-MODERADOR: Queda en uso de la palabra el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

-SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de la República.

Diputado Jesús Zambrano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Ministro Luis María Aguilar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Saludo a la Gobernadora, a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

A los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República; a funcionarios Federales y Locales de los tres Poderes e integrantes de la sociedad civil que nos acompañan.

A las y los Legisladores.

Y particularmente, agradecer la presencia de Magistrados; Embajadores; Gobernadores; Procuradores y Subprocuradores; Fiscales; titulares de órganos implementadores; Jueces; Secretarios de Seguridad Pública; estudiantes; policías Federales y estatales; abogados indígenas; funcionarios Federales; de la Ciudad de México; del Poder Judicial; del Poder Legislativo; de la Defensoría de Oficio, de la Comisión Nacional de Seguridad.

Integrantes de la COPECOL, empresarios, sociedad civil, medios de comunicación.

A todas y a todos:

Bienvenidos. Muy buenas noches.

Trabajar por la justicia, es trabajar para dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la sociedad. Es trabajar por un México de derechos y libertades, en el que nada ni nadie esté por encima de la ley.

Es trabajar para que las instituciones del Estado mexicano cumplan con su razón de ser: servir a la ciudadanía.

Fue por ello, que el 1º de diciembre de 2012, usted señor Presidente, nos instruyó a hacer de la transformación de la justicia una prioridad nacional. Una prioridad no solo en palabras, sino en acciones, y no sólo en acciones, sino en resultados.

Ello requería, como usted lo señaló, de visión, de coordinación y de claridad en el propósito. De visión, porque un cambio de esta magnitud obligaba a ver el panorama completo, a entender el antes y el después del sistema penal.

A evaluar cómo funcionaba, cómo debía ser y cómo teníamos que actuar para llegar hasta aquí, con una perspectiva integral, pero atendiendo cada reto en particular; con la mirada puesta en el largo plazo, pero sin perder de vista la importancia de hacer que las cosas sucedan aquí y ahora, asegurando que nuestro país contara con cada una de las piezas que dieran sustento al nuevo Sistema Penal.

Requerían de coordinación, porque los grandes cambios sólo son posibles a partir de la acción conjunta, el compromiso colectivo y la unidad.

Por ello, señor Presidente, y siguiendo sus instrucciones, hemos impulsado este gran proceso de cambio a nivel nacional, y hemos articulado el esfuerzo para su puesta en marcha a nivel local, actuando con estrategia y determinación, definiendo prioridades y estableciendo rutas de acción con cada una de las partes involucradas, colaborando como nunca antes se había hecho con la sociedad, los demás órdenes de Gobierno y los Poderes de la República y, por supuesto; se trata de un cambio que requería claridad de propósitos y, sobre todo, claridad en el legado que significa para el país la transformación histórica que hoy, bajo su liderazgo, señor Presidente, se está logrando.

Porque concretar la Reforma al Sistema Penal, además de un Mandato Constitucional, es una gran oportunidad; la oportunidad de contar con un sistema que actúe de forma efectiva y transparente para castigar a los culpables y proteger a las víctimas.

De eso se ha tratado esta transformación; de consolidar a México como un Estado de Derecho y de derechos, para traducir conceptos en realidades, para pasar de los cambios en la Ley a los cambios en las institucionales, para hacer del Mandato Constitucional letra vida en beneficio de todas y todos los mexicanos.

Se trata de que el acceso a una justicia pronta, expedita y transparente, no sea un anhelo, sino un derecho que, sin distinción, se ejerza a cabalidad. Se trata de que cuando alguien sufra un delito, las instituciones respondan con resultados y diligencia. Se trata de que nadie, ni siquiera el más vulnerable, esté desprotegido, y nadie, ni siquiera el más fuerte, pueda actuar con impunidad. Se trata de garantizar que los conflictos se resuelvan siempre en el marco de la Ley, y nunca al margen del derecho.

Para ello, y como usted lo ha instruido, señor Presidente, hemos trabajado, y lo hemos hecho desde la corresponsabilidad, porque construir nuevas realidades, requiere la participación de todos, y porque los cambios de fondo exigen la suma de voluntades y el esfuerzo articulado.

Señor Presidente.

Señoras y señores:

A ocho años de aprobada la Reforma Constitucional y a minutos de que entre en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, los hechos demuestran que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto es un Gobierno comprometido con la justicia, que sabe hacer a un lado las diferencias para avanzar en las coincidencias, que no actúa pensando sólo en las coyunturas, sino en el proyecto de país.

