Lunes, 10 de Diciembre de 2012 > Boletín 392/12a

Muy buenos días a todas y a todos. 

Ciudadano Procurador General de la República, licenciado Don Jesús Murillo Karam. 

Maestra Mariana Benítez Tiburcio, Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

Licenciado Don Alfredo Castillo Cervantes, Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

Doctor Irving Barrios Mujica, Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales. 

Licenciado Rodrigo Archundia Barrientos, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada. 

Licenciado Don Carlos Alejandro Godínez Téllez, señor Oficial Mayor. 

Maestra María Concepción Cornejo Oliver, Visitadora General. 

Comisario General Vidal Díazleal Ochoa, Titular de la Policía Ministerial. 

Señoras y señores. 

Servidores públicos. 

Medios de comunicación. 

Señoras y señores: 

La afrenta a la dignidad humana perpetrada durante la guerra y la necesidad de prevenir horrores semejantes en el futuro, es lo que llevó a situar de nuevo al ser humano en el centro del debate y a codificar sus derechos y libertades fundamentales en el plano internacional. 

Uno de los propósitos de la Organización de las Naciones Unidas es el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma, religión, o cualquier otra circunstancia. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, fue el primer paso hacia el logro de ese objetivo y, desde entonces, estos derechos y libertades fundamentales han quedado codificados en múltiples instrumentos universales y regionales, tanto vinculantes como no vinculantes, que abarcan casi todos los aspectos de la vida humana y se refieren a una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

Así, la codificación de los Derechos Humanos ha quedado en gran medida completada, pero la tarea fundamental que queda por hacer en nuestros días es llevar a la práctica las normas adoptadas. 

El primer eje rector al que ha hecho alusión el señor Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, desde el día mismo de su toma de posesión, es que trabajará �y cito� se trabajará "por un Gobierno eficaz que tenga un propósito fundamental: hacer realidad los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución". 

Por lo que éste será, nos dijo, "un Gobierno al servicio de los derechos de todos los mexicanos. El bien mayor y el bien último, es la vida humana". 

Por eso, instruyó el Presidente, "el primer eje de mi Gobierno es lograr un México en paz. Pondremos al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad; esto tiene un significado especial porque invariablemente se deberán ponderar sus derechos humanos ante cualquier decisión del Estado". 

Quienes asumimos responsabilidades en esta nueva etapa, en esta Institución, debemos tener un firme y permanente compromiso con los derechos humanos, tenerlo por convicción, por formación, y porque así lo establece, para bien de la sociedad, la Constitución. 

En este sentido, la Procuraduría General de la República, tiene la ineludible misión de contribuir a garantizar el Estado Democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos fundamentales, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad. 

Así, la Procuraduría General de la República ha quedado comprometida seriamente, a consolidar en el ámbito de la función ministerial y policial, la promoción y respeto de los derechos humanos. 

Ha quedado firmemente comprometida a combatir al interior cualquier práctica de corrupción y de violación a derechos humanos, y es en serio. 

La promoción y defensa de los derechos humanos, tendrá mejores resultados en menor tiempo, si la concebimos, planeamos y realizamos, como una tarea de Estado; una misión comprometida, una visión transversal, ajena a intereses políticos parciales, comprometida directamente y de manera permanente, con la sociedad. 

Una ciudadanía mejor informada y más comprometida con el ejercicio de sus derechos, con su defensa ante el abuso y la arbitrariedad, es el mejor cimiento para una sociedad en la que los Derechos Humanos sean respetados, en todos los ámbitos del quehacer público, y su violación sea castigada de manera pronta y expedita, como debe ser la justicia en cualquier ámbito de su aplicación. 

Se ha dicho y con razón, que la violencia es degradante; degrada a quien la utiliza; al delincuente que agrede a la sociedad, pero también, a quien la utiliza como técnica de investigación con el objeto de acercarse a la verdad y obtener las pruebas que la acrediten. 

Para las sociedades democráticas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que, sin fuerza vinculante, se ha convertido, con el transcurso del tiempo, en el referente moral y jurídico más importante. 

Así, dentro de un amplio catálogo de derechos protegidos por las instituciones internacionales, las sociedades democráticas, de manera general, expresan hoy una radical y efectiva condena contra las violaciones a los Derechos Humanos y exigen el cumplimiento de obligaciones derivadas de los tratados internacionales, que tienen como objetivo, la prevención y erradicación de prácticas violatorias a dichos derechos. 

El Estado mexicano, convencido de la importancia del Sistema Internacional de los Derechos Humanos y de que la dignidad de la persona, es uno de los pilares en que debe sustentarse todo Estado de Derecho, ha adoptado como prioridad, el establecimiento de políticas públicas que protejan y garanticen los Derechos Humanos, así como una política criminal, que prevenga y reproche las conductas que contra ellos atentan. 

