Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.

 

Maestro Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública.

 

Maestro Rafael Moreno Valle, Gobernador del Estado de Puebla. Gracias por su hospitalidad.

Señores Legisladores.

 

Distinguidos integrantes del presídium.

 

Apreciables medios de comunicación.

 

¡Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes!

 

Es para mí un honor participar en este acto, celebrado en esta bella ciudad, en el cual se refrenda el compromiso permanente de los tres órdenes gobierno con la protección y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de nuestro país.

 

La perspectiva intercultural y multilingüe en la implementación del nuevo modelo de justicia penal, enfocado a las comunidades indígenas, aborda una necesidad apremiante en México, para atender a núcleos de población  que forman parte de nuestras raíces, pero que han sido históricamente dejados en una situación de vulnerabilidad, sobre todo en materia legal.

 

La Procuraduría General de la República no es ajena a estas consideraciones. Desde el principio de mi gestión, dos de los ejes estratégicos que establecí en mi Plan de Trabajo, son el respeto y la protección a los Derechos Humanos y la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

 

La firma de este Convenio, que hoy nos convoca, impacta positivamente los esfuerzos por lograr una procuración de justicia eficaz y centrada en las personas, pues armoniza y permite que estos dos temas que son fundamentales, operen de manera paralela.

 

En este sentido, de cara a la entrada del sistema de justicia penal acusatorio, trabajamos para dotar a la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR, de las herramientas para conocer desde la investigación inicial hasta la ejecución de sanciones; así como fortalecer su trabajo en la asesoría jurídica a las personas indígenas en su calidad de víctimas.

 

La Procuraduría General de la República ha tenido el compromiso preciso de atender a la población indígena.

 

Incluso en reclusión, hay una obligación de continuar brindando a las personas indígenas asesoría y orientación. Con un enfoque pro persona, la Unidad gestiona, cuando es procedente, el beneficio de libertad anticipada ante el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

 

Tan sólo en este año, se ha brindado atención a 993 personas indígenas, gestionando la obtención de beneficios de ley y emitiendo opiniones jurídicas en auxilio a los Agentes del Ministerio Público Federal en 31 Centros de Reinserción Social.

 

El Convenio que firmamos hoy, se convertirá en una plataforma que nos permitirá articular diversos esfuerzos en beneficio de los pueblos indígenas de cara a la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país.

 

Con el propósito de garantizar la perspectiva intercultural y multilingüe, se generarán acciones para el fortalecimiento de las capacidades de abogados indígenas bilingües, intérpretes traductores en lenguas indígenas, peritos antropológicos y se formarán mediadores y conciliadores indígenas. Debo resaltar de manera particular, que este instrumento permitirá establecer acciones y protocolos interculturales para la atención a mujeres y a víctimas indígenas.

 

Así también, a través del Convenio, se hace un reconocimiento a la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país, se procuran herramientas para su protección, y se generan insumos para diseñar nuevas políticas públicas, protocolos de actuación, y grupos de trabajo interinstitucionales abiertos a la posible participación de especialistas, miembros de la sociedad civil, académicos, e investigadores.

 

Este instrumento tiene un carácter transversal, pues involucra a todos los actores clave en este tema.

 

Desde la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, hasta el Consejo de la Judicatura Federal, con la participación invaluable de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cada una de las partes firmantes de este convenio, dará al proyecto un valor agregado específico, proponiendo y haciendo aportaciones propias de su naturaleza y ámbito de competencia.

 

Así, todas las instituciones entregaremos periódicamente la información necesaria para generar elementos estadísticos útiles, que permitirán el diseño de nuevas políticas públicas dirigidas a mejorar el estado de la impartición de justicia en el caso de los pueblos originarios.

 

La instrucción del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es muy clara: cubrir todos los flancos de la implementación del nuevo modelo de justicia, para que se logre de manera efectiva un cambio institucional y cultural, que promueva no solamente nuevos procesos, sino que permita una mejor procuración y administración de justicia para todos.

 

Eso significa dotar a la ley de contenido: actuar en beneficio de las víctimas del delito y a  favor de la reparación efectiva del daño, mientras se respetan, de manera integral y progresiva, los derechos humanos de todos los implicados.

 

Celebro esta iniciativa que hoy nos reúne aquí, pues las obligaciones que hoy asumimos, darán pie a la generación de acciones públicas necesarias para seguir fortaleciendo nuestras instituciones en pro de la defensa integral del derecho a la justicia de todas y todos los mexicanos, atendiendo a las necesidades específicas de los pueblos indígenas.

 

Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes.


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