materia de seguridad, se expresó y se lanzó el Programa nacional de prevención del delito.

Este programa que, en cuatro años, ha tenido una inversión mayor a los nueve mil millones de pesos y, como todos sabemos, ha sido desaparecido en el presupuesto de egresos para el próximo año.

Desde la sociedad civil vemos como un riesgo el que una política pública tan importante y tan trascedente desaparezca de esa forma; que cuatro años no nos sirven para evaluar una política en materia de prevención, tendríamos que estar pensando en evaluar esta política a los 10 años.

Desde este espacio hago un llamado a todos los aquí presentes que, en el ámbito de sus competencias, hagamos un esfuerzo por continuar con esta política pública en materia de prevención; que hagamos un esfuerzo desde los gobiernos estatales, desde el Gobierno de la República, desde los municipios a apostar por la prevención.

Estas acciones han sido cuestionables, algunas, pero muchas otras representan un modelo de las mejores prácticas en prevención, y no sólo en México, estamos hablando a nivel internacional.

El tema de la prevención es prioritario, no para el Gobierno, para los ciudadanos, para el México que queremos, el México que necesitamos.

Dicho esto, paso a mi propuesta.

Dentro de esta aventura que ha sido ser representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional, he impulsado un proyecto para regular los antecedentes penales.

Como ustedes saben, actualmente existe un requisito de empleabilidad frecuente que es la carta de no antecedentes penales, incluso, todos los aquí presentes debimos de haber realizado ese trámite para ser gobernadores, congresistas, etcétera, pero este requisito es un requisito que violenta el derecho humano al trabajo.

Por qué. Porque no distingue el antecedente penal. No importa si robaste, no importa si te detuvieron con posesión de algún estupefaciente; no importa si fuiste un homicida o un pedófilo. No distingue. Simplemente es un estigma. Tienes un antecedente penal, no puedes encontrar un empleo.

Y, en ese sentido, no estamos apostando por una prevención terciaria. En ese sentido, seguimos empujando a las personas que han cumplido sus condenas en las prisiones a una repetición de la conducta delictiva.

Por qué. Una persona que sale de prisión, sus opciones de empleo son muy básicas, tal vez ser obrero industrial, tal vez manejar algún transporte público. Y al momento en el cual se le pide la carta de no antecedentes penales, esta persona ya no puede ser útil para su familia, ya no puede ser útil para la sociedad.

Y qué es lo que hacemos. Los empujamos hacia la informalidad o hacia la abierta ilegalidad. Una persona que ha pasado tres, cinco, 10 años en prisión, al momento de salir, sus contactos son con su familia y con el crimen, que conoció dentro de la prisión.

No digo que todos salgan e integren parte de las redes del crimen organizado, pero mucho los estamos obligando.

Por eso, el día de hoy pongo a su consideración un proyecto para regular los antecedentes penales. Este proyecto pasa un test de proporcionalidad, ya que sólo sería durante un periodo de prueba.

Qué quiero decir con esto. Evitar facilitar los medios para que se vuelva a repetir la conducta delictiva. Estos antecedentes penales estarían en oposición entre el delito y el trabajo que se busca.

Un ejemplo muy práctico: una persona que ha sido condenada por abuso sexual infantil, no podría durante un tiempo de prueba, tener un empleo que se relacione con menores; o una persona que ha participado de delitos de lavado de dinero o desvío de recursos, obviamente no los quisiéramos administrando nuestros bienes, inmediatamente después de que salieron de prisión.

Por tanto, en esta proporcionalidad, el proyecto representa un avance, representa el que las personas que efectivamente quieran reinsertarse a la sociedad, tengan la oportunidad.

Que la sociedad entendamos que las personas que están copurgando una pena privativa de libertad son parte de la sociedad, y no sólo son parte, son producto de esta sociedad.

Ellos, así como nosotros, les brindamos una segunda oportunidad. Y para brindar esta segunda oportunidad, es necesario regular los antecedentes penales.

Así que lo pongo a consideración de este Consejo. Es un proyecto que yo sé que no va a ser fácil, que necesita no sólo la voluntad de los estados, del Gobierno de la República, pero también necesitamos el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, necesitamos la participación activa de los Tribunales de Justicia.

