- Por trastornos seniles, y en términos de ley, no se ejercitó acción penal en contra de su Directora. 
- A partir del aseguramiento del albergue, la PGR investiga más de 150 denuncias. 
- Se ejerció acción penal contra seis inculpados, que ya se encuentran a disposición de la autoridad judicial y se ordenó la libertad a dos más. 
- Se inició averiguación previa para investigar delitos sexuales. 

El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó que la investigación en el albergue "La Gran Familia" en Zamora, Michoacán, permanece abierta hasta determinar todas las responsabilidades que se acrediten. Recalcó que el principal interés del Ministerio Público Federal son las víctimas, fundamentalmente los niños. 
El Titular de la PGR informó que el peritaje médico-psicológico realizado a Rosa del Carmen Verduzco, Directora del albergue, señala que su condición física y psicológica le imposibilitan llevar el control administrativo de dicho albergue, ya que presenta síntomas característicos de trastornos seniles. 

Por ello, y a pesar de acreditar diversas conductas propias de hechos delictivos, puntualizó en los términos de la ley, esta Institución está obligada al no ejercicio de la acción penal por considerarla inimputable. 

Acompañado de la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio; del Subprocurador Especializado de Investigación en Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia Barrientos; de Tomás Zerón de Lucio, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal y de Eliana García Laguna, Encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos; el Procurador explicó que la dependencia ha documentado ampliamente tanto la comisión de delitos graves en contra de los menores, como el indignante trato inhumano en el que se encontraban los centenares de niños. 
Una vez presentadas y valoradas las actuaciones ministeriales se ordenó la libertad con reservas de ley a una persona; y a otra, libertad absoluta, y se ejerció acción penal, contra seis trabajadores del albergue, que fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social No. 4, de Nayarit, por los delitos de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro; trata de personas con fines de mendicidad forzada; trata de personas en la modalidad de explotación de mendicidad ajena; trata de personas con fines de explotación laboral y delincuencia organizada. 

Además se tiene abierta una averiguación previa por los casos de abuso sexual, donde hasta el momento, mediante los peritajes médicos y psicológicos practicados, se ha encontrado esta conducta en cinco casos. 

Sin embargo, por las crecientes denuncias recibidas, se realizan más exámenes para determinar si existen casos adicionales con este tipo de abusos. Por esta razón, se inició una nueva averiguación previa por delitos del orden sexual y se esperan los peritajes médicos, psicológicos y otros para integrar con toda precisión esta averiguación. 

Hasta el momento, señaló el Procurador Jesús Murillo Karam, suman más de 150 denuncias a partir de que se ingresó al albergue. 

Como se recordará, la PGR inició una investigación derivada de cinco denuncias sobre la privación ilegal de la libertad, dos recibidas por esta Institución y tres canalizadas por el Gobierno del Estado de Michoacán, y al no permitir al Ministerio Público la entrada al albergue, se solicitó una orden de cateo que fue concedida por un Juez de Distrito Especializado, en razón de que se trataba de probables delitos contra menores de edad. 
Destacó que el Ministerio Público recabó en 48 horas, más de 450 declaraciones en busca de indicios delictivos y de manera paralela generar las condiciones de operación y habitabilidad del lugar. 

Murillo Karam afirmó que para la Procuraduría General de la República no hay colores, ni partidos, ni religión; revisa hechos y presuntas responsabilidades, "mientras se tenga la certeza de que se cometieron delitos los sancionaremos".