El Gobierno de la República tiene un compromiso con mejorar la justicia en México. Por ello, en los últimos años se ha actualizado el marco legal e institucional en el favor del respeto y la protección de los derechos de las víctimas.

Este cambio de fondo se sostiene en tres grandes avances de orden jurídico:

  • La transición hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
    La adecuada implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal es un tema prioritario de la Agenda Nacional de Seguridad y Justicia. En las entidades federativas y a nivel Federal se trabaja para lograr su instrumentación en todo el país, a más tardar en junio del 2016, como lo prevé y mandata la Constitución.
  • Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.
    Con este cambio de fondo, la legislación nacional se puso en sintonía con los estándares internacionales en esta materia. Para las víctimas esto significa poder hacer valer los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos.
  • Ley General de Víctimas.
    Esta legislación establece un reconocimiento amplio a los derechos de las personas afectadas por el delito o por violaciones a sus derechos humanos. En ella se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares, a recibir ayuda, asistencia, atención por parte del Estado, así como a ser tratadas con respeto y dignidad. Se establece el derecho a conocer la verdad sobre el delito que han sufrido, a ser informados del proceso penal en contra de sus agresores, así como a que se le repare el daño, entre otros.