La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA); específicamente por conducto de su Delegación en el estado de Puebla, obtuvo del Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado, sentencia condenatoria de 19 años de prisión contra Marco Antonio Lopéz Hernández y Miguel Ángel Navarrete Aguilar, por el delito contra la salud, en la modalidad de producción del psicotrópico denominado metanfetamina. 

El Juez consideró acreditada la responsabilidad penal de los sentenciados en la comisión de dicho delito, ya que de acuerdo con el expediente de la causa penal, elementos de la Policía Ministerial del estado se constituyeron en el domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo, número 19 en la población de Abelardo L. Rodríguez, del municipio de Izúcar de Matamoros, en el que encontraron 10 bultos con tetrabultylammonium Idrogen Sulfate. 

Asimismo, se trasladaron al domicilio ubicado en un camino de terracería con dirección a Las Minas, donde aseguraron a las personas mencionadas en posesión de una escopeta calibre 12 tipo chaquetera, recortada, marca Remington, abastecida con tres cartuchos útiles y al hacer una inspección encontraron varios toneles con capacidad de 200 litros, galones con capacidad de 20 litros, diversas tinas que contenían líquidos, así como mangueras e instrumentos utilizados para la elaboración de la droga denominada cristal o hielo. 

En consecuencia, fueron puestos a disposición del Representante Social de la Federación, quien dio inició a la averiguación previa correspondiente, dentro de la cual se aportaron los elementos de prueba, que tras ser valorados por el Juez de la causa determinó la sentencia condenatoria, misma que cumplirán recluidos en el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla. 

De esta manera, la Delegación de la Procuraduría General de la República en Puebla refrenda su compromiso de aportar los elementos jurídicos necesarios a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, para sujetar a proceso penal a quienes se separen de la legalidad y colaboren con cualquier modalidad de delincuencia, así como para lograr sentencias condenatorias firmes que contribuyan a preservar el estado de derecho.