- Ante los desafíos del Sistema de Justicia Penal y la Oralidad.

MARIANA BENITEZ TIBURCIO, SUBPROCURADORA JURÍDICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES: Muy buenos días tengan todos ustedes.

Quisiera empezar antes de mi intervención agradecer enormemente la invitación a la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO ha hecho a la Procuraduría General de la República para participar en este evento.

En representación del Procurador General de la República, saludo con mucho afecto a todos los miembros de este presídium, señores gobernadores, señor presidente del Tribunal, señores legisladores, señores funcionarios del Distrito Federal, al Procurador del Distrito Federal, que viene en representación del Jefe de gobierno del Distrito Federal, a todos los magistrados y jueces que están aquí presentes, a los procuradores y fiscales de los estados, así como al diputado federal Ricardo (inaudible) y miembros activos de la sociedad civil , que también están presentes.

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También me uno al saludo y a los deseos de todos los que estamos aquí, a la pronta recuperación del jefe de gobierno del Distrito Federal.

México hoy enfrenta grandes retos que demandan un actuar responsable y eficaz por parte de los órganos del estado, la sociedad mexicana anhela paz, seguridad, prosperidad, y condiciones de respeto con la dignidad de las personas. Estas aspiraciones legítimas no hacen sino recordarnos a todos que es imprescindible continuar trabajando en la ruta del fortalecimiento de las instituciones del Estado, de aquellos que precisamente permitirán generar las condiciones necesarias para que todos los mexicanos podamos sentirnos seguros, podamos ser testigos de que la ley se cumple en este país y aspirar a tener la certeza de que nuestros derechos son respetados por instituciones confiables.

Estas instituciones a las que me refiero son precisamente las instituciones de procuración de justicia, las instituciones policiales, los Tribunales de Justicia, las defensorías de oficio, entre otras.

Cualquier país que persiga el progreso y la prosperidad de sus ciudadanos, sabe que requiere además de una economía que genere empleo, inversiones, requiere imprescindiblemente de instituciones que sean capaces de brindar certeza y condiciones de seguridad a empresas e inversionistas y en general a todos los miembros de la sociedad.

México lo sabe, es por ello que gobierno y sociedad civil han impulsado desde hace varios años grandes reformas que apuntan hacia las metas que tiene CONAGO, una de esas grandes reformas ya todos las conocemos, es la transformación de nuestro sistema de justicia penal. Esta trasformación no es un reto fácil, lo sabemos a partir de las experiencias que han tenido otros países; sin embargo, podemos verlo desde otra perspectiva, estamos ante la gran oportunidad histórica de consolidar de una vez por todas una institución que será pilar fundamental para el verdadero progreso y bienestar de nuestro país.

Hoy estamos en la fase más importante de este cambio, la fase de implementación, ello nos obliga a actuar con toda responsabilidad y compromiso para tomar decisiones acertadas, para echar todos los recursos disponibles y poner en marcha las acciones que nos conducen a iniciar en algunos casos y consolidar en otros la operación de este nuevo modelo de justicia penal de manera eficaz. 

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A menos de dos años que de concluya el plazo constitucional para que todo el país opere bajo el nuevo modelo de justicia, es tiempo de fortalecer sistemas y mecanismos de colaboración y coordinación entre todas las autoridades involucradas y ordenes de los tres niveles de gobierno.

Sólo a través de una coordinación constante y efectiva, un proyecto de las dimensiones titánicas como es la trasformación de nuestro sistema de justicia penal puede ser consolidado de manera satisfactoria. Así resulta fundamental que instancias de diálogo y de acuerdos como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Gobernadores, las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de Justicia Penal, construyan alianzas estratégicas y generen las sinergias necesarias que permitan articular sistema dirigido para transformar de fondo el Sistema de Justicia Penal.

El objetivo de este es redoblar esfuerzos para asegurar que las acciones puestas en marcha para la construcción y consolidación de nuestro nuevo sistema penal acusatorio tenga un funcionamiento eficiente y eficaz y de los resultados que todos esperamos.

Señoras y señores estamos a unos cuantos días de que se inicie la operación del sistema de Justicia en nuestro país a nivel federal. El próximo 24 de noviembre, Durango y Puebla serán las primeras entidades federativas en las que los procedimientos penales federales se rijan con la nueva Ley del Sistema Penal Acusatorio.