Tenga la certeza, señor Presidente, de que en la etapa que viene, seguiremos trabajando tal como usted nos lo ha instruido; convocando a la unidad para hacer un mismo frente ante las tareas nacionales. De manera coordinada, para generar los resultados que la sociedad merece y, sobre todo, poniendo siempre en primer lugar el interés de México y de las y los mexicanos.

Gracias por su atención.

-MODERADORA: Veremos enseguida, el video institucional: Implementación de la Reforma de Justicia de Penal.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

-MODERADORA: Escuchemos la intervención del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Magistrado Edgar Elías Azar.

 -MAGDO. EDGAR ELÍAS AZAR: Ciudadano Presidente de la República.

Ciudadano Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ciudadanos representantes del Honorable Congreso de la Unión; ciudadano Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Gobernadores de entidades federativas; ciudadano Secretario de Gobernación; ciudadano Consejero Jurídico de la Presidencia de la República; señora Procuradora General de la República; compañeros Magistrados; Jueces de los tribunales superiores de justicia del país; consejeros.

Señoras y señores:

El término constitucional de ocho años para instrumentar lo necesario, en el afán vigoroso y saludable de recibir este nuevo milenio con un nuevo sistema de justicia, se cumple puntualmente sin desmayos, ni claudicaciones, sin prórrogas, ni interrupciones, ni pausas, ni treguas.

Hemos sido testigos de un trabajo de los mexicanos, para los mexicanos. Todos, en un proyecto de interés y alcance nacional. Todas las entidades federativas, todos los Poderes de la Unión, la sociedad entera, y nunca antes un Presidente de la República se había involucrado tanto y tan profundamente en una reforma de y para la justicia.

Hemos de reconocer que su impulso, señor Presidente, y aliento, fueron definitivos en este procedimiento.

Hoy, aquí, venimos a cerrar una etapa formidable en la historia de nuestro país, sin precedente de esta clase, ni magnitud.

La etapa que venimos a clausurar y declarar concluida se dedicó a la instrumentación de políticas públicas, bases y principios de leyes y desarrollo de los operadores jurídicos en diversos ámbitos de esta reforma, que debemos considerarla de mayor calado y desplazamiento jamás intentada en una materia tan sensible y demandada como lo es una justicia accesible, confiable, expedita, transparente, rápida, honesta y, fundamentalmente, comprensible y cercana a la sociedad.

Fue una etapa colmada de retos. No se trató nunca de remozar resignadamente lo que ya se tenía. No se trató de impulsarlo lo irrealizable, sino de hacer lo posible, que era mucho antes, y que es mucho ahora.

No se trató de simular un cambio para seguir igual. No se trató de trabajos aislados y parcelados que luego, al perder su inercia, se disuelven y desaparecen de nuestros escenarios, como ya ha pasado con otros emprendimientos y otras esperanzas en otros tiempos.

Cambiábamos o nos cambiaban. No era posible seguir bregando con un aparato desgastado y superado por la realidad social. Lo que sirvió, lo hizo en su momento y lugar, no más.

En otros aspectos, ya había patologías severas y rezagos intolerables. Debíamos cambiar. Queríamos cambiar y teníamos que cambiar, y aquí estamos, en el centro mismo del cambio y en franco movimiento.

Este acto, que de alguna manera cierra esa etapa primigenia que será memorable, nos viene a decir muchas cosas; todas buenas, a pesar de algunos escépticos y críticos prematuros. Y, al menos, distingo ahora mismo, tres corolarios para esta larga laboriosa jornada de años de trabajo.

Percibo en este acto solemne, de manera inicial, que estamos ante una realidad tangible y lograda, que estamos ante un testimonio nacional de esfuerzo conjunto y que estamos de cara a una incitación fuerte y persistente para seguir construyendo la justicia mexicana del futuro, y no sólo pensar en el futuro de la justicia.

Hoy, se puede asegurar que somos mejores; mucho mejores que apenas ayer. Contamos con nuevas normas jurídicas que miran hacia adelante y nos atan al pasado, que son motores que impulsan y no cadenas que detienen el progreso.

Hoy, pensamos diferente y anhelamos diferente. Hoy, no está en nuestra voluntad justiciera resolverlo todo por una única vía, que es el encierro, que degrada y pervierte. Hoy, contamos con alternativas de justicia eficaces, retributivas y más acordes al movimiento mexicano a favor de los derechos humanos.

Hoy, sabemos que un juicio tiende a fundar o no la culpabilidad de un procesado, pero que no puede iniciarse sin una acusación sustentada y sin pruebas y evidencias que se resuelven en el contradictorio procesal, brindando igualdad de armas para el litigio a ambas partes.

