- La Visitaduría General aplica La Estrategia para la Reducción de Riesgos de Corrupción

- Este conjunto de medidas busca, entre otros objetivos, incrementar la rendición de cuentas y garantizar la evaluación del desempeño en la PGR

Como parte de la Estrategia para la Reducción de Riesgos de Corrupción, la Procuraduría General de la República a través de la Visitaduría General consignó de abril a septiembre de 2015 a 176 personas (168 servidores públicos y 8 particulares, lo que significa un 110 por ciento más respecto de la tendencia que vino observándose como promedio mensual de diciembre de 2012 a marzo de 2015.

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En este balance de seis meses, se informa también que han obtenido de la autoridad jurisdiccional órdenes de aprehensión en contra de 80 personas (incremento del 67 por ciento), principalmente agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y mandos de la Institución. Otros casos están pendientes de determinación por parte de la instancia judicial, y en aquellos en que se ha negado la pretensión ministerial, se ha promovido la apelación correspondiente.

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Los jueces han dictado autos de formal prisión y sujeción a proceso en contra de 69 personas, lo que significa un incremento del 132 por ciento comparado contra el promedio mensual de autos dictados de diciembre de 2012 a marzo de 2015.

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Los principales delitos perseguidos judicialmente han sido:

- Extorsión y cohecho, cuando se ha acreditado que los servidores públicos amenazan mediante el uso de la fuerza, o solicitan dinero a ciudadanos a cambio de no inculparlos en la comisión de delitos, o bien para favorecerlos en su situación jurídica cuando han sido detenidos o son investigados. Entre éstos se ubican 7 casos de privación ilegal de la libertad con propósito de extorsión (secuestro exprés).

- Enriquecimiento Ilícito: se tienen hasta el momento 6 casos (uno de los cuales corresponde a un ex director general) en los que se identificaron patrimonios superiores a los que se justifican por sus ingresos como servidores públicos.

- Contra la administración de justicia, primordialmente por realizarse cateos ilegales, o por asentar hechos falsos en un informe policial o constancia ministerial.

- Abuso de autoridad: retenciones ilegales por un tiempo mayor al permitido constitucionalmente sin que se determine la situación jurídica; uso excesivo de la fuerza; introducirse en domicilios sin autorización judicial; solicitar a subalternos parte de sus viáticos a cambio de seguir saliendo de comisión; impedir a ciudadanos la presentación de denuncias.

- Se incluyen también casos por delitos de privación ilegal de la libertad, robo, abuso de confianza, fraude, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio indebido de servicio público, peculado, hostigamiento sexual y uso de documento falso.

Adicionalmente, en la vía administrativa fueron removidos 89 agentes del Ministerio Público de la Federación y 15 agentes de la Policía Federal Ministerial (104 servidores públicos) y significan un 276 por ciento en contraste con el promedio mensual de diciembre 2012 a marzo 2015.

Las conductas que dieron lugar a estas sanciones consistieron en irregularidades graves como introducirse a un domicilio sin orden de cateo o causar destrucción en el mismo, uso excesivo de la fuerza, causar lesiones a detenidos o detener con prepotencia a ciudadanos sin causa justificada, solicitar dinero a parientes de detenidos a cambio de beneficiarlos respecto de su estado jurídico, sólo por mencionar algunas.

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La Estrategia para la Reducción de Riesgos de Corrupción está orientada a consolidar una institución íntegra y digna de la confianza ciudadana. Su implementación es congruente con los ejes rectores y líneas de acción fundamentales que impulsa la dependencia de procurar justicia con eficiencia y eficacia, abatir la impunidad, y ser garante en la transparencia y rendición de cuentas.

De esta forma, también se garantiza la evaluación del desempeño en la PGR, y en este contexto, la Visitaduría General, es el órgano responsable de la evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control del Ministerio Público de la Federación, así como de perseguir los delitos en que incurran sus servidores públicos.