Dijo que el sistema de justicia penal acusatorio que se implemente debe tomar en cuenta la realidad jurídica y las necesidades del país.
La subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, asistió en representación del Procurador, Jesús Murillo Karam, al proceso de consultas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 "México en Paz". 

Nuestro país requiere de un modelo de justicia penal que sea acorde con su realidad jurídica y que responda a las necesidades del Estado mexicano para enfrentar la violencia e impunidad en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos, afirmó la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio al participar en la Mesa de Trabajo Sectorial "Eficacia en la Investigación y acceso a la justicia dentro del nuevo sistema: Investigación científica, mecanismos alternativos y juicio", celebrada en Durango, Durango. 

Al asistir en representación del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en el marco de las consultas ciudadanas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Eje 1 "México en Paz", la funcionaria subrayó que para cumplir con los objetivos de este Eje se requiere, entre otros aspectos, consolidar a las instituciones de procuración y administración de justicia, así como los procedimientos judiciales que permitan acceder a la justicia bajo reglas de equidad entre las partes en un marco de respeto absoluto a los derechos humanos. 

Acompañada del gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, de autoridades federales y locales, jueces, magistrados así como de representantes de la sociedad civil, Mariana Benítez señaló que la Procuraduría General de la República se encuentra trabajando en forma conjunta con otras instituciones del gobierno federal y la propia sociedad civil a fin de culminar los trabajos de elaboración de los proyectos de Código Único de Procedimientos Penales y de la Ley Penal General que forman parte de los compromisos asumidos por el Presidente de la República. En relación con la Ley Penal General, señaló que la misma establecerá las bases mínimas, los principios y lineamientos generales que deberán contener los códigos penales de todas las entidades federativas, a fin de permitir que sean los estados quienes realicen los ajustes a su propia legislación penal. Ambos ordenamientos, afirmó, generarán un sistema de justicia accesible, eficaz y con reglas homogéneas en todo el país lo que redundará en una mayor certeza y seguridad jurídica para la sociedad. 

La funcionaria destacó que estos foros son de gran importancia porque además de que servirán para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo para este sexenio, al mismo tiempo, cumplen la función de ser los recipientes de las ideas y propuestas provenientes de las organizaciones de la sociedad civil, de académicos y de los propios operadores del sistema de justicia, a fin de coadyuvar en la efectiva implementación del sistema acusatorio, el cual tiene como fecha límite para el inicio de su operación el día 19 de junio de 2016. 

Al ponerse en marcha este foro, se analizaron tres temas que serán determinantes para que exista una implementación eficaz del nuevo sistema de justicia penal: una investigación basada en criterios científicos, la incorporación efectiva de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la previsión de controles y garantías necesarias para tener juicios justos y equilibrados. 

Finalmente, subrayó que para lograr una implementación eficaz del nuevo sistema de justicia penal se requiere del compromiso decidido de autoridades de los tres niveles de gobierno, ciudadanos, abogados y las propias universidades. 




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