-MODERADORA: Hace uso de la palabra el Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.

-SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; señores Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; señor Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; señores dirigentes de los partidos políticos en nuestro país; a los miembros de organizaciones de la sociedad civil y, en especial, del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad; señoras y señores.

Las víctimas de los delitos no son cifras. Son historias de dolor, familias agraviadas, vidas rotas por la violencia y el crimen.

Hoy, somos testigos del cumplimiento de la palabra empeñada, de la demanda atendida, de la sensibilidad que se expresa en la acción del Estado mexicano.

La Publicación de la Ley General de Víctimas, representa un avance legal y resarce una deuda con quienes fueron presa de la delincuencia o de la mala actuación de la autoridad y sufrieron violación de sus derechos.

Para el Gobierno de la República, es prioridad darle atención a quienes, injustamente, han sufrido por la violencia. El mostrarles que no están solos, que el agravio que sufren es, también, de todos nosotros.

Desde candidato, el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, nos señaló que el tema de las víctimas de delitos, revestía una singular importancia.

El 28 de mayo del 2012, en una reunión con integrantes del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, encabezados por el poeta Javier Sicilia, hizo un compromiso.

Cito textual: Si antes del 30 de noviembre esta Ley de Víctimas no ha sido publicada, tengan la certeza y el compromiso que habrá de ser promulgada, porque estoy convencido de este instrumento de justicia para México, que además de legal, es de avanzada, moderno, que, sin duda, pone a México a la vanguardia en esta materia. Termino la cita.

El 1 de diciembre, en su Mensaje a la Nación, haciendo valer el compromiso adquirido y el acuerdo signado en el Pacto por México, el señor Presidente instruyó a la Consejería Jurídica a desistirse de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas, lo cual, se hizo el 5 de diciembre.

Un día después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó, favorablemente, el desistimiento y emitió resolución, que fue notificada el mismo 6 de diciembre.

La determinación causó Estado el 2 de enero, y quedó sin efecto la suspensión de la orden de publicación, por lo que la Secretaría de Gobernación publicó el Decreto el día de hoy, sin necesidad de refrendo.

Se están cumpliendo compromisos. Es una convicción de este Gobierno generar todas las herramientas que sean necesarias para construir un México en paz.

La dinámica del fenómeno delictivo derivó en resolver el problema de las víctimas. Muchas veces, las víctimas y sus familias sufrían doble, porque a su demanda de justicia se le sumaba la descalificación, la deshumanización y el maltrato.

Hay un profundo reclamo. Así lo entendemos y valoramos. Fueron organizaciones de la propia sociedad las que hicieron irrenunciable la solución al problema. A ellas, nuestro respaldo para que su trabajo se realice sin amenazas y sin presiones.

La publicación de la Ley General de Víctimas se inscribe, además, en el marco de un profundo respeto al Congreso, a las decisiones legislativas y al reconocimiento de un trabajo que fue de muchos.

Hay que decirlo claro: La Ley fue aprobada, por unanimidad, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, demostrando que hay temas que trascienden nuestras diferencias.

Buenas leyes no bastan para generar justicia. Es indispensable que se hagan cumplir. Esta es premisa fundamental. Ganar en eficacia gubernamental, para hacer valer la ley y hacer posible la reparación integral. Las garantías de no repetición dentro de un esquema de responsabilidad y compromiso.

La ley es perfectible, es necesario revisarla para hacerla viable, operativa y, sobre todo, para cumplirle a las víctimas. Con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, y otros actores políticos y sociales, trabajaremos en que la norma no se quede en letra escrita.

Busquemos, entre todos, el acuerdo para construir soluciones que tengan como único fin, contar con una mejor justicia. Ante quienes cometen delitos, que quede claro, aplicaremos la ley con todo el rigor. Y para las víctimas, buscaremos la atención, la reparación y la reconciliación.

Hay que construir, hay que reconstruir el tejido social, y ello empieza con la solidaridad y el respeto con quienes han sufrido la violencia.

Muchas gracias por su atención.

-MODERADORA: Realiza su intervención el dirigente del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, ciudadano Javier Sicilia Zardain.

-C. JAVIER SICILIA ZARDAIN: Antes de dar nuestra palabra en este momento fundamental para el país, quisiéramos empezar con unos versos del poema Desaparecidos, de Mario Benedetti:

Están, en algún sitio concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. A desparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían.

Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando dónde carajo quedó el buen amor, porque vienen del odio.

Porque hoy es un día en que en medio de tanto odio, de tanta noche, de tanto dolor que continúa, el buen amor ha salido, por fin, al encuentro de las víctimas, de los muertos, de los desaparecidos y de la justicia que tanto han buscado. Abracémoslos y abracémonos con un minuto de silencio.

(MINUTO DE SILENCIO)

Muchas gracias.

Buenas tardes, señor Presidente Enrique Peña Nieto.

Buenas tardes, señoras y señores del presídium.

Buenas tardes, señores y señoras Legisladores.

Buenas tardes, hermanos y hermanas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y de todas las organizaciones sociales, que hoy están aquí.

Buenas tardes, hermanos y hermanas que no han dejado de acompañarnos en la búsqueda de la justicia y de la paz.
Hoy, es un día puntuado por una paradoja: la tristeza y la alegría. La tristeza, porque esta Ley General de Víctimas, que por fin ha sido publicada y hoy se nos entrega, no debió haber sido. Es la consecuencia de la no aplicación de las leyes que están hechas para la protección y la justicia de los ciudadanos.

Es la consecuencia de la impunidad, de la corrupción, del desprecio, de la erosión del esqueleto moral y político del Estado mexicano y de una guerra que nunca debió haber sucedido.

La alegría, porque frente al dolor y el sufrimiento de esas graves omisiones, esta ley abre una esperanza, la esperanza de la justicia y de la paz, la esperanza de la palabra cumplida, la esperanza de un Estado que rompa la espantosa brecha entre ciudadanos y autoridades que tanto daño ha hecho al país y a la democracia. La esperanza de la vida contra la muerte, de la unidad del amor contra el odio. La esperanza de una Nación que se rehace de sus miserias.

Ustedes, señores Legisladores, cumplieron como representantes de un pueblo que en sus víctimas reclama una justicia que se le debe.

Usted, señor Presidente Enrique Peña Nieto, cumple no sólo con esa justicia que había sido traicionada, sino con lo más sagrado que un ser humano tiene, su palabra, la que usted empeñó en los Diálogos por la Paz, que sostuvimos el día 28 de mayo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, con los entonces candidatos y candidata a la Presidencia de la República.

Usted, ha hecho posible el deseo que un día le expresamos las víctimas citando a otra víctima, el poeta Paul Celan: el deseo de que la piedra florecer, de que en la inquietud palpite un corazón, de que el tiempo sea por fin, el tiempo.

Esperamos que el Poder Judicial siga este ejemplo y cumpla con sus obligaciones ante la Nación. Este gesto lo reconocemos, lo saludamos, lo abrazamos, lo celebramos como un consuelo y una esperanza que nos llega en medio de la noche, como un primer paso hacia la justicia y la paz que necesita la Nación y, como un gran y profundo gesto democrático.

Sin embargo, como todo primer paso, no basta. Una ley para que se cumpla, necesita un instrumento.

La Ley General de Víctimas que hoy usted ha promulgado y nos entrega, necesita como esa misma ley indica, un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, un sistema honesto, dotado de los suficientes recursos y del suficiente personal para atender la enorme dimensión de la crisis humanitaria que enfrenta la Nación.

Un sistema que requiere, además de la unidad de todos. Sin él, la Ley General de Víctimas será sólo letra muerta, una buena intención en medio del infierno, un sueño devorado por la pesadilla que no hemos dejado de habitar.

Un sistema que permita, no sólo la justicia para los asesinados y los violentados en su dignidad, sino la vuelta a casa de los desaparecidos. Una Nación democrática, una Nación que se respeta no puede aceptar no saber dónde se encuentran más de 20 mil hijos suyos, ni puede aceptar que otros tantos de sus hijos sean arrojados, sin identificar, a la fosa común.

Hoy, señor Presidente, que celebramos este primer paso dado, demos juntos el segundo y empecemos, desde hoy, a edificar, no sólo ese Sistema Nacional de Atención a las Víctimas, para que la ley encuentre su rostro, sino, también, a crear los protocolos necesarios para que la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, tenga peso y realidad.