Hoy, sabemos que nuestros espacios para impartir justicia propician la apertura y la transparencia de lo que en los estrados del Juez se ventila, y procura resolverse conforme a la ley.

Hoy, nuestra realidad es otra; mejor y más anchurosa. Es más clara, es más diáfana; ha sabido abandonar los cuartos y recámaras solitarios, los pasillos del alegato escondido, los mundos de papel donde muchos se perdían, los descuidos de la autoridad de cara al reo y las víctimas, la formación de ideas en torno a los hechos que se juzgan a partir de números y expedientes, y no lo hacíamos de rostros y palabras.

Por eso, México y su Gobierno merecen un reconocimiento, señor Presidente, que desborde instituciones y salas de decisiones; el logro es de todos y todas, cada cual desde su quehacer y su trinchera.

Usted, señor Presidente, articuló un nuevo Federalismo activo, basado en la soberanía y colaboración.

Nuestro reconocimiento de los 32 Tribunales de Justicia, en primer lugar, al ciudadano Secretario de Gobernación, por su labor y política en la implementación de la reforma en el pulcro cuidado que puso usted para que esto funcionara.

Al ciudadano Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por su apoyo legislativo y presupuestal en la transformación de un Tribunal que equivale a trece Tribunales de entidades federativas, y que supo responder con puntualidad y sacrificio los altísimos costos de su implementación.

A la ciudadana Procuradora General de la República, por su quehacer conjunto con los Tribunales Superiores de Justicia. A la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, por su comunicación y diálogo permanente en apoyo a Reformas que trascienden ya, hoy mismo, a la Justicia Penal.

Al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le agradecemos todo su apoyo institucional en los diversos programas de justicia que encabeza, y todos los Tribunales del país le concedemos la razón al decir que desprestigian al sistema, al criticar sin fundamento a los jueces.

La Judicatura, que se oiga bien y que se oiga fuerte, y que se oiga claro; tiene que cumplir cabalmente con las orientaciones y contenidos interpretativos que ha marcado el Poder que usted representa, ciudadano Presidente de la Corte, y que no debe de haber marcha atrás, ni un ápice, en el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y, en general, a todas las orientaciones jurisprudenciales que se emiten.

A la Suprema Corte de Justicia se le obedece, sin discusiones y sin regateos.

A usted, señor Presidente de la República, nuestra gratitud y reconocimiento por la expedición de un Código Nacional de Procedimientos Penales que puso a todos en orden, a todos los órganos jurisdiccionales. Por saber articular este Federalismo con mucho liderazgo, basado en la soberanía y colaboración. Por tender puentes con la justicia local, cuando siempre, señor, hubo cercas y bardas que nos dividía y, en fin; por ser el líder de un trabajo inteligente.

Este acto es una clara y fuerte incitación a continuar lo ya alcanzado; a sumarnos, a no rendir armas ni pertrechos, porque apenas empezamos ahora una nueva etapa de crecimiento, de desarrollo y consolidación del Sistema de Justicia.

Le pedimos, señor Presidente, que continuemos todos unidos para consolidar este nuevo Sistema, que continúen los esfuerzos para ingresar a la oralidad en otras áreas, como es la justicia familiar, tan urgida de atención y recursos.

Estoy seguro de que habremos de pasar las pruebas. Estoy seguro de que vamos a poder transitar los nuevos caminos y abrir las nuevas brechas. Y estoy seguro, también, sin duda, que habremos de salir adelante, porque eso es México.

México es lucha. México es supervivencia y prevalencia. México, hoy, somos ejemplo, meta y ruta. México es corazón e inteligencia y pasión. México son ideas y, como ahora, son hechos contundentes, también.

México es la suma de nuestras voluntades por luchar y salir adelante, y que se entienda que México somos todos.

Gracias, señores.

-MODERADORA: Corresponde la siguiente intervención al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa.

-DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA: Muy buenas noches a todas y a todos.

Saludo al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.

A los Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

A los servidores públicos del Gobierno de la República; del Gobierno de la Ciudad de México; y de los gobiernos de los estados; al Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores; a la señora Gobernadora y a los Gobernadores de las entidades federativas.

A representantes de la academia y de la sociedad civil; a los representantes de los medios de comunicación.

Señoras y señores:

Hoy, nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de recomposición institucional que está impactando en diversos ámbitos de la vida pública. La transformación que esta noche nos convoca representa una de las más profundas e importantes de la vida jurídica y de convivencia social del México moderno.

Se trata, sin duda, de un hecho histórico.

