Señoras y señores:

Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

Saludo al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Al señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a quien hoy nos recibe en esta capital de nuestro país.

Al señor Procurador General de la República y Presidente de esta Conferencia de Procuradores.

Al tiempo que saludo al Procurador del Distrito Federal.

A las Procuradoras y Procuradores de las distintas entidades del país que se dan cita en este encuentro.

Al señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A titulares de Poderes del Distrito Federal.

Al Secretario Técnico del Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A funcionarios de los distintos órdenes de Gobierno que participan en este esfuerzo y en esta tarea, y en esta misión que todos compartimos por la procuración de justicia, por buscar un México de paz y de tranquilidad.

De igual forma, saludo a representantes y Presidentes de distintas organizaciones de la sociedad civil que se han sumado a este esfuerzo, de lo que, sin duda, es una tarea irrenunciable del Estado mexicano, pero que también demanda la participación de la sociedad civil.

Y que distintas organizaciones se han sumado a este esfuerzo, a esta misión y a buscar este mismo objetivo: el de darle al país condiciones para la justicia, para la tranquilidad y para la paz.

Les doy a todas y a todos la bienvenida.

Y me felicito de compartir con ustedes este foro.

Y también saludar aquí a académicos, a investigadores de la ciencia jurídica, del derecho, que participan de este esfuerzo.

Señores representantes de los medios de comunicación.

Señoras y señores:

El ideal de la justicia plena es muy claro: que el delincuente reciba el castigo que merece y que no haya, al mismo tiempo, una persona inocente en la cárcel. Sin embargo, lograrlo, y ustedes mejor que nadie lo saben, no es igual de sencillo.

Es indispensable contar con un Estado de Derecho sólido y eficaz donde la ley se cumpla sin excepciones, sin preferencias y sin demoras.

Por ello, me congratulo de participar en este espacio que reúne a todos los Procuradores del país, a la Procuraduría General de la República y también a representantes de los Tribunales de Justicia.

Aquí, está el Presidente, por cierto, a quien saludo, Presidente de la Conferencia de Presidentes de Tribunales de Justicia de todo el país.

Y que esto permite compartir experiencias, visiones, ópticas, condiciones particulares de cada entidad, a efecto de lograr las sinergias y la coordinación adecuada para el mismo objetivo que todos tienen.

Este encuentro es una gran oportunidad para unir esfuerzos, generar acuerdos y mejorar esquemas de coordinación entre quienes tienen la elevada responsabilidad de procurar justicia.

Aquí se expresa con vigor el federalismo articulado y, sobre todo, propositivo, que prevé el Plan Nacional de Desarrollo como condición indispensable para cumplir nuestras metas como país.

Los desafíos de México no pueden ser superados, como aquí lo expresaba y pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo con el Jefe de Gobierno, por una sola persona, ni siquiera por un solo Gobierno.

No caben en esta tarea y en esta misión esfuerzos o tareas individualistas. Tiene que haber corresponsabilidad, coordinación y alineación de esfuerzos entre órdenes de Gobierno y entre Poderes de la Unión, y entre los poderes de las distintas entidades del país.

Y, de igual forma, una visión compartida para que realmente podamos generar una sinergia ganadora y eficaz en esta tarea de la procuración de justicia.

En este marco, reconozco la disposición y el compromiso de los procuradores y fiscales generales, para construir juntos un México en paz, donde la seguridad y la justicia sean una práctica cotidiana.

Hoy, las procuradurías del país tienen el doble reto, además de atender el exigente trabajo del día a día, deben ocuparse, también, de la transformación institucional en sus dependencias.

Hoy, nuestro sistema de justicia penal atraviesa por un periodo de transición histórica. La Reforma Constitucional de 2008 es el cambio más trascendente en el último siglo, en el paradigma que habíamos construido en materia de justicia penal.

Y hoy tenemos uno nuevo, que hemos acordado, que fue aprobado por el Constituyente Permanente, y donde poderes y órdenes de Gobierno estamos trabajando y debemos comprometernos aún más para hacer realidad y materializar este esfuerzo para lograr este nuevo modelo de justicia penal acusatorio y adversarial que prevé nuestra Carta Magna.

Ante ustedes refrendo el compromiso del Gobierno de la República de trabajar, junto con las autoridades estatales y los poderes judiciales, para que esta reforma sea una realidad en todo el territorio nacional.

