Muy buenos días.

Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; distinguidos integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Excelentísimo Embajador Anthony Wayne, Embajador de los Estados Unidos de América en México.

Señoras y señores; Excelentísimos Embajadores; representantes de las Oficinas de la ONU, UNICEF, SEGIB y OEA en México; estimadas amigas y amigos, titulares de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en las entidades federativas; señoras y señores.

Acudo ante el titular del Poder Ejecutivo Federal para dar cumplimiento a la obligación de presentar el Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a mi cargo, correspondiente al ejercicio 2012, de conformidad a lo previsto por los Artículos 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Durante 2012, nuestro país tuvo que hacer frente a un sinnúmero de dificultades en muchos ámbitos de la vida nacional. Como en los años anteriores, el constante enfrentamiento entre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, así como entre los propios grupos delictivos, fue la principal causa de muertes violentas, y suscitó que 34 personas ajenas a los hechos perdieran la vida. Esta situación impactó de manera negativa el ejercicio de los derechos humanos.

Otra problemática que refleja una alta percepción de inseguridad por parte de la población y la falta de confianza en las autoridades, es la relativa a las acciones de autodefensa, en donde las personas deciden tomar la justicia por propia mano.

Casos, como los que hoy mismo se presentan en comunidades del Estado de Guerrero, son una señal que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de proveer seguridad pública y evitar que estas acciones se reproduzcan y se rebase a las instituciones.

Para ello, es preciso vencer la impunidad y favorecer la observancia y el respeto de la Constitución y de la ley en nuestro país.

Una vía segura para recobrar la paz y la tranquilidad en aquellas zonas en donde el crimen ha proliferado, es con fuerza de seguridad pública profesionales, y regidas bajo estrictos controles de honestidad, rectitud y ética.

Para ser efectivos, los cuerpos de seguridad pública deben ser siempre los primeros en observar la ley y jamás pretender estar por encima de ésta. De lo contrario, no sólo no se cumple con la función para la cual existen, sino que se alimenta y fomenta el crecimiento de grupos criminales y se vuelve, al final de cuentas, la propia policía generadora de la violencia, que en realidad debería combatir.

Es cierto, nuestro país ha registrado avances en los últimos años, sobre todo, en materia de derechos. Sin embargo, debemos igualmente reconocer que se presentaron, también, en los últimos años, violaciones a los derechos humanos que ya creíamos erradicadas y que es urgente, por consecuencia, atender.

Tal es el caso de las desapariciones forzadas, de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los cateos y las detenciones ilegales. Actos, en su mayoría relacionados con la acción de autoridades que deberían estar encargadas de combatir a la delincuencia y, propiamente, de favorecer la observancia plena de la ley.

A continuación, me permito hacer un recuento de las principales acciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante éste, el tercer año de mi gestión.

Con el afán de fortalecer la defensa de los derechos sociales, laborales, económicos, culturales y ambientales, así como en cumplimiento a la Reforma Constitucional de 2011, se creó la VI Visitaduría General encargada de atender estos importantes temas en el ámbito de los derechos humanos.

De igual manera, se estableció la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones, con el objetivo de impulsar y evaluar la eficacia en el cumplimiento de las mismas, con el objetivo de que las autoridades puedan avanzar y dar resultados claros en torno a lo que se les ha recomendado.

Durante este periodo, se recibieron 41 mil 662 escritos de queja y se presentaron 371 mil 522 servicios, lo que implicó un aumento significativo en la atención proporcionada por el personal del organismo hacia la sociedad.

Cabe destacar, que las 10 autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos fueron, durante 2012, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el órgano administrativo de prevención y readaptación social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina.

En 2012, se emitieron 93 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de Gobierno. Las que no aceptaron las recomendaciones, fueron la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Gobierno Constitucional del Estado de Sonora, en dos casos; los ayuntamientos de Charcas, Sabinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz y Villa de Ramos, en el Estado de San Luis Potosí, y el Ayuntamiento de El Salto, en el Estado de Jalisco.

En 2012, también, se resolvieron cuatro mil 781 asuntos en los que la autoridad asumió su responsabilidad en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, y adoptó las medidas eficaces para su reparación. Esto implicó que no se emitieran ese volumen de recomendaciones, sino que los asuntos fueran resueltos de manera plena.