Por esta razón, representa para México no sólo la obligación de cumplir con sus responsabilidades como garante de los derechos fundamentales, sino que, además, acepta someterse al escrutinio de especialistas que, representando a la comunidad internacional y con el único propósito de hacer que los derechos humanos sean una realidad asequible a todos, formulen observaciones respecto de los retos que el Estado Mexicano tiene en materia de derechos humanos y dibujen las líneas de acción para avanzar en este tema, de tal forma, que se fortalezca aún más la democracia y se generen las políticas públicas necesarias para garantizar la cultura de la legalidad vinculada al respeto de los derechos humanos y la erradicación de la violencia. 

Basado en lo anterior, es indispensable señalar que el Estado Mexicano asume con responsabilidad sus compromisos con la comunidad internacional y, en consecuencia, deben establecerse mecanismos que cumplan con los estándares y las directrices internacionales, que permitan a los mexicanos disfrutar de los derechos y libertades contenidas en la Constitución y tratados internacionales sin distinción para los ciudadanos, por lo cual, la actuación de la Procuraduría General de la República debe ajustarse a dichas directrices. 

Para ello, se debe reconocer a los Derechos Humanos como normas jurídicas de orden superior de derecho positivo, que nos obligan a todas las autoridades del Estado a llevar su actuación al marco irrestricto de la legalidad. 

Por ello, para esta nueva administración, la promoción de justicia toma sustento en el respeto y acatamiento profundo de la ley, con ello, la defensa de los derechos humanos resulta ser prioritaria, y las acciones por tanto, van encaminadas a promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos en toda actuación de esta Institución. 

Para conseguir ese objetivo, es indispensable que los servidores públicos entendamos la importancia de los derechos humanos, y que nuestra actuación debe garantizarlos y protegerlos, en razón de que sólo en esa lógica, es posible actuar con firmeza absoluta y hacer uso legítimo de la fuerza del Estado. 

El licenciado Jesús Murillo Karam, al comparecer ante el Senado de la República para ser ratificado como Procurador General de la República, dio un lineamiento claro de cómo se actuará en esta Dependencia, señaló: "La política de la procuración de justicia será clara, de respeto y acatamiento profundo de la ley, pero sobre todo en defensa de los derechos humanos, porque también es representante de la sociedad. 

Se impartirá justicia con firmeza absoluta e implacable, para poder constituir las averiguaciones a quienes sean culpables y tratar de evitar una fórmula que parece perversa: no debe haber ningún inocente en la cárcel". 

La independencia e imparcialidad del Ministerio Público, contribuye a sostener la estructura de un orden constitucional libre y democrático, es decir, a sostener al Estado de Derecho. Esta independencia, no debe aceptar excepciones y debe sostenerse aún en los casos en los que se investiguen delitos cometidos por servidores públicos. 

Una forma de contribuir a que la sociedad encuentre la tranquilidad y la paz, es que cada actuación del ámbito ministerial, sea acorde con la ley, para ello, cada uno de los integrantes de la Institución deberemos alinear nuestra actuación al respeto irrestricto de los derechos humanos y alejar de toda práctica de corrupción a la Institución. 

En este sentido, el servidor público que no cumpla con su deber o vulnere los derechos humanos, no tendrá cabida en este nuevo esquema de procuración de justicia. 

En la promoción y defensa de los derechos humanos habremos de mantener un diálogo constante con las organizaciones de la sociedad civil, con las instituciones especializadas en la materia y con los medios de comunicación. 

Desde la Procuraduría General de la República fortaleceremos el mecanismo de protección de defensores y de comunicadores, ese es un compromiso. 

Otra línea de acción, sin duda, es la capacitación. En ese sentido, la Procuraduría se compromete a impulsar la actualización y especialización de las instancias de procuración de justicia, en especial, a la Policía Federal Ministerial, de acuerdo a la implicación que tiene la reforma constitucional en materia de derechos humanos. 

Actualmente, gran número de recomendaciones derivadas del actuar policial, señalan prácticas violatorias de derechos humanos, las cuales, a la luz del sistema normativo actual, no pueden ser legitimadas, sino antes bien, deben ser señaladas como actos violatorios de derechos fundamentales y sancionadas. 

Por lo tanto y para evitar lo anterior, debe dotarse a la Policía Federal Ministerial, de herramientas que le permitan alcanzar los estándares internacionales en la materia. Con el objetivo de que puedan armonizar su actuación, con los mecanismos de protección de los derechos humanos, previstos constitucionalmente y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. 

