Señoras y señores.

Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Señores Presidentes de las Mesas Directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

Señora Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Señores integrantes del Gabinete del Gobierno de la República.

Señora Isabel Miranda de Wallace:

Quiero agradecerle la oportunidad de estar nuevamente en este foro, que usted ha venido promoviendo de tiempo atrás ya.

Y saludar a todo este auditorio compuesto, fundamentalmente, por autoridades, por casos de personas que se han visto envueltas en procesos en donde han resultado víctimas; académicos, abogados, que hoy acompañan este foro.

Quiero decirle que, en primer lugar, le felicito ampliamente, porque no es casual que en estos últimos dos meses haya tenido la oportunidad de reunirme con distintas agrupaciones de la sociedad civil, que están en favor de distintas causas.

Hoy la protección de las víctimas, la defensa de las víctimas, organizaciones en favor del combate a la corrupción, organizaciones a favor de grupos vulnerables, en fin, distintas causas que la sociedad civil enarbola, hace suyas y, como ciudadanos valientes, han estado en favor de las mismas y se han comprometido de forma decidida.

Su caso, señora Isabel Miranda de Wallace, es uno de ellos.

Por ello, como Presidente de la República, quiero aquí dejar constancia y fiel testimonio de gratitud, en nombre de la sociedad mexicana, y de amplio reconocimiento a este esfuerzo que usted realiza, junto con quienes la acompañan en esta tarea de promover, precisamente, el alto al secuestro y la equidad para las víctimas.

Muchas felicidades, señora Wallace.

He escuchado con gran atención, como todos, las intervenciones ya de quienes me han antecedido en el uso de la palabra y, sin duda, hay una constante en todos, que es el poder, primero, reconocer que el Estado mexicano ha tenido, en respuesta precisamente para las víctimas, un ordenamiento jurídico que está diseñado y pone al centro del mismo a las víctimas.

Sin embargo, de lo que hemos escuchado aquí, recogemos cómo este modelo, cómo este sistema que antes no teníamos y que hace poco más de tres años se inició cuando se promulgó la Ley General de Víctimas, hemos escuchado las fallas, algunas inconsistencias, y algo que ha hecho en algunos casos o en varios, tal vez, inoperable plenamente este modelo.

Y no sólo el caso de este ordenamiento. Hoy, tenemos que decirlo, como en otros espacios y en distintos foros, para abordar temas diferentes de lo que son hoy los grandes retos y desafíos que enfrenta nuestra sociedad y el Estado mexicano en este Siglo XXI, es el ajustar nuestras normas, modernizar nuestros marcos normativos para que realmente tengamos un cambio en las realidades que hoy no podemos permitirnos en este siglo.

Y hay que decirlo también, no basta con tener buenos ordenamientos. Lo que realmente, y usted lo dijo, señora Wallace, lo que realmente hace el cambio es la eficaz aplicación de esos ordenamientos.

No es suficiente, repito, tener buenas normas. La ley por sí misma, lo refería la Ministra hace un momento, la ley por sí misma no transforma la realidad, sino la aplicación de la misma, la eficaz aplicación.

Y hoy estamos para abordar un tema que, sin duda, lastima.

La señora Wallace ha descrito aquí un caso como, estoy seguro, son varios más similares o en condiciones parecidas, en donde se muestra la inoperatividad del modelo que hoy tenemos en atención a nuestras víctimas.

Si bien, hay que reconocer que ha habido un avance, que hoy hay avances en el modelo que tenemos, que nos permite tener asesoría jurídica Federal para asistir y asesorar a la víctima, también hay que decir: no es suficiente, ni en el orden Federal, ni menos aún en los órdenes estatales.

Se tiene un Registro Nacional de Víctimas, que aún es necesario tener una mayor precisión y claridad del mismo.

Se cuenta ya con un fondo de ayuda, de asistencia y reparación que no se tenía, pero hoy lo que tenemos que asegurar es que este fondo realmente sirva para apoyar a las víctimas.

Y un dato que usted daba hace un momento, señora Wallace, es parte de este fondo, o recursos de este fondo, más de las veces, o algunas de las veces, en lugar de ser para apoyar o para reparar el daño ocasionado a las víctimas, ha sido básicamente para la invocación de faltas al debido proceso o alguna otra razón, se han dedicado recursos prácticamente para los victimarios, para quienes son inculpados en un proceso.

Esto tendremos que corregirlo. Yo he recogido aquí sus planteamientos, peticiones.

Y creo que los titulares de los otros Poderes, particularmente del Poder Legislativo, han hecho lo propio.

Tenemos que revisar el modelo que tenemos. Que, para fortuna, México fue de los países que tuvo un modelo de atención general a víctimas, como no lo había en ninguna otra parte del mundo, o fuimos de los primeros países en tenerlo. Nos convertimos en un referente para el mundo en la creación de este modelo.

