Por Enrique Peña Nieto

Desde que era Gobernador del Estado de México tenía la convicción de que el país requería un profundo proceso de reformas. Por ello, a partir del año 2010, expresé a través de una serie de artículos difundidos en la prensa y de una publicación editada en 2011, un conjunto de ideas para proponer soluciones concretas a los grandes problemas nacionales. Esas ideas se convirtieron en parte fundamental de las propuestas de mi campaña presidencial, y fueron la base que permitió al Gobierno de la República y a las principales fuerzas políticas del país construir el Pacto por México e iniciar el ciclo reformador que acabamos de concluir.

El diagnóstico era claro. Si bien a lo largo de las últimas tres décadas transitamos con éxito hacia una democracia electoral y nuestra economía se abrió al mundo generando industrias competitivas, durante este mismo periodo de tiempo el crecimiento económico de México se había mantenido muy por debajo de su potencial debido, en gran medida, a la caída en la productividad. De igual forma, a pesar del incremento en el gasto social, los niveles de pobreza y desigualdad no lograban disminuir. La educación del país había avanzado en cobertura, pero mostraba una calidad deficiente. La posibilidad de alcanzar una justicia expedita y eficaz era obstaculizada por criterios discordantes, así como por procesos largos, complejos y opacos. Nuestra democracia no otorgaba resultados sustantivos debido a la polarización y a reglas que poco ayudaban para propiciar acuerdos. Además la transparencia de las instituciones del Estado y de todos los niveles de gobierno era insuficiente.

Estos obstáculos eran de tal magnitud que resultaba imposible superarlos únicamente con una administración más eficiente. El cambio tenía que ser radical. Por ello, cuando inicié mi gestión dejé claro que mi gobierno no venía solo a administrar, sino a transformar. Para lograr este objetivo, el primer reto era alcanzar los consensos que permitieran construir mayorías en el Congreso de la Unión.

Así surgió el Pacto por México, un espacio de encuentro entre el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el Gobierno de la República. Por primera vez en la historia, se forjó un gran acuerdo que no se originó por la necesidad de enfrentar una emergencia sino por la voluntad explícita de cambiar de fondo al país. Este instrumento político nos permitió transformar ideas en compromisos concretos. En todo momento, desde mi gobierno procuramos buscar el mayor nivel de consenso entre las tres principales fuerzas políticas. Sin embargo, cuando esto no fue posible, como en el caso de las reformas hacendaria y energética, optamos por la construcción de una mayoría suficiente para aprobar las reformas.

El resultado de este proceso inédito es un paquete de 11 reformas estructurales que habían sido aplazadas por décadas y que hoy ya son realidaduna de ellas aprobada durante el periodo de transición gubernamental, con el concurso fundamental de los legisladores del PRI, y otras diez promulgadas durante los primeros 20 meses de mi administración.

Para llevar a cabo esta transformación fue necesario realizar 58 modificaciones a la Constituciónefectuar 81 cambios a diversas leyes secundarias, crear 21 ordenamientos jurídicos nuevos y abrogar 15. Además, se constituyeron tres nuevas instituciones y se fortalecieron 13 más ya existentes.

Las reformas persiguen tres grandes objetivos: elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico, fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos y afianzar nuestro régimen democrático y de libertades

Primero. Para elevar la productividad se realizaron seis reformas. La Reforma Energética garantizará el abasto, a precios competitivos, de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural. Al mismo tiempo, modernizará este importante sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos.

Por su parte, la Reforma en Materia de Competencia Económica regula la relación entre las empresas para asegurar una sana competencia, que se traduzca en mayor variedad de productos y servicios a mejores precios. De igual forma, la Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fomenta la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e Internet. Así se generarán más y mejores opciones para los consumidores reduciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga y el internet, contribuyendo a cerrar la brecha digital para integrarnos plenamente a la sociedad del conocimiento.

La Reforma Hacendaria incrementa de manera justa la recaudación para que el Estado pueda atender las necesidades prioritarias de la población como son la educación, la seguridad social y la infraestructura. Además, genera nuevos mecanismos para incentivar la formalidad. Al mismo tiempo, la Reforma Financiera crea las condiciones para que los hogares y las empresas en México cuenten con más crédito y más barato. Por su parte, la Reforma Laboral flexibiliza el mercado de trabajo, estimulando la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres puedan desarrollarse profesionalmente.

Segundo. Para fortalecer los derechos de los mexicanos, se llevaron a cabo tres reformas. La Reforma Educativa garantiza el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad que les proporcione herramientas para triunfar en un mundo globalizado. Por su parte, la Nueva Ley de Amparo fortalece el mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos de los poderes públicos. Por último, se brinda mayor certeza jurídica a los mexicanos a través de un Código Nacional de Procedimientos Penales que garantiza que todos seremos juzgados con los mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en el que nos encontremos.

Tercero. Para afianzar el régimen democrático y de libertades se aprobaron dos reformas. Por un lado, la Reforma Política-electoral consolida una democracia de resultados al promover una mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, fomentar la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre, equidad y transparencia a los comicios. Por otro lado, la Reforma en Materia de Transparencia, al otorgarle autonomía constitucional al IFAI y aumentar sus facultades, facilita la evaluación del trabajo de los servidores públicos y fomenta la rendición de cuentas.

Concluido este proceso, comienza una nueva etapa en la ruta de la transformación: pasamos de las Reformas en la Ley a las Reformas en Acción. Ahora, el Gobierno de la República se centrará en lograr una eficaz implementación de las reformas. Para ello, en las próximas semanas y meses se estarán publicando los reglamentos necesarios, así como ejecutando una serie de políticas públicas que nos permitirán materializar los beneficios de estas reformas. El camino no será fácil ni los resultados llegarán de inmediato. Sin embargo, hoy ya contamos con el marco jurídico y la estructura institucional para iniciar la ruta hacia un nuevo México en donde todos los mexicanos cuenten con las oportunidades, herramientas y capacidades necesarias para construir una historia de éxito.