Señoras y señores:

Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

En primer término, quiero saludar a los señores Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República; al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes agradezco su presencia en este acto promulgatorio de la nueva Ley de Amparo.

Y que si bien es una atribución del Ejecutivo Federal, hemos querido realmente dejar constancia clara en este acto de la participación de todos los Poderes de la Unión para la concreción de este nuevo ordenamiento jurídico, al cual habré de referirme.

Señores miembros del Gobierno de la República presentes.

Señoras y señores:

El derecho es la base de la convivencia entre particulares, estructura al Estado y protege a las personas frente al poder público.

Celebro por ello que en cumplimiento de la trascendente Reforma Constitucional del 6 de junio de 2011, el Honorable Congreso de la Unión haya aprobado el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley de Amparo.

Éste es, sin duda, uno de los avances legislativos más relevantes de los últimos años, porque moderniza y vuelve a poner a la vanguardia a una de las figuras jurídicas más prestigiadas de México.

El juicio de amparo ha sido y es el principal instrumento de defensa de los derechos que las personas tienen para protegerse de los actos de la autoridad.

Hoy, se renueva y revitaliza cuando centra su atención en el ser humano, su dignidad y los derechos que le son inherentes.

Debo destacar que esta nueva Ley es resultado de un gran esfuerzo conjunto de los Poderes de la Unión.

En este marco reconozco el trabajo de los señores Legisladores, que integran tanto la Cámara de Diputados, como el Senado de la República, la valiosa orientación de Ministros y Magistrados del Poder Judicial de la Federación; y lo mismo que la participación de académicos, investigadores y juristas que hicieron importantes contribuciones y enriquecieron la creación de este nuevo ordenamiento.

Como Presidente de la República, me enorgullece ser parte de este esfuerzo colectivo, al promulgar, en Palacio Nacional, el Decreto por el cual se publica la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales.

Al hacer un recuento del trabajo que hay detrás de este ordenamiento, es justo decir que la nueva Ley de Amparo es un mérito de todo el Estado mexicano. Es una muestra más de que México se está transformando para contar con más y mejores instituciones que nos permitan consolidar el Estado constitucional y democrático de derecho que todos anhelamos.

Esta nueva Ley adopta figuras jurídicas de avanzada. Son múltiples y profundos los cambios que se han logrado. En esta intervención haré referencia a los más destacados, a partir de tres rubros:

Primero. Se amplía la esfera de protección a los derechos. En adelante, el juicio de amparo procederá en contra de normas generales, actos u omisiones, por parte de los Poderes Públicos o de particulares en funciones equivalentes a las de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte.

Con ello, en México los derechos humanos previstos en los tratados internacionales serán objeto de protección directa.

Además, se otorga la calidad de parte agraviada a quien tenga un interés legítimo, ya no necesariamente jurídico, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen sus derechos humanos.

Otro cambio cualitativo es que se dota de efectos generales a las sentencias de amparo que culminen en la declaratoria de inconstitucionalidad en la norma general, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con ello, se tutelan los derechos de todas las personas, aún cuando no hayan interpuesto el juicio, garantizando así los principios de igualdad ante la ley y supremacía constitucional.

En materia de suspensión del acto reclamado, se obliga al órgano jurisdiccional a hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés nacional.

El propósito es que no se otorguen suspensiones que causen más perjuicios sociales que beneficios para el quejoso.

Segundo rubro. Se eleva la eficacia de la justicia mexicana. Para este efecto se establece la obligación de los tribunales de fijar en las sentencias de amparo directo, los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución.

Es decir, la sentencia de todo amparo para efectos señalará con precisión los términos en que deba cumplirse y evitar así remisiones recurrentes que sólo dilataban la justicia.

Acorde con los nuevos tiempos, las promociones ya podrán, además, efectuarse en línea, mediante el uso de la firma electrónica, lo que reducirá tiempos y costos en el acceso y administración de la justicia.

Otra innovación que fortalece la eficacia y, sobre todo, la adecuada interacción entre los Poderes, es que se otorga la facultad excepcional al Ejecutivo y Legislativo Federales, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia la resolución prioritaria de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, cuando se justifique la urgencia por interés social o para mantener el orden público.

Y tercer rubro. Se fortalece al Poder Judicial de la Federación, particularmente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se crean los Plenos de Circuito, otorgando a los actuales circuitos judiciales una autonomía relativa, a fin de que las contradicciones de tesis que se generan al interior de un mismo circuito, sean resueltas a través de éstos.

Ello permitirá dar mayor homogeneidad, precisión y especificidad a los criterios y precedentes judiciales, contribuyendo así a generar mayor seguridad jurídica.

Asimismo, para asegurar el debido cumplimiento de las sentencias de amparo, se robustece el esquema de sanciones.

En última instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá separar de su cargo y consignar ante el Juez de Distrito tanto a la autoridad responsable como a su superior jerárquico; aún si ya no ejerce en el cargo, cuando incumplan una sentencia de amparo.

La inclusión de estas figuras y conceptos jurídicos marcan el inicio de un juicio de amparo más accesible para todas las personas, expedito y con mayor amplitud en sus efectos de protección.

Señoras y señores:

Cuando una legislación es rebasada por el avance colectivo es indispensable actualizarla, ponerla en sintonía con las nuevas necesidades sociales y con los estándares internacionales.

Éste es el espíritu detrás de la expedición de la nueva Ley de Amparo, que al colocar al ser humano y sus derechos como causa y fin, da un nuevo aliento a una de las más destacadas aportaciones mexicanas al mundo jurídico.

Desde su remoto origen en la Constitución yucateca de 1841, el amparo marcó una tendencia internacional, en la protección de las garantías fundamentales del individuo.

Hoy, después de 172 años, se revitaliza el instrumento de control constitucional más importante de nuestro sistema jurídico. Sin embargo, la modernización de la ley no garantiza por sí sola el éxito de su aplicación.

Toca ahora, como aquí ya lo ha señalado el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a los litigantes y estudiosos del derecho, lograr que el juicio de amparo se convierta en un derecho al alcance de todos los mexicanos.

Al Poder Ejecutivo le corresponde apegar su actuación al marco legal y acatar las resoluciones y sentencias del Poder Judicial.

En suma, corresponde a todas las autoridades del país hacer de la justicia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos, una práctica efectiva en nuestro actuar cotidiano.

Con un ánimo renovador y en colaboración con las principales fuerzas políticas y con las organizaciones de la sociedad civil, seguiremos avanzando y seguiremos buscando los acuerdos que nos permitan transformar a México en una auténtica sociedad de derechos.

La adecuación del marco jurídico sigue su marcha. Con nuevas y mejores leyes, juntos estamos moviendo para bien a todo el país.

Nuevamente, señores integrantes y titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, muchas gracias por estar presentes en este acto promulgatorio de esta nueva Ley de Amparo, que habrá de garantizar la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos.

Muchas gracias.