Fuente: SCT

El proceso de elaboración comenzó con la coordinación entre diversas dependencias del Ejecutivo Federal de la que resultó un primer proyecto.

Posteriormente, se recibieron más de 33 propuestas por parte de diversos actores de la industria y de la sociedad en general, destacando las propuestas presentadas por la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Asimismo, en su proceso de redacción, se consultó a organismos internacionales, entre ellos a la OCDE, quien aportó propuestas desde muy variados puntos de vista, diferentes visiones y perspectivas y con quienes se realizaron ejercicios de retroalimentación.

Como resultado de lo anterior, en la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se plantean términos novedosos para generar, por un lado, condiciones que permitan incrementar sustantivamente la infraestructura y, por otro, la obligación de hacer más eficiente su uso; lo cual tendrá un impacto directo en la caída de los precios y en el aumento de la calidad de los servicios.

Así, el Estado mexicano afirma su capacidad rectora sobre el rumbo del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, sin por ello interferir con el espacio de actividad económica que en esencia corresponde a los particulares en un mercado caracterizado por la competencia y la libre concurrencia.