El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, refrendó hoy su compromiso de trabajar, junto con las autoridades estatales y los Poderes de la Unión, “para que la Reforma Penal, la más relevante en esta materia sin duda en el último siglo y que ha significado un parteaguas dentro del sistema de justicia de nuestro país, sea una realidad en todo México”.

Destacó que hoy sólo tres entidades del país han implementado el sistema de justicia oral y adversarial, y se trabaja con los órdenes locales de Gobierno para que, como lo prevé la Constitución, en el 2016 se tenga en todo el país, tanto en los órdenes locales como en el federal, la vigencia plena de este nuevo sistema de justicia.

“Estoy consciente de que la correcta implementación de la Reforma Penal requiere de la participación corresponsable de todos los órdenes de Gobierno y de los Poderes de la Unión”, añadió.

“No estamos queriendo competir con ninguna autoridad; está muy claro que esta tarea por la seguridad y la justicia de los mexicanos involucra al Estado en su conjunto, y eso implica la colaboración y corresponsabilidad, no sólo de los Poderes de la Unión, sino de todos los órdenes de Gobierno”, y no en un afán de competir, sino más bien en un afán de que cada parte haga lo que le corresponde, precisó.

Agregó que alcanzar la paz, la seguridad y la justicia que reclaman los mexicanos es un desafío que exige el compromiso y la coordinación del Estado en su conjunto; “es un reto que demanda el trabajo corresponsable y articulado de los Poderes de la Unión, de los tres órdenes de Gobierno, de la sociedad civil organizada y de los propios ciudadanos, éste es un tema en el que todos estamos comprometidos”.

Ratificó su plena voluntad y compromiso institucional “de usar todos los recursos y medios del Estado para hacer este objetivo una realidad”.

En la inauguración del Quinto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia “Por una adecuada implementación de la Reforma Penal”, organizado por la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, el Presidente Peña Nieto expresó su solidaridad con los deudos de quienes lamentablemente fallecieron hoy en un accidente ocurrido en la carretera México-Pachuca. “Para con los deudos, nuestras expresiones de mayor solidaridad y respaldo”, expresó.

El Presidente de la República dijo que, sin duda, uno de los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana es, indiscutiblemente, contar con tribunales expeditos, profesionales y confiables que den plena certeza sobre la aplicación de la ley. “La paz, la seguridad y la justicia que exigen los habitantes del país, sólo pueden garantizarse con instituciones y leyes eficaces, bajo el escrutinio ciudadano”, puntualizó.

Señaló que también se promueve la creación de un Código Único de Procedimientos Penales, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común, pues “debemos tener presente que si bien en el país hay una sana división de poderes y competencias, todos compartimos un objetivo superior: abatir la corrupción y la impunidad que lastiman, ofenden y agravian a nuestra sociedad”.

Con reformas transformadoras y una reingeniería institucional, los responsables de un delito serán sometidos a la justicia y serán sancionados con las penas que prevé la ley, indicó.

Tras expresar su felicitación a la sociedad civil organizada “tan involucrada, tan comprometida en favor de esta causa”, el Primer Mandatario destacó que el reto es lograr una actuación eficaz de la autoridad en un marco de protección y absoluto respeto a los derechos humanos.

Recordó que una de las primeras decisiones del Gobierno de la República fue poner en marcha la nueva política de Estado por la seguridad y la justicia de los mexicanos, que consta de seis líneas de acción: planeación; prevención; protección y respeto a los derechos humanos; coordinación; transformación institucional; y evaluación y retroalimentación.

QUE LA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA SEA MÁS ÁGIL, TRANSPARENTE Y DINÁMICA, OBJETIVO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL: MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ

Con la representación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, el ministro Sergio Valls Hernández, dijo que el objetivo de la reforma constitucional puesta en marcha es hacer que la impartición de justicia sea más ágil, más transparente, más dinámica, y con un equilibrio procesal fundado en el respeto a los derechos humanos.

Informó que el Poder Judicial de la Federación, consciente de su responsabilidad dentro de la reforma, ha establecido objetivos específicos tendientes a dar continuidad y a contribuir a la instrumentación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y continúa desarrollando actividades conforme a los tres ejes fundamentales de la reforma constitucional: el eje de cambio organizacional, el eje de cambio cultural y el de la coordinación institucional.

Por ejemplo, citó que están funcionando siete juzgados federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, y tres juzgados federales especializados en materia de ejecución de sanciones. Además, indicó, se trabaja en la capacitación de funcionarios del Poder Judicial en materia de ejecución de sanciones, para que, de acuerdo a las necesidades, sean creados más juzgados especializados en este rubro.

Así, agregó, “el Poder Judicial es consciente de las bondades de este nuevo sistema. Por ello está trabajando para que se constituya como una respuesta del Estado a los ciudadanos, en su derecho a una justicia pronta y expedita”.

EL BIENESTAR Y LA PROSPERIDAD SOCIAL ESTÁN
BASADOS EN RESPETAR LAS LEYES: ALEJANDRO MARTÍ

“El bienestar y la prosperidad social están basados en respetar las leyes, en construir un sistema judicial transparente, pronto y justo. Los ciudadanos y sus familias deben volver a sentirse seguros en nuestro país”, expresó Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, al afirmar que el Gobierno tiene una oportunidad histórica para lograr que retorne la seguridad al país.

Martí enfatizó su reconocimiento a las leyes y ordenamientos jurídicos que se han acordado recientemente, como la Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas, la Ley de Derechos Humanos, “y ahora la discusión sobre el Código Procesal Único, entre otros”, y pidió tener claridad en la articulación, la concordancia y la coordinación entre cada uno de éstos y el nuevo sistema de justicia penal.

“México está vivo y la ciudadanía es cada vez más responsable y más fuerte, no hay duda de ello” destacó, al tiempo que afirmó: “un mejor México sí es posible”.