Las ventajas que ofrece son evidentes, y las entidades que ya lo han adoptado plenamente puede en ellas acreditarse y verse el resultado y beneficios que este sistema tiene.

Se agilizan los juicios, se resolverán con mayor capacidad institucional los distintos casos que se tengan y se asegura la equidad entre las partes; se privilegia la solución de conflictos, a través de mecanismos alternativos, como la conciliación y la mediación para la pronta reparación del daño.

Esto será fundamental, toda vez que permitirá que las procuradurías liberen y reorienten sus recursos hacia la investigación y esclarecimiento de los delitos de mayor impacto entre la sociedad; asimismo, se garantizará el debido proceso a cualquier persona y se respetará el principio de presunción de inocencia.

Todas las instancias que participan en el sistema de justicia deberán garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos; además, la Reforma de Justicia Penal, sin duda tiene un importante impacto en la contribución al desarrollo y al dinamismo económico que tenga nuestro país.

Si reducimos el delito y la impunidad, los emprendedores, los empresarios, habrán de invertir, por un lado, menos en seguridad y más en aquello que permita que sus actividades, cualesquiera que sean dentro del ámbito privado, sean más productivas.

Durante esta semana he dedicado líneas y mensajes, precisamente para un objetivo que nos estamos trazando de orden prioritario para esta Administración, que es elevar la productividad en el país, es asegurar que a consecuencia de ello las familias mexicanas tengan mejores ingresos.

Y para lograr este objetivo, además de las distintas acciones y políticas públicas en materia económica, se hace fundamental y ustedes lo saben, porque éste es un tema que se aprecia de manera obvia, lógica y natural, es lograr condiciones de mayor seguridad.

Y esto tendrá, insisto, impacto, el que logremos combatir la impunidad, el tener un sistema de justicia pleno y el asegurar la aplicación irrestricta de la ley, nos va a permitir realmente impulsar o tener mejores condiciones para el crecimiento económico y, en consecuencia, para el desarrollo social.

Yo he advertido también de manera señalada que la mejor palanca, la mejor fórmula para combatir la pobreza es efectivamente logrando crecimiento y desarrollo económico, y que con la participación del Estado podamos realmente asegurar una justa distribución de esa riqueza entre los mexicanos, y por eso se hace fundamental establecer condiciones de mayor seguridad.

Estos resultados permitirán, y advierto que será en un mediano plazo, que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones y en la autoridad.

De ahí la importancia de que las procuradurías y fiscalías, así como las instituciones de seguridad pública, jueces y magistrados, impulsen con firmeza la efectiva transición e instrumentación del nuevo Sistema Adversarial Acusatorio.

Además de hacer realidad esta reforma constitucional, como ya lo he señalado, el otro reto estructural es elevar la eficacia de las procuradurías.

Por eso, desde el inicio de esta Administración, instruí al Procurador General de la República a realizar una profunda reestructuración de su dependencia.

Y el objetivo es muy claro: Fortalecerla, modernizarla y asegurar que, dentro del nuevo marco constitucional del sistema de justicia penal, realmente la contribución y trabajo que realice en la misión de procurar justicia esta Institución, realmente pueda asegurarse este objetivo, sobre todo asegurando una mayor capacidad para la investigación en la comisión de cualquier delito y que esto aporte los elementos suficientes, que le permitan al juzgador la aplicación de la ley.

Yo podría decir, con toda claridad: la tarea que tiene por delante el Ministerio Público, las procuradurías de justicia, tanto la General de la República como las de todas las entidades del país y la del Distrito Federal, es no sólo asegurar el que su actuación sea implacable, sino sobre todo, impecable.

Significa que deberán actuar con mayor profesionalismo, con mayores elementos que, dentro de la investigación, permitan asegurar que todo aquél que delinque, todo aquél que cometa un delito, realmente pueda ser sometido a la aplicación de la justicia con los elementos que aporte.

Y esto demanda, insisto, una reestructuración a fondo en todas las procuradurías de justicia, para contar con los elementos de personal, de capital humano, de uso de tecnologías, que están hoy a nuestro alcance, para que realmente se pueda cumplir con este objetivo.

Y ésta es tarea, no sólo dentro de la Procuraduría General de la República, sino que también debe ocurrir, insisto, en todas las procuradurías del país.

