Por Enrique Peña Nieto

Gracias al compromiso conjunto de sociedad y gobierno, los mexicanos hemos logrado la transformación del Sistema Jurídico más trascendente de los últimos cien años. En la segunda mitad del siglo XX, nuestro sistema de justicia penal comenzó a mostrar signos de agotamiento, agravados durante la década pasada a causa del incremento de la violencia y la inseguridad. Por ello, la sociedad civil alzó la voz para demandar un cambio de fondo. Mostraron a las autoridades de los tres poderes, y de los tres órdenes de gobierno, que no era posible superar los desafíos del nuevo siglo, con leyes, mecanismos y procedimientos del pasado.

Hoy, con la plena implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), hemos dado un paso decisivo hacia una justicia más cercana, transparente y eficaz.

Es el fruto del trabajo conjunto de sociedad civil, académicos, legisladores, jueces y autoridades de gobierno. Para ponerlo en marcha, se modificaron normas y leyes, se capacitó a cientos de miles de servidores públicos y se reestructuraron, crearon y equiparon nuevas instalaciones.

Con esta suma de esfuerzos, se consolidó una de las reformas jurídicas más ambiciosas de la historia de América Latina.

Si bien la reforma constitucional que establece el SJPA data de 2008, desde el inicio de esta administración asumimos la responsabilidad de cumplir con el mandato de completar la transición el 18 de junio de 2016. Para lograrlo, redoblamos esfuerzos e invertimos, en tres años y medio, más de 18 mil millones de pesos, casi 90% de los 21 mil millones de pesos ejercidos durante toda la implementación del SJPA.

A partir de ahora, en todo el país el 100% de los juicios penales serán orales. Esto quiere decir que ambas partes, quien imputa y quien defiende, contarán con la presencia del juez en todas las etapas del procedimiento. Además, se guardará registro en video de cada audiencia, con el objetivo de garantizar la transparencia y el debido proceso. Uno de los cambios más importantes es que el SJPA privilegia la conciliación y los métodos alternativos de justicia, sobre la imposición de penas privativas de la libertad.

Si bien el SJPA necesita consolidarse para alcanzar de manera plena sus objetivos, sus beneficios ya empiezan a ser visibles. Por ejemplo, en los estados donde ya ha estado operando, los procesos penales tardan una quinta parte del tiempo en resolverse y sus costos son hasta 10 veces menores.

Adicionalmente, ha disminuido el número de personas en prisión preventiva, gracias a los mecanismos de justicia alternativa y la aplicación de medidas cautelares.

Sin duda inicia una nueva etapa, en donde todos los actores participantes seguiremos trabajando de manera cercana, en el seguimiento y evaluación permanente del SJPA. Lo haremos a través de un mecanismo de coordinación y colaboración, con respeto permanente a las facultades exclusivas de cada poder y orden de Gobierno.

El sistema de justicia es un sistema vivo, en constante transformación, que ha evolucionado para estar a la altura de los retos de nuestro tiempo. Hoy, la sociedad organizada y el gobierno tenemos la tarea de asegurar que los mexicanos, en su vida diaria, sientan de manera palpable los beneficios del SJPA. Debemos trabajar para alcanzar los niveles óptimos de funcionamiento y confiabilidad.

Las universidades y centros de investigación habrán de concluir la actualización de sus planes de estudios; mientras que las barras y colegios de abogados tendrán que consolidar la adecuación de sus protocolos de actuación. Por nuestra parte, desde el gobierno de la República, tenemos el firme compromiso de seguir trabajando para cambiar conductas y hábitos en nuestras corporaciones de seguridad y procuración de justicia, para ser parte activa de esta gran transformación estructural.

Hoy, los mexicanos podemos decir, con satisfacción, que estamos construyendo las bases de una justicia pronta y expedita para todos. En ese propósito, hago un respetuoso llamado a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los gobiernos locales, para mantener nuestro compromiso con la justicia penal como una prioridad nacional. Hagamos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el emblema de un país comprometido con la legalidad y el Estado de derecho para todas las familias mexicanas.

Texto publicado en El Universal.