Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto visitar Puebla y compartir experiencias con jóvenes como ustedes, siempre con inquietudes, con ganas de aprender y sobre todo en formación de una visión crítica de nuestra realidad.

Hoy quisiera comenzar esta charla con una premisa que nos ayude a seguir una misma línea de ideas. Es muy común que escuchemos que un gobernador o un legislador señalen la obligación de actuar en el marco del Estado de derecho.

Qué se quiere decir con ello, "la esencia de un Estado de derecho es la existencia de derechos, y los derechos son humanos, en consecuencia hablar del Estado de derecho y hablar de derechos humanos es hablar de lo mismo".

Ahora bien, el Estado a través de sus instituciones es quien debe de conservar el orden social y para ello se apoya en un marco normativo, creado por la propia sociedad a través de sus representantes, es decir, los legisladores.

En el caso de la reforma constitucional en materia de justicia, particularmente la aprobada en el dos mil ocho (2008), se marcó una pauta histórica en el ámbito del derecho y la justicia. Se trata del tránsito hacia un sistema penal acusatorio que fortalezca el Estado de derecho y de garantías de un proceso transparente y apegado a derecho.

Como todos los grandes cambios, éste fue resultado de una serie de eventos que tienen que ver primero con un contexto social marcado por la desconfianza, la corrupción y otros fenómenos.

Les compartiré algunas premisas sobre el contexto en el que se discutió y aprobó la reforma, en el año dos mil ocho, el ochenta y cinco por ciento de las víctimas no denunciaban; el noventa y nueve por ciento de los delincuentes no eran condenados; el noventa y dos por ciento de las audiencias se celebran sin la presencia de un juez; el ochenta por ciento consideraban posible sobornar a un juez; el sesenta por ciento de las órdenes de aprehensión no se cumplían y el cuarenta por ciento de los presos no recibían una sentencia condenatoria.

Por otra parte, la propuesta de reformas al sistema penal y la discusión de éstas, se dio en un ambiente de diálogo en diversas esferas, en la sociedad y sus organizaciones; iniciativas del Poder Ejecutivo Federal en 2004 y en 2007; así como en el ámbito legislativo y la academia.

La demanda social no sólo planteaba deficiencias en los procedimientos, los problemas de inseguridad, desconfianza y corrupción generaron escenarios ante los que había que encontrar soluciones, entre ellas la de revisar los procesos y actores que componen el proceso penal.

Con la reforma aprobada en el dos mil ocho se determinó una nueva concepción del sistema penal que ahora será acusatorio.

Es decir, se determinó que el sistema penal tendría nuevos procesos y los actores involucrados en ellos contarían con una nueva concepción en materia de prevención, impartición y procuración de justicia, en otras palabras involucra en un sistema lineal el trabajo desde los cuerpos de seguridad hasta la administración de la justicia.

Como ven la reforma transformó los procesos y también los elementos de actuación preventiva y de acción de la policía; de investigación de los Agentes del Ministerio Público y el desarrollo del juicio que corresponde a los jueces dedicados a los casos de derecho penal.

El trabajo y discusión plural llevó a que todas las aportaciones fueran complementarias, mostrando otros enfoques, componentes y mecanismos, que al final delinearon el nuevo Sistema Penal Acusatorio y que en este momento, de acuerdo a los tiempos establecidos estamos en la fase de implementación en todo el país.

Ahora bien, entrando en materia sobre el Sistema Procesal Penal Acusatorio hay que señalar que éste tiene como objetivos determinar la verdad histórica o procesal; determinar la existencia de un delito e identificar a su autor; procurar resolver problemas legales en este ámbito, con criterios de oportunidad y formas alternativas de solución de conflictos; procurar la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado.

Algo muy importante son las características que ahora asume el sistema, estas son: la oralidad, la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación.

En este sentido, el principal objeto de este sistema penal, es el de garantizar un juicio justo y transparente a todos los ciudadanos, así como tener un contacto directo de los jueces con la prueba, con la víctima y con el imputado.

Este procedimiento, al final del día otorgará la garantía de respeto a los derechos de todas las partes en conflicto, y la igualdad de condiciones frente al juez. Con ello se busca eliminar los espacios de discrecionalidad, y exige a los impartidores de justicia una actuación imparcial.