Deseo hacer una mención especial a la negativa recurrente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal para aceptar y cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el periodo que se informa, dicha Secretaría no aceptó una recomendación referente al caso de detención arbitraria de dos personas, desaparición forzada y privación de la vida de una de ellas en el Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Pero previamente, tampoco había aceptado dos recomendaciones vinculadas con el tema de desaparición forzada de personas, en los cuales están involucrados servidores públicos de dicha Secretaría.

Asimismo, no ofreció evidencias suficientes que permitieran observar acciones orientadas al cumplimiento total de la recomendación emitida por violaciones graves a derechos humanos que se acreditaron en el asunto de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

Por ello, en ejercicio de la atribución prevista en el Artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos al Senado de la República citar a comparecer al Secretario de Seguridad Pública para que explicara, puntualmente, ante ese órgano de control político, pero, particularmente, ante la sociedad en general, su compromiso en la observancia a la Constitución y los motivos de por qué no aceptar y dar cumplimiento a estas recomendaciones.

Éste es un novedoso procedimiento constitucional que permite encontrar un nuevo esquema de rendición de cuentas y, particularmente, poder analizar desde la sociedad cuál es el compromiso que se tiene desde el servicio público en la observancia de la Constitución y, particularmente, de las leyes en general.

En 2012, implementamos, también, diversas acciones encaminadas a promover el conocimiento de los derechos humanos en las diferentes regiones del país, buscando orientar el trabajo institucional hacia un contacto más cercano a cada persona y a cada grupo social, así como con la idea de fortalecer el buen desempeño de las instituciones públicas del Estado mexicano.

En ese sentido, convencidos de que para erradicar las violaciones a los derechos humanos es preferible prevenirlas, en ese año realizamos un esfuerzo sin precedente de promoción, capacitación, enseñanza, difusión y divulgación de los derechos humanos.

Por ello, tan sólo en 2012, realizamos cinco mil 643 actividades que contaron con un aforo de 733 mil 509 asistentes, lo cual significó un incremento en más del 180 por ciento de estas actividades en comparación con lo que se hizo durante el año 2011.

La variedad de foros, talleres, cursos, seminarios y conferencias, así como su cobertura nacional, fueron posibles gracias al trabajo coordinado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos logró consolidar con diversas autoridades Federales, estatales y municipales; con los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, los organismos internacionales especializados en la materia y, sobre todo, con las organizaciones de la sociedad civil.

A todos ustedes. Muchas gracias por sumarse a este esfuerzo de promoción y difusión de los derechos humanos.

Plenamente conscientes de que sólo con la suma de esfuerzos podremos alcanzar las metas que nos hemos trazado para servir de mejor manera a la sociedad y fortalecer las instituciones del Estado mexicano, en este periodo, también, suscribimos 901 convenios de colaboración, con lo que incrementamos al doble la actividad, pero, también, el potencial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para llegar a muchos más lugares, con menos presupuesto, pero con muchos mayores resultados.

Con la misma intención de acercamiento, la Comisión tuvo una dinámica intensa en materia de difusión y divulgación, mediante la presencia constante en la radio, televisión, medios escritos y virtuales de comunicación masiva.

En todos estos casos, aprovechamos los tiempos oficiales, así como nuestra propia página electrónica, la cual, recibió poco más de tres millones 700 mil visitas, lo que representó un 143 por ciento más de incremento, en comparación con 2011; y constituye un importante motor de promoción y de contacto entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la sociedad en general, tanto de México como de otras partes del mundo.

El empleo de los mecanismos enunciados, son los idóneos para informar, transmitir y tener una repercusión positiva que nos permita permear en cada uno de los grupos sociales, con especial énfasis en los que se encuentran en un mayor peligro de vulnerabilidad.

Otro ámbito de atención prioritaria para la Comisión Nacional, son las víctimas del delito. Por ello, tenemos consolidada una amplia red integral, mediante la coordinación con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas.

Durante el año que se informa, se proporcionaron más de tres mil 150 servicios de atención a víctimas, se organizaron 70 eventos de promoción y divulgación, y se distribuyeron 589 mil 927 ejemplares de material informativo vinculado con los derechos de estas personas. Ello, constituye cerca del 70 por ciento más de lo que se hizo el año anterior.

Criminalizar a los migrantes es inaceptable. En el caso de México, es todavía más grave teniendo en cuenta la arraigada e histórica tradición que siempre ha distinguido a nuestro país en la materia. La condición del migrante no limita el debido respeto a sus derechos humanos, y el hecho de ser migrante no significa, de ninguna manera, que tenga que ser sinónimo de ser delincuente.

