MODERADORA: Interviene enseguida, el licenciado Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.

-CONSEJERO HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES: Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.

Señores Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Señoras y señores integrantes del presídium.

Amigos abogados:

En los últimos años, hemos experimentado la transformación más profunda de nuestro Sistema Constitucional desde 1917, cuando se incorporaron como primer país en el mundo los derechos sociales a la educación, a la tierra y al trabajo.

Hay, hoy, en México, un cambio de  paradigma. Hoy, toda política de Estado, toda norma y toda interpretación legal se centra en el ser humano y en sus derechos, que es la causa y el fin de todo el orden jurídico mexicano.

Las reformas estructurales que ha impulsado el Presidente de la República, tienen esta visión humanista, porque su concepción se basa en reconocer nuevos derechos humanos o en fortalecer otros, para hacerlos verdaderamente efectivos.

Se reconocieron los derechos humanos de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como la paridad en las candidaturas a cargos de elección popular en materia legislativa.

También, se ensancharon los derechos humanos a la educación de calidad, el acceso a la información pública gubernamental, y a contar con un sistema económico que genere competencia para adquirir productos a precios más baratos.

Además, con la Reforma Energética, se crearon los instrumentos constitucionales para dar viabilidad financiera a los derechos sociales, económicos y culturales de los mexicanos.

Estos cambios, por supuesto, exigen de nuestra profesión un gran compromiso, entender y reflexionar sobre los retos y sobre sus oportunidades, pero también requieren mayor unidad como gremio, mejor capacitación y, por supuesto, más ética para prestar servicios legales de calidad, tanto por los abogados del Estado, cuanto por los abogados particulares.

No hay derecho humano, sin embargo, sin una tutela judicial efectiva. Como decía Morelos: todo aquél que pida justicia, debe contar con un tribunal que lo escuche, lo ampara y lo protege.

Por eso, es momento de que sumemos esfuerzos para lograr esta justicia; una justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una justicia que haga realidad los derechos humanos. Una justicia cotidiana que dé respuesta rápida y efectiva a quien la demanda. Una justicia accesible, que deje los formalismos para centrarse en la solución de los problemas.

Una justicia que privilegie la solución amistosa de los conflictos, para contribuir a la armonía y a la paz social. Una justicia que permita superar la desigualdad entre las partes y que proteja al débil frente al fuerte, y al ciudadano de cualquier arbitrariedad.

Una justicia que sea una justicia efectiva, que sea el día a día de los mexicanos

La sociedad espera de nosotros, de todos los abogados, una verdadera vocación por esta justicia. Cambiar la mentalidad, las normas, los procedimientos y la visión del derecho para lograr la solución de los problemas en forma expedita, porque la justicia que tarda, la justicia que tarda, no es justicia.

Por ello, debemos sí, felicitarnos por este Día del Abogado. Reconocer lo mucho que ha hecho el gremio en la construcción del sistema social, económico y político de México.

Pero sobre todo, debemos comprometernos, como abogados, con los más altos valores de la profesión, para hacer la justicia lo más cotidiano del quehacer social.

Sólo juntos; sociedad, academia, abogados, y poderes de todos los niveles del Gobierno, podremos hacer efectiva la aspiración de justicia que plantea nuestra Constitución.

Hoy, creo que debemos poner en el centro de los derechos humanos, a la tutela judicial efectiva, porque es la que hace realidad los derechos fundamentales.

Las naciones son verdaderamente fuertes y potentes cuando logran una justicia efectiva, que proteja los derechos humanos. Trabajemos todos, para hacer cotidiana la justicia.

Muchas gracias.

-MODERADOR: Escuchemos las palabras de la maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República.

-PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Buenos días a todas y  todos ustedes.

Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; integrantes del presídium; amigos y amigas abogados:

Es un honor dirigirme a todos ustedes. Honor que mucho agradezco.

Los abogados son actores esenciales en la conservación del orden social. Si el derecho es la base de toda la sociedad, entonces, los abogados son la piedra angular del Estado moderno. Su rol en nuestra vida cotidiana, es fundamental.