Sin embargo, considero que este proyecto es un avance para lograr el México en paz que todos exigimos, que todos anhelamos.

Muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Muchas gracias, licenciada Lobo Guerrero.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública toma nota de sus propuestas en los términos que ha expuesto.

A continuación, conforme el Orden del Día, cedo el uso de la palabra al Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

-GOBERNADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto.

Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.

Presidente del Senado de la República, Senador Pablo Escudero.

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión.

Ministro Javier Laynez.

Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.

Compañera Gobernadora.

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Compañeros Gobernadores.

Muy buenas tardes a todos:

Los grandes desafíos globales en materia de seguridad son también nuestros desafíos en común. La globalidad nos brinda inmensas oportunidades, pero también nos antepone desafíos de gran magnitud.

El mundo digital modificó nuestra forma de vida: cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo producimos riqueza, pero también abrió espacios a cómo se delinque.

Los medios digitales, siendo una herramienta indispensable en el desarrollo económico y social, también son objeto de la delincuencia.

Hoy, 43 por ciento de la población de nuestro país se encuentra interconectada y con el riesgo latente de ser víctimas de cualquier tipo de delito en la web.

De acuerdo a las cifras de la ONU, en el año 2012, los delitos cibernéticos sumaron 14.8 millones de víctimas en México.

Somos el primer lugar en virus informático a nivel mundial; somos segundo lugar en fraudes electrónicos; el tercer lugar en ataques a la página web en América Latina. Siendo las actividades ilícitas más comunes, además, de las ya mencionadas, el robo de identidad, la extorsión y la pornografía infantil.

Bajo este contexto, la causa federalista que nos convoca es de la mayor relevancia.

Este Consejo de Seguridad Pública, como órgano rector y del diseño de políticas públicas para la seguridad interna de nuestro país, instruyó en la elaboración de un modelo homologado de unidad de policía cibernética.

Se trata de un exhorto para anteponer el interés superior de la ciudadanía; se trata de un trabajo de alta inteligencia, investigación, cooperación entre instituciones para prevenir, perseguir este tipo de delitos.

Dicho modelo, elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá implementarse durante el 2017 en las entidades federativas, para lo cual pondremos disponer de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP.

Entre sus objetivos destacan: la homologación de la capacitación especializada, equipamiento e infraestructura; la celebración de un marco legal para la operación, creación de las unidades de policía cibernética, así como para mejorar los tipos penales, relacionados con los delitos cibernéticos.

Resultado de un diagnóstico desarrollado por parte de la Policía Federal y el Secretario Ejecutivo, la implementación de este modelo precisa recursos humanos, materiales muy puntuales: desarrollo de manuales de organismos y protocolos de coordinación, herramientas para la realización de campañas de prevención, mecanismos de atención y orientación ciudadana, actividades de monitoreo constante, facultades de actuación, equipamiento y capacidades.

Lo que está en juego rebasa la frontera del discurso. México reclama resultados y tiene razón.

México espera que antepongamos el interés ciudadano a la coyuntura política. Y estamos seguros que así será.

Es el tiempo del acuerdo renovado. Es el tiempo de la creatividad y de la voluntad.

Demostremos que sabemos de la innovación y que tenemos la firmeza de la decisión, la sensibilidad para hacer la voluntad, la herramienta con la que devolveremos la tranquilidad a cada hogar de la República.

México demanda la mayor coordinación de sus instituciones de seguridad, a fin de que el Estado de Derecho sea una realidad presente en la vida de cada mexicana y mexicano.

Combatir el delito es un mandato de ley, y es, también, la determinación de nuestros gobiernos. Juntos, sin reserva, seguiremos avanzando en materia de seguridad y justicia.

Juntos y sin reservas, entregaremos resultados tangibles a nuestra gente; juntos y sin reserva, le cumpliremos a México.

Muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, señor Gobernador.