Pero, hoy, tenemos que perfeccionarlo, tenemos que asegurar que funcione adecuadamente, evitar la burocratización, hacer más ágil y fácil el acceso de las víctimas a la reparación del daño por las causas que deban de tenerse o de hacerse.

Asegurar que las víctimas cuenten debidamente con la asistencia legal y jurídica de abogados victimales, que usted ha referido, no los hay en suficiencia, en ninguno de los órdenes, y a veces son más las capacidades eventualmente del inculpado, que de las víctimas.

En pocas palabras, y aquí me voy a apropiar de algo que la Ministra expresó, para que realmente haya justicia, debe haber equidad en el proceso; para que realmente haya justicia, tanto víctima como victimario, deben estar en una cancha pareja y contar con los mismos recursos.

Y esto es lo que tendremos que ver, a partir de las propuestas y de esta iniciativa o esta propuesta de iniciativa que usted me ha presentado, que estoy seguro, el Congreso habrá de revisar y enriquecer para contar con un mejor ordenamiento en materia de atención a víctimas.

Por otro lado, y no escapa o no escapo de decir algo que tendrá que enriquecer y fortalecer la capacidad de las instituciones del Estado mexicano, precisamente, para velar por los derechos de las víctimas, para velar por el derecho que tienen todas y todos los mexicanos.

Y me refiero a la puesta o inicio del nuevo Sistema de Justicia Penal, un nuevo Sistema de Justicia que es oral, acusatorio, lo conocemos o lo estamos conociendo.

Esto ha implicado para el Estado el prepararse, capacitar debidamente a las instancias que participan dentro de este Sistema de Justicia Penal, que estaremos poniendo a prueba.

Es evidente que es un sistema garantista, es un sistema que reconoce los derechos que tiene todo mexicano, toda y todo mexicano que está en nuestra Constitución, que lo reconoce por igual y que parte de reconocer o de presumir la inocencia de todo aquel inculpado.

Hoy, los órganos de procuración de justicia y de administración de justicia tendrán la alta responsabilidad de ser mucho más profesionales, de poder realmente llevar averiguaciones debidamente sustentadas y soportadas en evidencias eventualmente científicas, que las indagatorias periciales deban arrojar para realmente probar la culpabilidad de todo inculpado o de toda aquella persona señalada de presunta responsabilidad ante la comisión de un delito.

Es cierto, la vara es ahora más alta. Las necesidades que tiene el Estado mexicano para asegurarse que el inculpado realmente sea culpable de la comisión de un delito, está, en buena medida, en la tarea que tienen que hacer las áreas de procuración y, en su momento, los jueces en la parte de administración de justicia.

Se trata de que, y este modelo parte de una realidad que estuvimos viviendo en México por muchos años, y que necesitábamos de contar con un nuevo modelo, que estuviera diseñado para garantizar justicia, para que no hubiese, como ha habido, y ocurre y hay que reconocerlo, inocentes en las cárceles; pero, también, no se trata de que haya criminales en libertad.

Por eso, tenemos que asegurar que la eficaz implementación de este modelo de justicia sea para asegurar esta condición, que los que no sean responsables y no sean delincuentes no estén en la cárcel; pero los que sí lo sean, estén debidamente pagando su pena en la prisión y con el peso de la justicia.

Yo quiero felicitarle, señora Miranda de Wallace, por este esfuerzo que usted hace, porque tiene esta iniciativa, porque aquí tiene un foro.

Será importante recoger las experiencias, porque para poder enriquecer y fortalecer, y mejorar, un marco normativo para la actuación que tengan las distintas entidades de la Administración Pública Federal, y de los otros órdenes de Gobierno, es importante enriquecer nuestro marco jurídico, a partir de las experiencias que en un foro como éste son compartidas, para recoger las opiniones de académicos y de expertos en derecho, que puedan aportar, enriquecer y mejorar nuestro ordenamiento jurídico.

Los titulares o representantes aquí de los otros poderes, han hecho aquí el compromiso por hacer revisión a este modelo, por mejorarlo.

Y, quiero decirle, no me quiero quedar atrás, tiene usted, en el Presidente de la República, y la organización o la asociación civil que usted encabeza, tienen en el Presidente de la República el compromiso de ser, en este frente, un aliado, de trabajar junto con usted y con todos ustedes para que tengamos, realmente, un modelo que sirva a la protección y defensa de las víctimas, que es para lo que estamos trabajando: equidad para que realmente haya justicia.

Muchas gracias y felicidades.

Si me permiten, voy a proceder a la declaratoria inaugural, a eso me invitó, señora Wallace, y aquí estoy, con mucho gusto.

Para mí es un honor hoy, 19 de julio de 2016, declarar formalmente inaugurado el Foro Internacional: Equidad para las víctimas en el debido proceso, haciendo votos porque sus ideas, iniciativas y propuestas contribuyan a que las víctimas tengan una justicia cierta, cercana, confiable, expedita y eficaz.

Muchas felicidades.

Y hago votos por el mayor de los éxitos de este foro.

Muchas gracias.