Señoras y señores.

Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Me da mucho gusto estar en este foro, al que ha convocado la señora Isabel Miranda de Wallace; a quien saludo con respeto; a quien felicito, además, por su entereza, su carácter firme realmente, para no obstante haber sido víctima de la comisión de un delito, del secuestro de su hijo, el haber perdido la vida. El que usted, desde entonces, al igual que Alejandro Martí, quienes me han antecedido en el uso de la palabra y quienes son líderes, realmente, de impulsar esta causa en favor de la justicia, en favor del orden, en favor de la paz, en favor de una mayor seguridad y sobre todo en favor de los derechos de las víctimas.

Quiero felicitarla y felicitar a ambos realmente, porque no obstante episodios de tragedia, y que ha cambiado su vida, como usted bien lo refirió en su mensaje, que cambió su vida familiar; no obstante eso, han asumido una actitud constructiva y propositiva, de hacer de su propia experiencia y de su tragedia, un espacio para convocar a todo aquello que nos permita mejorar las instituciones encargadas de seguridad, de procuración de justicia y de administrar justicia.

Sus voces, sus experiencias, los espacios a los que han convocado a la discusión, al debate, sin duda, han enriquecido, en mucho, lo que los gobiernos, antes y ahora, estamos haciendo para construir instituciones más sólidas, que estén a la altura de nuestros tiempos, y sobre todo de garantizar justicia y seguridad para toda la sociedad mexicana.

La felicito realmente, señora Wallace, por haber convocado a este foro, que tomará el día de hoy un debate amplio y que, estoy seguro, sus conclusiones nos permitirán enriquecer nuestro actuar, de quienes tenemos responsabilidad en el Gobierno, para lograr el México de paz y de tranquilidad al que aspiramos todos los mexicanos.

Saludo, de igual manera, a los representantes, o más bien a los miembros del Gabinete del Gobierno de la República, al señor Secretario de Gobernación, al señor Procurador General de la República.

Al señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con quien compartimos también, este mismo anhelo de no tener víctimas, de lograr ese México que anhelamos y que aspiramos, y que tomará su tiempo construir, pero lo importante es avanzar.

Todo parte de un proceso que toma su tiempo, pero lo importante es no quedarnos atrás y asumir verdadera responsabilidad todos, como parte del Estado mexicano, como parte de las autoridades que tenemos responsabilidad, para realmente asegurar ese mejor orden legal, institucional, en favor de la sociedad mexicana.

Saludo a la Presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República.

A las distintas autoridades.

Al Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a quienes forman parte o quienes son comisionados de esta Comisión.

A las distintas autoridades aquí presentes, que representan instituciones del Estado mexicano, encargadas de la seguridad, de la procuración de justicia y de la administración de justicia.

Saludo a miembros de la sociedad civil, que lamentablemente han sido víctimas en distintos momentos y que han enarbolado la bandera de la justicia, del orden, de la paz y de cómo tener mejores instituciones.

Señoras y señores:

Señores representantes de los medios de comunicación:

Hasta hace unos años, las víctimas del delito también eran víctimas de un marco jurídico inequitativo, que las marginaba y las limitaba en el ejercicio de sus derechos.

Después de sufrir la violencia de los criminales, se les trataba como meros espectadores del proceso de administración e impartición de justicia.

Paradójicamente, en el derecho penal, las víctimas ocupaban, y lamentablemente lo siguen ocupando muchas veces, un lugar secundario, como usted lo ha compartido, señora Wallace, cuando debían estar en el centro del sistema de justicia.

Era evidente que se requería un equilibrio entre los derechos de los inculpados y los derechos de los agraviados. Era indispensable proteger a quienes, habiendo sido lastimados, podían nuevamente ser revictimizados.

Lamentablemente aún hay casos de personas que, con indignación e impotencia, se duelen de haber sido tres veces víctimas de un solo delito. Y me explico por qué me refiero o digo, afirmo, tres veces.

Primero. Por el acto criminal de los delincuentes.