Por ello, en esta materia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó dos mil 625 visitas a estaciones migratorias y lugares de alta concentración, en los cuales, se dio atención a 62 mil 403 personas, se llevaron a cabo siete mil 59 gestiones con las autoridades, y se realizaron más de mil 300 actividades de promoción, capacitación y enseñanza vinculada con el tema migratorio.

Otro fenómeno que en muchas ocasiones se asocia a la propia condición de los migrantes, es la trata de personas, que contribuye y que constituye una agresión directa a la libertad y dignidad del ser humano. Desafortunadamente, esta práctica que aprovecha la situación de vulnerabilidad de las personas, y que no distingue ni condición social ni nacionalidad, se ha expandido y no respeta ni fronteras, ni horarios.

A lo largo del año que se informa, organizamos más de 200 acciones de capacitación, con lo que se benefició a 21 mil 936 personas y se distribuyeron 32 mil 802 materiales informativos, vinculados con la prevención de la trata de personas.

También, se llevó a cabo la Campaña Contra la Trata de Personas, en lenguas indígenas nacionales como el chol, mazateco, mixteco, náhuatl, purépecha, tlapaneco, tzeltal, tzotzil y zapoteco.

Todo esto, con la finalidad de abarcar diferentes regiones del país con mayor densidad de población indígena monolingüe pero, particularmente, tratando de orientar esfuerzos para prevenir y evitar este flagelo.

Durante 2012, los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos continuaron desempeñando su labor en un ambiente adverso.

En este año, se registraron un total de 149 quejas, 96 correspondientes a agravios en contra de periodistas y 51 a defensores civiles de derechos humanos.

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desea hacer un llamado para erradicar la impunidad y llevar a cabo acciones contundentes que garanticen las condiciones de seguridad y prevención.

La mejor tarea de prevención que se puede llevar a cabo, es abatir la impunidad y lograr agotar todas las investigaciones que están pendientes de concluirse, y que se vinculan con agravios en contra de periodistas y defensores de los derechos civiles.

Para el desempeño de estos últimos, es muy importante que se puedan garantizar sus actividades y que éstas no se vean coartadas, ni amenazadas por ningún tipo de circunstancia.

Del mismo modo, es muy importante que las autoridades del Estado otorguen una atención seria a los agravios que enfrentan los periodistas, y se lleven a cabo investigaciones eficaces para llevar, como lo decía hace un minuto, a la justicia a los responsables de dichos agravios.

El ámbito de protección de los derechos humanos de la niñez, la familia, los adolescentes y las personas adultas mayores, a lo largo del año que se informa, organizamos 152 actividades de promoción, contando con una participación de 22 mil 720 asistentes y distribuyendo 164 mil 269 materiales de difusión para dar a conocer los derechos de este importante sector de la población.

En lo referente a las personas que viven con VIH-SIDA, es preciso señalar que esta condición de salud no debe ser motivo de estigma ni de ningún acto de discriminación, por lo que es necesario que exista una adecuada protección del derecho a la salud y, particularmente, que se garantice el acceso a los servicios médicos de aquellos que, lamentablemente, padecen esta enfermedad.

Por ello, en 2012, se implementaron diversos talleres, conferencias y cursos de capacitación en 24 entidades federativas, así como diversos foros internacionales que contaron con la presencia de 6 mil 52 asistentes, entre los cuales se encuentran: servidores públicos, miembros de organismos públicos de derechos humanos, personas que viven con VIH-SIDA, activistas de organizaciones no gubernamentales, estudiantes, empresarios y público en general.

Las mujeres en México, siguen sufriendo diversas formas de violencia y discriminación que no pueden ni deben ser toleradas. Al contrario, deben ser denunciadas y combatidas por las autoridades.

Eventos de violación sexual como el que se presentó en días pasados, en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, ameritan la intervención oportuna del Estado mexicano, y tener muy en claro que no hay ninguna justificación para que se ejerza violencia en contra de las mujeres, y que el Estado debe siempre investigar y llevar hasta las últimas consecuencias a los responsables de este tipo de agresiones, que son totalmente reprobables e injustificables.

De igual manera, las acciones de promoción de los derechos de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres, constituyen un rubro pendiente en las políticas públicas del país.