Conforme a lo expuesto por el Gobernador Domínguez Servién, se somete a la consideración de este Consejo Nacional el siguiente acuerdo:

Aprobar el modelo homologado de unidades de policía cibernética. que deberá ser implementado a partir de 2017. y para lo cual las entidades federativas se comprometen a asignar recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2017.

Quienes estén a favor de aprobar este acuerdo, les ruego manifestarlo levantando la mano.

Gracias, señoras y señores consejeros. El acuerdo ha sido aprobado.

A continuación, corresponde el uso de la voz al doctor Alberto Javier Olvera Rivera, invitado permanente de la sociedad civil a este consejo.

-DR. ALBERTO JAVIER OLVERA RIVERA: Buenas tardes.

Señoras y señores funcionarios electos y designados, Y colegas invitados permanentes de la sociedad civil:

Ésta es la segunda y última vez que haré uso de la palabra en esta instancia, dado que se vence mi periodo, y uso la ocasión para compartir con ustedes mi profunda preocupación por el estado que guarda, no sólo el sistema de justicia y seguridad, sino la salud misma del Estado mexicano.

En efecto, después de tener varias reuniones de este Consejo, de estudiar los documentos que ha producido y de investigar académicamente el tema, he llegado a la convicción de que los graves problemas que atraviesa nuestro país en estas materias no tienen sus causas últimas en déficit técnicos legales e institucionales específicos, sino en el propio sistema político.

Permítanme explicarle. Hace 10 años yo inicio la infausta guerra contra las drogas, pero también un ciclo de reformas de las instituciones de seguridad y justicia.

En este periodo se han logrado importantes avances legales e institucionales, se han realizado diagnósticos precisos de los problemas a enfrentar y acordado soluciones a los mismos, sin que se hayan logrado cambios sustantivos en el desempeño institucional, ni detener la oleada de violencia criminal, ni evitar violaciones a los derechos humanos.

Las policías locales, estatales y federal no han podido ser profesionalizadas plenamente, a pesar de las inversiones en capacitación y equipo que se han impulsado desde este mismo consejo.

Hace sólo unos días, la red nacional por la seguridad, una red civil, emitió una nueva petición para que se lleve a cabo una reforma integral de las policías del país, antes de aprobar una ley de seguridad interior.

En materia de implementación de la Reforma Penal, observamos que el país experimenta una simulación legal e institucional en gran escala, que en la práctica ha obstaculizado aún más el acceso a la justicia, en vez de facilitarla.

Tanto las policías como los agentes del Ministerio Público prefieren evitar que se inicien carpetas de investigación ante la certeza de que las exigencias técnicas de la reforma rebasan sus capacidades reales, dada la falta de capacitación, equipo, personal y liderazgo moral.

Áreas esenciales de la reforma, como las unidades de atención temprana y mecanismos alternativos, las defensorías públicas y las instancias de ejecución de sentencias, entre otras, están en pañales.

Los penales del país siguen siendo, como todos sabemos, una desgracia nacional, al igual que la precaria justicia para adolescentes.

Incluso la prevención de la violencia ha sido dejada sin presupuesto para el año próximo.

La crisis de los desparecidos está lejos de ser resuelta, dada la ausencia de respuestas políticas, técnicas y legales apropiadas a la magnitud de la tragedia.

Los Tribunales Superiores de Justicia del país carecen en su mayor parte de la autonomía política y de la autoridad moral para cumplir sus funciones, como el caso reciente de Jalisco lo ha demostrado.

Tenemos que preguntarnos en qué hemos fallado. Los errores no vienen de carencias de diagnóstico, ni de escasez de propuestas.

Todos sabemos lo que hay que hacer y si no se hace o no se hace bien, es porque la mayoría de los políticos han considerado que no les es rentable la inversión en el sistema de justicia, pues piensan que no da votos o por lo menos pensaban hasta hace poco.

Mientras que una aplicación efectiva de las reformas implica la pérdida de su control sobre las instancias de seguridad y justicia, las cuales han usado para impulsar o proteger sus propias carreras.

Un ejemplo extremo de los efectos de esta actitud son los escándalos recientes de corrupción, cuya magnitud escandaliza al país y al mundo, y demuestran el colapso moral de una parte de la clase política. Vengo de un estado de Veracruz, donde el gobierno anterior incurrió precisamente en estos problemas.  