Después. Lamentablemente, por la insensibilidad, algunas veces, de quienes tienen responsabilidad pública, son encargados de procurar justicia, por burocratismos interminables.

Y una tercera falta: por la impunidad, porque no se castiga a los culpables y ni se repara el daño.

Pocas cosas pueden ofender tanto a una persona, como el hecho de que después de aguantar la indiferencia de servidores públicos, las largas esperas y el abrumador papeleo, su agresor quede, lamentablemente, en libertad.

De ahí la importancia de este foro que hoy convoca a ciudadanos, a representantes de organizaciones de la sociedad civil, a medios de comunicación y a autoridades estatales y federales. Todos los que nos reunimos hoy compartimos un compromiso esencial: mejorar la justicia en México.

Un paso necesario para lograrlo es asegurar la equidad en el debido proceso penal, que las víctimas no estén en desventaja frente a los inculpados; es decir, frente aquellos que son acusados de haber sido los que cometieron un delito.

Cuando se viola el debido proceso, en algunos casos se victimiza a los criminales y, peor aún, se criminaliza a las víctimas.

Así lo entiende hoy el Estado mexicano. Por eso en los últimos años se ha actualizado el marco legal e institucional en el favor del respeto y la protección de los derechos de las víctimas.

Este cambio de fondo se sostiene en tres grandes avances de orden jurídico:

El primero. La transición hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

En ella se estableció por primera vez el derecho de las víctimas a recibir asistencia jurídica especializada; a contar con atención médica y psicológica; a intervenir en el proceso de investigación y juicio, y a que se le repare el daño.

Éste es el anhelo, éste es el mandato que está en nuestra Constitución, en el marco de este sistema.

Y comparto, en lo que ha expresado aquí la señora Wallace, este objetivo no se ha alcanzado plenamente.

Hay deficiencias, y tenemos que asegurar y lamentablemente, en lo que yo puedo afirmar, nos pasa a veces a los mexicanos, esperamos hasta el último momento. Porque este Sistema Penal Acusatorio Oral, que se prevé no sólo despresurice la carga que tiene el Sistema Judicial o el Poder Judicial de nuestro país, sino más bien que asegure la efectiva justicia y que haga procesos muchos más rápidos y expeditos que, también comparto, hoy no tenemos.

Pero se dio un margen, gradualidad, porque no se puede hacer de la noche a la mañana. Ocho años, que se cumplen en junio del próximo año.

Y pareciera que todos, no obstante que ha habido avances, está la implementación.

En varios Estados de la República ya es hoy una realidad que se está perfeccionando, pero es evidente que pareciera estuviéramos esperando hasta el último momento para entonces darle debida forma y asumir verdadero compromiso en la implementación y hacer realidad este sistema.

Yo creo que este sistema, sin duda, será positivo, y será bueno para la justicia de México.

Y debemos de apoyarlo, y estamos trabajando para su debida implementación, tanto en el orden Federal, como en el orden estatal.

La adecuada implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal es, y quiero afirmarlo, un tema prioritario de la Agenda Nacional de Seguridad y Justicia.

En las entidades federativas y a nivel Federal estamos trabajando para lograr su instrumentación en todo el país, a más tardar en junio del 2016, como lo prevé y mandata nuestra Constitución.

A este propósito, también contribuye el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a nivel estatal opera ya en 20 entidades federativas, y desde noviembre empezó a operar a nivel Federal en los estados de Puebla y Durango.

Tener un Código Nacional de Procedimientos Penales es tener un mismo proceso, un mismo procedimiento, mismas normas que regulen el proceso que se sigue de cualquier inculpado y de cualquier víctima, lamentablemente, que sea homogéneo, que sea igual, idéntico, en todo el país.

Y con ello evitar distorsiones que generaban tener distintas reglas, de las que a veces se valían los inculpados para evadir la justicia, y buscamos, a través de este Código Único de Procedimientos Penales, en un sistema homogéneo o igual en todo el país, tengamos mayor certeza de la aplicación de la justicia.

Igualmente, es útil la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, aprobada en diciembre; así como la Reforma en Materia de Justicia para Adolescentes.