En ese tenor, la policía deberá capacitarse a través de programas específicos en materia de: Aplicación del protocolo de Estambul; Prohibición, prevención, investigación y sanción de la tortura; Reglas para la detención; Derechos humanos de las personas detenidas; Derechos humanos de las personas privadas de su libertad y para el uso de la fuerza. 

Otra acción, indispensable en toda política pública de respeto a los derechos humanos, es el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia. 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos y en materia del Sistema de Justicia Penal, así como la Ley de Víctimas, se orientan a fortalecer la seguridad jurídica, creando un sistema de normas claras, apegadas a los más altos estándares de protección a los derechos humanos y limitarán de una manera más eficaz, el poder del Estado frente a las personas, especialmente, el actuar de la Policía Federal Ministerial, para que se convierta en garante de la justicia y protectora de los derechos humanos. 

El Estado Mexicano, ha avanzado de manera progresiva en el reconocimiento y protección de los derechos humanos; sin embargo, debemos reconocer que aún hay muchos retos por vencer en esta materia y es oportuno refrendar nuestro compromiso de trabajar, en hacer asequible, para todos, el goce de todos y cada uno de los derechos humanos. 

Entre los retos pendientes, más importantes que el Estado reconoce, se mencionan los siguientes: 

� Erradicar prácticas, en los centros de detención, que pudieran dar origen a torturas o malos tratos por parte de las autoridades. 

� Homologar el tipo penal de la tortura a nivel nacional, armonizándolo con los estándares internacionales. 

� La creación de un Registro Nacional de Quejas por tortura y malos tratos y darle seguimiento. 

� Reforzar los programas de atención a las víctimas y a sus familiares. 

� Fortalecer los programas de capacitación del personal policial, penitenciario y de procuración de justicia, así como los procedimientos adecuados de detención y del uso de la fuerza. 

� Lograr la homologación de los registros y procesos de detención a nivel nacional, que garanticen una cadena de custodia transparente, a efecto de evitar que una persona detenida sea sometida a tortura o malos tratos. 

� Generalizar la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de posible tortura o maltrato, en todas las entidades de la República. 

En síntesis, es indispensable continuar con el fomento de respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a partir de la promoción particular de la cultura de la legalidad, y a través de la capacitación, creación y aplicación de protocolos en materia policial. 

También, el Procurador General de la República ha indicado que: "La Procuraduría debe de entender que tiene que tratar con delincuentes, pero también con víctimas, y que también es representante de las víctimas y eso, es fundamental para que la sociedad pueda sentir confianza en la Procuraduría". 

Ganar la confianza de esta Institución frente a los ciudadanos es una obligación ineludible de todos quienes sirvamos en esta Institución. 

El Procurador ha dicho: "La Procuraduría, no puede ser sólo una persecutora de criminales, se ha avanzado mucho en privilegiar los derechos humanos. Este avance debe mantenerse, cuidarse y llegará un momento en el que el ciudadano pueda estar seguro no sólo de que sus derechos humanos están adscritos a la ley, sino de que hay instituciones que se encargan de protegerlos". 

Señoras y señores: 

Comparto tal visión y por la responsabilidad que el Presidente de la República y el ciudadano Procurador, me han asignado, es que reitero mi compromiso con el respeto y vigilancia plena de los derechos humanos. 

Lo mismo compromete a todas las actividades en la Procuraduría General de la República, en todas y cada una de sus áreas. 

Este compromiso personal, ético, de convicción profunda, habré de honrarlo poniendo por delante el estricto cumplimiento de la ley, que es la primera obligación de todo servidor público. 

Estoy además convencido, seguro, que es un compromiso que todos aquí compartimos. Reitero, que esta es una tarea de Estado no hay visiones, ni intereses partidistas, que puedan ser invocados o defendidos. 

Aspiro a que, en un futuro cercano, el mejor balance, la mejor evaluación que el Gobierno de la República pueda informar a la sociedad, sea que no haya recomendaciones emitidas por las comisiones de Derechos Humanos, Nacional y de las entidades federativas, gracias a que las tareas de información, difusión y prevención, dieron resultado. 

Aspiro a que México asista al concierto internacional con toda autoridad moral, a levantar la voz y proclamar la eminente dignidad de la persona humana en toda circunstancia. 

Aspiro a que los mexicanos no sólo celebremos el día de los Derechos Humanos los días 10 de diciembre, como hoy, sino que procuremos justicia y gocemos de la protección de nuestros derechos y libertades fundamentales todos los días del año. 

Es serio, es verdad, los ciudadanos pueden creer: el compromiso de la Procuraduría General de la República es erradicar de sus prácticas la corrupción y la violación de los derechos humanos. 

Ésa ha sido la invitación que he recibido, ése es mi compromiso y ése será mi trabajo. 

Muchas gracias por su confianza señor Procurador.