• PRIMERO. Decidido impulso a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en toda la estructura de la Administración Pública Federal, con lo que se ha reducido a prácticamente la mitad el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por presuntas violaciones a garantías fundamentales cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
  • SEGUNDO. Fortalecimiento del marco legal y el andamiaje institucional a favor de los Derechos Humanos, con dos nuevos ordenamientos: la Ley General de Víctimas y la Ley de Amparo. Además, los delitos contra periodistas ahora pueden ser atraídos por el Ministerio Público Federal y sancionados por jueces federales.
  • TERCERO. Fortalecimiento de acciones para proteger y promover los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, con la llamada Alerta Amber se han reforzado los mecanismos de búsqueda y pronta recuperación de menores en situación de riesgo inminente, y se firmó un convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a fin de impulsar nuevas acciones que contribuyan al cabal cumplimiento de los derechos infantiles.
  • CUARTO. En octubre el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto presentó al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de reforma, con los siguientes propósitos:
    • Establecer los límites del Estado, en la suspensión de derechos y garantías;
    • Acotar la actuación del Estado, con respecto a la expulsión de extranjeros;
    • Adecuar el delito de desaparición forzada, a los estándares internacionales; y
    • Evitar prácticas discriminatorias, en contra de personal militar con VIH/SIDA.
    • Retirar reservas a distintos tratados internacionales, vinculados a Derechos Humanos.
  • QUINTO. El Gobierno de la República está decidido a cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, se creó un fideicomiso para reparar el daño a las víctimas, un hecho sin precedente en América Latina.

En suma, estos cinco avances son muestra clara de que el Estado Mexicano en su conjunto está decidido a seguir adelante, trabajando en favor de los Derechos Humanos.