Otro avance jurídico, el segundo, en favor de las víctimas, es la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. Con este cambio de fondo, la legislación nacional se puso en sintonía con los estándares internacionales en esta materia.

Para las víctimas esto significa poder hacer valer los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos.

Y en esta reforma, también, se estableció la obligación de toda autoridad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Seguiremos trabajando con el Consejo Consultivo para la implementación de esta reforma.

Y tercer avance. Una anunciada desde el inicio de mi Administración, es más, el 1 de diciembre en mi toma de posesión, la Ley General de Víctimas promulgada en enero de 2013.

Esta legislación establece un reconocimiento amplio a los derechos de las personas afectadas por el delito o por violaciones a sus derechos humanos. En ella se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares, a recibir ayuda, asistencia, atención por parte del Estado, así como a ser tratadas con respeto y dignidad.

Se establece el derecho a conocer la verdad sobre el delito que han sufrido, a ser informados del proceso penal en contra de sus agresores, así como a que se le repare el daño, entre otros.

Recojo, también, de lo expuesto aquí, que estamos en la implementación de esta Ley General de Víctimas.

Y que también observamos hoy deficiencias, como bien lo apunta señora Wallace, pero estamos trabajando y creo que aquí el esfuerzo compartido de sociedad y de Gobierno nos permitirá alcanzar el objetivo, el anhelo que persigue este ordenamiento jurídico, y todos los otros que están orientados a asegurar justicia, plena justicia y atención a las víctimas de cualquier delito.

Y también, como lo expresaba el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, es claro que los ordenamientos jurídicos, que nuestras leyes son perfectibles. No son letra última.

Y que todos estos foros, como el que usted ha convocado el día de hoy, permiten enriquecer no sólo iniciativas que mejoren los ordenamientos legales, las leyes que tiene nuestro país, sino también que nos permita tomar acción, a partir de políticas públicas que no pasan por el Legislativo, pero que las distintas autoridades del orden Federal, estatal y municipales, podemos emprender sin esperar que haya cambios de ley.

Yo creo que ésta es una de las grandes fortalezas y de las ventajas y beneficios que tienen estos espacios de discusión, como el que usted ha convocado.

Permítame, incluso, comprometer que las conclusiones a las que llegue este foro y otros más que han realizado distintas organizaciones de la sociedad civil, cuyos miembros y cabezas de estas organizaciones están presentes en este espacio, permitan recoger, y aquí lo quiero dejar como compromiso, nos permitan recoger sus conclusiones y a partir de ahí emprender iniciativas de ley, formular iniciativas de ley al Congreso de la Unión, que nos permitan mejorar el sistema de justicia que hoy tenemos y que estamos en proceso de implementar mejoras a partir de lo que ya he señalado.

Junto a esto debo recoger o, más bien, recordar aquí, lo que anuncié en noviembre 27, noviembre del año pasado, pareciera que cuando habláramos de justicia solamente nos referimos a los procesos penales, cuando ha habido la comisión de un delito y se nos olvida lo que hemos denominado la justicia cotidiana, la del día a día, la que implica dirimir diferencias y conflictos en el orden familiar, en el orden mercantil, en el orden civil, y que son los que tienen mayor demanda, en donde la sociedad espera, de los órganos encargados de procuración y de administración de justicia, el que se dicte justicia rápida, pronta, expedita y que eso permita resolver cualquier problema.

Para este propósito hemos encargado al CIDE, una institución educativa seria, la convocatoria a distintos foros para discutir frente a expertos académicos, barras de abogados, aquí la presencia de varios de sus representantes, recoger sus experiencias y poder definir un paquete de iniciativas de ley que nos permitan realmente mejorar la justicia cotidiana.

Y, al final de cuentas, lograr el anhelo que ustedes han señalado: menos víctimas, más justicia. Ese es el compromiso.

Estamos en este proceso de hacer estos trabajos, como el que ustedes hacen, como el que estará convocando el CIDE, que ya inician sus foros, los seis foros que estarán realizando a partir del jueves 22 de enero, y que todo ello nos permita, insisto, mejorar y consolidar nuestro sistema de procuración y de justicia en México.

