El pasado 8 de enero se publicó el decreto que transforma la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), en la nueva Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

A partir de ahora, esta Comisión Ejecutiva es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía técnica y de gestión, así como con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Como órgano operativo del nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas, la Comisión Ejecutiva deberá centrar sus esfuerzos en tres acciones esenciales:

  • PRIMERA. Construir el Registro Nacional de Víctimas. Este registro, que será alimentado por las Comisiones Ejecutivas estatales, facilitará el acceso de las víctimas a la ayuda prevista en la Ley.
  • SEGUNDA. Definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
  • TERCERA. Determinar las medidas de Asesoría Jurídica, que los tres órdenes de gobierno brindarán a las víctimas. De esta forma, los afectados tendrán el respaldo de profesionales del Derecho, que los defiendan legalmente y protejan sus intereses.

La creación de la Comisión Ejecutiva es un paso fundamental, para aplicar la Ley General de Víctimas y hacer efectivos los derechos que tutela.