Es necesario un cambio de mentalidad y del orden cultural para la prevención y sanción de los delitos, impulsados en gran medida en la construcción de los hechos para no repetir los errores y así brindar protección más amplia para los ciudadanos, afirmó el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres.

 

Al participar en el Foro de Consulta Pública para la elaboración del Proyecto de Iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el funcionario federal aseveró que este proyecto es relevante e importante debido a que parte de los objetivos fundamentales que tiene dicha Ley ya están establecidos en estándares internacionales que señalan el parámetro de regularidad constitucional.

 

Durante los trabajos que se desarrollan en el Salón “Independencia” del edificio sede de la Procuraduría General de la República, el Subprocurador afirmó que este Foro tiene el propósito de atender las diversas propuestas y recomendaciones de los distintos sectores de la población y que las mesas de trabajo que aquí se realizan fueron correspondientes a organismos estatales, nacionales e internacionales, con los cuales se trabaja en una consulta pública para el análisis y la reflexión sobre el anteproyecto de Ley y así poder prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

 

Académicos y expertos en Derechos Humanos, presentaron propuestas, correcciones y comentarios sobre proyectos de iniciativa. En ese sentido se contó con la colaboración de la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; del Comité Internacional de la Cruz Roja en México; de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

 

También participaron los Presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí, Morelos Distrito Federal, Guanajuato y Estado de México.

 

Asimismo participaron académicos de las diversas instituciones como: el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UNAM, la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), el ITAM, la Universidad Anáhuac del Norte, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Pedregal y la American Bar Association Rule of Law Iniciative.