Señoras y señores:

Al inicio de esta Administración expresé que los objetivos prioritarios en materia de seguridad pública serían: reducir la violencia y trabajar para la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

Si bien es cierto que hemos avanzado, hay que reconocer, y ustedes mismos lo han testimoniado desde la sociedad civil, ha habido avances en la disminución de varios de los delitos que, verdaderamente, asolaban a nuestro país, particularmente los homicidios, en donde de manera más significativa y sensible está habiendo una reducción de los mismos y que generaban, además, violencia.

No es igual la reducción que hemos tenido, lamentablemente, en los secuestros, que ha sido una derivación que habido al combate y a la fragmentación, que deriva después de la captura de los grandes capos de distintas organizaciones criminales.

Una disminución, también sensible, en las extorsiones. Y a partir de instrumentar acciones específicas para evitar que, desde las prisiones, se cometan este tipo de delitos, especialmente el de las extorsiones, con inhibidores de telefonía o con aparatos inhibidores, que evitan que salgan señales o que salgan llamadas telefónicas desde los penales, en donde encontramos que es donde se cometen mayor número de extorsiones.

Y esto no sólo, bien lo señala Alejandro Martí, no pasa solamente en los centros penitenciarios federales. El mayor número de estos delitos ocurre particularmente en los centros penitenciarios de orden estatal.

Por eso, estamos trabajando en apoyo a los gobiernos estatales para poder combatir con mayor eficacia la comisión de estos delitos.

Insisto, no podemos negar que hemos avanzado, que hay mejoras, especialmente en la comisión de algunos delitos, como el de homicidios. Pero no estamos satisfechos con lo que hemos alcanzado.

Estamos convocados, de manera reiterada, a seguir trabajando y a hacer frente común. Porque alcanzar el México que todos queremos depende del esfuerzo compartido de gobiernos y de sociedad.

Queremos, como lo decía Alejandro Martí, un México de orden, un México de seguridad, un México en el que no haya corrupción y en el que no haya impunidad; es decir, se sancione todo aquel que cometa un delito.

Para eso estamos trabajando. Es una tarea inacabable, reconociendo que ha habido avances, no solo de ahora, sino que sin duda el escenario que hoy tenemos es, quizá, mejor del que había hace algunas décadas, pero aún no estamos satisfechos.

Y también es cierto que la sociedad de hoy es una muy distinta de la de entonces, una sociedad mucho más participativa, más demandante y exigente, pero también mucho más propositiva, que toma parte en la solución de los asuntos que son sensibles y merecen la mayor atención en nuestro país.

Esto es lo que están haciendo ustedes.

Que en su condición de haber sido víctimas de la comisión de un delito, han decidido de manera muy civilizada, con gran entereza, con determinación encauzar banderas o enarbolar banderas en favor de la justicia en México.

Quiero finalmente decirles, que tienen en el Presidente de la República y en su Gobierno, a un aliado, ustedes y las demás organizaciones de la sociedad civil, para poder alcanzar varios de los objetivos que ustedes están buscando, de hacer nuestras varias de las propuestas que estaré recogiendo para traducirlas en leyes y en mejores políticas para la justicia y la seguridad de nuestro país.

Hago votos porque entre todos construyamos el México que todos queremos.

Muchas gracias.

Y procedo, atendiendo a la muy amable invitación que la señora Miranda de Wallace me ha formulado para estar presente en la Inauguración de este Foro: Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal.

Me congratulo de estar presente y felicito realmente esta iniciativa tan importante como muchas otras más de la sociedad civil, para apoyar a la justicia de nuestro país.

Por eso, siendo hoy 20 de enero del 2015, me es muy grato declarar Inaugurado el Foro Nacional: Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal.

Haciendo votos porque las deliberaciones y conclusiones a las que aquí lleguen, nos permitan fortalecer nuestro Sistema de Procuración y de Justicia en México.

Muchas felicidades, y les deseo el mayor de los éxitos.