En virtud de su trabajo, es posible soñar con una institución, una sociedad justa, íntegra, donde se respeten los derechos humanos. Si el vínculo que mantiene unida a la sociedad es la ley, aquí estamos los que tenemos la responsabilidad de ser garantes que eso suceda.

Las y los juzgadores, las y los Ministerios Públicos, las y los abogados postulantes, las y los fiscales y procuradores. En este momento, más que nunca, no escatimemos nuestro empeño por cumplirle a la sociedad.

La ley es libertad y también responsabilidad, la forma más elevada de ofrecer certidumbre a los derechos y a las obligaciones.

En este sentido, la función del abogado está dirigida a la búsqueda de la justicia. Por ello, la probidad y la rectitud son los principales elementos en el ejercicio de esta profesión.

Asegurar la calidad ética y el profesionalismo de los servicios jurídicos, a través de la colegiación y certificación periódica, debe ser un tema de análisis prioritario en la agenda pública.

Hoy, es un buen día que aprovecho para hacer patente que los derechos humanos que todos los mexicanos gozamos, han sido parte de un largo proceso de reconocimiento y consolidación en nuestro sistema jurídico.

En este sentido, la erradicación de la violencia de género, el combate a la corrupción y el fomento a una mejor rendición de cuentas y transparencia, consolidan nuestra democracia.

Éste es el marco de actuar, ésa es la directriz permanente del Ejecutivo Federal, ése es el objetivo principal de su Gobierno; lograr el ejercicio pleno de los derechos que la Constitución reconoce a los mexicanos.

Esto nos obliga a trabajar decididamente en que el lenguaje de los derechos humanos sea un idioma común en todos los sectores e instituciones. Debemos garantizar que sean conocidos y respetados en todos los niveles, y desde temprana edad. Tiene que convertirse en materia de nuestro sistema educativo y en parte inherente de nuestra sociedad.

Desde el inicio de su mandato, señor Presidente, su Administración ha trabajado para bridar seguridad a los mexicanos que han visto vulnerada su tranquilidad, implementando una estrategia nacional para reducir la violencia, a través de una real y eficaz coordinación entre  diversos órdenes de Gobierno, a fin de combatir la impunidad y, hacer prevalecer la justicia y la paz y el Estado de derecho en México.

Los servidores públicos de las instituciones del Gobierno de la República, estamos trabajando con todas nuestras capacidades para mantener un México en paz, donde el imperio de la ley sea la constante, donde  el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población sea lo cotidiano. Un México que sancione el abuso y reconozca el cumplimiento.

En la Procuraduría General de la República, sabemos y estamos conscientes que la sociedad en su conjunto exige resultados, investigaciones apegadas a derecho, rigurosas en sus alcances y eficaces en sus resultados en el combate a la delincuencia y la impunidad en el país.

Hoy, nos enfrentamos a un reto y un hecho histórico.

Estamos en la transición de un sistema procesal mixto, a uno de tipo acusatorio y oral. Las reformas constitucionales en materia penal logradas bajo su gestión,  señor Presidente, y de las que menciono sólo un ejemplo; el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas del juicio de amparo en materia de derechos humanos, nos reclaman actualización y especialización.

Las abogadas y los abogados debemos estar preparados para la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, que deberá operar de manera plena el 18 de junio del próximo año.

Una procuración de justicia ejemplar que todos deseamos, requiere de agentes del Ministerio Público,  de policías de investigación y personal pericial honesto y de excelencia,  a través de la permanente actualización de conocimientos jurídicos y el perfeccionamiento de las técnicas de investigación.

Por ello, nos hemos planteado fortalecer las capacidades ministeriales para mejorar la atención a víctimas, mediante un renovado esfuerzo de profesionalización y modernización; velar por un desempeño probo y apegado a derecho por parte de los servidores públicos de la institución.

Pero además, sabemos que la confianza de la ciudadanía se logra acercando las instituciones a las personas y con el cumplimiento de las exigencias legales que tenemos los servidores públicos.

Las desigualdades socioeconómicas, las diferencias regionales y las prácticas acendradas, han generado en nuestro país estructuras dispares que complican el acceso de los ciudadanos a uno de los derechos fundamentales del ser humano; la igualdad ante la ley.

