La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, por conducto de su Delegación en Jalisco, en coordinación con la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, así como ponentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), inauguró el curso denominado "Derechos Humanos, Detención Legal y Uso Legítimo de la Fuerza", el cual capacitará a autoridades de los tres niveles de gobierno. 

El objetivo del curso es dar a conocer los diferentes aspectos técnicos, jurídicos y de operatividad policial, que regulan el uso legítimo de la fuerza, para dar cumplimiento a los preceptos legales, nacionales e internacionales en la materia, debiendo hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que marcan los procedimientos establecidos en los manuales respectivos, con el fin de preservar la vida y la integridad de las personas, evitando en la medida de lo posible, el uso de la fuerza letal. 

El curso se imparte los días 24, 25 y 26 del presente, en el Auditorio Fray Antonio Alcalde del Sistema DIF Jalisco, con una duración de 15 horas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

En su intervención el representante de la Procuraduría General de la República en la entidad, manifestó que la instauración del nuevo sistema penal acusatorio, ha llevado a implementar cambios radicales, mayores exigencias y profesionalismo, se han adoptado nuevas ideologías, y conceptualizado que la capacitación y la profesionalización son la mejor herramienta con la que se cuenta para garantizar un Estado de Derecho. 

Señaló que los servidores públicos se deben a la sociedad, como integrantes del servicio público, de ahí que actualmente coadyuven en una profunda trasformación en la operatividad, en cuanto a Procuración de Justicia se refiere, sin importar en qué área se encuentren. 

Enfatizó que es importante satisfacer las necesidades de las Instituciones, pero más importante aún, es satisfacer las necesidades del ciudadano, ya que los problemas inician cuando una persona ha sido víctima de una afectación, en cuanto a sus derechos fundamentales. 

Recalco que se debe ser prudentes en nuestros actos, en el uso legítimo de la fuerza y responsables de su utilización, ya que el poder debe ser usado para proteger a la sociedad y no para oprimirla. 

No se debe olvidar, agregó, que vivimos en un México interdependiente, donde el ciudadano necesita del gobierno representado por los servidores públicos, y que el servidor público no deja de ser un ciudadano. 

En el presídium estuvieron presentes Rafael Castellanos, Fiscal Central del Estado; Lizzeth Hernández Navarro, Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado y Ricardo Ariel Vera Lira, Delegado Estatal del Instituto Nacional de Migración.