Todos los representantes de los gobiernos estatales y del Federal, en cumplimiento al Mandato Constitucional emprendimos juntos la misión de transitar hacia una nueva manera de procurar y de impartir justicia en la materia penal.

Fueron ocho años para armonizar cientos de instrumentos normativos, capacitar a miles de personas, invertir millones de pesos en infraestructura y, por supuesto, provocar un cambio en la mentalidad de todos los involucrados en y con el sistema penal mexicano.

Hoy, se cumplirá ese plazo constitucional en nuestro país. Hoy, debemos iniciar con la tarea de aplicar esta reforma de manera plena, de forma total para todos los delitos y en todo nuestro territorio.

Hoy, México iniciará con el archivo gradual, pero definitivo de su anterior forma de impartir justicia penal.

Por todo este esfuerzo nacional, mi reconocimiento a todos y cada uno de los estados y sus gobiernos que, con gran voluntad y suma de esfuerzos, cumplieron la meta. Sin duda, no fue sencillo.

También, debemos agradecer a aquellos que abrieron brecha y nos fueron apoyando y orientando a los demás.

Por supuesto a Legisladores, a juzgadores, abogados, peritos, a policías, a la sociedad civil, a académicos, a medios de comunicación y, de igual manera, a usted, señor Presidente de la República, por el seguimiento que se ha dado al Mandato Constitucional por parte de su Gobierno.

Y una mención especial al Secretario de Gobernación y a la SETEC por todo el apoyo permanente para las entidades federativas.

Está claro que todo cambio tiene su proceso de adaptación y, desde luego, de correcciones y, por qué no, de mejoras, por ello también sé que todos nosotros participaremos en el seguimiento puntual de la consolidación para lograr un nuevo sistema penal fuerte, eficaz, eficiente, un sistema que verdaderamente resulte ser una manera más sencilla, transparente, justa y expedita de acceder a la justicia.

Una justicia que con la oralidad pueda dotar al sistema penal de mayor transparencia, agilidad y certeza en el ejercicio de juzgadores y servidores públicos.

Que ocupe y se preocupe por las víctimas, de la protección de sus derechos en todas las etapas del procedimiento.

Una justicia que anteponga la presunción de inocencia, el respeto estricto al debido proceso y a los derechos humanos como parte de sus pilares.

Señoras y señores:

Está claro que para alcanzar esto será necesario continuar trabajando juntos, de manera coordinada para lograr un modelo de sistema penal que verdaderamente sea útil para la gente, que realmente le sirva a los más vulnerables, que pueda dar respuesta a los más enojados por la impunidad, por la corrupción, una corrupción que logra quitar la venda a quienes sostienen la balanza de la justicia.

En suma. Trabajemos para consolidar un sistema penal que dote a México de una justicia a la que la gente, a la que nuestra gente se pueda acercar con confianza plena.

Muchas gracias.

-MODERADOR: Queremos agradecer la presencia esta noche entre nosotros del Diputado César Camacho Quiroz, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Coordinador de la Fracción Parlamentaria de su partido; del Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y del Senador Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Senado de la República.

Sean bienvenidos.

-MODERADORA: Realiza su intervención el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Roberto Gil Zuarth.

-SEN. ROBERTO GIL ZUARTH: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor Presidente de la Cámara de los Diputados.

Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

Señores Gobernadores.

Académicos, Legisladores, invitados especiales.

Muy buenas noches.

Todos los aquí presentes, hemos hecho una contribución a una de las mayores transformaciones jurídicas e institucionales de nuestra historia.

Cada una en nuestras trincheras, en la pluralidad que define los nuevos tiempos de nuestro país, pero sobre todo con una visión de largo plazo, una visión de Estado, una visión de futuro.

Desde aquellos académicos que pusieron en sus escritos y estudios en la agenda pública la necesidad de reformar profundamente el modelo de justicia penal, las organizaciones de la sociedad civil que se dieron a la tarea de convencer y de motivar ese debate público, a los Legisladores que aprobaron esa Reforma Constitucional, a las Administraciones Federales, estatales, que la han asumido como prioridad, al Poder Judicial, que ha hecho su parte en la tarea.

Todos y cada uno de los aquí presentes, quienes hoy estamos aquí, quienes nos antecedieron, han hecho esa parte de contribución a una nueva realidad de justicia en nuestro país.

Es un cambio profundo, un cambio que implica una nueva forma de impartir justicia en nuestro país; de comprender el derecho, de razonar el derecho y también de construir el derecho.

El nuevo modelo de Justicia Penal es mucho más exigente para las autoridades, que el anterior. Es más exigente porque no da cuartada a la insuficiencia institucional, a la ineficacia, a la falta de probidad, o a la determinación de una autoridad por impartir justicia.