La legalidad y la justicia sólo se construyen, sólo se conciben desde la debida aplicación de la ley. Nunca al margen de ella.

El combate a la impunidad exige una participación responsable de todos para evitar abusos y corregir deficiencias históricas.

No podemos, no debemos tolerar a quienes se imaginan un México en que la ley no aplica para ellos, en el que se pretende disfrutar de una aplicación a modo de la ley. Eso se llama impunidad, y no se puede tolerar más.

Es deseable que la sociedad reconozca a quienes hacen bien su tarea de procuración de justicia, y también que castigue con la exclusión y la denuncia a quienes transgreden la ley.

Para que México alcance su máximo potencial, debemos garantizar a cada persona el derecho a la seguridad y un acceso efectivo a la justicia. Nuestro esfuerzo está enfocado en la necesidad imperiosa de rescatar y fortalecer la credibilidad y confianza ciudadana en instituciones de procuración de justicia.

Señor Presidente.

Señoras y señores:

Hago propicia la ocasión, para enaltecer a las abogadas y abogados que han aportado su conocimiento para el desarrollo de nuestra Nación.

Reciban todos ustedes una cordial felicitación y mi reconocimiento por la labor que cada una desempeña de manera significativa en la promoción, protección y defensa a la seguridad jurídica de todos los mexicanos.

Muchas felicidades a todos y todas ustedes.

Muchas gracias.

-MODERADORA: Corresponde el uso de la palabra al Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

-MIN. LUIS MARÍA AGUILAR MORALES: Muy buenos días.

Señor Presidente, don Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señor Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Don Miguel Alemán, que nos acompaña; la maestra, desde luego, doña Arely Gómez González, Procuradora General de la República; señor licenciado don Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.

Distinguidos miembros del presídium, que ha sido ya motivo de reconocimiento su presencia, y cosa que yo agradezco infinitamente.

En 1842, André Dupín, jurista francés, publicó una obra intitulada La Profesión del Abogado, que también fue conocida como El Arte del Abogado. En ella, el autor sugería que las funciones del abogado son mucho más antiguas que el título en sí mismo.

Y que, en efecto, decía, entre todas las naciones civilizadas ha habido siempre hombres celosos y virtuosos, que siendo muy versados en los principios del derecho y de la equidad, ayudaban a los otros con sus consejos y defendían en los juicios a los que no se encontraban en estado de defenderse por sí mismos, o que tenían menos confianza en sus propias ideas que en las luces de estos generosos defensores.

La historia guarda en sus vetustos anaqueles testimonios de la notable labor de estos individuos que consagraban sus esfuerzos en defensa de los intereses de otros.

Por ejemplo, Demóstenes era un defensor gratuito que componía argumentos para que con sus conciudadanos pronunciaran al sostener sus derechos en juicio. Incluso, Demóstenes llegó al extremo de elaborar argumentos para cada una de las partes aún contrarias entre sí.

Isócrates, orador, logógrafo, político y educador, fue algunas veces citado a comparecer ante los tribunales como infractor de las leyes por haber sugerido a las partes medios capaces de sorprender a sus adversarios, lo cual fue causa que se le impidiese asesorar más a los otros.

Por su lado, se dice que Antisoaes, que fue el primero que recibió de sus clientes una recompensa por el cuidado que había puesto en su defensa. Hasta entonces, había sido simplemente una ayuda generosa y gratuita.

Estos y otros tantos personajes de la historia se condujeron motivados más por un principio de honor que de interés, mientras que aquellos en quienes se reconocía un espíritu mercenario, fueron reprendidos vivamente, como se aprecia, por ejemplo, en las propias oraciones de Demóstenes.

Tal fue la disciplina del Foro de Atenas, que sirvió de modelo al de Roma, semillero de muchos de los más grandes juristas de la historia.

Fue, precisamente, Justiniano quien comparó a los abogados con los guerreros, por ser defensores de la libertad y del derecho a costa, incluso, de su propia tranquilidad, ya que no luchaban solamente contra adversarios, sino contra la arbitrariedad y el despotismo de la autoridad.

