En el auditorio Benito Juárez del Tribunal Superior de Justicia del DF.

MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO; SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Muy buenos días tengan todos ustedes, saludo afectuosamente al Doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Doctor Edgar Elías Azar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; a la Doctora María de los Ángeles Fromow, al Maestro Manuel Granados Covarrubias, Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa; al Maestro José Ramón Amieva Gálvez, al Licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, y al Doctor Jesús Rodríguez Almeida.

Es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy, en representación del Procurador General de la República saludo a todos los integrantes del presídium y a todos ustedes.

Nuestro país vive un proceso intenso de transformaciones legislativas e institucionales. Desde 2008 se han sucedido una serie de reformas legislativas que tienen el propósito central de ubicar como eje articulador del funcionamiento del Estado Mexicano, al ciudadano.

En 2008 las fuerzas políticas emprendieron el cambio más importante que ha sufrido nuestro sistema de justicia penal desde que inició la vigencia de la actual Constitución.

Decidir transitar hacia un modelo de justicia de corte adversarial fue posible gracias al compromiso de los actores políticos, así como al acompañamiento de los ciudadanos organizados, académicos y expertos.

La implementación de un nuevo sistema de justicia que cuenta con un matiz diametralmente distinto al que actualmente opera a nivel federal y todavía en gran parte de los estados, requiere forzosamente de un cambio profundo de instituciones, de actitudes, y yo resumiría, de cultura jurídica.

Por eso, desde el Gobierno de la República decidimos apoyar con determinación la expedición de un Código Nacional de Procedimientos Penales. De más de 33 códigos procesales en el país, cada uno con su propia orientación y distintas reglas, ahora habrá un código único para toda la República, con una visión completa.

Esto es sin duda, un cambio que rompe con la lógica en que ha operado hasta hoy nuestro sistema de justicia penal, y que busca fortalecer las bases de nuestro Estado de Derecho.

El Código Nacional de Procedimientos Penales es un ordenamiento ciertamente novedoso que define con precisión, competencias entre los distintos actores del proceso penal, impactará en la investigación de los delitos para darle peso a la investigación previa de carácter científico, genera las condiciones para un mejor procedimiento; entiende, define y protege los derechos de las víctimas y de toda persona sujeta a proceso penal, y hace del respeto y protección de los derechos fundamentales la regla con la que habrá de funcionar nuestro sistema de justicia.

El Código Nacional de Procedimientos Penales recogió en su contenido la experiencia y las mejores prácticas a nivel internacional y nacional, ajustadas a las condiciones y realidades de nuestro país. Quiero decirles que en este proceso de construcción de consensos, se escucharon las voces de muchos magistrados, jueces de poderes judiciales de toda la República; desde luego de expertos, de propios litigantes, académicos, y de los mismos operadores que hoy por hoy tenemos que aplicar la ley.

El Código representa un avance sustancial al contener reglas y procedimientos claros, así como principios y derechos reconocidos. Asimismo se debe destacar que este ordenamiento se hace cargo de una realidad que exige procesos judiciales transparentes, ágiles y certeros.

Asimismo, el Código fortalecerá las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas a nivel local y federal; con ello pretendemos que existan investigaciones más sólidas y procesos más expeditos.

Me parece que tenemos por delante tres grandes retos: el primero es impulsar todos, la transformación de nuestras instituciones a partir del nuevo modelo de justicia que plantea este Código.

Segundo, transmitir a los ciudadanos la existencia de un sistema de justicia renovado que antepone en respeto a los derechos humanos en todos los actores en el proceso penal, y que busca siempre la reparación integral del daño y la recomposición de nuestro tejido social.

El tercero es fortalecer la confianza ciudadana en nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia. Ellos, a través de un cambio profundo de prácticas, de actitudes, con el rompimiento de inercias de todos y cada uno de los que participamos en el proceso penal.

Sólo con el apoyo de los ciudadanos y el impulso decidido de las instituciones de procuración y administración de justicia, será posible lograr la transformación que hemos decidido empezar.

Celebro la creación de estos foros, estos foros que me ha anunciado el señor Presidente del Tribunal, se replicarán en la República. Estos foros servirán para dar a conocer el contenido de este Código, para socializar los alcances, los grandes desafíos que todos los estados y Federación tienen por delante, a fin de que todos, ciudadanos e instituciones hagan suyos la responsabilidad y el compromiso de realmente transformar nuestro sistema de justicia penal.

Muchas gracias, buen día.