Al tiempo de anunciar un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés, el Presidente de la República designó hoy a Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública.

El Primer Mandatario informó que ha dado indicaciones al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de “reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría del Gobierno de la República y de vigilar que los servidores públicos se apeguen a la ley y a la ética”.

Las acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés anunciadas hoy por el Presidente Peña Nieto son:

PRIMERA: “A partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será obligación de los servidores públicos federales, presentar una declaración de posibles conflictos de interés. Esta declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad. Asimismo, permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos que impida cumplir con las obligaciones de su encargo con objetividad e imparcialidad.

“La declaración contendrá, entre otros elementos, las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, así como las causas por las que el servidor público considere que pudiera existir un conflicto de interés con relación a las decisiones que tiene a su cargo. Esta declaración de posibles conflictos de interés retoma las mejores prácticas internacionales y su diseño cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE”.

SEGUNDA: “Dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Esta área será responsable de determinar la existencia de conflictos de interés, dictar medidas preventivas, y en su caso, velar para que se apliquen las sanciones correspondientes. La Unidad también deberá articular las actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de cada dependencia o sector de la Administración Pública Federal”.

TERCERA: “Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal, que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción. Se requiere transitar de una mera declaración de principios a un nuevo protocolo formal que norme el comportamiento de los servidores públicos, especialmente de aquellos responsables de las contrataciones públicas”.

CUARTA: “Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. La SFP definirá los lineamientos claros y específicos que deberán seguir los servidores públicos al tratar con los interesados”.

QUINTA: “En complemento a la medida anterior, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos. La SFP deberá integrar un registro de dichos funcionarios y someterlos a una certificación, a efecto de asegurar su honestidad y adecuado desempeño”.

SEXTA: “Se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno. El día de hoy se publicará el Decreto que permitirá incorporar los trámites federales en formatos digitales, a través del portal de internet www.gob.mx. La Ventanilla Única deberá incluir, gradualmente, los trámites de la Administración Pública Federal más solicitados por la población, siempre que la naturaleza del mismo lo permita. Esto reducirá espacios posibles o potenciales de corrupción, al eliminar la interacción entre funcionarios federales y los particulares”.

SÉPTIMA: “La lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República será más completa y detallada, ya que señalará la causa de su sanción”.

OCTAVA: “Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción. La participación activa de los ciudadanos es fundamental para identificar procesos y trámites vulnerables a conflictos de interés o actos de corrupción. Trabajaremos con Cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de suscribir convenios de colaboración y juntos prevenir actos al margen de la ley”.

El Presidente Peña Nieto aseguró que, reafirmando su absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, ha solicitado “a la SFP que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra-ventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con un servidor”.

Fue enfático: “el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras; tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios”.

El Primer Mandatario señaló que, adicionalmente y en el ánimo de generar plena confianza y transparencia, también solicitó al Secretario de la Función Pública “reunir a un panel de expertos con reconocido prestigio en materia de transparencia para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo”.

Añadió que para la adecuada instrumentación de las acciones ejecutivas, “el Gobierno de la República ha solicitado también la asesoría y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 34 países de mayor desarrollo en el mundo y que, en consecuencia, está a la vanguardia en las mejores prácticas para la buena gobernanza”. Agregó que en breve las Secretarías de Relaciones Exteriores y de la Función Pública suscribirán un acuerdo de cooperación técnica con este organismo internacional.

Expresó su reconocimiento a la OCDE “por su invaluable apoyo para consolidar la arquitectura institucional que hoy estamos construyendo en favor de la integridad en el servicio público y el combate a la corrupción”.

El Titular del Ejecutivo Federal hizo votos “porque en este Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias que acaba de iniciar, las y los Legisladores Federales aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción”. Construir el país que queremos, continuó, “exige actuar permanentemente en favor de la apertura, la transparencia y la eficacia. Eso es lo que quiere y desea la sociedad participativa y propositiva que hoy, afortunadamente, tiene México”.

PARA CONSOLIDAR UN GOBIERNO APEGADO A LA LEGALIDAD, SE HABRÁN DE FORTALECER TODO TIPO DE ACCIONES PREVENTIVAS: VIRGILIO ANDRADE

Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública, afirmó que asume con plena determinación, compromiso y responsabilidad el cargo porque, dijo, frenar espacios a la corrupción es indispensable para otorgar confianza, que, a su vez, es necesaria para fortalecer las condiciones de inversión, el comercio y, por ende, favorecer la economía.

Destacó que la sociedad demanda acciones para cerrar espacios a la corrupción, a conflictos de intereses y a prácticas indebidas en el ejercicio administrativo y en el ejercicio público, por lo que entre las primeras medidas que tomará está el concretar las acciones ejecutivas anunciadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, vinculadas con la declaración de posibles conflictos de interés, con la elevación de los códigos de ética a reglas de integridad y a todos los elementos que fortalezcan la transparencia en las contrataciones públicas.

Para consolidar el Gobierno eficaz, dijo que se privilegiará la orientación a los servidores públicos para que sus acciones vayan encaminadas a conseguir los resultados señalados en la instrumentación de las reformas y en los 95 programas que integran el Plan Nacional de Desarrollo “y, más aún, en un momento en el que se requiere un especial cuidado presupuestal”.

En torno al Gobierno apegado a la legalidad, aseveró que se hará énfasis en reforzar reglas y condiciones vinculadas con contrataciones públicas, con proveedurías y con procedimientos de queja y de sanción.

Finalmente, para consolidar el Gobierno transparente de cara a los ciudadanos, indicó que se deberá honrar, en primer lugar, la condición de liderazgo que México ostenta en materia de gobierno abierto, involucrando a académicos, a expertos e incluso a los críticos.