Seguramente por ello, a la postre, Las Institutas de Justiniano se volvieron parte medular de la enseñanza del derecho.

La Real y Pontificia Universidad de México fue inaugurada el 25 de enero de 1553 y, según el cronista don Bernardo de la Plaza y Jaén, la cátedra de Leyes fue una de las siete columnas con la que se dio inicio a los cursos de la universidad. Las otras seis cátedras restantes, fueron: Teología, Escritura Sagrada, Cánones, Artes, Retórica y Gramática.

Si bien es memorable el 5 de junio de 1553, cuando don Pedro Morones, Fiscal de la Real Audiencia, disertó acerca de las Decretales, fue precisamente el jueves 12 de julio de 1553, cuando el doctor en Derecho, don Bartolomé de Frías y Albornoz, autor del Arte de Los Contratos y descrito por sus contemporáneos como un varón doctísimo, consumado en toda las lenguas, de sumo ingenio y de memoria monstruosa, impartió en esta Ciudad de México, la Prima de Leyes Instituta.

Con ese notable antecedente, a finales de 1959, mediante iniciativa del licenciado Rolando Rueda de León, redactor del Diario de México, se concibió la idea de instituir el Día del Abogado, quien para lograrlo ofreció al licenciado Federico Bracamontes, director del periódico, realizar la idea y promover la institución.

Por ello, el 12 de julio de 1960, se celebró por primera ocasión en nuestro país el Día del Abogado, con la finalidad de enaltecer y exaltar la dignidad profesional.

Cada ceremonia, como la que hoy nos congrega, es propicia para tener presente el rol del abogado en la sociedad.

De la misma manera en que lo hacen con precisión los colegios de profesionistas, con sus respectivos códigos de ética.

Así, por ejemplo, tenemos al ilustre y nacional Colegio de Abogados de México, que sostiene que en una sociedad fundada en el respeto a la justicia, el abogado tiene un papel fundamental; su misión no se limita a  ejecutar fielmente un mandato en el marco del derecho, sino que en un Estado de derecho, el abogado es indispensable para lograr el respeto y cumplimiento de la justicia y de los justiciables, pues tiene la obligación de defender  sus derechos y libertades. Es, por tanto, el asesor y defensor de su cliente, que en todo momento deberá buscar la prevalencia de la justicia.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, señala en esencia, que el deber profesional del abogado es, que ha de tener presente que es un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia, y que la esencia de su deber profesional es defender diligentemente y con estricto apego a las normas morales, los derechos de su cliente.

La independencia, la libertad, la dignidad, la integridad y el secreto profesional son tan sólo algunos de los prerrequisitos fundamentales para el ejercicio de la profesión. Y a la defensa de esos principios, ha estado orientada la labor de los colegios de profesionistas.

A todos ellos, a todos sin excepción, expreso mi más amplio reconocimiento por su actividad perseverante, en aras del mejoramiento y la vigilancia del ejercicio profesional.

Como defensores de los derechos de sus clientes y tal como es reconocido en los principios básicos sobre la función de los abogados, aprobados en el Octavo Congreso  de Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, en 1990, los abogados deben tener en todo momento, el honor y la dignidad de su profesión en su calidad de agentes fundamentales de la administración de justicia. Ya que al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, propiciarán el apoyo y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, reconocidos tanto por nuestra ley suprema, como por el derecho internacional.

De manera destacada, el Décimonoveno de esos principios básicos, dispone que ningún tribunal, ni organismo administrativo ante el que se reconozca el derecho de ser asistido por un  abogado, se negará a reconocer el derecho de éste, a presentarse ante el juzgador en nombre de un cliente, salvo, claro, que el abogado haya sido previamente inhabilitado.

En torno a las interacciones de los abogados con el sistema de impartición de justicia, quiero destacar que para garantizar el derecho humano de acceso a la impartición de justicia o de acceso a una tutela judicial efectiva, debe considerarse también, a todos aquellos que interactúan de manera cotidiana con el sistema y cuya intervención, máxime cuando está marcada por la calidad profesional, la técnica, la ética y la argumentativa de los abogados, resulta crucial para el buen desempeño de los jueces.

