Muy buenas tardes, amigos de los medios.

 

Informarles que derivado de un trabajo de investigación y seguimiento iniciado en febrero del 2015, por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, se logró la liberación de una víctima de secuestro y la detención de dos probables secuestradores, contra quienes se ejercerá la acción penal por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

 

Esta acción coordinada, fue resultado de un amplio seguimiento de investigación conjunto con la Agencia de Investigación Criminal, de esta Procuraduría.

 

La liberación, ocurrida el pasado 30 de enero, tiene como antecedente, una averiguación previa iniciada el 6 de febrero del año pasado, por el secuestro de un comerciante de 30 años de edad, de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

 

Por ésta víctima, quien fue interceptada en un vehícul, se exigió para su liberación la cantidad de 2 millones de pesos. No obstante, las negociaciones llevadas a cabo permitieron que fuera liberada después de haber permanecido 8 días en cautiverio y tras el pago de 181 mil pesos y un reloj.

 

A partir de estos hechos, el Agente del Ministerio Público de la Federación realizó las investigaciones correspondientes.

 

Como parte de ello, el 3 de octubre de 2015, se solicitó y obtuvo del Juez Segundo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, medidas cautelares previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como son: la geolocalización e intervenciones de comunicaciones.

 

A partir de esta acción, se detectó que probablemente el 25 de enero de 2016, se había llevado a cabo otro secuestro, razón por la cual, el Representante Social de la Federación solicitó a la Policía Federal Ministerial, investigar los acontecimientos que se desprendía de la escucha legal, arrojando los resultados antes narrados.

 

Cabe informar que por esta víctima, pretendían cobrar 1 millón 500 mil pesos como rescate, de los 5 millones de pesos que inicialmente exigían a los familiares.

 

Una vez puestos a disposición de la SEIDO, se practicaron los dictámenes periciales correspondientes y se recabaron tanto las declaraciones de la víctima como de los indiciados, estos últimos a quienes se les ejerció la acción penal por los delitos flagrantes.

 

Con estas acciones el gobierno de la República reafirma su compromiso dentro de la estrategia nacional antisecuestro en la cual se ha contado con el apoyo invaluable de la Coordinadora Nacional Antisecuestro, con el propósito de otorgar a la sociedad mexicana mayor seguridad.

 

A continuación, les presentaremos los detalles de esta acción operativa.