Señoras y señores:

Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Quiero saludar la presencia aquí, de los Presidentes de las Mesas Directivas del Senado de la República, de la Cámara de Diputados.

Al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Al señor Gobernador, Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

De igual manera, saludo a las y los Senadores, y Diputados Federales aquí presentes.

Saludo a los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República.

Saludo a los Coordinadores Parlamentarios, tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados.

A dirigentes de partidos políticos que aquí, hoy, nos acompañan, y que han refrendado realmente, desde el Congreso de la Unión, el respaldo y la aprobación a la ley que hoy estamos promulgando.

Quiero saludar a la presidenta y presidente de organismos autónomos; Presidente de la COFECE, al Presidente de la Asociación de Bancos de México.

De igual manera, a todos los servidores públicos que representan a las distintas entidades públicas, que ahora son sujetos de esta obligación.

Saludo la presencia de muy connotados y distinguidos periodistas, y a los señores representantes de los medios de comunicación.

En pocas palabras y con amplio respeto, quiero saludar a esta gran representación del Estado mexicano, y sobre todo reconocer en quienes me han antecedido en el uso de la palabra con esta representación, el gran compromiso que asumen, precisamente, ante las nuevas obligaciones que impone la ley que el día de hoy estamos promulgando.

Por ello, es que saludo también a la Presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos; a las y los comisionados aquí presentes, de este instituto, que a partir del día de mañana deja de ser Instituto Federal para convertirse en un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos.

Señoras y señores:

Nuestra Constitución reconoce, en el Artículo 6, el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano. Y para hacerlo efectivo en todo el país, hoy se promulga su ley reglamentaria: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se trata de un avance, como aquí ya se ha expresado, institucional y muy significativo. Toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia.

Los mexicanos tienen derecho a conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos. Tienen derecho a saber qué hacen sus autoridades, y cuáles son sus resultados.

En nuestro país, la democracia y el acceso a la información han evolucionado juntos, reforzándose mutuamente.

Fue justamente con la Reforma Política de 1977, que se reconoció el derecho constitucional a la información.

Posteriormente, en la primera alternancia en la Presidencia de la República se impulsó la transparencia y el acceso a la información pública en el ámbito federal. Y si bien hubo avances importantes en los gobiernos locales, es hasta ahora, en esta segunda alternancia, en la que se impulsa la transparencia a escala nacional.

Como Presidente electo, puse a consideración de los legisladores un proyecto de iniciativa de reforma constitucional para fortalecer la transparencia en todos los Poderes y órdenes de Gobierno.

Esta propuesta se sumó a otras presentadas en el Congreso de la Unión. Y gracias al trabajo del Constituyente Permanente y al impulso de la sociedad civil, la reforma constitucional se promulgó y publicó el 7 de febrero del año pasado.

En cumplimiento de su segundo Artículo Transitorio, el Congreso de la Unión expidió la Ley General que ahora nos convoca.

Por ello, es que aquí quiero felicitar ampliamente a las y los Senadores y Diputados Federales, por su responsabilidad y compromiso con la Nación.

Reconozco, igualmente, las valiosas aportaciones de los representantes de organizaciones de la sociedad civil, que hoy nos permiten tener una ley de altos estándares internacionales. Su participación fue fundamental para crear los espacios de diálogo entre el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y la sociedad civil, así como para identificar e impulsar nuestras coincidencias.

Con esta reforma, México fortalece y amplía los mecanismos de acceso a la información, los cuales ahora serán de aplicación nacional.

Quisiera reiterar algunos de sus puntos más relevantes.

Y si bien pudiera ser reiterativo ante lo que han expresado ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra, aquí queda muy claro y, sobre todo, acreditado, que los representantes del Estado mexicano están asumiendo compromiso pleno de sus representados por adherirse plenamente a los lineamientos que establece este nuevo ordenamiento legal en favor de la transparencia.

Que ahora como sujetos obligados, también se comprometen para contribuir a lo que, sin duda, es una demanda de la sociedad mexicana en este Siglo XXI: el acceso a la información, a una mayor transparencia.

Cuáles son, y aquí se han referido ya, también, los principales componentes de este nuevo ordenamiento.

Primero. La ley obliga que más autoridades, instituciones y personas sean transparentes.