La corrupción es un factor sistémico incompatible con el Estado de derecho, que no tolera más la ciudadanía.

Es por ello que invito a los miembros de este Consejo a que reconozcamos que vivimos una crisis de régimen y no sólo una crisis de inseguridad y justicia. Ésta última es consecuencia de la primera.

Mientras no se modifiquen las reglas informales, que obligan a los distintos sectores de la clase política a acumular recursos a como dé lugar para financiar la competencia electoral y a satisfacer clientelas a cualquier costo con los mismos fines, el país no podrá crear un verdadero Estado de Derecho.

El primer paso en esta dirección será impedir que el naciente Sistema Nacional Anticorrupción y sus expresiones estatales futuras, se vean colonizados por intereses políticos como lamentablemente ha sucedido con algunas instituciones del campo electoral y de la transparencia y acceso a la información, lo cual ha mermado su legitimidad.

Será necesario crear una Fiscalía Nacional verdaderamente autónoma y hacer lo propio en los estados del país.

Es igualmente imprescindible que procedamos a una reforma integral de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados, que constituyen el último reducto intocado del viejo régimen del Siglo XX.

Hay que impulsar en serio la reforma de la justicia y abrir ese proceso a la vigilancia y verdadera colaboración con la sociedad civil.

Y, ante todo, será necesario que se aplique realmente la legislación electoral en materia de financiamiento, hasta hoy burlada en múltiples formas.

En síntesis. La crisis de seguridad y justicia sólo puede resolverse mediante una reforma política profunda, que conduzca al desarrollo de un verdadero Estado de Derecho.

Muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Muchas gracias, doctor Alberto Javier Olvera.

A continuación, conforme al orden del día, cedo el uso de la palabra al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa.

-DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA: Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes.

Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.

Señores y señoras integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Representantes de órganos autónomos de la sociedad civil, de la academia y de los medios de comunicación.

Nuestro país está en un proceso de recomposición nacional, en el cual se busca brindar a los ciudadanos, y acabamos de escucharlo, un sistema de justicia penal más cercano, y que pueda y logre resolver sus necesidades.

Los desafíos que enfrentamos son grandes. No obstante, se debe reconocer también que se han dado pasos importantes. Pasos para que estas tareas se conviertan en áreas de oportunidad y se pueda emprender un cambio sustancial que México necesita.

La implementación del nuevo sistema de justicia penal es una tarea de gran trascendencia. Es, diría yo, una piedra angular para consolidar las transformaciones que nuestro país requiere.

Estamos hablando de un proceso que ha durado más de ocho años en su diseño, en su estructura, que nos ha ocupado para armonizar instrumentos jurídicos, así como para capacitar elementos y para lograr infraestructura.

Se busca que los trabajos realizados por todas las fuerzas políticas y actores involucrados, nos permitan construir una nueva forma de concebir la justicia, tanto entre funcionarios encargados de operar las instituciones, cuanto entre los ciudadanos.

Mucho se ha hablado, en éste y otros foros, sobre las bondades que trae aparejada la implementación del Sistema de Justicia Penal, así como el uso de los medios alternativos para dirimir controversias sin la necesidad de llegar a un juicio.

O la introducción de la oralidad en audiencias de carácter público, presunción de inocencia, respeto irrestricto al debido proceso y atención al imputado, como sujeto de derechos, entre otros ejemplos.

Pero hay que ser claros, también. El sistema, el nuevo Sistema de Justicia Penal aún presenta grandes deficiencias, requiere y es indispensable aplicar mejoras para que sea eficaz y eficiente.

Al respecto, en mi carácter de Coordinador de la Comisión de Seguridad de Justicia de CONAGO, quiero destacar algunas de estas tareas y señalar algunos pendientes en materia de homologación institucional, que me parece que es una de las líneas que claramente hemos coincidido en varias tareas, que requerimos impulsar para abonar a la consolidación de este Sistema de Justicia.

En consenso, hemos propuesto elaborar un Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso, y el Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal, por lo que hoy someteré a consideración de este pleno las propuestas correspondientes.