Quiero en este punto enfatizar el proceso de preparación de dicha transición todo el proceso de preparación de dicha transición ha requerido el esfuerzo y coordinación de muchas autoridades del poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la SETEC, el órgano Administrativo desconcentrado de Readaptación Social, así como también la defensoría pública.

Sin embargo, quisiera también subrayar que hay esfuerzos a los que se han sumado los gobiernos estatales, en particular quiero resaltar el apoyo recibido por parte del gobierno de Durango; le agradezco señor gobernador.

La transición que iniciará a nivel federal en Durango y Puebla es una muestra de que el trabajo conjunto potencializa las capacidades de cada institución que tiene en forma aislada.

Soy testigo de que las acciones desplegadas para concretar esta primera etapa de la implementación han estado guiadas por el apoyo y el compromiso compartido de todas las partes involucradas. Esta misma coordinación ha sido importante para tomar decisiones que nos permitan avanzar en el desarrollo y las tareas necesarias para dar fuerza y viabilidad a una trasformación del calado que tiene el cambio en nuestro sistema de justicia.

Solo por señalar algunos ejemplos menciono lo siguiente:

Hemos trabajado en la elaboración del anteproyecto legislativo para crear y modificar 29 ordenamientos a fin de armonizarlos y ajustarlos a los principios y reglas que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, destacan en este rubro, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y de Resolución de Controversias en materia penal, la cual estoy segura pronto será aprobada en la Cámara de Diputados, la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución y Sanciones.

Hemos logrado también a través de la búsqueda de consensos la aprobación del programa integral de capacitación para las instituciones de procuración de justicia, con ello por primera vez se desarrollará un programa de capacitación homologado para todos los ministerios públicos, peritos, agentes investigadores. De igual manera contamos ya con una amplia gama y capacitación para las policías preventivas del país que coadyuvarán con el Ministerio Público en las primeras diligencias de investigación.

Hemos elaborado y diseñado el modelo de gestión del proceso penal establecido en el Código Penal Federal, este modelo desarrolla todos los flujos posibles de procedimientos penales y sirve para el diseño de las áreas operativas que habrán de requerirse en el sistema transitorio. Hemos generado y en su caso actualizado 76 protocolos de personal sustantivo y elaborado un manual en materia de coordinación entre ministerio público y policías tanto federal como estatal.

Hemos desarrollado metodología de operatividad que derivan en un modelo informático que permita la interconexión con las bases de datos de las instituciones operadoras del proceso penal, con la finalidad de utilizar, sistematizar y compartir información necesaria para la operación del nuevo sistema.

Hemos seguido la actualización del informe judicial homologado, con el objetivo de aportar información útil para la información policial y de investigación, así como para la información estadística que de él se desarrolla, esta aportará datos para el desarrollo de políticas públicas involucradas en el sistema de procuración de justicia.

Y algo muy importante, en unos días más iniciaremos talleres de capacitación que recibirán fuerzas federales y Ministerio Públicos Federales, policías y defensores públicos. Este taller permitirá afinar criterios de interpretación de las normas del nuevo Código, así como la realización de simulacros de audiencias del nuevo proceso penal con el fin de preparar de la mejor manera a los referidos operadores. En unos días iniciarán procesos penales federales en Puebla y Durango.

Los logros obtenidos y las acciones realizadas hasta ahora no serían posibles sin un dialogo constante y coordinación. Reitero, la transición al nuevo sistema no es tarea solo de una institución, no es responsabilidad exclusiva de jueves, ni tampoco de ministerios públicos o de policías. Este gran proyecto es del Estado mexicano y requiere del compromiso, de la voluntad y de la capacitación generosa de los usuarios del sistema. De los abogados, de las universidades, juristas, sociedad civil, empresarios y medios de comunicación. 


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La consolidación del sistema adversarial debe de ser una bandera de todos, porque seremos todos a fin de cuentas los beneficiarios de tender un puente con instituciones que sean pilares fundamentales de nuestro desarrollo, pero más importante, de nuestra seguridad y tranquilidad.

La implementación marcha a nivel federal y en los estados de la República. Sin embargo, falta un largo camino por recorrer y mucho más acciones por realizar, son los análisis de estas acciones, así como la evaluación de lo ya realizado lo que nos convoca aquí el día de hoy. Que este evento cumpla su propósito y sirva para renovar y redoblar esfuerzos articulados y coordinados para el bien de nuestro Sistema de Justicia Penal y en consecuencia para el bien de nuestro país.

Muchas gracias.