La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República suspendió temporalmente de su cargo al Jefe de la Oficina Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Zacatecas, por facilitar que cinco de sus agentes subalternos se evadieran de la orden de aprehensión en su contra por los delitos de extorsión en grado de tentativa, intimidación y contra la administración de justicia, quienes ya actualmente están sujetos a proceso penal.

En junio pasado se recibió denuncia presentada por ciudadanos del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, quienes manifestaron que elementos de la Policía Federal Ministerial les estaban requiriendo "cuotas" por permitirles sus actividades comerciales, bajo la amenaza de causarles daño o imputarles delito, y que incluso se introdujeron sin orden de cateo al domicilio de su negociación mercantil (una refaccionaria), en la cual permanecieron por prolongado tiempo revisándola.

Luego de las investigaciones, la Fiscalía Federal solicitó órdenes de aprehensión al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, pues se contó con datos de prueba suficientes para establecer la probable participación de los agentes policiales en la comisión de los delitos mencionados, petición que fue obsequiada por el juzgador con fecha trece de julio de este año.

Un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo, concedió la medida cautelar de suspensión a efecto de que las órdenes de aprehensión no fueran ejecutadas. Sin embargo, las mismas cobraron vigencia de nueva cuenta ya que los imputados no cumplieron con las condiciones de efectividad ordenadas, consistentes en presentarse ante el juez de la causa.

No obstante haber recibido para su ejecución los mandamientos judiciales, y a sabiendas de su vigencia, el encargado de la Oficina Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Zacatecas facilitó la evasión de la acción de la justicia por parte de sus subalternos. Incluso los comisionó para que desarrollaran funciones en otro estado de la República.

Esta conducta es materia de la investigación, hasta el momento en vía de posible responsabilidad administrativa grave, llevada a cabo por la Visitaduría General a través de su Dirección General de Asuntos Internos, autoridad que hoy emitió determinación en el sentido de separar de su cargo al Jefe Regional, esto como medida cautelar que permita la debida conducción de las indagatorias.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas directamente por las autoridades centrales de la Policía Federal Ministerial, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal, lo cual permitió que los servidores públicos imputados fueran presentados ante el Juez y quedaran vinculados a proceso, decretándose en su contra como medidas cautelares: la suspensión del cargo como Policías Federales Ministeriales, la prohibición de acercarse a la comunidad donde residen las víctimas y la obligación de acudir al Centro de Justicia semanalmente.

El proceso penal se encuentra en etapa de investigación complementaria, a fin de que se lleven a cabo próximamente las audiencias de juicio oral.

Como parte de la Estrategia para la Reducción de Riesgos de Corrupción instruida por la Procuradora General de la República e implementada por la Visitaduría General con el objetivo de construir una Institución íntegra y confiable, durante los últimos seis meses se han obtenido órdenes de aprehensión en contra de 80 personas, principalmente agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y mandos de la Institución.

Asimismo, en dicho semestre, los jueces han dictado autos de formal prisión y sujeción a proceso en contra de 69 personas, lo que significa un incremento del 132% comparado contra el promedio mensual de autos obtenidos de diciembre de 2012 a marzo de 2015. Adicionalmente, en la vía administrativa fueron removidos desde abril 89 agentes del Ministerio Público de la Federación y 15 agentes de la Policía Federal Ministerial (104 en total) lo que significa una cantidad casi igual de servidores públicos removidos por haber incurrido en responsabilidad grave de la que se removió en los 28 meses previos.