Señoras y señores

Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Señores Presidentes de las Mesas Directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

Muchas gracias por su presencia.

Al señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

A los señores Gobernadores de las entidades federativas que amablemente hoy están aquí, entre nosotros.

Al señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al señor Rector de nuestra máxima casa de estudios, de quienes agradezco su intervención y sus comentarios que, sin duda, vienen a enriquecer y a fortalecer los esfuerzos para lo que hoy somos convocados: asegurar y garantizar una sociedad plena de derechos.

Quiero saludar a los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República.

A dirigentes de organizaciones empresariales.

A dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, que están en un permanente trabajo de promoción y de lucha en favor de la seguridad y de los derechos humanos, o del respeto a los derechos humanos en nuestro país.

Saludo la presencia de Embajadores de países hermanos que hoy nos acompañan.

A las Presidentas de la Comisión de Derechos Humanos, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados.

Al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Y a servidores públicos de todos los órdenes de Gobierno que están hoy entre nosotros.

Me da mucho gusto saludarles en este acto en el que se presenta, precisamente, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018.

Señores representantes de los medios de comunicación

México debe consolidarse como un Estado Democrático de Derecho, que impulse y procure el pleno respeto y garantía de los Derechos Humanos.

Y para alcanzar este elevado propósito, el Estado mexicano en su conjunto ha venido trabajando en el fortalecimiento del marco de protección a los derechos fundamentales de las personas.

Gracias a la actitud constructiva y a la corresponsabilidad que han prevalecido entre los Poderes de la Unión, los Derechos Humanos tutelados por nuestro orden constitucional, se han ampliado y fortalecido.

Entre otros, nuestra Constitución ahora reconoce el derecho a una educación de calidad, a la identidad, como el de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el Internet.

Igualmente, se han fortalecido los derechos de libertad de expresión, el de libertad de conciencia y de acceso a la información pública. Asimismo se elevó la edad mínima para el trabajo de menores.

En cuanto a derechos políticos, por ejemplo, se estableció la paridad de género para acceder a cargos legislativos y, de igual forma, se establecieron las candidaturas independientes para cargos de elección popular.

Además, hoy se cuenta con nuevos instrumentos legales de avanzada que protegen el goce efectivo de los derechos.

Ejemplo de ello, es la nueva Ley de Amparo que incluye innovadores mecanismos de defensa y protección de los Derechos Humanos.

Además, entró en vigor la Ley General de Víctimas, una norma que cumple con estándares internacionales en materia de asistencia, protección, atención, reparación integral y restitución de los derechos de las víctimas.

Por su parte, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que pone en el centro de atención a la víctima, el respeto a sus derechos, la presunción de inocencia y la reparación del daño.

Junto a este nuevo andamiaje legal, el Gobierno de la República trabaja con determinación en favor de los Derechos Humanos. Los esfuerzos realizados en año y medio de gobierno, ya permiten observar importantes avances.

De manera destacada, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de las dependencias del Gabinete de Seguridad se han reducido en más del 75 por ciento, especialmente las dirigidas a las Fuerzas Armadas, como aquí lo ha señalado ya el propio Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De igual forma, se ha dado cumplimiento a las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y se decidió retirar las reservas a artículos de cinco tratados internacionales, para ampliar la protección a los derechos fundamentales de las personas.

La expansión de los Derechos Humanos en nuestra Constitución, a partir de 2011, tanto de fuente nacional como internacional, representó un gran paso para México.

Este avance jurídico, junto al control de convencionalidad, que debe realizar todo juzgador nacional, representa una significativa evolución legal para nuestro país; en ella, el Poder Judicial Federal ha desempeñado un papel fundamental. Sin embargo, México requiere seguir avanzando en esta materia.

Las profundas transformaciones que ha experimentado el país, sólo podrán arraigarse en el mediano y largo plazos, en un contexto en el que imperen el Estado de Derecho y la protección efectiva de los Derechos Humanos.

Nuestro objetivo es transitar del reconocimiento de los Derechos Humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos de las personas, a una política de Estado que garantice en la práctica, su efectivo cumplimiento.

Tenemos plena conciencia de los desafíos que enfrentamos como nación. El Gobierno de la República mantendrá firme su disposición al diálogo y a la cooperación con los mecanismos internacionales de protección a los Derechos Humanos.

Sumando esfuerzos con estos mecanismos y con las organizaciones de la sociedad civil, el Estado mexicano seguirá combatiendo con determinación prácticas inaceptables, violatorias de la ley y los Derechos Humanos, como la tortura, las desapariciones o la trata de personas.

