• Se calcula que se extraen de los ductos de PEMEX, cerca de 23 mil 500 barriles diarios.

En el marco del segundo día de trabajos del Congreso Internacional sobre Prevención de Delitos Emergentes, convocado de manera conjunta por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el robo de hidrocarburos fue clasificado como un delito de impacto sustancial en la sociedad y que genera cuantiosas ganancias a la delincuencia organizada.

Durante el desarrollo del panel cinco, relativo a los delitos contra las industrias extractivas, el Director Jurídico de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Marco Antonio de la Peña Sánchez, reveló que el robo de hidrocarburos genera ganancias por más de 21 mil millones de pesos anuales.

Sin embargo, afirmó que, con la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la entrada en vigor este año de la Ley para Sancionar el Delito de Extracción y Tráfico de Hidrocarburos, se incrementará el número de sentencias condenatorias y se castigará severamente a quienes se dedican a esta actividad ilegal.

Se trata, dijo, de un primer paso en el combate frontal contra este problema que, durante los últimos cinco años, ha crecido de manera importante, pasando de 3 mil 267 denuncias en 2012 a 6 mil 898 en el 2015.

Actualmente, agregó, con las nuevas leyes y procedimientos penales ya se han logrado más de 600 sentencias y se han detenido a más de mil 400 personas; pero, reiteró la necesidad de crear conciencia para que se denuncie esta práctica ilícita, así como también, concientizar a los que habitan comunidades marginadas, para que eviten formar parte del proceso de extracción ilegal de combustibles.

“Hoy en día, ya la ley nos permite atacar la parte de la comercialización, que es donde realmente está el recurso y donde tenemos que pegarle a las organizaciones del crimen, que se dedican a esto”, dijo.

En otra de las mesas de discusión, relativa al tráfico de órganos humanos, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada de Costa Rica, Miguel Abarca Rivas, expuso que la gran mayoría de las naciones de América Latina, representan una opción atractiva para el denominado “turismo” del trasplante”, en virtud de que consiguen un órgano y el tratamiento médico para implantarlo, a costos muy por debajo de sus países de origen, tanto de Europa como de los Estados Unidos.

Planteó la necesidad de elaborar Leyes y Reglamentos más severos, con procesos simples, para tipificar y castigar éste delito, debido a que en la actualidad, se sanciona tomando como referencia otros delitos, como el de trata de personas con la finalidad de extracción de órganos.

Finalmente, en el panel cuatro, se abordó el tema del tráfico de bienes culturales, donde el Director General de Prevención del Delito de la PGR Gerardo Laveaga Rendón, se manifestó a favor de fortalecer la coordinación entre las dependencias relacionadas con este tema, con el propósito, indicó, de compartir información que permita perfeccionar la legislación vigente.

Legislar en esta materia, enfatizó, permitirá prevenir y sancionar de mejor manera este delito emergente que se observa tanto en museos del extranjero como en colecciones privadas en varias partes del mundo.

 


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