También, exhortamos, desde aquí, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, a no permitir la regresión en materia de derechos humanos, que podría implicar la propuesta de reforma al Artículo 1 Constitucional.

Hay un tercer paso que dar, señor Presidente. No habrá suficiente justicia para los muertos, si no recuperamos su memoria, sus nombres, sus historias, su presencia entre nosotros.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ha hecho ya, al respecto, una Declaratoria: La creación del Memorial de las Víctimas de la Violencia en México, en el centro mismo de lo que hoy es ese monumento mal llamado Estela de Luz. Le entrego ahora la Declaratoria, señor Presidente.

Esperamos que, al igual que se ha hecho con la Ley General de Víctimas, este pendiente se cumpla, para que la justicia que le debemos a los muertos y nos debemos a los vivos, no tenga de qué avergonzarse.

Hay, por último, un cuarto paso que dar. No habrá verdadera justicia si no hay un camino hacia la paz. Ese camino que, como Gandhi dijo, y usted, señor Presidente, hizo suyas esas, sus palabras, en los Diálogos de la Paz: Es la paz misma. No podrá hacerse sin todos.

La idea de un Pacto por México, como el que usted ha convocado, puede llegar a ser, al igual que la ley que hoy recibimos, un paso de paz si se hace y se da con todos.

Y al decir todos, hablamos de todos los grupos que conforman la Nación. Somos todos ellos los que juntos podemos no sólo comunicar, sino construir una comunión que pueda redundar en una ley de seguridad humana y ciudadana, que ponga énfasis en los derechos humanos, en un cambio de estrategia en el combate al crimen, en una limpieza real de los delincuentes que hay en todos los órdenes del Gobierno, y en la necesaria construcción de un México donde quepan muchos Méxicos.

Sin esa ley, sin ese énfasis, sin esa limpieza, sin ese cambio, sin esa construcción, trabajados por y con todos, las víctimas seguirán acumulándose, y la vida democrática del país quedará destrozada bajo el desprecio de la violencia y el crimen.
Hemos sido y no hemos dejado de ser modestos y realistas. Ahí, donde la desmesura del orgullo ha señalado el ideal extravagante, nosotros hemos colocado la mesura de las utopías modestas.

Sabemos que entre más impracticable es el ideal, mayor es el fracaso. La utopía modesta no pretende la instauración del bien universal. Esa idea del bien que en su idealismo conduce, es una enseñanza de la historia al abismo, sino en la mesura de la bondad que se niega al mal, a la humillación, al crimen, a la corrupción, a la violencia, la tortura, al desprecio, al arrasamiento de la cultura y la tierra, y pone por encima de cualquier idea a los seres humanos de carne y hueso, y sobre cualquier edén, la modesta comunión de los hombres.

Por eso, creemos en los pasos comprometidos y firmes que nunca traicionan la rectitud. Con esos pasos no hemos dejado de caminar desde que un día, transidos de dolor y de dignidad herida salimos de Cuernavaca a visibilizar, abrazar y pedir justicia por las víctimas.

Son esos mismos pasos los que hoy, señor Presidente, señoras y señores Legisladores, hermanas y hermanos, recordamos y les invitamos a continuar dando y a poner una fecha para una próxima reunión de trabajo, de donde surja una ruta acordada para la paz y la justicia.

En medio del dolor y del largo camino que aún falta por recorrer, nos detenemos en este recodo para reposar un momento y abrazarnos en el ya, pero todavía no de la justicia y la paz que nos trae esta Ley General de Víctimas.

Además, opino, que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés.

Muchas gracias.

-MODERADOR: En uso de la palabra la Presidenta de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos del Senado de la República, Senadora licenciada Angélica de la Peña Gómez.

-SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Buenas tardes.

Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto; señor Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; señor Javier Sicilia; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; señora Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; Diputada Miriam Cárdenas; señores del presídium; señoras y señores.

Norberto Bobbio señala que lo que distingue a un sistema democrático de los sistemas no democráticos, es un conjunto de reglas de juego. Más, precisamente, lo que distingue a un sistema democrático no es solamente el hecho de que tenga sus reglas del juego, sino el hecho de que estas reglas sean mucho más elaboradas a través de ciclos de pruebas y contrapruebas que las reglas de otros sistemas y hayan sido constitucionalizadas.