El debido proceso es una regla que exige mucha calidad de todos los operadores jurídicos, que le exige mucho a los policías, que le exige mucho a los ministerios públicos, que le exige muchos a los abogados defensores, que le exige mucho a los jueces.   

Es una nueva regla en la forma en la que se debaten los casos penales, pero también en la que se imparte la justicia y se restablece nuestra convivencia.

Ha llegado el momento en que entre en vigor este nuevo modelo de Justicia Penal. Ha llegado el momento en el que nuestro nuevo sistema sea tangible para los ciudadanos en todo el país.

Pero también ha llegado el momento de cuidar este avance institucional, de cuidar el sistema, no solamente con una actitud absolutamente determinada porque funcione este modelo, sino haciendo bien la tarea que cada uno tiene.

Es un reto mayúsculo. Tenemos riesgos del otro lado de la puerta. El riesgo a la deslegitimación social de un sistema que se perciba insuficiente para resolver el reclamo de justicia y resolver también la exigencia de combatir y abatir la impunidad.

Es el momento de cuidar el sistema, dando seguimiento a la forma en la que aplica, corrigiendo lo que se tenga que corregir en las leyes o en la operación; estar continuamente pendientes y vigilantes de que cada quien haga la parte que le corresponde.

Ese es el nuevo reto que tiene el Estado mexicano. El Estado mexicano, porque es ésta una política auténticamente de Estado, que no conoce filiaciones partidarias ni origen ideológico. Es una política de Estado, creada con la intención de dar a nuestros ciudadanos la justicia pronta y expedita que requieren y que nos exigen.

Enhorabuena a todos por esta primera etapa, pero, sobre todo, que venga para México la decisión de todos de seguir avanzando en la construcción de instituciones de Estado de Derecho, en la que tengan vigencia los derechos de todos, y en la que cada vez tengamos una mayor fortaleza institucional.

Esa es la tarea que tenemos, porque eso es lo que nos están exigiendo los ciudadanos.

Por su atención, muchísimas gracias.

-MODERADOR: Queda en uso de la palabra el Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

-DIP. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Gracias, muchas gracias.

Muy buenas noches.

Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; señores; señora Gobernadora; señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Señoras y señores Diputados Federales; Senadores de la República; señoras y señores miembros del Gabinete del Gobierno de la República; Ministro, Magistrado, perdón, Edgar Elías Azar, quisiera ser Ministro dentro de algún tiempo.

Distinguidos magistrados; presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia; amigas y amigos todos, aquí presentes:

Este evento que hoy nos convoca, es de una enorme trascendencia porque, sin duda alguna, está aquí reunida la representación de la República, en este evento, y además porque este 18 de junio, que iniciará dentro de unos cuantos minutos, es la fecha fijada en el mandato constitucional para que sea implementado plenamente en nuestro país, en México, el nuevo sistema penal acusatorio, cuya observancia habrá de ser exhaustiva por parte de la sociedad, que en los hechos será la primera en verificar su trascendencia y eficacia.

Es de reconocer que el sistema de impartición de justicia aplicado hasta hoy en nuestro país entró en un punto crítico, sin lograr el ideal constitucional de una justicia rápida e integral, ya que lo caracterizaron procedimientos que al paso de los años derivaron en desorganización, dilación y, en no pocas ocasiones, en corrupción en nuestros juzgadores.

No obstante, la Constitución de 1917 inauguró, en el fondo, un esperanzador sistema moderno y agilizador que, como forma de mandato, se ordenó en su versión original en el Artículo 17, cuando establecía la impartición de justicia pronta y expedita.

Hoy el nuevo sistema la denomina como pronta, completa e imparcial.

A la fecha, contemplamos lentitud en la impartición de justicia y, por ello, el Constituyente Permanente expidió una nueva reglamentación, actualizando el sistema de justicia mexicano, que dio como plazo el 18 de junio de 2016 para la entrada en vigor del sistema penal acusatorio.

Recuerdo que en 1987 se llevó a cabo una reforma a los Artículos 17, 46 y 115 de la Constitución. Lo preciso aquí porque la Comisión, en ese entonces de Gobernación y Puntos Constitucionales, estaba en una zona de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado Eliseo Mendoza Berrueto.

El 22 de diciembre de 1986 produjo el dictamen a dicha reforma, en cuyo texto se contenían opiniones reveladoras, de las cuales cito sólo las siguientes:

La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe ser pronta y gratuita, decía. Procesos lentos, resoluciones tardías; justicia inaccesible para las mayorías no es compatible con el Estado social de Derecho. Hasta ahí la citas.