Ahora bien, un aportación al nuevo sistema que da un cambio de ciento ochenta grados al proceso, es el de la oralidad, es decir de que ahora los juicios sean públicos.

¿Qué ganamos con ello? En mi opinión confianza y certeza derivadas de la transparencia en el proceso.

Al permitir la asistencia, en los casos que así se autorice, de quienes tienen que ver con el caso se garantiza el control ciudadano sobre la labor de los jueces y de los defensores, fortaleciendo con esta transparencia la confianza de la sociedad en la justicia.

Para llevar a cabo este tipo de juicios, como muchos de ustedes saben en diversos espacios académicos, cuerpos de seguridad e instancias de justicia y gobierno, han iniciado un intenso proceso de capacitación y formación profesional en materia de juicios orales y todo lo relativo a los procesos específicos de la reforma.

En la Procuraduría General de la República, por instrucciones del Señor Presidente y por mandato del Plan Nacional de Desarrollo, se ha llevado una intensa actividad de capacitación y profesionalización de los agentes del ministerio público, en materia de la reforma y de sus actividades cotidianas.

Estamos convencidos de que con conocimiento el uso de tecnología e inteligencia, es una combinación efectiva y eficaz para llevar a cabo investigaciones más profesionales y sobre todo que brinden elementos a los juzgadores para seguir con el proceso de la manera más precisa.

Sin embargo, la importancia de dar a conocer las reformas y profesionalizar en sus procesos es mucho más amplia. Es fundamental para los policías, los ministerios públicos y los jueces, también lo es para los estudiantes de derecho y abogados que ejercen en el ámbito penal.

Además de ello, en todo el país hay que avanzar en la difusión hacia la sociedad misma acerca de qué es y en qué consiste este cambio.

Para la sociedad debe de ser significativo conocer porqué es mejor este sistema que el anterior, cómo pueden apoyarse en él en algún momento, al final del día ello abonará en la construcción de una cultura de la legalidad en las comunidades.

Por ello, además de las actividades de comunicación propias de los gobiernos, el apoyo de ustedes es muy importante, para que en su ámbito social, laboral y académico se socialicen estos cambios, logrando así un mayor impacto.

En palabras muy sencillas, la reforma penal en el ámbito de la procuración de justicia, la función de investigación se ha reestructurado y fortalecido, da garantías a los inculpados y a las víctimas, y el Ministerio Público ahora con funciones más precisas sigue con la investigación de los delitos.

Es decir, con la reforma igual que con la materia, la investigación de los delitos, no se crea ni se destruye, se trasforma.

En suma, como lo ha señalado el Señor Procurador General de la República, Licenciado Jesús Murillo Karam "El nuevo sistema demanda la evolución y modificación no solo de las leyes, no solo de las normas, requiere fundamentalmente cambios en los procesos y las personas, requiere de nuevas formas en el ejercicio de las funciones de policías, ministerios públicos, jueces, defensores, requiere de un cambio cultural pleno".

El debate motivado por la reforma, puso en la mesa la discusión temas fundamentales en el desarrollo de la vida nacional. Uno de ellos versa sobre la importancia de contar con instituciones fuertes, independientes y en las que sociedad confíe en el ámbito de la seguridad, y la procuración y administración de la justicia.

Uno de los grandes avances que yo considero se ha alcanzado es el de la reforma constitucional que otorga autonomía plena del Ministerio Público en respuesta a un viejo anhelo a partir precisamente de la transformación del sistema de justicia penal, por el acusatorio.

Desde entonces ya existían en ambas Cámaras del Congreso de la Unión más de una docena de iniciativas de ley que planteaban la necesidad de esta autonomía y, paralelamente, la creación de la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía, para ser congruente con las atribuciones de la procuraduría en órgano eminentemente acusador. Es decir, en una estructura en donde el Fiscal se erige como un verdadero órgano de acusación y de conducción jurídica de la investigación del delito, bajo el principio de objetividad, eficacia y autonomía técnica.

