La Política de Estado por la Seguridad y la Justicia de los Mexicanos, para alcanzar un México en Paz, tiene seis líneas de acción:

  1. Planeación. Además de la claridad en los objetivos (reducir la violencia, especialmente la relacionada con homicidios, secuestros y extorsiones), se ha logrado consensar responsabilidades precisas entre los distintos órdenes de gobierno.
  2. Prevención social del delito. Para disminuir los factores de riesgo y revertir las condiciones que fomentan el delito, se puso en marcha el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con un presupuesto superior a los 118 mil millones de pesos; enfoque prioritario en 57 demarcaciones que concentran más del 40% de los delitos que se cometen en el país; acciones en otros 251 municipios y 32 convenios con las entidades federativas.
  3. Protección y respeto a los Derechos Humanos. Se ha acelerado la instrumentación de la Ley General de Víctimas y de la nueva Ley de Amparo, además de crearse un área específica para el seguimiento y la instrumentación de la Reforma Constitucional y los convenios internacionales que México ha firmado en materia de Derechos Humanos, y un grupo único, dedicado a buscar personas no-localizadas.
  4. Coordinación. En las propias instituciones federales; entre éstas y los estados; y entre los estados y los municipios, para que cada una de las 5 regiones en que se ha dividido el país, cuente con suficientes policías preparados y bien remunerados, con adecuadas capacidades en materia de inteligencia criminal, investigación científica y tecnológica, así como servicios periciales de calidad.
  5. Transformación institucional. Sigue adelante la agenda de reformas institucionales para mejorar la función de la seguridad pública del país, así como la procuración y administración de justicia, a través de un nuevo modelo de justicia penal, acusatorio y oral, tanto a nivel federal, como en todas las entidades del país, de un Código Único de Procedimientos Penales y de una Ley General Penal.
  6. Evaluación y retroalimentación. La Política será flexible y dinámica; se ajustará, conforme se requiera, y la ciudadanía la podrá calificar democráticamente.

La autoridad tiene la obligación ineludible, irrenunciable e intransferible de hacer valer el Estado de Derecho. Las líneas de acción de la Política de Estado por la Seguridad y la Justicia de los Mexicanos se enriquecerán con las aportaciones de todos.

Porque sí se puede recuperar la tranquilidad y la armonía; sí se puede disminuir la violencia, pero sólo lo lograremos con el compromiso y la coordinación del Estado Mexicano en su conjunto.