El proceso histórico de configuración de nuestra Constitución, demuestra que, ciertamente, hemos forjado preceptos que han sido perfeccionados a partir de los reclamos democráticos y exigencias de la sociedad en distintas etapas de nuestra historia.

Por eso, es significativo que el Congreso Constituyente haya reformado la Carta Magna, para establecer que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados que México como Estado, parte del Derecho Internacional, ha aprobado.

Relevante, también, es el reconocimiento de los derechos de las víctimas u ofendidos. Sin embargo, en el marco de la obligatoriedad en la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y indivisibilidad y progresividad, el Estado mexicano tiene pendiente prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones de los derechos humanos que han sufrido las víctimas.

Es el caso, por ejemplo, también, la falta de un puntual cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es notable que la Ley General de Víctimas, cuyo acto de promulgación hoy nos convoca, de ir, en primer lugar, de la exigencia de la sociedad a conocer la verdad, a obtener la justicia, a alcanzar la reparación integral del daño y a concretar las garantías de no repetición de los hechos que resultaron de la calamidad que hoy lamentamos, y ante la cual, un Estado democrático de derecho debe responder con celeridad y eficacia.

Es verdad que la ley de deferencia debe sufrir algunas reformas que la hagan plausible. Sin duda, pero, a la luz de los hechos pasados, en donde prácticamente sufrió un veto singular, es importante que se haya resarcido el proceso de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, como consecuencia de la conclusión del proceso Legislativo, emprendido por el Congreso de la Unión.

Ha sido grave que se haya desvirtuado la relación armoniosa entre los Poderes de la Unión, que hoy, se está enmendando.

La ley reconoce que a las víctimas del delito se les han violentado sus derechos humanos. Constituye un instrumento que obliga a las autoridades en sus distintos órdenes de Gobierno a cumplir y a respetar los derechos de las víctimas, desde este enfoque sustantivo y adjetivo.

Esta debe ser la razón que motive el diálogo entre funcionarios de Gobierno, víctimas y sociedad, para lograr la prevención y erradicación, efectivamente, de los hechos que dieron origen a las iniciativas para la reparación del daño a las víctimas que han resultado de la progresiva inseguridad pública, el incremento del crimen organizado y de la delincuencia común y, también, como por las equivocadas políticas para enfrentarles.
La experiencia pasada nos debe aleccionar respecto de que el Estado no puede actuar con omisión, menoscabo o insensibilidad, frente a las situaciones de dolor, de miedo, incertidumbre o indignación, frente a las respuestas que ha dado la autoridad, lo que ha provocado una revictimización y una comprensible decepción, tanto de familiares de las víctimas y de la sociedad respecto de sus representantes.

Un buen Gobierno no puede escatimar tiempo, paciencia y sapiencia para escuchar. Pero no sólo. También, para fomentar la coadyuvancia de la participación de la sociedad civil con el propósito de la construcción de la gobernanza, como señala nuestra Constitución hacia el bien común, hacia el respeto de la dignidad humana y hacia el desarrollo humano sustentable característico de un país democrático, como el que está definido en nuestra Constitución, que reconoce los derechos humanos de todas las personas sin discriminación de ningún tipo.

Finalmente, es imprescindible reconocer a las y los expertos de la academia, de las organizaciones de derechos humanos, del movimiento ciudadano que pugna por la Paz, con Justicia y Dignidad, de la sociedad civil organizada, quienes se han propuesto lograr esta ley, con el objetivo de fortalecer nuestro marco jurídico e impedir el crecimiento de las situaciones adversas que causan dolor, y que impactan el equilibrio emocional de las familias de las víctimas, y, también, de la estabilidad del país.

Expreso mis respetos a su perseverancia. Asumo, con generosidad, sus aportes y enfatizo mi compromiso con sus causas.

Puedo anticipar, con certeza, que desde el Senado y, en particular, desde la Comisión de Derechos Humanos, cuyos integrantes, Senadoras y Senadores, se encuentran, hoy, en este evento; compartirán conmigo esta posición y preocupación.

Porque estamos obligados, en referencia a Bobbio, a probar nuestra Constitución Política y, efectivamente, protegerla para que ya no tenga retrocesos, sobre todo, en lo que se ha logrado en el 1º Constitucional.

Muchas gracias por su atención.