No obstante que el tema de la autonomía del Ministerio Público tiene más implicaciones judiciales que políticas y que debería ser materia de una reforma judicial, en la Reforma Política aprobada en el Congreso de la Unión el 13 de diciembre de 2013, el Constituyente Permanente incluyó un apartado para crear la Fiscalía General de la República (FGR) junto con temas como la reelección legislativa, la creación del Instituto Nacional Electoral y el incremento de las cuotas de género al 50% de mujeres en todos los cargos legislativos, federales y locales.

El objetivo de este trascedente cambio es modificar el término de Ministerio Publico (MP), por el de Fiscal, en congruencia con la nueva concepción que debe asumir esta institución de cara al sistema de justicia penal acusatorio, con una nueva estructura orgánica y funcional.

Otro avance importante, en materia de procuración de justicia, es sin duda, la promulgación reciente del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata de una norma única para toda la Nación y con ello se elimina la discusión del ámbito de un delito y define las reglas y procedimientos claros para la actuación. Sin duda, se trata de un logro porque establece claros principios y derechos reconocidos, y responde a la exigencia de procesos judiciales trasparentes ágiles y certeros.

Al igual que la reforma al sistema penal, el Código Nacional fue producto de una amplia y diversa discusión de los preceptos de la reforma y su aplicación en el ámbito procesal.

Además fue una muestra del verdadero federalismo en el que hemos sentado las bases políticas de la Nación misma. El acuerdo y consenso en el Código muestra que es factible encontrar la mejor manera de servir a la sociedad, de ponernos de acuerdo y construir afinidades, de eso se trata el Código de Procedimientos Único.

Para quienes por sus funciones han de especializarse en materia penal, con este Código tiene además el beneficio de que para quienes litigan, investigan y administran la justicia, sólo utilizarán un solo procedimiento y no uno por en entidad federativa.

Esto fortalece la reforma, pero sobre todo da a las instituciones un punto de apoyo para hacer efectiva su labor sin recovecos ni espacios. Hoy existe un solo procedimiento, que garantizará derechos iguales a todos los mexicanos y genera mejores condiciones para que la adversalidad del juicio oral sea también homogénea en el país.

Ahora bien, la reforma implica también modernizar la procuración de justicia, tal como se ha planteado en el marco de las acciones de implementación de la reforma.

Como todo lo que se está en proceso, también hay cambios sustantivos a las instituciones. Ello requiere de normas nuevas que precisen tareas y que definan no sólo la autonomía de la instancia de procuración de justicia, como saben la creación de la Fiscalía, pero también habrá que analizar y especificar sus alcances.

En este proceso de cambio, en la Procuraduría General de la República, estamos inmersos en una profunda reestructuración, misma que se está haciendo por etapas con el debido cuidado y atender dos áreas fundamentales: la de investigación y la de integración. Nos apoyaremos en el proceso con la profesionalización que ya está en marcha y la parte orgánica y de estructura se está definiendo aún.

Es preciso que en esa coordinación se unan las acciones de capacitación, profesionalización, difusión, conocimiento de experiencias exitosas en las entidades donde ya opera el sistema penal acusatorio, que se logre avanzar en las etapas de implementación del sistema para cumplir con las metas de los años próximos.

Sin duda la tarea de prevención, investigación y determinación de pena en el proceso de justicia con este nuevo sistema será mucho más efectivo y eficaz para los mexicanos.

Hay tareas de fomento de cultura de la legalidad que, como les mencioné, no podemos hacerlo solos, es una tarea permanente en la que la sociedad entera tiene que ver, las universidades, academias, gobernantes y legisladores, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación.

Somos una Nación que nos unimos por las causas que consideramos justas o necesarias. Fortalecer las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia es una causa indispensable, de ello depende la armónica convivencia social y la certidumbre de paz y seguridad social.

Por ello les invito nuevamente a que se sumen, a que estudien el sistema y sean partícipes de este cambio. Los invito también a hacerla del conocimiento de su entorno cercano, la cultura, la certidumbre, la confianza y la paz así se construye.

Soy un convencido de que los mexicanos estamos a favor de lograr un México en paz, de que estamos dispuestos a trabajar por hacer de nuestro un país un sitio mejor para vivir.

Reitero mi agradecimiento por esta invitación.

Muchas gracias.