Como es sabido, el Sistema de Justicia, en este Sistema de Justicia prevalece el principio de presunción de inocencia del imputado, y conforme a él debe ser tratado en todas las fases del procedimiento.

Por ello, la prisión preventiva, tan comentada como medida cautelar, como sistema de control social, ahora sólo se utiliza como excepción y no como regla general.

Como mencionamos en la pasada sesión, en la Reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada el pasado 17 de junio, se detalla que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y la suspensión condicional de proceso tendrá como objeto realizar la evaluación del riesgo del imputado, con el propósito de que el juez de control cuente con elementos para, si es el caso, decida la medida cautelar diferente a prisión preventiva, o bien, imponer ésta si es que hay un riesgo comprobable.

También llevar a cabo el seguimiento de medidas cautelares y, por supuesto, la suspensión condicional de proceso.

De acuerdo con el último informe de SETEC, existen 29 unidades de medidas cautelares con características no homologadas, las cuales, debido a ello, no están presentando un correcto funcionamiento por la falta de mecanismos efectivos para hacer las evaluaciones de riesgo.

Esto es fundamental para evitar que aquellos que sí deben estar en prisión preventiva, no la evadan, en aras de ausencia o de criterios claros, o de actuaciones técnicas oportunas.

Por lo anterior, se ha propuesto un modelo con las condiciones técnicas estructurales, organizacionales y operativas de estas unidades, que pueda servir como referencia al interior de todas y cada uno de nuestros estados para crear y, en su caso, fortalecer la figura.

Además, cabe resaltar que para impulsar la debida implementación de este modelo está por aprobarse un subprograma especializado para dotar de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Por otro lado, también debemos tomar conciencia que es indispensable contar con cuerpos especializados para la seguridad en las salas de audiencia, así como para la custodia, el traslado de imputados, acusados, sentenciados, además del resguardo necesario de testigos y, por supuesto, de la evidencia.

Por ello, en agosto propusimos un modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal, el cual nos permitirá que las policías en funciones de seguridad procesal tengan herramientas para actuar conforme a derecho, de esta manera lograremos salvaguardar integridad de las partes procesales, del público y de todos los que intervienen en la sala de audiencias.

Para ello, estos policías contarán o deberán contar con elementos tácticos, capacidades de reacción y conocimientos para realizar el traslado y resguardo de elementos y datos de prueba que se presenten en juicio, así serán un eslabón importante en la cadena de custodia de las pruebas.

Cabe resaltar también que para impulsar esta medida que se propone para su debida implementación, se podrá contar en la definición de un subprograma especializado para dotar de recursos del FASP, a partir de 2017, a estas unidades de policías en funciones de seguridad procesal.

Y, finalmente, comento que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una tarea fundamental en este nuevo sistema de justicia. Es evitar que todo necesariamente se vaya a juicio, es despresurizar el sistema de actuación.

En este sentido, los órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias y las unidades de atención temprana son la instancia encargada para que puedan funcionar de manera eficaz.

Sin embargo, la implementación de estos órganos y unidades, aún está incompleta, aún tenemos tareas pendientes.

Debemos de homologar y debemos de garantizar uniformidad en este tipo de procedimientos en todo el país.

Esta diversidad y falta de homologación imposibilita la integración de la información de los registros en una base de datos nacional, conforme a lo establecido en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Por eso, hoy proponemos el Acuerdo para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la PGR, puedan elaborar un modelo homologado de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y unidades de atención temprana.

Este modelo permitirá garantizar la consistencia de y, por supuesto, mejorar los registros que se generan a nivel nacional.

Me parece que es una gran oportunidad para consolidar este Sistema de Justicia Penal.

Hay que reconocer las deficiencias que estamos enfrentando, hay que reconocer también que esto incrementa una percepción de inseguridad, que a nadie ayuda.

Es el momento de que cerremos filas, de que no nos repartamos culpas, sino que homologuemos la actuación y podamos trabajar, tanto Federación como estados en este diseño que exige la participación.

