La Procuraduría General de la República (PGR) aportó elementos de prueba al Juzgado Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal, quien dictó la vinculación a proceso contra una persona detenida con casi ocho kilos de marihuana y un arma de fuego, en Yucatán.

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De acuerdo con la causa penal, elementos de la Policía Municipal de la localidad de Ticul, detuvieron a una persona de sexo masculino, cuando se encontraba sobre la calle Nueve, de la colonia San Joaquín Dos Poniente, en posesión de una bolsa que contenía una estructura tipo tabique, envuelta en papel aluminio, con un peso total de siete kilos 845 gramos 900 miligramos de marihuana, además de portar un arma de fuego tipo escopeta.

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La autoridad judicial evaluó las pruebas exhibidas por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación en Yucatán, por lo que decretó la responsabilidad del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio en su variante de venta, así como su responsabilidad del delito de portación de arma de fuego sin licencia.

 

El juez otorgó como medidas cautelares, prisión preventiva oficiosa, la cual será ejecutada en el domicilio del imputado, el cual se ubica en el municipio de Ticul, por virtud del estado de senilidad y salud del inculpado, ya que tiene 82 años de edad y un cuadro crónico de asma bronquial.

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Para efectos de vigilancia y supervisión del cumplimiento de la medida cautelar, se impuso a la Policía Municipal, Policía Estatal y Policía Federal Ministerial, acudan diariamente en horario aleatorio, discontinuo y secreto al predio referido, a fin de constatar que el imputado se encuentre en el predio referido; debiendo reportar mensualmente al Fiscal Federal, quien deberá estar atento a los reportes de vigilancia de que el inculpado se encuentre en su domicilio.

 

La vigilancia de la medida cautelar será por la temporalidad que lleve el proceso, en este caso, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Se apercibe al imputado de que con una sola ocasión en que alguna de las autoridades que colaboran en la vigilancia y supervisión del cumplimiento de la medida impuesta, no le encuentren en su domicilio, lo harán de conocimiento al Fiscal Federal, para que solicite que la prisión preventiva oficiosa  se ejecute en el Centro de Reinserción Social, con sede en Mérida.