Debemos alentar la especialización, tener investigadores con renovadas capacidades científicas y técnicas, contar con servidores públicos más comprometidos con su responsabilidad social.

Otro reto inaplazable es la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir un Código Único de Procedimientos Penales y una Ley General Penal. Dos temas que ya se han iniciado a debatir.

Y esto me da espacio para saludar, con respeto, a senadoras y senadores de la República, a diputadas y diputados que están aquí presentes y que participan, sobre todo, en comisiones que tienen que ver con la procuración de justicia.

Y este es un tema que ya se debate y que nos va a permitir, en la aplicación de este nuevo sistema de justicia penal, el asegurar procedimientos únicos en todo el país para uniformar, realmente, los mecanismos, los procedimientos que se sigan, no sólo en el orden Federal, sino en todos los órdenes estatales.

Para que la capacidad institucional que se tenga en los distintos niveles u órdenes de Gobierno sea mayor al tener procedimientos o sistemas de procedimientos penales únicos, uniformes y homologado en todo el país. Ese es el alcance del Código Único de Procedimientos Penales.

Por su parte, la Ley General Penal, que espero pronto inicie su debate o se inicie el debate sobre la misma, pretende establecer reglas y principios generales que darán mayor certeza jurídica a la aplicación de la ley.

Con ello, se evitarán extremos o legislaciones de coyuntura, sin lesionar la facultad de los estados y del Distrito Federal para expedir sus propios Códigos Penales.

La aprobación de estos dos ordenamientos significará un cambio de fondo al sistema de justicia en nuestro país. Son además, reformas contempladas en la nueva Política de Estado por la Seguridad y la Justicia para los mexicanos que el Gobierno de la República ha puesto en marcha.

De igual forma, son cambios institucionales contenidos en el Pacto por México, razón por la cual estoy seguro, y hago votos, porque muy pronto habrán de concretarse estos dos proyectos que ya están iniciando debate en el Congreso de la Unión.

Señoras y señores:

Contar con una justicia pronta, expedita, parcial y efectiva, es una demanda y un derecho de los ciudadanos. Asegurar que así sea, es una obligación de todos nosotros.

Hago votos porque este espacio de diálogo, de sinergias, propositivo, de colaboración, se traduzca en acciones conjuntas y coordinadas para dar plena vigencia al Estado de Derecho que todos los mexicanos anhelamos y queremos.

La sociedad espera respuestas oportunas y eficaces; espera, también, un cambio positivo no sólo en las policías o en los Ministerios Públicos, sino especialmente en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Convoco a los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia del país a trabajar al unísono en estrecha vinculación para estar a la altura de este gran desafío.

Yo estoy seguro que si trabajamos juntos, en respeto a las distintas atribuciones y responsabilidades que tienen poderes y órdenes de Gobierno, pero sobre todo, con la misma visión, con esta visión compartida de lograr un México de paz, de tranquilidad y de plena vigencia del Estado de Derecho, el rostro de nuestro país será otro.

Éste es el momento para movernos, para que todos nos movamos, para que transformemos las instituciones y podamos, realmente, sentar bases muy sólidas a partir de lo que se ha logrado en quienes nos han precedido, pero ahora en el reto que tenemos nosotros como sociedad por delante, y la responsabilidad que tenemos quienes tenemos tarea pública para que realmente aseguremos el México de paz.

Y, sobre todo, cumplan con esta misión y tarea que todos ustedes tienen encomendada. Y que aquí refrendo lo que expresara en su momento el Procurador General de la República: asegurar para los mexicanos una debida procuración de justicia.

Hago votos por el éxito de este encuentro y me congratulo de participar en esta reunión.

Muchas gracias.

Procedo a la Declaratoria Inaugural, no sin antes saludar por la omisión involuntaria, al señor Gobernador del Estado de Sinaloa y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, quien seguro estoy llevará, también, este mensaje a todos los demás gobernadores, porque ésta es parte, son parte importante de esta sinergia, esta sinergia que debe resultar en un triunfo para México.

Señoras y señores:

En México, Distrito Federal, siendo las 12 horas con 25 minutos del día 30 de mayo de 2013, me es muy grato declarar inaugurada la 29 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, cuyas propuestas y acuerdos contribuirán a acelerar la transformación institucional del nuevo sistema de justicia penal de nuestro país.

Éxito y muchas felicidades.