Es indispensable que todos participemos y que nos sumamos a tareas de corto, mediano y largo plazo para una implementación exitosa, total, a fin de alcanzar la meta propuesta de una mejor justicia, un mejor sistema de enjuiciamiento penal en todo el país.

Muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Muchas gracias, doctor Mancera Espinosa.

Conforme a lo expuesto, tanto por el doctor Olvera invitado permanente de la Sociedad Civil al Consejo y por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se someten a la consideración de este Consejo Nacional los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar el modelo homologado de unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso y el modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal, exhortando a las entidades federativas a designar recursos del FASP para la implementación de dichos modelos.

Segundo. Aprobar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Procuraduría General de la República, elaboren el modelo homologado de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución a controversias en materia penal y de unidades de atención temprana.

Quienes estén a favor de aprobar los acuerdos, les solicito expresarlo levantando su mano.

Gracias señoras y señores Consejeros.

Los acuerdos han sido aprobados.

A continuación, cedo el uso de la palabra al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

-GOBERNADOR GRACO RAMÍREZ GARRIDO ABREU: Muchas gracias.

Señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina Armada de México.

Señor Procurador de la República.

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Presidente de la Cámara de Senadores y Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Representantes de la Sociedad Civil.

Gobernadora, Gobernadores y Jefe de Gobierno.

Estimadas amigas y amigos:

Efectivamente, éste es el cuarto año en el que nos toca a la mitad de Gobernadores que estamos aquí presentes, acompañar el periodo Constitucional que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto.

Hoy, una parte importante, casi otra mitad, son Gobernadores que asumen su cargo y que por primera vez se encuentran en este Consejo Nacional.

Es importante señalar, como aquí se dijo, también, que acordamos desde el inicio rectificar la estrategia de la llamada guerra o cruzada contra el crimen, y buscamos una alternativa de coordinación, de mejoramiento en las áreas de inteligencia, de integración de políticas a nivel Federal, e hicimos esfuerzos que son reconocibles y notables en estos cuatro años.

Lo cierto es que después de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, se logró un consenso de parte de todos nosotros para definir un modelo policial de Mando Único para enfrentar las debilidades de policías municipales, y hacer un Modelo de Policía Estatal Profesional e, incluso, para asumir el propio reto que tenemos de la capacitación y profesionalización de nuestras policías, para ser el primer respondiente de la cadena de custodia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El Presidente Enrique Peña Nieto, en ese consenso, presentó una iniciativa al Congreso de la Unión.

Dijimos, en aquel entonces, que con nuevos cuerpos de policía podríamos enfrentar mejor los desafíos de la violencia de la delincuencia. Asumimos la corresponsabilidad bajo este modelo de integrar 32 cuerpos de policía en el país.

Entendemos muy bien que las Fuerzas Armadas de nuestro país son la última instancia de la fortaleza del Estado mexicano.

Al transcurrir del tiempo, vemos que las razones de emergencia para los cuales le pedimos intervengan en regiones del territorio nacional, se funda en la ausencia de cuerpos de policía que han sido rebasados, que han sido superados o cooptados por la delincuencia. Eso justifica la presencia de las Fuerzas Armadas.

Lamentablemente, esa emergencia se está convirtiendo en algo ordinario. Cada vez más la presencia de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina Armada, y cada vez más cuestionamientos a los propios miembros de las Fuerzas Armadas.

Se les acusa con facilidad de uso excesivo de la fuerza. Y yo quiero reflexionar en voz alta con todas y todos ustedes. Nos hemos preguntado cómo se siente un soldado o un marino, que enfrenta con decisión y resolución los desafíos de los grupos delictivos, y que también tiene presente, por lo que viene ocurriendo, que el día de mañana estará siendo observado o, en su caso, llevado a un proceso penal.

Esto es muy importante considerarlo, porque un factor esencial de cohesión de todas las Fuerzas Armadas, en cualquier parte del mundo, es su sentido de pertenencia, su estructura de comportamiento jerárquico, pero sobre todo su moral. Y cuando se pierde la moral de las Fuerzas Armadas, ante la incertidumbre de que sus acciones sean cuestionadas de tal manera, es muy peligroso para todos nosotros.