El nuevo sistema que hoy, dentro de unos minutos, entrará en vigor es el de impartición de justicia del Siglo XXI, imprescindible para modernizar y actualizar nuestro Sistema Jurídico y Judicial.

Tiene metas concretas que a través de su desarrollo en el tiempo podrían terminar con el sistema inquisitorio, deberá terminar con el sistema inquisitorio que hasta la entrada en vigor no se extingue, como bien se ha dicho aquí y que tiene como características la lentitud, el burocratismo, la excesiva solemnidad, la frecuente corrupción y que está totalmente alejado de la justicia cabal.

Es evidente que la reforma deberá mostrar una mejora continua y permanente, como señal de identidad del nuevo sistema, ya que las personas y su esperanza en la justicia no esperan a que la administración, procuración e impartición de justicia se pongan de acuerdo en tecnicismos o a que se justifique un resultado ambiguo que rompa con el espíritu del sistema.

Este sistema que entra vigor tendrá como filosofía ser más ágil y respetuoso de los derechos de la víctima, ofendido e imputado, en todas las etapas del procedimiento.

Contará con Ministerios Públicos, policías de investigación, de prevención, Jueces y Magistrados locales y Federales, capacitados para el desempeño de sus funciones.

En este rubro se ha avanzado mucho, pero hay que reconocer que aún falta por hacer.

Priva el principio de presunción de inocencia, dando con ello el cumplimiento del Artículo 20 Constitucional, que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Se prioriza la reparación del daño a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Los jueces estarán presentes durante el desarrollo de todas las audiencias, lo que en el sistema inquisitivo normalmente no ha sucedido.

Sus audiencias serán públicas y orales. Así se transparentará la impartición de justicia.

No obstante, debemos estar atentos sobre este novedoso sistema que entra en vigor, pues tendrá como uno de los imponderables la incertidumbre y la desconfianza de la ciudadanía.

Por ello, yo diría que al mismo tiempo que con determinación plena, debemos caminar con cautela y tomar en cuenta los problemas que se vayan presentando, para resolverlos de inmediato y estar atentos a las vicisitudes que se vayan generando para ajustarlas con toda rapidez, y dar certeza a procesos efectivos y eficientes.

Ya se ha empezado a cuestionar en medios de comunicación, en analistas y críticos, que el nuevo sistema tiene problemas y que pone en duda su eficacia. pero hay que decirlo con mucha claridad: con todo y los problemas que hoy puedan asomarse con la puesta práctica del nuevo sistema, lo nuevo es infinitamente superior y mejor a lo anterior.

Por ello, hay que estar atentos y vigilantes, para que progresivamente y de manera sostenida, el nuevo sistema dé los resultados de justicia que el pueblo mexicano espera y necesita con especial urgencia.

Sólo así contribuiremos a superar la crisis de credibilidad de la sociedad en las instituciones de la República.

Hay que avanzar con determinación en ello.

Felicidades y muchas gracias.

-MODERADOR: Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. Enseguida se procede a la firma del Acuerdo entre los Tres Poderes de la Unión para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Firman el documento el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto; el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva; el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Roberto Gil Zuarth; y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales.

(FIRMA DEL ACUERDO)

-MODERADOR: El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los Presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Directora General del Servicio Postal Mexicano, proceden a la cancelación del Timbre Postal 2016, Nuevo Sistema de Justicia Penal.

(CANCELACIÓN DE TIMBRE POSTAL)

-MODERADORA: Con la distinguida presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará el malletazo simbólico de la Conclusión de la Implementación de la Reforma de Justicia Penal.

(MALLETAZO SIMBÓLICO)

-MODERADORA: Escucharemos las palabras del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales.

-MIN. LUIS MARÍA AGUILAR MORALES: Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor Senador de la República, don Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; señor Diputado Federal, don José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; señora y señores que nos acompañan del Consejo de la Judicatura Federal; señores Consejeros; señor Ministro Alberto Pérez Dayán; señora Procuradora General de la República, doña Arely Gómez; señoras y señores; Secretarios de Estado.

General Salvador Cienfuegos y el Almirante Vidal Soberón, que por su relación de fuerza, están muy vinculados con las acciones de la justicia.

Señores gobernadores de las entidades de la República y señor Gobernador Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Saludo también a doña María de los Ángeles Fromow Rangel, quien ha sido titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Magistrado Edgar Elías, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; señor licenciado Humberto Castillejos, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. En fin. A todos los que nos acompañan; Senadores, Jueces, Magistrados de todos los ámbitos jurisdiccionales. 