Por ello, en este año se distribuyeron 40 mil 847 materiales de difusión en instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil; 71 por ciento más de lo que se hizo en el año 2011.

Se llevaron a cabo 170 actividades de capacitación dirigidas a un total de 12 mil 861 personas, lo cual implicó un 31 por ciento más de participación.

Como parte de las acciones de monitoreo respecto a la igualdad entre mujeres y hombres, se dio seguimiento a los programas y acciones gubernamentales que promueven las entidades federativas en favor de la mujer, las leyes vigentes y sus reformas en materia de igualdad entre hombres y mujeres: asunto de la mujer, discriminación, trata de personas y violencia hacia la mujer.

A la fecha, debo señalar que cuatro entidades federativas no cuentan con una legislación local que permita promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

También, destaca el lanzamiento de la campaña nacional Únete por los Derechos Humanos para Eliminar la Violencia Contra las Mujeres en México, que iniciamos el mes de septiembre y en la que incorporamos un conjunto de estrategias en el ámbito nacional para prevenir y eliminar este vergonzoso flagelo de nuestra sociedad.

Quisiera, de manera muy respetuosa, formular una invitación al Gobierno Federal para que pudiéramos sumar esfuerzos en esta importante campaña de difusión, que lo que busca es alertar, prevenir y, particularmente, combatir la violencia hacia la mujer.

La población indígena de nuestro país con frecuencia enfrenta actos de racismo, discriminación y violencia, tanto física como emocional, exclusión de servicios de salud y educación, explotación laboral y limitaciones de acceso efectivo a la justicia, lo que vulnera, gravemente, su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo.

Durante este año, visitamos 206 comunidades indígenas con un alto nivel de marginación, 86 por ciento más comunidades que el año previo.

Capacitamos a 18 mil 178 personas en materia de derechos humanos de indígenas y se distribuyeron 120 mil 639 materiales informativos para lograr que se les garantice el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades.

Especial atención requiere la niñez indígena, que aún sufre rezagos que la ubican como uno de los grupos de mayor riesgo de vulnerabilidad por ser los menos atendidos en sus demandas y que se encuentran, en muchos casos, en el mayor grado de olvido.

Situación similar la que presentan las mujeres indígenas, que son objeto de abusos, de violaciones directas, de discriminación y, sobre todo, de un trato que en muchas ocasiones sigue otorgándoseles completamente desigual en comparación con los hombres, que se refleja en una violencia intrafamiliar y una falta de atención médica oportuna.

También, realizamos 68 visitas a diversos centros penitenciarios para entrevistarnos con la población indígena interna, para analizar sus expedientes jurídicos y médicos, y brindarles orientación jurídica.

Como resultado de ello, se logró la liberación anticipada de 245 indígenas que estaban sentenciados y que no correspondía que continuaran en prisión, en general, pertenecientes a los grupos étnicos: náhuatl, zapoteco, tzotzil, mixteco, totonaco, mixe, mazateco y chinanteco.

En cuanto a las visitas a lugares de detención, en ejercicio de las facultades del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, este año llevamos a cabo 527 visitas a distintos lugares de detención e internamiento.

De éstas, 275 fueron de seguimiento, a fin de identificar prácticas que pongan en peligro a las personas y, particularmente, para favorecer el mejor cumplimiento de las atribuciones que tienen las autoridades encargadas de investigar los delitos, de prevenirlos y, particularmente, de llevar a la justicia a los responsables.

En 2012, se dio a conocer, también, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, el cual permitió observar la lamentable situación que prevalece en el Sistema Penitenciario Nacional.

Algunos de los principales hallazgos fueron: La falta de condiciones mínimas de habitabilidad dentro de dichos centros, ya que, en la mayoría de ellos, se carece de servicios indispensables para la vida humana, tales como el agua potable y la alimentación.

Asimismo, se pudo advertir que las condiciones de gobernabilidad son debilitadas, en virtud de que en el 60 por ciento de los centros que visitamos, se constató la existencia de un autogobierno.

Con las condiciones actuales de estos Centros de Reinserción Social, no habrá política de seguridad pública que dé resultados. Recuperar la seguridad pública requiere, entre otras cosas, de un Sistema Penitenciario articulado y funcional, que cumpla con su propósito principal, que es la reinserción del sentenciado pero, también, garantizarle a la sociedad que los internos no se habrán de evadir de la pena que están compurgando dentro de dichos Centros Penitenciarios.