Son los tribunales los que reciben las demandas, los planteamientos y las formas primeras de interpretación del derecho que los abogados plantean.

Los Tribunales, generalmente, actúan frente a las peticiones que los abogados les plantean, les generan. Es por eso que para mí, la labor de los abogados es parte fundamental del sistema de justicia, no es un elemento ajeno y es parte sustantiva de la impartición de justicia.

Lo reconoció el licenciado Manuel G. Escobedo, Presidente de la Barra Mexicana, en su discurso de 1963, cuando instó a todos los abogados a colaborar con los funcionarios judiciales, considerándose, con ellos, como parte de la misma institución de justicia.

No me cabe duda que tiene notable vigencia la aseveración de Calamandrei, cuando dice que los abogados proporcionan al juez las sustancias elementales de cuya combinación nace en cierto momento, en justo medio, la decisión imparcial, síntesis química de dos contrapuestas parcialidades. Deben ser considerados, los abogados, como pares en el sentido que esta expresión tiene en mecánica, sistema de dos fuerzas equivalentes, las cuales obrando sobre líneas paralelas en dirección opuesta, engendran el movimiento que da vida al proceso y encuentra reposo en la justicia.

Somos, los abogados y los jueces, operadores jurídicos, identificados por actuar en el ámbito jurídico, sea como creadores, como intérpretes, como consultores, como aplicadores o como destinatarios del derecho.

Como sostiene el profesor Gregorio Peces-Barba, debe ponerse de relieve, que los operadores jurídicos tratan con personas, en unos casos para regular su conducta; en otro, para juzgarlos; y en otro, para aconsejarlos.

Señoras y señores:

Los abogados han escrito grandes capítulos de la historia de este país. Su función, indudablemente, es trascendental en la sociedad y han sido protagonistas de las más destacadas transformaciones que ha vivido nuestro país en tiempos recientes.

Es, precisamente, en el marco de las recientes reformas constitucionales, con especial trascendencia en materia del reconocimiento y respeto a los derechos humanos, así como en las reformas de amparo y materia penal], que resulta evidente que los abogados requieren de habilidades y capacidades, acordes con los nuevos paradigmas de argumentación e interpretación.

Los jueces federales tenemos, como misión fundamental, la protección de los derechos humanos mediante nuestras sentencias.

Del más, del poco más de millón de asuntos que conoce la justicia federal cada año, el 95 por ciento de ellas son juicios, el que conocemos como el juicio de amparo, en los que se busca la protección de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución.

Por ello, nuestra ley suprema dispone que los abogados y defensores son baluarte de la defensa adecuada en materia penal.

Las garantías de autonomía e independencia judicial son, a su vez, instrumentos del derecho humano de acceso a la justicia, a través del acceso a recursos efectivos y ágiles.

Por ello, como he sostenido desde el inicio de mi administración como Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, la prontitud en la impartición de la justicia federal, es un asunto de la mayor trascendencia e importancia para alcanzar la efectiva acción del Estado en este sentido, y favorecer las condiciones necesarias para legitimar, ante los ojos de la sociedad, la actuación de los juzgadores federales que no tenemos más legitimación que nuestro propio actuar y la percepción de la gente en general.

Jueces, abogados y todos los operadores jurídicos, debemos interactuar de manera franca, constructiva, honesta y sincera, no sólo con la finalidad de enaltecer el ejercicio profesional, sino especialmente con la convicción de servir a la sociedad y proteger la dignidad humana.

Ya para finalizar, sólo quisiera recordar algunos renglones de la senda del derecho, escrita en 1897 por el Justice Oliver Holmes, que decía: un intelecto lo suficientemente grande como para obtener el premio, necesita otro aliciente, además del éxito puramente material, son los aspectos más remotos y generales del derecho los que le dan interés universal. Sólo a través de ellos podrán, no simplemente llegar a ser grandes maestros en el ejercicio de su profesión, sino relacionar el objeto de sus estudios con el universo y pretender un eco del infinito, un momento de insondable proceso, un atisbo del derecho universal.