El más alto perfil de este evento público, se identifica con la gran trascendencia histórica del motivo que nos reúne.

No resulta desproporcionado afirmar que la significación de la reforma del Sistema de Justicia Penal está sólo por un lado de los procesos constituyentes de los que emanaron las cartas fundamentales que por voluntad del pueblo de México han regido los destinos de nuestra historia como nación.

Así de importante es el paso que los mexicanos hemos dado para transformar con un cambio radical el paradigma para la solución de las problemáticas en materia de justicia penal.

Se volvió una especie de secreto a voces y a veces de gritos desesperados, un crudo mensaje social que el Sistema de Justicia Penal había dejado de cumplir solventemente con su misión de resolver las problemáticas especialmente graves de la sociedad.

Que quedó rezagado en temas tan sensibles como la justicia pronta, el rol de las víctimas en el proceso, la aplicación del principio de inocencia o la transparencia para ser eficiente la respuesta estatal.

La confianza en este sistema se estaba perdiendo. La gente ya no confiaba en esos procedimientos e iba perdiendo credibilidad en la actuación de los jueces. Se iba perdiendo también con ello la legitimidad en la impartición de justicia y, por ello, dejo de tener en la realidad vigencia.

En este estado de cosas, se tuvo que reconocer que las modificaciones de mayor o menor extensión en importancia al sistema anterior, terminaron siendo sólo de maquillaje o simplemente anecdóticas, puesto que el sistema ya no aportaba nada a favor de la seguridad y tranquilidad de las familias, ni mucho menos evidenciaba el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

El poder reformador de la Constitución tomó una decisión jurídico-política trascendental, que se materializó en la Reforma Constitucional de 2008, y que se vinculó con un esfuerzo institucional sin precedentes, para llegar a este punto en el hoy, en el que se ha implementado un nuevo Sistema Penal en todo el territorio Federal.

Estamos hablando, ni más ni menos, de una verdadera Reforma de Estado.

Hemos emprendido la renovación completa de uno de los brazos esenciales, tanto del Derecho Público, como de la organización jurídica de cualquier sociedad.

El pueblo de México representado en el Constituyente Permanente tomó la decisión de cambiar el andamiaje procesal de una materia siempre sensible a un contexto necesariamente más transparente.

El precio que como sociedad hemos pagado por no tener o no haber tenido una justicia con todos los estándares necesarios, ha sido muy alto: el incremento del delito por una creciente impunidad y la pérdida de confianza en las instituciones.

Ante la magnitud de esta dolorosa realidad y ante el peso de la responsabilidad histórica de revertir su inercia, todos los aquí, presentes, hemos cumplido la tarea impuesta por nuestra Ley Suprema, implementando la Reforma en el ámbito Federal y local, desde los primeros operadores hasta los jueces, que dicen la última palabra.

Si bien son muchos los retos por venir, los avances son manifiestos y, por ello, a todos ustedes extiendo mi más amplio reconocimiento.

Con la articulación entre el nuevo Sistema y el Juicio de Amparo, a través de la cohesión jurisprudencial, a cargo de los tribunales de la Federación y en última instancia obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, se está construyendo ya un andamiaje jurídico que permitirá hacer realidad en la práctica la aplicación de este nuevo sistema.

A pesar de que la justicia Federal lleva pocos días de haberse instalado, me refiero a poco menos de año y medio, ya tenemos más de 240 tesis de jurisprudencia que están regulando y encauzando el nuevo Sistema.

El Poder Judicial de la Federación está comprometido a lograr el sistema eficiente que resuelva la problemática penal desde su primera etapa hasta la reparación del daño, con absoluto respeto de los derechos fundamentales de todos los involucrados.

Destacadamente, desde luego, del imputado, pero con igual énfasis y preminencia los de las víctimas. Ecuación, sin duda, compleja, pero necesaria en el marco de la vigencia del Estado de Derecho.

Conscientes de que la labor no puede ser aislada, de que la impartición de justicia no tiene una frontera indudable entre los distintos órganos competentes, hemos emprendido, en la justicia Federal, una labor trascendente para buscar y lograr contacto con los otros operadores, tomando siempre en cuenta y reconociendo la indudable importancia de los juzgadores de todos y cada uno de los estados de la República.

Esta experiencia de trabajo y comunicación interinstitucional ha sido invaluable, pues nos ha enriquecido la experiencia de quienes ya lo habían estado operando.

Lo realizado hasta ahora por todos los involucrados, qué duda cabe, constituye ya un verdadero parteaguas en la concepción e instrumentación de la Justicia Penal en México.