Las autoridades entidades, órganos y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están obligados a transparentar la forma o la información pública que posean, también lo están no solamente todos los poderes, sino también los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

Esta Ley, además, redobla los mecanismos de transparencia en materia energética; las autoridades y empresas productivas del Estado estarán sujetas a las más altas exigencias de publicidad de la información.

Segundo elemento. La Ley fortalece y articula los procedimientos de los organismos garantes, creando el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

En este sentido, la Ley homologa el acceso a la información pública estableciendo los fundamentos que regirán en todo el país.

De esta manera se regulan los medios de impugnación y se establecen las bases de coordinación entre el Instituto Garante Nacional, los Organismos Garantes en las Entidades Federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Tercero. Se amplía la obligación de transparentar información pública de oficio y se facilita el acceso a ella.

La Ley General establece ahora un catálogo mayor a los lineamientos que antes existían, ahora de 50 preceptos comunes a todos los sujetos obligados.

Además, esta información deberá estar a disposición del público y mantenerse actualizada en medios electrónicos, teniendo como sustento tecnológico la Plataforma Nacional de Transparencia que habrá de desarrollarse.

Y para verificar su cumplimiento los organismos garantes realizarán verificaciones virtuales a los portales de Internet de los sujetos obligados.

Cuarto componente. La Ley prevé los instrumentos necesarios para asegurar el principio Constitucional de Máxima Publicidad.

Se reconoce que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, será accesible a cualquier persona. Y en este sentido, se elevan los requisitos para poder reservar información temporalmente.

Además, no podrá clasificarse como reservada la información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Quinto elemento. La ley fortalece los medios de defensa de los particulares que solicitan información y es rigurosa contra quienes incumplan sus obligaciones de transparencia.

Y en este sentido, se incorporan 15 nuevas causas para sancionar a los servidores públicos que oculten, inutilicen o nieguen deliberadamente información pública.

Para dar certeza a la aplicación de esta ley general, se establece su prevalencia sobre cualquier otro ordenamiento en la materia.

Y el sexto punto, sexto componente, también importante. La ley amplía la participación ciudadana en favor de la transparencia.

Habrá consejos consultivos en todos los organismos garantes, integrados por consejeros honoríficos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia, con acreditada experiencia en la materia y, por ello, nuevamente reconozco la aportación de ciudadanos, especialistas y académicos comprometidos con el avance de la transparencia y la democracia en México.

En síntesis. Con esta nueva ley se cierran espacios de opacidad y discrecionalidad, y se abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país.

Señoras y señores:

La transparencia, sin duda, fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público.

La transparencia ayuda a prevenir y a combatir la corrupción.

La transparencia promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública.

La transparencia empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas.

Sin embargo, con todo y sus beneficios sociales, la transparencia es sólo uno de los elementos de un paradigma aún más amplio, el Gobierno Abierto.

Los gobiernos abiertos son la nueva frontera de nuestra democracia; son un nuevo modelo colaborativo, que está transformando la manera en que interactúan ciudadanos y autoridades.

Este modelo requiere sociedades democráticas, gobiernos transparentes y tecnologías que contribuyan a este propósito. Es un paradigma de autoridades proactivas, que publican la información en formatos útiles y amigables, incluso antes de que les sea solicitada.

Es también un paradigma de ciudadanos con espíritu constructivo, que aprovechan la información para generar conocimiento, soluciones y aplicaciones en beneficio de la sociedad.

Éste es el nuevo estándar de corresponsabilidad al que aspiran los gobiernos y sociedades del mundo, y en el que México, hoy tiene una responsabilidad mayor como Presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Congruente con ello, en febrero expedí el decreto por el que se establece la Regulación en Materia de Datos Abiertos, y de esta manera se pondrá a disposición de la población, de manera digital y en línea, la información de carácter público, generada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Estoy seguro de que la Ley General que hoy se promulga permitirá que no sólo el Gobierno de la República, sino el Estado mexicano en su conjunto, adopte el nuevo paradigma de los gobiernos abiertos.

Sigamos trabajando juntos para hacer del servicio público una actividad más abierta y más cercana a los ciudadanos; trabajemos para que la gestión pública sea más transparente y, sobre todo, genere mayor confianza en nuestra democracia.

Felicidades nuevamente, y muchas gracias por su asistencia.