A todos los abogados de mi país, a todos los que son ya grandes maestros, a los que están estudiándolo, a los que participan en todas las actividades que los abogados participamos, les deseo muchas felicidades por este día.

Muchas gracias.

-MODERADOR: Escuchemos las palabras del licenciado Miguel Alemán Velasco, representante del Comité Rector de la Institución del Día del Abogado.

-LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO: Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; señor Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; señor Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República:

Muy buenos días a todos.

Agradezco la presencia en este acto a los hombres y mujeres que ejercen la profesión de la abogacía, así como a los altos funcionarios del Gobierno Federal y de los Poderes Legislativo y Judicial que nos acompañan.

También, nos distinguen con su presencia los representantes y dirigentes de más de 80 organizaciones de abogados, instituciones académicas, barras, colegios de notarios y asociaciones, que abarcan el gran espectro de las especialidades que cubre la ciencia jurídica de México, y que han demostrado su convicción de servir a las más nobles causas de nuestro país, inspirados en la más elevada tarea de la disciplina del derecho.

Mucho agradezco a los organizadores del Día del Abogado y, en especial, al licenciado Luis Maldonado Venegas, por la distinción inmerecida de ser portavoz de nuestra organización en este evento.

Efectivamente, hoy, hace 55 años del inicio de esta ceremonia, recordamos siempre con aprecio y respeto la memoria del Presidente Adolfo López Mateos, quien reinauguró la celebración de este evento conmemorativo, a iniciativa del Director del Diario de México, Federico  Bracamontes.

Esta mañana, señor Presidente, sostuvimos un desayuno donde se entregaron los reconocimientos a un selecto grupo de abogados que, a lo largo de la vida profesional, han hecho del derecho una vocación de servicio y una misión de vida.

La institución del Día del Abogado ha reconocido a distinguidos profesionales de derechos, a Legisladores, a promotores de la educación y formación jurídica, a quienes imparten  y procuran la justicia y los menciono en orden alfabético:

Agustín Téllez Cruces; Alejandro Carrillo Castro; Alejandro Ramos Flores; Angélica de la Peña Gómez; Bernardo Sepúlveda Amor; Constancio Carrasco Daza; Daniel Guzmán López; Diego Fernández de Cevallos Ramos; Eduardo Luis  Feger; Fauzi Hamdan Amad; Gabriel Vicente Sarmiento Hoyo; Gustavo Carvajal Moreno; Héctor Fix-Zamudio; Héctor Guillermo Galeano Inclán; Heriberto Manuel Galindo Quiñones; Humberto Benítez Treviño; Jorge Madrazo Cuéllar; José Alfonso Esparza  Ortiz; José Elías Romero Apis; José Gerardo Mata Temoltzin; Julio César Vázquez Mellado; Lorena Martínez Rodríguez; Lorenzo Córdova Vianello; Luis Ernesto Derbez Bautista; Luis María Aguilar Morales; Luis  Ponce de León Armenta; Luis Urrutia Corral; Luz Verónica Morales Alfaro; Mario Chapital de la Rosa; Martha Cecilia Romero Apis Hernández; Martha Elena García Gómez; Máximo Carvajal Contreras; Miguel Limón Rojas; Napoleón Fiyat Martínez; Pericles Olivares Flores; Ricardo Celis Aguilar Álvarez; Ricardo Franco Guzmán; Ricardo Velázquez Cruz; Roberto L. Duque Roquero; Sergio García Ramírez; Verónica Beatriz Juárez Piña, Víctor Antonio Carrancá Burguet.

De manera muy especial, quiero hacer referencia a las dos condecoraciones post mórtem, que reconocen la trayectoria ejemplar de dos abogados que han dejado huella indeleble con su ejemplo y enseñanza, y que  yo siempre los tendré en mi corazón como amigos y compañeros de trabajo de muchos años: Jacobo Zabludovsky Kraveski y Fernando Castro y Castro.

El Gobierno de la República ha dado pasos firmes en la construcción de una nueva base estructural que ha puesto a México en la vanguardia en materia de reformas.