Sin embargo, no debemos, en modo alguno, echar las campanas al vuelo. Una sociedad que no cambia, muere. La esencia de la sociedad es el movimiento, y ello implica el cambio.

Las experiencias de la sociedad y de las personas no son para olvidarlas. Si son malas, son para cambiarlas; si son aleccionadoras, son para aprovecharlas.

Los esfuerzos realizados a lo largo de estos ocho años alcanzan para responder a la sociedad con la puesta en marcha de un instrumento completamente nuevo de justicia.

Éste ha sido un paso sólido, sí, pero nos resta un largo camino que tiene como horizonte un futuro de una realidad decididamente mejor.

Aún debemos entender y aplicar a cabalidad la reforma en los hechos, hacer que cada una de las salas de audiencia tengan una reforma penal, vista como un nuevo paradigma con condicionantes y referentes axiológicos permanentes, como la efectiva reparación del daño para las víctimas, la fluidez y eficacia de los mecanismos alternativos que nos allanan el camino para la más pronta y completa solución de un problema.

Es nuestra Constitución, por ejemplo, la que determina que las pruebas que hayan sido obtenidas con violación a los derechos fundamentales son nulas, porque a pesar de que parece que prueban algo, si son violatorias no prueban nada, así lo exige nuestra ley fundamental: todo imputado debe presumirse inocente, no importa en qué contexto social o mediático se encuentre, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

Qué mal haríamos en suponer que hemos terminado. Que engañoso sería decirle a los gobernados que el Sistema de Justicia ya está resolviendo todos sus problemas.

Más que decir: ya hemos cumplido con transformar nuestro Sistema de Justicia, debemos pensar que ya hemos detenido la inercia histórica de una forma de procuración e impartición de justicia, y que ahora comienza el reto de hacer realidad la nueva, una mejor, transparente y libre forma de impartir justicia penal; frente a la gente, con razones y argumentos, con principios protectores, sin ocultamientos, ni zonas oscuras.

La vieja tendencia debe ser revertida, y eso sólo sucederá en la medida en que se consoliden y desarrollen las acciones instrumentales que estamos llevando a cabo.

Los resultados de una justicia efectiva están por lograrse, con la etapa de implementación nos ubicamos frente al camino. Pongámonos en marcha y recorrámoslo.

Éste es el momento de la historia que nos corresponde. Encontremos, entonces, un punto de equilibrio entre el reconocimiento y el compromiso.

El primer paso que hemos dado es determinante, sin duda, en la reforma. Por sí mismo no resuelve la problemática de todos los días, pero sienta las bases para andar este nuevo camino que, no debemos perder de vista, aún es largo.

Estimada audiencia, distinguidos asistentes:

Para concretar la reforma hemos realizado un esfuerzo de planeación y ejecución, coordinados a todos los niveles, con todos los órganos e instancias de gobierno, en todas las entidades de la República y en el sistema federal, que no había tenido precedente alguno, porque el valor de estas metas lo merece.

El éxito de esta etapa de consolidación sólo puede estar precedido de un arduo, continuo y sistemático empeño que habrá de seguir con la misma calidad e, incluso, de ser posible, con superior calidad al que hemos hecho hasta ahora.

Precisamente, para lograr la consolidación del sistema, los diversos actores del cambio nos hemos comprometido y lo haremos en un minuto más, firmar el convenio de coordinación a continuar con esfuerzos combinados, a partir de experiencias y mantener la comunicación para darle una mejor forma a esta concreción del sistema.

Los ojos de la sociedad, más todavía, las esperanzas de una sociedad dolida, escéptica y victimizada están puestas en este nuevo sistema penal. No podemos ni debemos fallarle.

Los jueces federales y locales asumimos el reto de cumplir con el mandato popular, plasmado en nuestra Ley Suprema: dar a todos, sin distinción, sin discriminación, una justicia moderna, transparente, eficiente y profesional, que solucione las controversias y resuelva con todo rigor las conductas ilícitas.

Preocupándonos con igual empeño por la condición de las víctimas, por resarcirle los daños, por minimizar las consecuencias del delito, haciéndolo siempre sin excepción mediante el respeto a los derechos de todos, de la dignidad humana, de la condición de la persona y de los más altos intereses de la sociedad.

Estamos, he dicho ya, en un nuevo camino, con un horizonte promisorio, que, si lo seguimos con lealtad, honestidad, integridad e independencia nos debe llevar a alcanzar las metas más nobles que nos exigen todos los mexicanos.

Hacia allá nos dirigimos los Jueces con voluntad y convicción.

Muchísimas gracias