• Entrará en operación el próximo 30 de noviembre.
  • La incorporación de las Salas de Mando Ministerial en las delegaciones mejorará la planeación, metodología y sistematización en las investigaciones.

 

La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal avanza gracias a la colaboración conjunta y esfuerzos decididos de la Procuraduría General de la República, el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Gobernación, a través de su órgano implementador. Esta transición es histórica y constituye una alta responsabilidad y un alto compromiso con la sociedad mexicana.

 

Para la PGR, así como para el Poder Judicial de la Federación, esta transformación jurídica ofrecerá a la sociedad la oportunidad de acceder a la justicia de manera mucho más directa, pronta y expedita. La implementación del NSJP es uno de los compromisos más importantes del Presidente de la República, y en ese marco se anunció el inicio de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya entrada en operación está prevista para el próximo 30 de noviembre en siete estados de la República.

 

A la par de la entrada en vigor de este Código Nacional, la PGR también incorporó a sus delegaciones las Salas de Mando Ministerial, un espacio en el que investigadores y auxiliares darán seguimiento y evaluarán un  Plan de Investigación para cada uno de los casos. Este nuevo modelo busca mejorar el desarrollo de investigaciones con mayor planeación, metodología y sistematización, en aras de garantizar mayor eficiencia y eficacia en su trabajo.

 

En ceremonias, que se realizaron de manera simultánea en Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala, funcionarios de la PGR dieron a conocer la implementación en esas entidades del Sistema Penal Acusatorio y la incorporación de dichas Salas de Mando Ministerial.

 

El Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), Gilberto Higuera Bernal, afirmó en Oaxaca que esto responde a la necesidad de transformación en la operatividad de la dependencia.

 

Destacó que hay que redoblar esfuerzos y trabajar con eficacia para así dar cumplimiento a cuatro principios rectores, que la Procuradora General, Arely Gómez González, ha fijado: mayor eficiencia y eficacia, trabajar con transparencia y honestidad, desarrollar la función con respeto a los Derechos Humanos y por último la atención a la Reforma Constitucional de 2008, implementando el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

 

A la ceremonia asistió el Gobernador constitucional del estado, Gabino Cué Monteagudo y el maestro Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UISSPA), entre otros.

 

En Chiapas, el Coordinador de Supervisión y Control Regional de la PGR, Francisco Martín Camberos, encabezó la ceremonia y afirmó que la institución cuenta con los elementos e insumos necesarios, para que la operación del nuevo sistema se realice adecuadamente, con eficacia y eficiencia, con transparencia y respeto a los derechos humanos.

 

En las ceremonias también quedó de manifiesto que la implementación de este nuevo modelo, permitirá desahogar las cargas de trabajo del Ministerio Público de la Federación, en beneficio del ciudadano logrando así la transición gradual del sistema jurídico actual hacía el Sistema Penal Acusatorio.

 

Cabe recordar que el 18 de junio de 2008, luego de una gradual actividad legislativa, con la participación de organismos públicos, instituciones académicas, asociaciones y barras de abogados, así como de la sociedad civil, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se implementa el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSJPA), la más importante modificación del Sistema Penal Mexicano en la historia reciente de nuestro país.

 

El NSJPA constituye un reto para los mexicanos, pues requiere transformar paulatinamente un sistema penal mixto, inquisitorio y de procesos escritos vigentes, a uno acusatorio y con procesos orales, que privilegia la transparencia jurídica, promueve la presunción de la inocencia, garantiza la igualdad de las partes y obliga a los jueces a escuchar con imparcialidad a los involucrados, para impartir justicia con espíritu humano.