A partir de una nueva visión, de una visión de la responsabilidad pública en materia de derechos humanos, se han venido integrando las reformas estructurales que amplían derechos, modernizan diversas actividades, ámbitos de competencia, procesos, instituciones y sectores productivos.

Son avances que el país requería desde hace muchos años y que, gracias a la visión y a la convicción, pero sobre todo, a la decisión del Presidente, que es abogado, Enrique Peña Nieto, y de las dirigencias de los partidos políticos, así como de nuestros legisladores en ambas Cámaras, fue posible lograr una de las más grandes agendas de reformas de las que se tenga memoria.

Por ello, merecen nuestro reconocimiento a la tarea emprendida para la modernización en materia energética, competencia económica, telecomunicaciones, telefonía, televisión y radiodifusión con organismos reguladores autónomos, cuyo ámbito de la competencia ha sido fortalecido con más facultades para su mejor funcionamiento.

De igual manera, destaca la Reforma Hacendaria, que consolida a las finanzas públicas mediante los avances en materia fiscal y presupuestal, así como garantizar el derecho ciudadano a la transparencia y, sobretodo, a la rendición de cuentas. Destaca, de igual manera, la Reforma Financiera, Laboral.

No satisfecho con estos avances sin precedente, el señor Presidente ha impulsado, además, avances en materia electoral, así como la Ley de Amparo, y la homologación de los procedimientos penales, y la Ley Anticorrupción.

De manera subrayada, reconocemos y apoyamos la Reforma Educativa, y reprobamos las posiciones extremas que se oponen al progreso de muchas generaciones.

Podrá pensarse que la tarea está cumplida, pero el reto sigue. Tenemos proyecto, tenemos liderazgos, liderazgos comprometidos con el futuro de la Nación. El nuevo escenario nacional, presenta un país que ha decidido tomar las decisiones para conquistar mejores niveles de bienestar.

Es cierto que se han tenido que dejar atrás algunos preceptos que, en el pasado, contribuyeron a consolidar el Estado mexicano, y que hoy, las condiciones reclaman innovación y modernización.

Sabemos que se gobierna para el futuro. Por ello, debemos superarnos aún más, en un mundo en donde el mercado solamente obedece al mercado, y el Estado reclama su fortalecimiento mediante sistemas políticos consistentes, gobiernos pragmáticos y políticas públicas eficaces.

Nuestro sistema emana de la Constitución. De ahí la importancia de prepararnos como profesionistas, como funcionarios y, sobre todo, sobre todo como ciudadanos para conmemorar el 2017, el Centenario de la Promulgación de nuestra Carta Magna.

Más que una celebración, en una fecha reconocemos la importancia de construir a diario, los fundamentos del que la sociedad aspira para avanzar en el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho.

Rechazamos todas las prácticas que constituyen delitos que someten a la sociedad, a la más grave condición de la injusticia, la impunidad. En donde la delincuencia representa el atentado más flagrante contra los derechos humanos de toda sociedad.

Apoyamos la cruzada por la paz social, para garantizar convivencia armónica, pacífica y dentro de la ley de toda la sociedad sin excepción, sin omisión. Consideramos que es el momento de iniciar una tarea de convocatoria nacional, de amplio espectro ideológico y social que nos invite a emprender una profunda reforma institucional que permita consolidar y modernizar los procesos de gobernabilidad sustentados en la norma constitucional.

De esta manera, podremos elevar el horizonte del desempeño del quehacer público; es así, que una reforma institucional nos permitirá integrar una estrategia a favor de la legalidad como elemento que conjuga la negociación, el acuerdo y el consenso con el estricto cumplimiento de la norma fundamental para todos los mexicanos.

Señor Presidente:

Estamos aquí para reiterar nuestro compromiso, para continuar aportando lo mejor de cada uno para ser parte activa en la tarea superior por la preeminencia de la ley, la justicia, la libertad y la equidad.

Muchas gracias.

(A CONTINUACIÓN, HIZO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO. SU DISCURSO SE TRANSCRIBE POR SEPARADO)