El Gobierno de la República está comprometido en reforzar los instrumentos para prevenir y evitar cualquier violación a los Derechos Humanos, que deben ser investigadas y sancionadas conforme al nuevo marco normativo que en México hoy nos rige.

Éste es el espíritu que da contenido al Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, que hoy nos convoca.

Este Programa rector se distingue por cuatro características esenciales:

Primera: Es un Programa con visión nacional, que trasciende el ámbito de la Administración Pública Federal.

Este Programa involucra a los tres poderes y a los órganos autónomos, por eso se puede considerar una auténtica política de Estado.

Quiero aprovechar esta oportunidad, para reconocer a las entidades federativas que ya cuentan con un programa estatal de Derechos Humanos y, al mismo tiempo, hago una respetuosa convocatoria a las que se encuentran en ese proceso para que alineen sus esfuerzos al Programa Nacional que hoy se presenta.

Segunda característica. Coloca a los derechos humanos en el centro de todas las acciones del Gobierno.

Congruente con el mandato Constitucional, los derechos humanos constituyen un eje transversal que abarca a todas las dependencias de la Administración Pública Federal.

Con ello se asegura que en sus programas y políticas públicas exista una perspectiva de promoción y protección de derechos fundamentales.

Tercera característica. Promueve la articulación eficaz.

Los derechos humanos son una responsabilidad de Estado, compartida entre los Poderes, órdenes de Gobierno y sociedad civil.

Son una causa que nos debe unir como Nación para pasar de esfuerzos aislados a una coordinación eficaz.

Y creo yo que la presencia de los representantes de los Poderes, de los órdenes de Gobierno y de la sociedad civil, acreditan que ésta es una tarea que nos convoca a todos.

Cuarta característica. Cuenta con mecanismos de información y evaluación independientes.

Por primera vez se establecen indicadores para medir y evaluar el goce y ejercicio de los derechos humanos, además, prevé un mecanismo que integra información actualizada, accesible, oportuna, confiable y objetiva que permita mejorar la toma de decisiones.

Y, asimismo, el Programa adopta la metodología de indicadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos para conocer avances y retos que hay en esta materia.

Es importante destacar que en la definición de este programa se consideraron las diversas recomendaciones emitidas al Estado mexicano por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y de las derivadas del Segundo Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Señoras y señores:

El Programa Nacional de Derechos Humanos fue publicado el pasado 30 abril.

Hoy se presenta formalmente para ratificar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con la difusión y protección de los derechos fundamentales del individuo.

A fin de lograr su eficaz implementación, a partir de este día deberán instrumentarse las siguientes medidas dentro de la Administración Pública Federal:

Uno. Se ampliará y fortalecerá el proceso de capacitación a los servidores públicos, en el marco de las nuevas disposiciones constitucionales.

Dos. Cada Secretaría deberá fortalecer sus mecanismos internos de evaluación, a fin de asegurar el alineamiento de sus programas y acciones, con el Programa Nacional de Derechos Humanos.

Y tres. Igualmente, cada Secretaría deberá adoptar las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias, para prevenir violaciones a los Derechos Humanos en el ámbito de su competencia.

Los esfuerzos que realicemos deben contribuir a transformar a México, en una auténtica Sociedad de Derechos, en la que todas las personas gocen del pleno respeto a su dignidad humana.

Estoy seguro de que éste es un anhelo que compartimos.

Trabajando juntos habremos de hacerlo realidad.

Yo aquí nuevamente reconozco la presencia y participación de todos quienes representan órdenes de Gobierno, poderes, instituciones, a la propia sociedad civil, que reconoce, por un lado, como lo expresara en alguna forma el Rector de nuestra máxima casa de estudios, sería injusto no reconocer los avances que el país ha tenido en los últimos años.

Hoy, sin duda, somos parte de una nueva cultura que va cobrando cada día más fuerza y más arraigo entre la sociedad mexicana de hacer un respeto pleno a los derechos humanos, pero al mismo tiempo reconocemos que hay camino por andar y que trabajar de forma conjunta.

Ésta es una tarea del Estado mexicano en su conjunto con la participación de la sociedad civil.

Esto es algo que, estoy seguro, podremos lograr en el compromiso que cada uno de nosotros asuma plenamente frente a este reto: asegurar el pleno respeto a los derechos humanos, y también ir modelando, cada día, de mejor manera, una sociedad plena de derechos.

Muchísimas gracias.