Circunstancias similares presentan los Centros de Reinserción Social para Mujeres, que se encuentran en condiciones de abandono y las colocan en un mayor grado de vulnerabilidad. Esto, ante la ausencia de una perspectiva de género, por parte de las autoridades responsables, por lo que es necesario voltear la mirada hacia ellos y, particularmente, atenderlos de manera prioritaria.

Otra deuda que subsiste en nuestro país, es con las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad. Éstas representan, en términos reales, cerca de 10 millones de mexicanos; en términos oficiales y estadísticos, el 5.1 por ciento de la población total.

Todos ellos deben luchar para enfrentar, no solamente los retos que le plantea la vida misma, sino también para superar las barreras que, por ignorancia, desconocimiento u olvido, les ha impuesto la sociedad y que dificultan su integración plena.

Por ello, durante 2012, realizamos 135 actividades de promoción sobre una incluyente a favor de las personas con discapacidad. Todo esto dirigido a un poco más de 17 mil 700 personas.

Se entregaron 75 mil 760 materiales de difusión y se llevaron a cabo 208 reuniones en todo el territorio nacional. El reto que enfrentamos actualmente, es de garantizar la plena accesibilidad a los servicios públicos, al trabajo, a la educación y al desarrollo de las personas con discapacidad.

En el periodo que se informa, sobresale, también, la apertura de 216 expedientes vinculados con personas reportadas como desaparecidas, así como 574 trabajos de campo y las más de 39 mil solicitudes de información realizadas por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diversas autoridades, lo que equivale, también, a un incremento del 126 por ciento más de esta actividad en comparación con el año previo.

De igual manera, para fortalecer los lazos de comunicación y colaboración institucional con todas y cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal, durante 2012 asistimos a las 72 reuniones de trabajo de la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos, que encabeza la Secretaría de Gobernación; en cuyo seno, se analizaron los retos y perspectivas para mejorar la situación de los derechos humanos, en especial de los grupos que se encuentran en mayor peligro de vulnerabilidad.

En suma. Durante 2012, la apuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue lograr una mayor prevención de violaciones a los derechos humanos. Por ello, no sólo se capacitó a un número sin precedente de servidores públicos, sino que se publicaron un total de cinco millones 797 mil 610 ejemplares de difusión de los derechos humanos.

Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

Desde el primer día de su mandato, usted destacó que el mayor bien que habrá de orientar la labor de su Gobierno, es la vida humana. Y señaló, como un propósito fundamental, hacer realidad los derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Reforma Constitucional de 2011 constituyó uno de los más grandes avances en materia de derechos humanos desde 1917, con un contenido que representa una expansión de su cobertura.

Esta tendencia demanda, sin duda, buscar estrategias que permitan lograr que se hagan efectivos, el poder traducirlo, como usted bien lo ha dicho, de la letra a la realidad. El poder llegar al punto en donde todos los mexicanos, no solamente tengan reconocidos sus derechos humanos, sino más aún, los puedan hacer efectivos.

Las autoridades que integran la Administración Pública Federal tienen un papel medular en la implementación de esta muy importante reforma. Deben llevar a cabo su labor con una vocación genuina de servir, y con absoluta consciencia de que el cumplimiento cabal de sus funciones tiene una repercusión directa en la vida de todos los mexicanos.

El abuso de poder, la falta de acciones, la negligencia o la arbitrariedad de cualquier servidor público, no solamente son actos éticamente reprobables, sino que son actos que lastiman a las víctimas, lastiman a las instituciones del Estado pero, particularmente, dañan el proyecto de Nación que tenemos todos los mexicanos.

Por ello, es muy importante que el contenido y alcance de estos nuevos preceptos constitucionales puedan ser conocidos por todos los servidores públicos del país y, particularmente, llevados a la práctica.

En esta parte, señor Presidente, ahí está el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de sumar esfuerzos para tener cada día mejores servidores públicos, pero que actúen siempre dentro del marco de la ley.

Estoy seguro de que alcanzar los grandes desafíos que impone esta reforma constitucional, será mucho más fácil si nos une y alienta la convicción de consolidar la Nación que todos anhelamos.

Una Nación en donde impere de manera plena el Estado de Derecho, cuyo sustento no puede ser otro que la plena vigencia de los Derechos Humanos. Y en esta parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pondrá de su parte, convencidos de que este tema debe ser un compromiso de todos.

Muchas gracias.