Yo quiero decirles que las Fuerzas Armadas no están porque quieren estar. Están porque tenemos, como lo he dicho, necesidades de atender las urgencias y las emergencias.

Ellos no son los responsables de la seguridad pública. Somos nosotros, compañeras y compañeros, los responsables de la seguridad pública.

Y creo que es importante entender que las Fuerzas Armadas no son policías. Ellos están y tienen tareas consagradas en la Constitución mucho más importantes, que tienen que ver con la soberanía y la seguridad interior.

Hemos hecho esfuerzos porque el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Senadores y Diputados, puedan ayudarnos a resolver esta situación, e incluso aquí hay gobernadores que antes fuimos legisladores y cuando llegamos a ser gobernadores nos percatamos que lo que discutíamos a veces de manera abstracta en las Cámaras de Diputados y Senadores, nada tienen que ver con la realidad de enfrentar los desafíos de la seguridad en las propias entidades federativas. Ésta es una realidad.

Y creo que hoy tenemos un modelo de policía que hemos planteado de mando único y queremos tener resultados porque hemos tenido resultados, quienes así asumimos esta decisión, sin contar con el andamiaje legal necesario para hacerlo.

Pero es más grave aún que existe un vacío también legal en la actuación de las Fuerzas Armadas.

No se puede plantear un falso debate. Legislar para las Fuerzas Armadas en su actuación en tareas de seguridad pública y no legislar o dejar pendiente lo que implica el modelo policial.

La presencia de las Fuerzas Armadas es producto de la falta de una policía.

Hay que construir las policías para que las Fuerzas Armadas dejen sus tareas, que no les corresponden en este momento.

Yo, por eso, quiero plantearles, amigas y amigos, que la Conferencia Nacional de Gobernadores vamos a emprender, de nueva cuenta, el año que viene, en una reunión que celebraremos en este principio de año próximo, para insistir, ante el Congreso de la Unión, para que se entienda, con el respaldo y el diálogo, y la influencia que tengamos como Gobernadores con nuestros correspondientes Senadores y Diputados, para hacer todo un esfuerzo de consenso.

Es urgente tener el marco legal del modelo policial y es urgente darle certeza a las Fuerzas Armadas, que están indefinidas legalmente, jurídicamente, muy claro, cuál es su papel y su conducta en tareas de emergencia que están llevando a cabo.

Los Gobernadores, la Gobernadora y Jefe de Gobierno estamos comprometidos en esto y vamos a tratar de resolver este problema, que tiene que ver con la gobernabilidad de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, señor Gobernador.

A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México.

-GOBERNADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS: Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; señores representantes de los Poderes Legislativo y Judicial.

Señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; señor Presidente de la CONAGO; señores integrantes del Consejo de Seguridad, del Gabinete de Seguridad Nacional; Gobernadora, Gobernadores, Jefe de Gobierno; representantes de la sociedad civil.

Con su permiso.

Si lo autoriza, señor Presidente, quiero abordar brevemente cuatro puntos:

Primero. Agradecer a usted, agradecer a su Gabinete de Seguridad, el apoyo que nos ha brindado a los estados de la República, para poder tener una mejor seguridad pública, para tener una mejor estabilidad en las respectivas entidades.

Coincido con Mario López, nuestro Gobernador de Sinaloa, que en los estados del país tenemos crecimiento económico, tenemos generación de empleo, gracias a que tenemos niveles de seguridad aceptables y esto lo hemos logrado gracias al respaldo de usted, y al Secretario de Gobernación, quien, por su instrucción, está siempre muy pendiente de los temas relativos de la seguridad de los estados.

Segundo. Quiero dar la bienvenida y reconocer que la participación del Jefe de Gobierno, el doctor Mancera como nuevo Coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO, habrá de aportar mucho a este Consejo Nacional, y de igual forma a la propia CONAGO, aprovechando su experiencia como Procurador y su formación académica.

Tercero. Quiero felicitar a Causa en Común por el primer Foro Internacional de Anticorrupción Policial, que habrá de celebrar el próximo año, y cierto estoy que habremos de estar ahí los Gobernadores del país participando con entusiasmo.

