La Procuraduría General de la República (PGR), en su Delegación en Tlaxcala, obtuvo auto de vinculación a proceso, contra cuatro personas del sexo masculino por el delito de Posesión Ilícita de Hidrocarburo, de dos expedientes diferentes.

En el primer caso, elementos de la Policía Municipal de Tepetitla quienes realizaban un recorrido de inspección y vigilancia a la altura de la Calle Atoyac de la comunidad de Villa Alta de Tepetitla, se percataron de que una camioneta blanca de redilas, tipo tres toneladas con placas del estado de México, circulaba con unas lonas cubriendo la parte trasera, lo cual despertó sospechas a los efectivos municipales.

Después de marcar el alto, a la unidad se procedió a revisar la unidad localizándo cuatro contenedores, con tres mil 750 litros de diésel.

En el segundo caso, Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) al realizar recorridos de inspección y vigilancia en la localidad de San Antonio Atotonilco, del municipio de Ixtacuixtla, se percataron que un camión tipo Torton marca Kenworth, color rojo de redilas, con placas de circulación 249M7, del Servicio Público Federal iba dejando manchas sobre la carretera, por lo que procedieron a marcarle el alto.

Derivado de la revisión, se localizaron 11 contenedores con un total de nueve mil 922 litros de diésel.

En ambos casos, tanto chofer como copilotos fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien inició una carpeta de investigación y solicitó al Juez de Control, la Audiencia en base al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Por esta razón se formuló imputación, se vinculó a proceso en los términos solicitados y obsequió como medida cautelar la presentación periódica mensual en el Centro Federal de Justicia Penal, ubicado en Ciudad Judicial.

Cabe aclarar que la resolución se aplicó antes de que entrara en vigor la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual fue aprobada el 15 de diciembre pasado, en el Congreso de la Unión y que entró en vigor el pasado 13 de enero de 2016.

Asimismo, se pidió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, para ambos casos.