Cuarto y último. Ahora si hago la propuesta correspondiente.

Sometemos a la consideración de este Consejo Nacional de Seguridad lo relacionado a que se pueda crear una norma técnica para estandarizar los Centros de Control, comando, cómputo y comunicaciones.

Los llamados C-4, C-5 son un punto neurálgico, que nos permite aplicar la inteligencia, articular esfuerzos, privilegiar la coordinación de las distintas fuerzas de seguridad.

Sin embargo, han sido creados con el esfuerzo particular de diferentes entidades, municipios inclusive, con criterios heterogéneos, tal vez aislados y sin estándares técnicos homologados.

Esta falta de estandarización en ocasiones hace difícil las sinergias y la colaboración entre instancias.

Los principales retos de estos centros son, por ejemplo, la carencia de criterios técnicos homologados sobre la infraestructura, funciones, sistemas y procesos de dichos centros; el diseño y operación aislada de los mismos, afectando su interoperabilidad e intercambio seguro de información, entre muchas otras debilidades.

La propuesta concreta es que este Consejo pueda aprobar el trabajar en una norma técnica, que establezca los requerimientos técnicos a cumplir para que los centros conformen una red nacional integrada, interoperable, eficaz, que guiará la construcción y operación de los mismos.

Es cuánto.

Muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Muchas gracias, señor Gobernador.

En atención a lo expuesto por el doctor Ávila Villegas, se somete a su consideración que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, elabore una norma técnica que permita homologar a nivel nacional características, tecnología, infraestructura y sistemas de los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo.

Quienes estén a favor de aprobar este acuerdo, les pido manifestarlo levantando la mano.

Gracias.

Señoras y señores consejeros:

El acuerdo ha sido aprobado.

A continuación, someteré a la consideración de este Consejo los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Que las entidades federativas, en ejercicio de su soberanía, se adhieran al acuerdo entre los tres Poderes de la Unión para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 20 de junio.

Segundo. Que en cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal se aprueben los criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México, que serán aplicados en el Ejercicio Fiscal 2017; así como los criterios generales para su administración y ejercicio.

Tercero. Que las entidades federativas puedan hacer uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP, del Ejercicio Fiscal 2017, que estén destinados al programa con prioridad nacional, implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios dentro de la modalidad de copago.

Cuarto. Aprobar los programas de trabajo que las entidades federativas elaboraron para el fortalecimiento de las áreas de análisis y estadística de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia, los cuales deberán ser implementados a partir de 2017.

Quinto. Con fundamento en el Artículo 5º de los Lineamientos Generales de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Permanentes de este Consejo Nacional, se somete a la consideración de este pleno aprobar la reelección, por un periodo de tres años, de las entidades federativas que integran las Comisiones Permanentes de Información, de Certificación y Acreditación, y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Sexto. Aprobar los lineamientos y convocatoria para designar a los nuevos invitados permanentes de la sociedad civil, al Consejo Nacional de Seguridad Pública y que el Secretariado Ejecutivo informe en la 42ª Sesión de este Consejo Nacional los resultados del proceso de selección y designación.

Quienes estén a favor de aprobar los acuerdos, les solicito expresarlo levantando su mano.

Gracias, señoras y señores consejeros.

Los acuerdos han sido aprobados.

A continuación, solicito atentamente al señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se sirva dirigir su mensaje, como Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y efectuar la declaratoria de clausura de los trabajos de esta 41ª Sesión Ordinaria.

-DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA: Presidente, nada más si me permite muy rápido, de manera muy rápida, porque estaba yo cometiendo un acto de injusticia, hablando de justicia penal.

Agradecer al Senador Pablo Escudero, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, por todo el impulso que dio a una iniciativa de este consejo y de la CONAGO, de endurecer las penas para la portación de armas de fuego y que era de todo nuestro interés; y, asimismo, solicitar a la señora Vicepresidenta de la Cámara Directiva de la Cámara de Diputados, poder estar en comunicación con ella, a fin de darle continuidad a estos trabajos. Todo mi reconocimiento al Senado de la República por esta aprobación.

Nada más, Presidente.

Gracias.